REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Trigésimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas Caracas, diecisiete (17) de mayo de dos mil dieciséis (2016) 206º y 157º Vista la demanda por DESALOJO, proveniente de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Circuito Judicial Civil y la pretensión contenida en ella, presentada por los abogados JULIO SAAVEDRA CHANG e IRWIN SAAVEDRA CHANG, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros 99.030 y 119.080, actuando en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana BLANCA NIEVES BETHENCOURT AMAYA, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nro V-6.078.454, así como los recaudos acompañados al mismo, éste Tribunal siendo la oportunidad, pasa a pronunciarse con respecto a su admisión, bajo las siguientes consideraciones: De la revisión realizada al libelo de demanda, así como de los recaudos que integran el presente expediente, se observa que la parte actora pretende EL DESALOJO de un inmueble de su propiedad destinado a vivienda, ubicado en esta ciudad de Caracas, por parte del arrendatario ciudadano EDGAR OMAR CONTRERAS OTALVORA, titular de la cedula de identidad Nº V-5.199.301, , haciendo constar que se cumplió previamente con el procedimiento previo a las demandas, tal como lo disponen los artículos 94, 95 y 96 de la Ley para la Regulación y Control de los Arrendamientos de Vivienda. Ahora bien, si bien es cierto que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Resolución Nº 2006-00038 de fecha 14-6-2006, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.528 de fecha 22 de Septiembre de 2006, diferida por la Resolución Nº 2006-66 de fecha 18-10-2006, la cual entró en vigencia el 1º de marzo de 2007, estableció en su artículo Nº 1, lo siguiente: “Se tramitarán por el procedimiento oral las causas a que se refiere el artículo 859 del Código de Procedimiento Civil, con excepción de las previstas en el ordinal segundo, siempre que el interés principal de la demanda no exceda en bolívares, al equivalente a dos mil novecientas noventa y nueve unidades tributarias (2.999 U.T)”. Asimismo estableció en su artículo 5, lo siguiente:“Corresponderá a los Tribunales de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de las Circunscripciones Judiciales del Área Metropolitana de Caracas y del Estado Zulia, respectivamente, el conocimiento de las causas cuya cuantía sea superior a las dos mil novecientas noventa y nueve unidades tributarias (2.999 U.T)”, no es menos cierto que la Sala de Casación Civil, mediante circular de fecha 15 de Marzo de 2007, procedió a aclarar las normas contenidas en dicha Resolución estableciendo lo siguiente (Sic) “ la competencia por la cuantía a la cual hace referencia el artículo 1 de la resolución, sólo comprende a aquellas causas que deban ser tramitadas por el procedimiento oral previsto en el artículo 859 del Código de Procedimiento Civil”…(Sic)“Que los Tribunales de Primera Instancia conservan su competencia por la materia, territorio y cuantía para conocer de las causas, salvo aquellas que deban ser tramitadas por el procedimiento oral”. Dispone el artículo 30 ejusdem: “El valor de la causa a los fines de la competencia se determina en base a la demanda, según las reglas siguientes”. El legislador formuló una serie de normas que fungen como parámetros para la apreciación en dinero de la demanda, ya que es necesario estimar el valor de la demanda a los fines de determinar el juez natural que debe conocer de la misma. Que en razón de lo antes expuesto, y por cuanto los Juzgados de Municipio sólo conocerán de las causas que no excedan de las 2.999 Unidades Tributarias tal y como lo estableció la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Resolución Nº 2006-00038 de fecha 14-6-2006, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.528 de fecha 22 de Septiembre de 2006, diferida por la Resolución Nº 2006-66 de fecha 18-10-2006, la cual entró en vigencia el 1º de marzo de 2007, estableció en su artículo Nº 1, y como quiera que la cuantía del presente juicio de DESALOJO (VIVIENDA) fue estimada en la suma DE DOS MILLONES DE BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs 2.000.000,00), es decir, SEISCIENTAS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTAS SESENTA Y SEIS CON SESENTA Y SEIS UNIDADES TRIBUTARIAS (666.666,66) monto que excede la cuantía para los Tribunales de Municipio, es por lo que resulta forzoso para este Juzgado declararse INCOMPETENTE en razón de la cuantía, de conformidad con lo previsto en el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, y como consecuencia de ello se declina la competencia para conocer del presente proceso a los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas (distribuidor de Turno). Déjense transcurrir los días de despacho establecidos en el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil. . Así se Decide. Publíquese, regístrese, déjese copia para el archivo del Tribunal. Dada, firmada, sellada y refrendada por la Secretaria del este Juzgado, a los diecisiete (17) días del mes de mayo de dos mil dieciséis (2016). Años 206º de la Independencia y 157º de la Federación. LA JUEZ TITULAR DRA. MARIA CECILIA CONDE MONTEVERDE LA SECRETARIA TITULAR ABG. ADRIANA EIGLYN PLANAS. MCCM/AEP/JesusG. ASUNTO: AP31-V-2016-000413