TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS.

PARTES Y APODERADOS:

DEMANDANTE: GONZALO DE JESUS SIERRA JARAMILLO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad V-10.865.416.

DEMANDADOS: Ciudadana CLEOTILDE TERESA VELASCO ALFONZO, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-4.681.836

APODERADOS:
DEMANDANTE: Abogados ZULLY MARBELLA SILVA DE CORNET y FERNANDO MIRANDA GONZALEZ, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros; 53.509 y 55.079 respectivamente.

DEMANDADO: Abogados GLADYS MARIA VELAZQUEZ DE TARAZONA, FRANKLIN JOSE TARAZONA VELASQUEZ y SIULY GUEVARA VARGAS, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros; 17.848, 60.852 y 60.851 respectivamente.

MOTIVO: CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA

Se plantea la presente controversia cuando la parte accionante, ciudadano GONZALO DE JESUS SIERRA JARAMILLO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad V-10.865.416, debidamente representado por sus apoderado judiciales ZULLY MARBELLA SILVA DE CORNET y FERNANDO MIRANDA GONZALEZ, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros; 53.509 y 55.079 respectivamente, acuden a éste órgano jurisdiccional a demandar a la ciudadana CLEOTILDE TERESA VELASCO ALFONZO, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-4.681.836, por cumplimiento de contrato, por lo siguiente:

Que es propietaria de un local comercial signado con el numero dos (Nº2) del Edificio “A” del Conjunto Residencial Los Samanes, ubicado en la Av. Sur 1, El Valle de la Jurisdicción de la Parroquia El Valle Municipio Libertador del Distrito Capital, y que dió en arrendamiento mediante contrato celebrado con la ciudadana CLEOTILDE TERESA VELASCO ALFONZO ya identificada, y la Compañía Anónima Inmobiliaria y Administradora Ríos y Graterol C.A registrada en el Registro Mercantil I de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (Hoy Capital) y Estado Miranda el ocho (08) de Junio de 1988, quedando anotado bajo el Nº 2, Tomo 81-A-Pro.

Que a través del Tribunal Cuarto de Parroquia en fecha diecinueve (19) de Julio de 1995, se le notificó de que no le seria renovado el contrato de arrendamiento y que debía entregarlo para el primero (01) de Noviembre de 1995 en las mismas condiciones en que se le había entregado, cosa que para la presente fecha en que se introduce la demanda no se había cumplido, en virtud de que la ciudadana CLEOTILDE TERESA VELASCO ALFONZO ya identificada, permanecía en el inmueble.

Que en virtud de las numerosas gestiones realizadas por la parte accionante, con el fin de que la CLEOTILDE TERESA VELASCO ALFONZO, ya identificada, desalojara el bien inmueble objeto de juicio, y que las mismas han sido infructuosas, es por lo que acude a este Órgano Jurisdiccional con el fin de demandar por cumplimiento de contrato a la ciudadana CLEOTILDE TERESA VELASCO ALFONZO ya identificada.

Vista las actuaciones que conforman el presente expediente el Tribunal observa que, consta en autos que en fecha catorce (14) de Agosto de 1996, se suspendió el procedimiento hasta no se encuentre definitivamente firme la Resolución dictada por la Dirección de Inquilinato del Ministerio De Fomento en el cual declaró sin lugar el derecho de preferencia ejercido por la parte demandada

En tal sentido, y por cuanto la última actuación que consta en autos como ya se dijo fue el día catorce (14) de marzo de 1996 relacionado con el auto de mediante el cual el Tribunal suspendió la causa lo cual no constando ningun otro acto de impulso de parte, se evidencia que las partes no concurrieran al juicio a realizar algún acto de impulso del proceso, esta circunstancia expuesta evidencia la pedida de interés en esta causa desde el auto de fecha 14 de Agosto de 1996, pues no consta impulso alguno de parte de ellas para activar el proceso, todo lo cual representa una inercia procesal de aproximadamente diecinueve (19) años y nueve (09) meses.

