REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGION CAPITAL
206º y 157º
PARTE DEMANDANTE:, INSTITUTO DE DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA (INAPYMI); Instituto Autónomo creado por la Ley para la Promoción y el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.583, de fecha 03 de diciembre de 2002, adscrito al Ministerio del Poder Popular de Ciencias, tecnología e Industrias Intermedias, de conformidad con el Decreto sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional No. 6.670, de fecha 22 de abril de 2009, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.163, de fecha 22 de abril de 2009, e inscrito en el Registro de Información Fiscal (RIF) No. G-20003010-0. Apoderado judicial abogado NEBLET CAROLINA NAVAS G. inscrita en el Inpreabogado número 97.065.
PARTE DEMANDANDA: ciudadano CLEMENTE RAMÓN FERNÁNDEZ GARRIDO, venezolano, mayor de edad, domiciliado en el Estado Portuguesa, titular de la cédula de identidad número 10.829.129.
MOTIVO: DEMANDA DE CONTENIDO PATRIMONIAL.
TIPO DE SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA (PERENCION).
EXPEDIENTE: Nº 00-7258
I
ANTECEDENTES DEL CASO
En fecha 31 de octubre de 2012, se recibió del Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital (Distribuidor de Turno) expediente contentivo de la demanda de contenido patrimonial interpuesta por la abogada NEBLET CAROLINA NAVAS G. inscrita en el Inpreabogado número 97.065, actuando en este acto en su condición de apoderada judicial del INSTITUTO DE DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA (INAPYMI), contra el ciudadano CLEMENTE RAMÓN FERNÁNDEZ GARRIDO, venezolano, mayor de edad, domiciliado en el Estado Portuguesa, titular de la cédula de identidad número 10.829.129.
Mediante auto de fecha 06 de noviembre de 2012, este Tribunal admitió la demanda de contenido patrimonial interpuesta, en fecha 25 de octubre de 2012, en el Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital. En consecuencia, de conformidad como lo establece el artículo 57 de la mencionada Ley, se fijo para las diez de la mañana (10:00 am), al decimo día de despacho siguiente a la constancia en auto de haberse practicado la notificación mediante oficio a la ciudadana Procuradora General de la República y la citación mediante boleta del ciudadano CLEMENTE RAMÓN FERNÁNDEZ GARRIDO. Para que se celebrara la audiencia de juicio.
En fecha 15 de mayo de 2013, la abogada NEBLET CAROLINA NAVAS G. inscrita en el Inpreabogado número 97.065, actuando en este acto en su condición de apoderado judicial del INSTITUTO DE DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA (INAPYMI). Presento diligencia mediante la cual solicitaba realizar la correspondiente boleta de notificación del demandado así como la debida comisión al tribunal de Municipio del estado Portuguesa, debido a que el domicilio procesal del demandado se encuentra en el Estado Portuguesa.
En fecha 03 de diciembre 2013, en virtud de la convocatoria por parte de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 04 de noviembre de 2013, y posterior juramentación el 05 de noviembre de 2013, de la Doctorar HELENA NAVA DE URDANETA, como Jueza Provisorio de este Juzgado Superior, se ABOCÓ al conocimiento de la presente causa.
En fecha 28 de septiembre 2016, en virtud de la convocatoria por parte de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 26 de abril de 2016, y posterior juramentación el 09 de mayo de 2016, del Dr. ÁNGEL VARGAS RODERÍGUEZ, como Juez Provisorio de este Juzgado Superior, se ABOCÓ al conocimiento de la presente causa.
II
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Luego de una revisión de las actas procesales que conforman el presente expediente, considera necesario este órgano jurisdiccional hacer las siguientes consideraciones:
Se entiende por perención de la instancia el modo de extinguirse la relación procesal por la inactividad de las partes durante cierto período de tiempo.-
Ahora bien, esta institución, que tiene por objeto evitar que los procesos se prolonguen indefinidamente en el tiempo, tiene su fundamento en una racional presunción deducida de la circunstancia de que correspondiendo a las partes dar vida y actividad a la demanda, la falta de impulso por parte de ellas debe considerarse como un tácito propósito de abandonarla.-
En tal sentido el maestro Borjas, en su obra “Comentarios al Código de Procedimiento Civil, Tomo II”, cita que la perención, en el derecho antiguo, pudo considerarse únicamente como un remedio para poner término obligatorio a los litigios que amenazaran perpetuarse, y un castigo para la parte negligente de agitarlos, teniendo hoy por hoy su fundamento, en una presunción iuris, en el cual los litigantes han querido dejar el juicio en el estado que tenían cuando dejaron de activar su curso, renunciando, por implícito acuerdo a la instancia en que ha ocurrido la paralización.-
La perención constituye un medio autónomo de terminación del proceso, distinto de la sentencia, que se basa en la presunción que las partes han abandonado o perdido el interés en el juicio, derivada de la falta de impulso procesal, es decir, por no instar el procedimiento mediante el cumplimiento de las obligaciones o cargas procesales que la misma Ley les impone.-
Con relación a esta figura jurídica, el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en Gaceta Oficial Nº 39.451 de fecha 22 de junio de 2010, establece lo siguiente:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al Juez o Jueza, tal como la admisión de la demanda, la fijación de la audiencia y la admisión de pruebas.
