TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, (13) de octubre de 2016.
206º y 157º
Asunto: AH1B-X-2016-000039
Sentencia Interlocutoria
PARTE DEMANDANTE: Ciudadana MAITE GONZALEZ BUSTILLOS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-13.311.000.-
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: Ciudadanos CARMEN HAYDEE MARTINEZ LOPEZ, NEPTALI MARTINEZ LOPEZ, LUIS GERMAN GONZALEZ y ARTURO BRAVO BARBELLA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-6.847.650, V-6.916.376, V-9.814.517 y V-20.359.289, abogados en ejercicio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 950, 28.293, 33.000, 43.802 y 229.367, respectivamente.
PARTE DEMANDADA: Sociedad mercantil PLASTICOS JOROPO, S.A., inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 10 de agosto de 1971, anotada bajo el No. 47, Tomo 75.A.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No tiene apoderado judicial constituido en autos.
MOTIVO: MEDIDAS CAUTELARES (Resolución de Contrato de Arrendamiento).-
-I-
A los fines de proveer lo conducente respecto a la medida de Secuestro la cual fue solicitada en el escrito de demanda por la representación judicial de la parte demandada, sobre el siguiente bien inmueble: “Constituido por el galpón No. 8 y las parcelas sobre el que se encuentra construido identificadas como parcelas Nos. 8 y 9, del Bloque 14 de la Urbanización Industrial La Yaguara, de la Parroquia La Vega, Municipio Libertador del Distrito Capital, con una superficie de dos mil quinientos cincuenta y seis metros cuadrados (2.556 Mts2), y, comprendidas dentro de los siguientes linderos y medidas: Parcela No. 8: NORTE: Línea recta de treinta y un metros (31 Mts) de largo, siendo su frente y da su frente a la calle 7 de la Urbanización; SUR: Línea recta de treinta y un metros (31 Mts) de largo colindando con las parcelas Nos. 5 y 10 del mismo bloque 14; ESTE: Línea recta de cuarenta metros (40 Mts) de largo, colindando con la parcela No. 7 del mismo bloque 14; y, OESTE: Línea recta de cuarenta metros (40 Mts) de largo, colindando con la parcela No. 9 del mismo bloque 14. Parcela No. 9: NORTE: Línea recta de treinta y un metros con cincuenta centímetros (31,50 Mts) de largo, siendo uno de sus frentes y da a la calle 7 de la Urbanización; SUR: Línea recta de treinta y siete metros (37 Mts) de largo, colindando con la parcela No. 10; ESTE: Línea recta de cuarenta metros (40 Mts) de largo, colindando con la parcela No. 8 del mismo bloque; y, OESTE: Línea mixta compuesta de dos (2) segmentos de trece metros con cincuenta centímetros (13,50 Mts), y de veintisiete metros (27 Mts), que es otro de sus frentes y da a la calle 1 de la Urbanización”; éste Juzgado pasa a efectuar las siguientes consideraciones:
Fue presentada la reforma de la demanda por motivo de Resolución de Contrato de Arrendamiento, por los ciudadanos NEPTALI MARTINEZ LOPEZ y LUIS GERMAN GONZALEZ, quienes actúan con el carácter de apoderados judiciales de la ciudadana MAITE GONZALEZ BUSTILLOS, contra la sociedad mercantil PLASTICOS JOROPO, S.A., la cual se admitió en fecha 29 de julio de 2016, acompañando a la demanda los siguientes documentos:
A-) Copia fotostática del contrato de arrendamiento celebrado por MAITE GONZALEZ BUSTILLOS, y la sociedad mercantil PLASTICOS JOROPO, S.A.-
B-) Original de notificación realizada por la Notaría Pública Décima de Caracas Municipio Libertador, en fecha 16 de junio de 2016.-
C-) Copia fotostática de actuaciones realizadas en el asunto No. AP31-S-2016-005495, tramitado por el Tribunal Quinto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.-
D-) Copia fotostática del acta de asamblea general extraordinaria de accionista de la sociedad mercantil PLASTICOS JOROPO, S.A., registrada por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 4 de agosto de 2015, bajo el No. 80, Tomo 246-A Sdo.-
E-) Copia fotostática del contrato de compra venta registrado por ante el Registro Público del Tercer Circuito Municipio Libertador Distrito Capital, en fecha 8 de abril de 2010, bajo el No. 2010.1939, Asiento Registra 1 del Inmueble matriculado con el No. 216.1.1.15.2228, correspondiente al Libro de Folio Real del año 2010, No. 2010.1940, Asiento Registral 1 del Inmueble matriculado con el No. 216.1.1.15.2229, correspondiente al Libro de Folio Real del año 2010, No. 2010.1941, Asiento Registral 1 del Inmueble matriculado con el No. 216.1.1.15.2230, correspondiente al Libro de Folio Real del año 2010.-

Ahora bien, establecen los artículos 585, 588 y 599 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente:
Artículo 585: “Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama”.-
Artículo 588: “En conformidad con el artículo 585 de este Código, el Tribunal puede decretar, en cualquier estado y grado de la causa, las siguientes medidas:
1º El embargo de bienes muebles;
2º El secuestro de bienes determinados;
3º La prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles.