En tales circunstancias, es de considerar que el interés supremo del Estado es la pronta solución de los conflictos suscitados entre particulares sometidos a su consideración, prevaleciendo el mantenimiento del orden público y la paz social por sobre el interés particular del individuo, evitándose, con ello, la indebida prolongación de los juicios pues, de acuerdo al artículo 149 del Código de Procedimiento Civil, el deber de impulsar el procedimiento corresponde por igual a todos los litisconsortes, con lo cual la ley consagra el principio inherente a las partes de sustanciar su juicio, más aún si se tiene en consideración que la detención del proceso no ocurre a consecuencia de una causa legal sino, al contrario, a motivos imputables a ambas partes, lo que, indudablemente, entraña su falta de interés en proseguir los trámites procesales correspondientes. En casos similares, como el que nos ocupa, el Supremo Tribunal de la República ha sostenido lo siguiente:

“...Suele comentarse que la perención no tiene lugar cuando el juicio está en suspenso. A juicio de esta Sala hay que diferenciar la naturaleza de la detención procesal, ya que si ella es producto de una suspensión por algún motivo legal, durante la suspensión, el juez pierde la facultad de impulsar de oficio el proceso hasta su conclusión (artículo 14 del Código de Procedimiento Civil), y éste entra en un estado de latencia mientras dure el término legal de suspensión, pero transcurrido éste, así no exista impulso de los sujetos procesales, el proceso automáticamente debe continuar, y si no lo hace, comienza a computarse el término para perimir...
(omissis)
...La perención tiene lugar cuando el proceso se encuentra paralizado y las partes o no están o han dejado de estar a derecho. Se trata de una relación procesal que no se formó, o que, constituida, se rompió.
El comienzo de la paralización es el punto de partida para la perención, y el tiempo que ella dure será el plazo para que se extinga la instancia.
Estando la causa en estado de sentencia, ella puede paralizarse, rompiéndose la estada a derecho de las partes, por lo que el Tribunal no puede actuar, y se hace necesario para su continuación, que uno de los litigantes la inste y sean notificadas las partes no peticionantes o sus apoderados. En ese estado, la paralización puede nacer de situaciones casuísticas que necesariamente conducen a tal figura caracterizada por la ruptura de la permanencia a derecho de las partes...
(omissis)
...Para que exista paralización, es necesario que ni las partes ni el Tribunal actúen en las oportunidades señaladas en la ley para ello, por lo que esta inactividad de los sujetos procesales, rompe la estadía a derecho de las partes, las desvincula, y por ello si el proceso se va a reanudar, y recomienza en el siguiente estadio procesal a aquél donde ocurrió la inactividad colectiva, habrá que notificar a los litigantes de tal reanudación, habrá que reconstituir a derecho a las partes, tal como lo previó el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil.
Ese es el criterio que gobierna al artículo 257 eiusdem. Las partes se encuentran a derecho mientras en el proceso corren los lapsos para sentenciar, pero transcurridos esos términos sin fallo alguno, ellas dejan de estar a derecho, por lo que deberán ser notificadas, a fin que corran los lapsos para interponer los recursos contra la sentencia dictada extemporáneamente. Tal notificación se ordena de oficio, debido al carácter de director del proceso que tiene el juez, ya que es a él a quien es atribuible la dilación..
Cuando, en el término para sentenciar y en el de diferimiento, no se sentencia, la causa se paraliza y cesa la estadía a derecho de las partes.
Para que el proceso continúe se necesita el impulso de uno de los sujetos procesales, ya que es la inactividad de éstos lo que produce la parálisis, y en el caso de la sentencia emitida extemporáneamente, el legislador consideró que es el Tribunal quien actúa y pone en movimiento el juicio en relación con las partes, quienes son los que tienen interés en ejercer su derecho a la defensa (interposición de recursos, nombramientos de expertos para la experticia complementaria, etc.).
Para que corra la perención la clave es la paralización de la causa. Sólo en la que se encuentra en tal situación puede ocurrir la perención, siempre que la parálisis sea de la incumbencia de las partes, ya que según el Código de Procedimiento Civil, la inactividad del juez después de vista la causa no producirá la perención...
(omissis)
...Sin embargo, no puede entenderse que esa expectativa legítima sea indefinida, ya que una inactividad absoluta y continuada produce otros efectos jurídicos, aunque distintos de la perención.
