TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Duodécimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, treinta de septiembre de dos mil dieciséis
206º y 157º
ASUNTO: AP31-V-2014-000959
PARTE ACTORA: Sociedad Mercantil URBANIZADORA PLAZA ALTA C.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 30 de abril de 1996, bajo el Nº 53, Tomo 199-Sgdo, cuya ultima modificación a su documento constitutivo estatutario consta de asiendo inscrito en el mencionado Registro en fecha 20 de julio de 2001, bajo el Nº 62, Tomo 139-A-Sgdo.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: GISELA CAROLINA FELICE PULIDO y HECTOR LUIS MARCANO TEPEDINO, inscritos en el Inpreabogado bajo los nros. 39.284 y 21.271 respectivamente.

PARTE DEMANDADA: RICHAR DAVID ZACARIAS RODRIGUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V.-11.031.795.
ABOGADO DE LA PARTE DEMANDADA: Sin representación Judicial constituida en autos.

MOTIVO: RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.

SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA.

-II-
-BREVE RESEÑA DE LAS ACTAS PROCESALES-
Mediante libelo de demanda presentado en fecha 25 de junio de 2014, por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos, Circuito Judicial los Cortijos, por los abogados GISELA CAROLINA FELICE PULIDO y HECTOR LUIS MARCANO TEPEDINO, inscritos en el Inpreabogado bajo los nros. 39.284 y 21.271 respectivamente, apoderados judiciales de la Sociedad Mercantil URBANIZADORA PLAZA ALTA C.A., introdujeron libelo de demanda por RESOLUCION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO contra el ciudadano RICHAR DAVID ZACARIAS RODRIGUEZ, la cual fue admitida por este Tribunal en fecha 01 de julio de 2014, de conformidad con las disposiciones relativas al procedimiento oral, contenidas en los artículos 859 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 43 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial.
Mediante auto de fecha 14 de julio de 2014, se libró la respectiva compulsa y el despacho junto con Oficio al Juzgado Distribuidor de Municipio del Municipio Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda con sede en Guatire, a fin de que practique la citación de la parte demandada, ciudadano Richar David Zacarias Rodríguez.
En fecha 26 de septiembre de 2014, comparecieron los apoderados judiciales de la parte actora, quienes consignaron escrito de transacción; y en fecha 30/09/2014, este Tribunal mediante auto negó la solicitud de homologar la transacción realizada por las partes, ello en virtud de que los abogados GISELA FELICE y HÉCTOR MARCANO TEPEDINO, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 39.284 y 21.271 respectivamente quienes actúan como representantes judiciales de la parte actora; carecen de la facultad expresa para realizar Transacción Judicial en la presente causa.
En fecha 04 de noviembre de 2014, el secretario dejó constancia de haberse librado las copias certificadas solicitadas por la parte interesada en fecha 17/10/2014, y acordadas mediante auto de fecha 21 de octubre de 2014.
Mediante auto de fecha 11 de febrero de 2015, se ordenó agregar a los autos el oficio Nº 2015-012, contentivo de la resultas de citación.

-III-
-MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO PARA DECIDIR-
De conformidad con lo establecido en el ordinal Cuarto (4°) del Artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, pasa éste Juzgado a establecer los motivos de hecho y de derecho en los cuales fundamentará su decisión a cuyo efecto, establece:

-DE LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA-
Dada la importancia de la administración de justicia y siguiendo la reiterada opinión doctrinaria que advierte la existencia de un modo atípico de extinción de la relación procesal, que deviene de la inactividad de las partes en un lapso establecido taxativamente por la ley; dichas partes han creado una presunción de renuncia a la causa que habían iniciado, obstaculizando con su conducta omisiva el efectivo desarrollo de la actividad judicial ya que impide que el proceso llegue a su natural desenvolvimiento: la sentencia.
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, la falta de estímulo procesal dado por el desinterés de las partes en accionar, coloca al órgano judicial en una pendencia indefinida a una relación procesal aparentemente paralizada, además de situar al demandado en un estado de indefensión, ya que éste continuará en su calidad de demandado por tiempo indeterminado.
En respuesta de lo anterior nuestros legisladores crearon la institución de LA PERENCIÓN, figura con la cual se busca sancionar la conducta omisiva de las partes y con la correlativa función de cooperar al exigir el efectivo y oportuno actuar de los litigantes.
Por cuanto el desenvolvimiento de un proceso no tiene sentido sin la necesidad de las partes en acudir a los órganos jurisdiccionales para dirimir sus controversias. La Teología del proceso responde a la prosecución de la justicia a través de la elaboración de la sentencia que resuelve el caso planteado. La ausencia del interés de las partes en la obtención del fallo convierte el proceso en una sujeción injustificada de fases. En éste sentido la Doctrina procesalista fundamenta la figura de la perención de la instancia consagrada en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en los términos siguientes:
ARTICULO 267.- Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención.