Podrá también el Juez acordar cualesquiera disposiciones complementarias para asegurar la efectividad y resultado de la medida que hubiere decretado.-
PARÁGRAFO PRIMERO.-Además de las medidas preventivas anteriormente enumeradas, y con estricta sujeción a los requisitos previstos en el artículo 585, el Tribunal podrá acordar las providencias cautelares que considere adecuadas, cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra. En estos casos para evitar el daño, el Tribunal podrá autorizar o prohibir la ejecución de determinados actos, y adoptar las providencias que tengan por objeto hacer cesar la continuidad de la lesión.-
PARÁGRAFO SEGUNDO.-Cuando se decrete alguna de las providencias cautelares previstas en el Parágrafo Primero de este artículo, la parte contra quien obre la providencia podrá oponerse a ella, y la oposición se sustanciará y resolverá conforme a lo previsto en los Artículos 602, 603 y 604 de este Código.-
PARÁGRAFO TERCERO.-El Tribunal podrá, atendiendo a las circunstancias, suspender la providencia cautelar que hubiere decretado, si la parte contra quien obre diere caución de las establecidas en el Artículo 590. Si se objetare la eficacia o suficiencia de la garantía, se aplicará lo dispuesto en el único aparte del Artículo 589”.-
Artículo 599: “Se decretará el secuestro:
1° De la cosa mueble sobre la cual verse la demanda, cuando no tenga responsabilidad el demandado o se tema con fundamento que éste la oculte, enajene o deteriore.
2° De la cosa litigiosa, cuando sea dudosa su posesión.
3° De los bienes de la comunidad conyugal, o en su defecto del cónyuge administrador, que sean suficiente para cubrir aquéllos, cuando el cónyuge administrador malgaste los bienes de la comunidad.-
4° De bienes suficientes de la herencia o, en su defecto, del demandado, cuando aquél a quien se haya privado de su legítima, la reclame de quienes hubieren tomado o tengan los bienes hereditarios.-
5° De la cosa que el demandado haya comprado y esté gozando sin haber pagado su precio.-
6° De la cosa litigiosa, cuando, dictada la sentencia definitiva contra el poseedor de ella, éste apelare sin dar fianza para responder de la misma cosa y sus frutos, aunque sea inmueble.-
7° De la cosa arrendada, cuando el demandado lo fuere por falta de pago de pensiones de arrendamiento, por estar deteriorada la cosa, o por haber dejado de hacer las mejoras a que esté obligado según el Contrato. También se decretará el secuestro de la cosa arrendada, por vencimiento del término del arrendamiento, siempre que el vencimiento de dicho término conste del documento público o privado que contenga el contrato.-
En este caso el propietario, así como en vendedor en el caso del Ordinal 5° podrán exigir que se acuerde el depósito en ellos mismos, quedando afecta la cosa para responder respectivamente al arrendatario o al comprador, si hubiere lugar a ello”.-

Por su parte el artículo 39 de la Ley de Arrendamiento Inmobiliario, establece lo siguiente:
“La prórroga legal opera de pleno derecho y vencida la misma, el arrendador podrá exigir del arrendatario el cumplimiento de su obligación de entrega del inmueble arrendado. En este caso, el Juez a solicitud del arrendador, decretará el secuestro de la cosa arrendada y ordenará el depósito de la misma en la persona del propietario del inmueble, quedando afectada la cosa para responder al arrendatario, si hubiere lugar a ello”.-

En consecuencia, las medidas cautelares por excelencia persiguen la anticipación de los efectos de una providencia principal; ellas están destinadas a precaver el resultado práctico de un juicio futuro y eventual al cual están preordenados sus efectos. Así se evita que la parte perdidosa haga nugatorio el triunfo del adversario, el cual podría encontrarse con la situación de que su victoria en la litis no tendría sobre que materializarse, quedándole solo una sentencia a su favor pero ningún bien del perdidoso del cual cobrarse para hacer efectiva su pretensión, bien sea porque este se insolventó real o fraudulentamente, o porque de una u otra manera ha ocultado sus bienes para eludir su responsabilidad procesal.-