Declarada la perención, podrá interponerse la acción inmediatamente después de la declaratoria”.
Del texto citado destaca, que la paralización del proceso durante un (1) año por la inactividad de la parte, tiene como consecuencia la extinción de la instancia, a menos que la actuación dependa de la actuación del Juzgador, y una vez declarada, la parte tiene nuevamente la posibilidad de interponer la acción de forma inmediata.
La Perención se encuentra determinada por tres condiciones esenciales: Una objetiva, la inactividad, que se reduce a la falta de realización de actos procesales, otra subjetiva, que se refiere a la actitud omisiva de las partes y no del Juez; y finalmente, una condición temporal, la prolongación de la inactividad de las partes por el termino de un año.
Por otra parte el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, señala lo siguiente:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención...”
En concordancia con la disposición antes transcrita, el artículo 268 eiusdem establece: que la perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes, siendo uno de sus efectos la extinción del proceso, adicionalmente puede ser decretada de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare es apelable libremente.-
A este respecto, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 00117, de fecha 07 de febrero de 2013, estableció lo siguiente:
“(…) La perención de la instancia es un mecanismo anómalo de terminación del proceso, en el sentido de que el pronunciamiento dictado por el operador de justicia que declare la perención no produce cosa juzgada material, pudiendo el accionante interponer nuevamente la acción en similares términos en que fue propuesta anteriormente, siempre que se encuentre dentro del lapso legal establecido a tales fines.
Se constituye entonces el referido instituto procesal como un mecanismo legal diseñado con el propósito de evitar que los procesos se perpetúen y los órganos de administración de justicia deban procurar la composición de causas en las cuales no existe interés de los sujetos procesales”.
En virtud de la motivación del fallo parcialmente trascrito supra que establece claramente los requisitos y alcance de la institución de la perención de instancia; este Juzgado acoge el criterio antes transcrito y la aplica al caso que nos ocupa, en consecuencia, de la revisión exhaustiva de las actas procesales que conforman el presente expediente, se evidencia que en fecha 06 de noviembre de 2013, se dictó auto mediante el cual se admitió la demanda de contenido patrimonial interpuesta por la abogada NEBLET CAROLINA NAVAS G., inscrita en el Inpreabogado bajo el número 97.065, actuando en este acto en su condición de apoderada judicial del INSTITUTO DE DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA (INAPYMI), contra el ciudadano CLEMENTE RAMÓN FERNÁNDEZ GARRIDO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 10.829.129, cursante al folio Nº 31; sin embargo, hasta la presente fecha ha transcurrido más de un (01) año y un (01) mes, sin que la parte interesada compareciera por sí o por medio de apoderado judicial alguno a impulsar la presente causa, y o a manifestar su interés en dar continuidad al proceso, lo que evidencia una absoluta inactividad procesal por parte del demandante; así las cosas y en razón de lo antes expuesto, denota quien aquí decide, que la situación antes detallada encuadra en el supuesto de hecho descrito en lo establecido en la norma antes citada, la cual dispone que toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, en este caso especialmente por la representación judicial de la parte demandante, el INSTITUTO DE DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA (INAPYMI), no ha realizado acto procesal tendiente agilizar el impulso del procedimiento, resulta forzoso para este Tribunal declarar, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y en concordancia con el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, por haber transcurrido un lapso superior al año, sin que durante ese lapso las partes hubieren realizado acto posterior alguno del procedimiento. Así se decide.
III
DECISIÓN
En merito de lo anterior, este JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de la demanda de contenido patrimonial interpuesta por el abogado NEBLET CAROLINA NAVAS G., inscrita en el Inpreabogado bajo el número 97.065, actuando en este acto en su condición de apoderada judicial del INSTITUTO DE DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA (INAPYMI), contra el ciudadano CLEMENTE RAMÓN FERNÁNDEZ GARRIDO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 10.829.129.
Publíquese, regístrese y notifíquese a la parte demandante.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en Caracas a los veintinueve (29) días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis (2016). Años 206º de la Independencia y 157º de la Federación.
EL JUEZ PROVISORIO,
Dr. ANGEL VARGAS RODRÍGUEZ
LA SECRETARIA,
Abg. GABRIELA PAREDES
En el mismo día, siendo la dos y treinta y cinco de la tarde (02:35 p.m.), se publicó y registró la anterior decisión.
LA SECRETARIA,
Abg. GABRIELA PAREDES
Exp. 00-7258
Juan
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