Con la reforma legislativa producida en 1.986 se establecieron los parámetros descriptivos de la institución jurídica denominada perención, puesto que se dispuso que esta no es renunciable a las partes, debe ser declarada de oficio por el juez y opera de pleno derecho, es decir, la sentencia cumple la función de declarar un hecho jurídico que ya se había consumado por el transcurso del tiempo y la inactividad de las partes y que tuvo como efecto la extinción del proceso.
Criterios que fueron reiterados por parte de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, cuando en sentencia N° RH-00095 de fecha 29 de julio de 2.003, con ponencia del magistrado Dr. Carlos Oberto Vélez, recaída en el expediente N° 036119, dispuso expresamente:
(SIC)”…Ahora bien, en razón de la naturaleza de las “sentencias interlocutorias con fuerza de definitivas, que tienen las decisiones que declaran la Perención de la instancia, la Sala, en sentencia N° 156, de fecha 10 de Agosta de 2.000 (Caso: Banco Latino, C.A., S.A.C.A. contra COLIMODIO S.A. y Distribuidora COLIMODIO S.A.), expediente N° 00-128, estableció lo siguiente:
“…Es evidente que la decisión recurrida en casación pertenece a las llamadas sentencias interlocutorias con fuerza de definitivas, que según la Doctrina de éste Alto Tribunal, son susceptibles del recurso ordinario de apelación y del extraordinario de Casación (…). La perención de la instancia es el efecto procesal extintivo del procedimiento, causado por la inactividad de las partes durante el plazo determinado en los ordinales del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil…
…Este instituto es, por tanto, de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio entre las partes, y puede declararse aún de Oficio por el Tribunal, todo lo cual resalta su carácter imperativo…” Así se reitera.

Sentado todo lo anterior y teniendo como premisa principal que desde el día 11 de febrero de 2015, fecha en la cual se dictó auto mediante el cual se ordenó agregar a los autos el oficio Nº 2015-012, contentivo de la resultas de citación, hasta la presente fecha, ha transcurrido un lapso superior a un (1) año sin que parte alguna haya dado impulso procesal a la causa, es concluyente para éste Juzgado declarar consumada la PERENCIÓN de la instancia en los términos dispuesto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, tal y como será determinada en la parte dispositiva del presente fallo. Así se decide:
-IV-
-DISPOSITIVA-
En virtud de los fundamentos anteriormente expuestos, éste Juzgado Duodécimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas., Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y Autoridad de la Ley, DECIDE:
-PRIMERO: Se declara consumada LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en la presente causa que por RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO sigue la Sociedad Mercantil URBANIZADORA PLAZA ALTA C.A., contra el ciudadano RICHAR DAVID ZACARIAS RODRIGUEZ.
-SEGUNDO: Como consecuencia del particular anterior y de conformidad con lo previsto en el artículo 270 del Código de Procedimiento Civil, se declara EXTINGUIDO el presente proceso, con el expreso señalamiento a la parte actora, que para volver a proponer la acción que nos ocupa, deberá dejar transcurrir íntegramente el lapso previsto en el artículo 271 ejusdem.
-TERCERO: No se hace especial condenatoria en costas dada la naturaleza del presente fallo, ello de conformidad en lo previsto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.-
-PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE y DEJESE COPIA.-
Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho de éste JUZGADO DUODECIMO DE MUNICIPIO Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas., a los Treinta(30) días del mes de septiembre del año Dos Mil dieciséis (2016). Años 206° de la Independencia y 157° de la Federación.
LA JUEZ,

DRA. ANABEL GONZALEZ GONZALEZ
LA SECRETARIA.
MARIA ELIZABETH NAVAS

En la misma fecha se publicó y registró la anterior decisión.

LA SECRETARIA.
MARIA ELIZABETH NAVAS

AGG/LV/annis