Según el contenido de la norma jurídica anteriormente transcrita, la procedibilidad de las medidas preventivas depende de la concurrencia de dos condiciones a saber:
1. El periculum in mora; o el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo. A este respecto, no establece la Ley supuestos de peligro de daño, tipificados en varios ordinales, como ocurría en los supuestos de embargo y prohibición de enajenar y gravar del Código derogado; sino que por el contrario, la norma establece “…cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya una presunción grave de esta circunstancia…”. El peligro en la mora tiene dos causas motivas: una constante y notoria, que además no necesita ser probada, cual es la inexcusable tardanza del juicio sometido a conocimiento, el arco del tiempo que necesariamente transcurre desde la deducción de la demanda hasta la sentencia ejecutoriada; la otra causa viene dada por los hechos del demandado durante ese tiempo para burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada.-
2. El fumus boni iuris; o la presunción grave del derecho que se reclama. También es conocida como la “Apariencia del Buen Derecho”, constituye un juicio preliminar que no toca el fondo, por el cual quien se presenta como titular del derecho tiene visos de que efectivamente lo es. Este surge como la necesidad, la apariencia de certeza o de credibilidad del derecho invocado por parte del sujeto que solicita la medida. El eximio profesor italiano Piero Calamendrei, afirma que en sede cautelar basta que la existencia del derecho aparezca verosímil, es decir, basta que según un cálculo de probabilidades, se pueda prever que la providencia principal declarará el derecho en sentido favorable a aquel que solicita la medida cautelar.-
No obstante lo anterior, la extinta Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, mediante sentencia de fecha 04 de Junio de 1.997, con ponencia del Magistrado Dr. Alirio Abreu Burelli, estableció lo siguiente:
“…De la aplicación de ambas disposiciones legales (refiriéndose a la norma contenida en los artículos 585 y 588, ambos del Código de Procedimiento Civil) se observa la existencia de tres requisitos de procedencia de las medidas preventivas establecidas en el parágrafo primero del artículo 588, a saber:
1) La existencia de un fundado temor de que una de las partes en el curso del proceso, pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra;
2) Presunción grave del Derecho que se reclama -fumus boni iuris -;
3) Presunción grave del riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo - periculum in mora -. Estos son los tres aspectos que debe examinar el Juez para decidir sobre la procedencia de la medida cautelar que la doctrina ha denominado “medida innominada”, por ser diferente a las medidas preventivas típicas de embargo, secuestro de bienes determinados y prohibición de enajenar y gravar…” (Sic.).-

Lo que nuestro Máximo Tribunal establece en el fallo parcialmente trascrito, es que además de los requisitos fundamentales para la procedencia de la Medida Cautelar Innominada, es decir, el fumus boni iuris y el periculum in mora, es menester que el Juez, al momento de estudiar el caso, debe examinar el periculum in danni, siendo este el fundado temor de que una de las parte pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al Derecho de la otra.-
Así mismo, la Sala de Casación Civil de la antes citada Corte Suprema de Justicia, sentó criterio mediante sentencia de fecha 16 de Enero de 1.997, al establecer:
“…Así concebidas, observamos que el fin que persigue el legislador venezolano, con la regulación de las medidas cautelares consagradas en nuestro Código de Procedimiento Civil, es claramente el garantizar la efectividad del derecho constitucional que tienen todos de acudir a los órganos judiciales para la defensa de sus derechos o intereses. (Art. 68 de la Constitución). La tutela cautelar se concederá, entonces, cuando se compruebe que hay o puede haber un daño irreversible para el derecho del que la solicita (periculum in mora); lo que presupone que el Juez tendrá que hacer, previamente, una indagación sobre el derecho que se reclama (fumus boni iuris)…” (Sic.).-