La expectativa legítima es relevante para el proceso. Ella nace de los usos procesales a los cuales las partes se adaptan y tomándolos en cuenta, ejercitan sus derechos y amoldan a ellos su proceder, cuando se trata de usos que no sean contrarios a derecho...
(omissis)
...No comprende esta Sala, cómo en una causa paralizada, en estado de sentencia, donde desde la fecha de la última actuación de los sujetos procesales, se sobrepasa el término que la ley señala para la prescripción del derecho objeto de la pretensión, se repute que en ella sigue vivo el interés procesal del actor en que se resuelva el litigio, cuando se está ante una inactividad que denota que no quiere que la causa sea resuelta.
No vale contra tal desprecio hacia la justicia expedita y oportuna, argüir que todo ocurre por un deber del Estado que se ha incumplido, ya que ese deber fallido tenía correctivos que con gran desprecio las partes no utilizan, en especial el actor...
(omissis)
...Por respeto a la majestad de la justicia (artículo 17 del Código de Procedimiento Civil), al menos el accionante (interesado) ha debido instar el fallo o demostrar interés en él, y no lo hizo. Pero, esa inacción no es más que una renuncia a la justicia oportuna, que después de transcurrido el lapso legal de prescripción, bien inoportuna es, hasta el punto que la decisión extemporánea podría perjudicar situaciones jurídicas que el tiempo ha consolidado en perjuicio de personas ajenas a la causa. Tal renuncia es incontrastablemente una muestra de falta de interés procesal, de reconocimiento que no era necesario acudir a la vía judicial para obtener un fallo a su favor...
(omissis)
...ante el signo inequívoco de desinterés procesal por parte del actor, tal elemento de la acción cuya falta se constata, no sólo de autos sino de los libros del archivo del tribunal que prueban el acceso a los expedientes, tiene que producir el efecto en él implícito: la decadencia y extinción de la acción. De allí, que considera la Sala, a partir de esta fecha, como interpretación del artículo 26 Constitucional, en cuanto a lo que debe entenderse por justicia oportuna, que si la causa paralizada ha rebasado el término de la prescripción del derecho controvertido, a partir de la última actuación de los sujetos procesales, el juez que la conoce puede de oficio o a instancia de parte, declarar extinguida la acción, previa notificación del actor, en cualquiera de las formas previstas en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, si ello fuere posible, y de no serlo, por no conocer el tribunal dónde realizar la notificación, o no poder publicar el cartel, con la fijación de un cartel en las puertas del tribunal. La falta de comparecencia de los notificados en el término que se fije, o las explicaciones poco convincentes que exprese el actor que compareciere, sobre la causa de su inactividad y los efectos hacia terceros que ella produjo, las ponderará el juez para declarar extinguida la acción...” (Extracto de la sentencia N° 956 dictada en fecha 1 de junio de 2001 por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, en el caso de F. V. González y otro en amparo), cuya doctrina, dado su carácter vinculante, debe ser aplicada por mandato expreso del artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en aras de resolver el asunto que nos ocupa y, por ende, resulta procedente y ajustado a derecho recurrir al trámite conclusivo del proceso a que alude el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, pues las partes involucradas en esta controversia no fueron diligentes en impulsar la continuación del procedimiento para la resolución de la causa. Así se establece.

DECISION
Sobre la base de las razones de hecho y de derecho arriba expuestas, este Tribunal, en uso de sus facultades legales, administrando justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara:

1.- En conformidad a lo previsto en el encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 269 eiusdem, se declara consumada de pleno derecho la perención de la instancia en el presente juicio.

2.- Dada la naturaleza de este fallo, no existe especial condenatoria en costas, todo ello a tenor de lo previsto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.

REGISTRESE Y PUBLIQUESE.

Dada firmada y sellada en Caracas a los 31/03/2016, Años 205° de la Independencia y 156° de la Federación.-
LA JUEZ

Dra. MARIA A. GUTIERREZ.

LA SECRETARIA

Abg. DILCIA MONTENEGRO

En la misma fecha siendo las _______________, horas se registró y publicó la anterior sentencia.
LA SECRETARIA

MAGC/DM/Humberto
EXP. 95-1772