REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Undécimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, seis (6) de octubre de dos mil dieciséis (2016) 206º y 157º ASUNTO: AP31-V-2011-001033 DEMANDANTE: la sociedad mercantil INVERSIONES ARISTON S.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el día 12 de agosto de 1971, bajo el Nº. 42, Tomo 73-A-Pro., y reconstituida posteriormente según se evidencia de Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 28 de mayo de 2004, inscrita en el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, bajo el Nº 43, Tomo 40-A ABOGADOS DE LA PARTE ACTORA: EDGAR NUÑEZ CAMINERO y FERMIN TORO OVIEDO, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nºs. 49.219 y 49.666, respectivamente DEMANDADO: MANUEL VIDAL SEGUER, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº. V.-6.002.345 APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: No tuvo apoderado judicial constituido en autos. MOTIVO: RESOLUCION DE CONTRATO I Se inició el presente juicio mediante libelo presentado por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Juzgados de Municipio Ordinarios y Ejecutores de Medida del Área Metropolitana de Caracas, sede Los Cortijos, por los abogados EDGAR NUÑEZ CAMINERO y FERMIN TORO OVIEDO, apoderados de la parte actora, mediante la cual demando por RESOLUCION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO al ciudadano MANUEL VIDAL SEGUER, la cual previo sorteo de ley, correspondió su conocimiento a este Tribunal. En fecha 24 de abril de 2011, se dictó auto mediante el cual, se admitió la demanda intentada por INVERSIONES ARISTON S.A., contra el ciudadano MANUEL VIDAL SEGUER, por los trámites del juicio breve y se ordenó librar compulsa.- En fecha 12 de mayo de 2011, se dictó auto de conformidad con los artículos 5 y siguientes del Decreto-Ley, se establece el procedimiento administrativo a seguirse por ante el Ministerio del poder Popular de Vivienda y Habitat, el cual debe llevar a cabo la parte actora y culminado el mismo, consignar las resultas en el expediente a los fines de poder continuar con el juicio; razón por la cual se ordeno la SUSPENSIÒN DEL PROCESO hasta tanto la parte actora cumpla con el procedimiento administrativo y consigne las resultas en el presente expediente. En fecha 23 de marzo de 2012, se dictó auto mediante el cual se negó el pedimento efectuado por la parte actora, por cuanto este Juzgado considera que no existen razones legales por las cuales deba levantarse la suspensión ordenada y asimismo, se ordenó cumplir con el procedimiento previo establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y Desocupación Arbitraria de Viviendas, tal como fue ordenado en el auto de fecha 12 de mayo de 2012. II La figura de la perención es una institución procesal en virtud de la cual opera la extinción de la instancia por inactividad del proceso durante el lapso establecido por el legislador. No es una inactividad del juez, porque si ésta pudiese producir la perención, equivaldría a dejar al arbitrio del Estado la extinción del proceso. La perención de la instancia, según ha sostenido la doctrina se verifica de derecho, vale decir, ope legis, independientemente del requerimiento de la parte interesada y la consiguiente declaratoria judicial, lo cual no vendría sino a ratificar lo que virtualmente estaba consumado; en efecto, según esta tesis la perención se opera desde el momento mismo en que ha transcurrido el término previsto por la Ley; siendo una de las formas anormales de la terminación del proceso. Al Estado no le interesa mantener indefinidamente los juicios, pues ello perturba la paz social, jurídica y económica de la colectividad. Por su naturaleza, la perención es de orden público, y según lo previsto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. Del mismo modo, en sentencia Nº 910, proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 15 de mayo de 2007, expediente nº 04-1039, con ponencia de la Magistrada Dra. Carmen Zuleta de Merchán, se estableció: “La instancia se extingue de pleno derecho en las causas que hayan estado paralizadas por más de un (1) año. La Sala sostuvo, en su sentencia Nº 1466/2004, que constituye una actuación inútil la declaratoria previa de consumación de la perención de una causa, a objeto de ser notificada a las partes mediante cartel, como requisito para que se pueda declarar efectivamente su perención y posterior archivo del expediente., con fundamento en la aplicación supletoria del art. 267 del Código de Procedimiento Civil. En criterio de esta Sala, a fin de evitar decisiones carentes de utilidad práctica, basta con que se determine que la causa ha estado paralizada por más de un año para que pueda declararse, sin necesidad de hacerlo en dos pasos, la perención. En el presente caso ha podido constatarse que la causa estuvo efectivamente paralizada por un tiempo superior al año, por lo que procede declarar su perención, de conformidad con el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, tal como ha sido interpretado por esta Sala en la sentencia mencionada…” Por consiguiente, tratándose de un proceso judicial potencialmente contencioso, y visto que desde el día 23 de marzo de 2012, la parte actora no compareció a realizar ninguna actuación dirigida a movilizar y mantener en curso el proceso, evitando con ello su eventual paralización durante un lapso mayor de un año, resulta evidente que se ha producido una inactividad en el diligenciamiento del trámite procesal que se subsume en el supuesto de hecho de la perención de la instancia, cual es el transcurso de más de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, así se decide. III Por todo lo antes expuesto, este Tribunal Undécimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara la perención de la instancia en la presente causa, que por motivo de RESOLUCION DE CONTRATO, intentada por la sociedad mercantil INVERSIONES ARISTON S.A., contra el ciudadano MANUEL VIDAL SEGUER, antes identificados, y como consecuencia de ello la extinción del proceso. Así se declara. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 283 de la Ley Adjetiva Civil, se declara que no hay especial condenatoria en costas. Publíquese y regístrese la presente decisión, dejándose copia certificada de la misma en el copiador de sentencias interlocutorias con fuerza de definitivas llevado por este Tribunal, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Ley de Trámites Civiles. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Undécimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, es esta ciudad de Caracas, a los seis (6) días del mes de octubre dos mil dieciséis (2016), Años 205° de la Independencia y 156° de la Federación. LA JUEZ TITULAR, Dra. JACQUELINE VEGA ÁLVAREZ EL SECRETARIO ACC. JUAN CARLOS CARVAJAL En la misma fecha, siendo las nueve horas y cincuenta y seis minutos once de la mañana (9:56 a.m.), se registró y publicó la presente decisión. EL SECRETARIO ACC. JUAN CARLOS CARVAJAL