A mayor abundamiento, nuestro máximo Tribunal de Justicia, mediante sentencia de fecha 17 de Abril de 2.001, estableció lo siguiente:
“…Uno de los derechos más importantes y fundamentales en todo Estado de Derecho, es el derecho a la tutela judicial efectiva, que está conformado por otros derechos, como lo son: el derecho a tener acceso a la justicia, el derecho a intentar todas las acciones y recursos procedentes en vía judicial, el derecho a la tutela judicial cautelar y el derecho a la ejecución del fallo.-
En efecto, las Medidas Cautelares son parte esencial de este derecho y del derecho a la defensa, teniendo su base en la propia función del Juez de juzgar y ejecutar lo juzgado y pueden ser utilizadas, siempre que cumplan los dos requisitos esenciales del periculum in mora y del fumus boni iuris, de la forma más amplia para garantizar la eficacia de la sentencia que decida sobre el fondo de la controversia.…” (Sic.) (www.tsj.gov.ve TSJ-SPA, Sent. Nro. 662 del 17-4-2001).-

El poder cautelar es una función de los órganos jurisdiccionales tendiente a que si una de las partes en un determinado juicio solicita el decreto de una medida cautelar, el Juez previo examen de la concurrencia de los requisitos de Ley, puede decretarlo para evitar una situación de daño o de peligro, y a la par obrar según su prudente arbitrio, vale decir, el Juez es soberano y tiene amplias facultades cuando están llenos los extremos legales para decretar las medidas que soliciten las partes.-
El legislador en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, estatuye que el Juez decretará las medidas preventivas establecidas en el Título correspondiente, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, siempre que se acompañen medios de prueba, aún cuando presuntivos, que constituyan presunción grave de dos circunstancias o supuestos concurrentes; ello, a los fines de dar satisfacción al derecho a la tutela cautelar como una de las expresiones del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los supuestos precitados son conocidos en doctrina como Fumus Boni Iuri y Periculum in Mora, los cuales pueden ser determinados con mayor facilidad para el juez, ante la necesidad del decreto de la medida preventiva, cuando se está en presencia de una obligación contractual, más no cuando la reclamación surja de una relación extracontractual o aquiliana, por cuanto en este último caso, se corre el riesgo de que en la apreciación de estos elementos, para el decreto de la medida el Juez se adentre peligrosamente en la cuestión de fondo del asunto planteado.-
Respecto a los efectos de una reclamación contractual, los requisitos del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, pueden estar presentes en los mismos recaudos o documentos que se acompañen a la demanda. En el presente caso, este Tribunal estima que del documento consignado por la parte demandada, surge la prueba del derecho que se reclama, y además, dimana el temor fundado de que quede ilusoria la ejecución del fallo, es decir, concurren en la presente causa los dos extremos exigidos en la citada norma procesal. Asimismo, observa que en relación a las medidas innominadas solicitadas concurre, también, el periculum in damni.-
En tal sentido, refiriéndonos al caso que nos ocupa, es de observar que el presente juicio con anteriormente se señaló, versa en el Resolución del Contrato de Arrendamiento celebrado entre la ciudadana MAITE GONZALEZ BUSTILLOS y la sociedad mercantil PLASTICOS JOROPO, S.A., cuyo contrato riela a los autos en original.-
Así las cosas, como se mencionó anteriormente en materia de medidas preventivas la discrecionalidad del juez no es absoluta, sino que es menester el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y que se haya acompañado el medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama. Además el juez debe limitar las medidas a los bienes que sean estrictamente necesarios para garantizar las resultas del juicio.-
