REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO VIGESIMO OCTAVO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS PARTE ACTORA: OCTAVIO PUERTA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nro. V.-15.653.513, abogado en ejercicio, inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nro. 149.011, quien actúa en su propio nombre. PARTE DEMANDADA: JOSÉ ANGEL RODRÍGUEZ, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº V-17.401.557. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: NO TIENE ACREDITADO EN AUTOS. MOTIVO: INTIMACIÓN DE HONORARIOS PROFESIONALES. Exp. Nro. AP31-V-2014-001532 NARRATIVA Se inicio el presente juicio mediante libelo de demanda y sus anexos presentados en fecha 3 de noviembre de 2014, por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial Civil del Área Metropolitana de Caracas, por el abogado OCTAVIO PUERTA, inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nro. 149.011, quien actúa en su propio nombre, incoada dicha demanda en contra del ciudadano JOSÉ ANGEL RODRÍGUEZ, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº V-17.401.557, la cual le correspondió conocer a este Juzgado. Por auto dictado en fecha 11 de noviembre de 2014, se admitió la presente demanda. Mediante diligencia de fecha 14 de noviembre de 2014, la parte actora consignó los fotostatos para la elaboración de la boleta de intimación dirigida a la parte demandada. Asimismo, consignó las copias certificadas correspondientes al expediente AP11-V-2011-000925, el cual cursa por ante el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial de Caracas. Posteriormente, en fecha 5 de diciembre de 2014, la parte actora dejó constancia de la cancelación de los emolumentos al ciudadano Alguacil, a los fines de la práctica de la intimación de la parte demandada. En fecha 10 de diciembre de 2014, este Juzgado dejó constancia de haber librado la boleta de intimación dirigida a la parte demandada, y se ordenó el emplazamiento de la parte demandada. Por último en fecha 03 de diciembre de 2015, el ciudadano Alguacil dejó constancia que le fue imposible practicar la intimación de la parte demandada, motivo por el cual procedió a consignar a los autos la boleta de intimación. MOTIVA Ahora bien, el Artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, establece. El Código de Procedimiento Civil, utiliza el término instancia en dos sentidos diferentes, uno, como solicitud, petición o impulso, cuando alguna disposición exige que el Juez proceda a instancia de parte, y dos, como proceso judicial de conocimiento, desde que se inicia con la demanda, hasta la sentencia definitiva de fondo. “…La regla general en materia de perención, expresa que el sólo transcurso del tiempo, sin que las partes hubieren realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil…”. El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil establece: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes...”; y el artículo 269 eiusdem dispone: “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal...”. En las disposiciones antes transcrita, el término instancia es utilizado como impulso, el proceso se inicia a impulso de parte, y éste perime en los supuestos de la disposición legal, provocando su extinción. La perención es un acontecimiento que se produce por la falta de impulso procesal por más de un año, y la norma que la regula ha sido considerada como cuestión de orden público, es un modo de extinguir el procedimiento producida por la inactividad de las partes en un juicio, presumiendo el Juzgador que si las partes observaren la paralización, deben, para evitar la perención, solicitar oportunamente al órgano Jurisdiccional su activación, puesto que el Estado, por ser garante del proceso, está en la necesidad de evitar que éstos se prolonguen indefinidamente, manteniendo en intranquilidad y zozobra a las partes y en estado de incertidumbres los derechos privados. Teniendo en fundamento que corresponde a las partes dar impulso al juicio y la falta de éste podría considerarse un tácito abandono de la causa, es menester señalar que la pendencia indefinida de los procesos conlleva el riesgo de romper con el principio procesal de la seguridad jurídica. De acuerdo con el principio contenido en el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil, y reiterado por la necesidad del impulso de parte para la resolución de la controversia por el tribunal de la causa, el de alzada o por la Sala de Casación Civil, al no poner en movimiento la actividad del tribunal mediante la pertinente actuación de la parte, se extingue el impulso dado, poniéndose así fin al proceso. En tal sentido, siendo la perención operable de pleno derecho, es decir, ope legis al vencimiento del plazo de un año de inactividad y no desde el día en que es declarada por el juez, ya que esta declaratoria no tiene efectos constitutivos, sino declarativos, al verificar el juzgador en las actas procesales las circunstancias que determinan la procedencia de la perención, la debe declarar de oficio, pues es una figura de orden público. Debe determinarse en el presente pronunciamiento que desde el día 5 de diciembre de 2014, fecha en la cual la parte actora dejó constancia de haber cancelados los emolumentos al ciudadano Alguacil, a los fines de la practica de la intimación de la parte demandada, con lo cual efectivamente se evidencia que la causa ha estado paralizada más de UN (1) AÑO sin que las partes realizaran ningún acto de impulso procesal, ya que se desprende de las actas del expediente que el accionante no realizará las diligencias pertinentes para lograr el desarrollo y continuación del juicio, es decir, algún acto de impulso procesal, por lo que, en consecuencia, este tribunal de oficio debe declarar la perención de la instancia por haber transcurrido más de un año de inactividad de la parte actora, para realizar las diligencias relativas para verificar cualquier acto de impulso o gestión del proceso, que interrumpiera dicha perención. DISPOSITIVA Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Vigésimo Octavo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA, por haber transcurrido más de un año de inactividad de las partes conforme lo dispuesto en el primer aparte del artículo 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil. No hay condenatoria en costas conforme lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese, notifíquese y regístrese. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Vigésimo Octavo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, a los veinte (20) días del mes de septiembre de 2016, Años: 206º y 157º. EL JUEZ TITULAR, DR. CARLOS MARTINEZ PERAZA. LA SECRETARIA, ABG. ROSA VIRGINIA VILLAMIZAR. En la misma fecha se publicó y registró la anterior sentencia siendo la 10:00 A.M., LA SECRETARIA,