REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS Caracas, 26 de octubre de 2016 206º y 157º ASUNTO: AP11-V-2011-000635 PARTE DEMANDANTE: Sociedad mercantil BANCO BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 18 de diciembre de 2009, bajo el Nº 42, Tomo 288-A-Sgdo., sucesora a título universal del patrimonio de la sociedad mercantil BANFOANDES, BANCO UNIVERSAL, inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Táchira el 25 de mayo de 2005, bajo el Nº 71, Tomo 10-A. APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: Abogados ALFREDO MARTÍNEZ TINOCO y ANTONIO BELLO LOZANO MÁRQUEZ, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 12.637 y 16.957, respectivamente. PARTE DEMANDADA: Ciudadano WILLIAM ENRIQUE MEDINA SÁNCHEZ, MARÍA ELENA DAZA FRANKLIN y NERZA MAGALY SÁNCHEZ FRANKLIN, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad Nros. V-18.255.680, V-4.206.214 y V-9.217.017, respectivamente. MOTIVO: COBRO DE BOLÍVARES (PERENCIÓN ANUAL) - I - SÍNTESIS DEL PROCESO Este proceso se inició por demanda de cobro de bolívares incoada en fecha 20 de mayo de 2011, la cual fue admitida por auto dictado por este juzgado en fecha 27 de mayo de 2011. La última actuación verificada en esta causa fue una diligencia estampada por la representación judicial de la parte actora el día 4 de junio de 2012, haciendo constar que recibía en esa fecha la comisión dirigida al Juzgado competente del estado Táchira, a los fines de la fijación del cartel de citación de la parte demandada. Es de hacer notar que desde la indicada fecha han transcurrido más de cuatro (4) años de absoluta inactividad procesal en esta causa. - II - MOTIVACIÓN PARA DECIDIR Habida cuenta de las indicadas circunstancias, debe procederse a una breve revisión del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que literalmente dispone lo siguiente: “Artículo 267.- Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá perención. (...)”. De la simple lectura del anterior dispositivo legal se pueden apreciar los dos elementos constitutivos de la norma, a saber: a) Un supuesto de hecho: El transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes; y, b) Una consecuencia jurídica: La extinción de la instancia por obra de la perención. Ahora bien, siendo que en este caso no se ha producido inactividad del Juez luego de vista la causa y toda vez que los hechos sucedidos en este proceso guardan perfecta relación de identidad respecto del supuesto de hecho abstractamente consagrado en la norma anteriormente transcrita, necesariamente debe producirse la consecuencia jurídica establecida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, es decir, debe concluirse que en este juicio ha operado la perención de la instancia, y así se declara expresamente. Es menester destacar que por disposición del artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, el instituto procesal de la perención de la instancia es declarable aún de oficio. En efecto, textualmente establece la indicada norma adjetiva: “Artículo 269.- La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio, por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del Artículo 267, es apelable libremente.” En este estado de cosas, resulta oportuna la cita de la jurisprudencia de la antigua Corte Suprema de Justicia, contenida en decisión de fecha 22 de septiembre de 1993, en la que se estableció lo siguiente: “...La perención de la instancia es el efecto procesal extintivo del procedimiento, causado por la inactividad de las partes durante el plazo determinado en los ordinales del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. La función de la perención no se agota en la cuestión adjetiva, sino que tiene fundamento en la misma necesidad social de evitar la litigiosidad por la litigiosidad, cuando no medie interés impulsivo en las partes contendientes, pues, para el Estado es más importante el mantenimiento de la paz que la protección de aquellas pretensiones huérfanas de tutor en la carrera procesal. Consecuentemente a este fin, la perención está concebida por el legislador como norma de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio entre las partes, pudiéndose declarar aún de oficio por el Tribunal, todo lo cual resalta su carácter imperativo.” (Resaltado de este Tribunal) - III - DISPOSITIVA Como consecuencia de lo expuesto y con fundamento en las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Tribunal administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA. De conformidad con lo previsto en el artículo 283 del citado Código, no hay condenatoria en costas en esta decisión. Regístrese, publíquese y déjese copia.- Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado 2º de 1era Ins. C.M.T.B. En la ciudad de Caracas, a los 26 de octubre de 2016. 206º y 157º. El Juez, Abg. Luis R. Herrera G. El Secretario, Abg. Jonathan Morales En esta misma fecha, siendo las 11:00 AM, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil. El Secretario, Abg. Jonathan Morales Asunto: AP11-V-2011-000635