Establecido lo anterior, quien se pronuncia que, para que proceda el decreto de la medida no solo debe evaluarse la apariencia de certeza o credibilidad del derecho invocado, sino que debe determinarse si de las argumentaciones y recaudos acompañados por el peticionario se deduce el peligro de infructuosidad de ese derecho, en consecuencia, en caso que nos ocupa, sin que ello implique valorar las pruebas aportadas por la parte junto con su libelo de demanda, por cuanto seria emitir opinión al fondo de lo controvertido, es criterio de ésta Juzgadora que la demandante y quien solicita el decreto de medida, aportó medio de prueba veraz y suficiente, que conforme a lo alegado en su escrito de demanda con relación a la medida cautelar solicitada, existiendo una presunción grave de tal circunstancia, por lo que a criterio de quien sentencia, los requisitos establecidos en el artículo 585 en la Norma Adjetiva Civil, referente al Periculum In Mora y al Fomus Boni Iuris, se encuentran debidamente probados y procedentes. Y así se Establece.-
Por los fundamentos antes expuestos, éste Tribunal en el ejercicio de la potestad cautelar que le reconoce nuestro Código Adjetivo decreta de conformidad con lo previsto en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo previsto en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, el artículo 588 numeral 2° Ejusdem, así como con lo dispuesto en el numeral 7° del artículo 599 Eiusdem y el artículo 39 de la Ley de Arrendamiento Inmobiliario DECRETA MEDIDA DE SECUESTRO sobre el siguiente bien inmueble: “Constituido por el galpón No. 8 y las parcelas sobre el que se encuentra construido identificadas como parcelas Nos. 8 y 9, del Bloque 14 de la Urbanización Industrial La Yaguara, de la Parroquia La Vega, Municipio Libertador del Distrito Capital, con una superficie de dos mil quinientos cincuenta y seis metros cuadrados (2.556 Mts2), y, comprendidas dentro de los siguientes linderos y medidas: Parcela No. 8: NORTE: Línea recta de treinta y un metros (31 Mts) de largo, siendo su frente y da su frente a la calle 7 de la Urbanización; SUR: Línea recta de treinta y un metros (31 Mts) de largo, colindando con las parcelas Nos. 5 y 10 del mismo bloque 14; ESTE: Línea recta de cuarenta metros (40 Mts) de largo, colindando con la parcela No. 7 del mismo bloque 14; y, OESTE: Línea recta de cuarenta metros (40 Mts) de largo, colindando con la parcela No. 9 del mismo bloque 14. Parcela No. 9: NORTE: Línea recta de treinta y un metros con cincuenta centímetros (31,50 Mts) de largo, siendo uno de sus frentes y da a la calle 7 de la Urbanización; SUR: Línea recta de treinta y siete metros (37 Mts) de largo, colindando con la parcela No. 10; ESTE: Línea recta de cuarenta metros (40 Mts) de largo, colindando con la parcela No. 8 del mismo bloque 14; y, OESTE: Línea mixta compuesta de dos (2) segmentos de trece metros con cincuenta centímetros (13,50 Mts), y de veintisiete metros (27 Mts), que es otro de sus frentes y da a la calle 1 de la Urbanización. Dicho inmueble le corresponde en copropiedad a la ciudadana MAITE CONZALEZ, en proporción del 33,33%, conforme al documento protocolizado ante el Registro Público del Tercer Circuito Municipio Libertador Distrito Capital, en fecha 8 de abril de 2010, bajo el No. 2010.1939, Asiento Registra 1 del Inmueble matriculado con el No. 216.1.1.15.2228, correspondiente al Libro de Folio Real del año 2010, No. 2010.1940, Asiento Registral 1 del Inmueble matriculado con el No. 216.1.1.15.2229, correspondiente al Libro de Folio Real del año 2010, No. 2010.1941, Asiento Registral 1 del Inmueble matriculado con el No. 216.1.1.15.2230, correspondiente al Libro de Folio Real del año 2010”. Y así se decide.-
A los fines de la práctica de la medida decretada, se ordena librar oficio y comisión dirigidos a la Coordinación de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con el objeto de que se sirva distribuir a un Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medida de ésta Circunscripción Judicial. Líbrese oficio y comisión.-
LA JUEZ,
LA SECRETARIA,
DRA. MARITZA BETANCOURT.
Abg. ISBEL QUINTERO.
En esta misma fecha, se libró oficio y comisión.-
LA SECRETARIA,

ABG. ISBEL QUINTERO.
Asunto: AH1B-X-2016-000039
ASUNTO PRINCIPAL: AP11-V-2016-001055
MB/IQ/RB