TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Tercero (3°) de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, jueves seis (06) de abril de 2017
206º y 158º

Asunto NO. AP21-N-2015-000293

PARTE DEMANDANTE: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA, creado mediante decreto Nº 3.464, por el cual se díctale Decreto sobre organización y funcionamiento de la administración pública nacional, Gaceta Oficial número 38.124 de fecha 10 de febrero de 2005.

APODERADA JUDICIAL DEL DEMANDANTE: YDANGELY TROPIANO, abogada en ejercicio inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número. 105.586.

ACTO RECURRIDO: Providencia Administrativa número 0090-15 de fecha 29 de mayo de 2015, relativa a la declaratoria con lugar el reenganche y salarios caídos y demás beneficios dejados de percibir a favor del ciudadano DAVID RAÚL DANIEL titular de la cédula de identidad número V-10.499.143.

PARTE DEMANDADA: INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL DISTRITO CAPITAL MUNICIPIO LIBERTADOR SEDE NORTE.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: no acreditó apoderado alguno.

BENEFICIARIO DE LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA: DAVID RAÚL DANIEL, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de 10.499.143.

APODERADO JUDICIAL DEL BENEFICIARIO DE LA PROVIDENCIA: no acreditó apoderado alguno.

MOTIVO: DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DE NULIDAD

I. ANTECEDENTES
Se inicia el presente procedimiento, en virtud de la demanda Contenciosa Administrativa de Nulidad propuesta por la abogada YDANGELY TROPIANO, en su condición de apoderada judicial de la entidad de trabajo MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA contra Providencia Administrativa número 0090-15 de fecha 29 de mayo de 2015, relativa a la declaratoria con lugar el reenganche y salarios caídos y demás beneficios dejados de percibir a favor del ciudadano DAVID RAÚL DANIEL titular de la cédula de identidad número V-10.499.143.

En fecha 03 de diciembre de 2015, correspondió por distribución a este Juzgado conocer de la presente causa.

Por auto de fecha 8 de diciembre de 2015, este Juzgado se abstiene de tramitar el presente asunto hasta tanto no conste en autos la certificación del reenganche.

Ahora bien, la parte recurrente por diligencia de fecha 7 de enero de 2016 consigna la certificación del reenganche. En fecha 18 de enero de 2016, este juzgado se pronunció sobre la diligencia y ordenó la consignación de las copias para la notificación de las partes.

Establecida la anterior secuencia procesal, este Tribunal se pronuncia al respecto, tomando en cuenta las siguientes consideraciones:

II. CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

De una revisión exhaustiva de las actas procesales que conforman el expediente, observa este Juzgador que la ultima actuación de la parte recurrente tuvo lugar el día 7 de enero de 2016, siendo que en esa oportunidad fue presentada por ante la U.R.D.D. de este circuito judicial certificación del reenganche en la demanda de nulidad que hoy nos ocupa.

Ahora bien; es por lo que visto lo anterior considera este que desde la fecha indicada supra a saber 7 de enero de 2016, hasta el día de hoy ha transcurrido con creces un lapso superior al de un año sin que la parte recurrente realizara acto de procedimiento alguno que denotare su interés en la presente causa.

En este sentido, resulta pertinente destacar lo dispuesto por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia No. 776 de fecha 18 de mayo de 2001, relacionado con la el interés procesal del demandante o demandada, a saber:

En sentido general, la acción es inadmisible:
(…omissis…)
3) Cuando la acción no cumple con los requisitos de existencia o validez que la ley o los principios generales del derecho procesal le exigen. Ante estos incumplimientos, la acción debe ser rechazada. Ello sucede, por ejemplo, cuando en el demandante o en el demandado no existe interés procesal, y por tanto, no hay necesidad de acudir a la vía judicial, para que mediante la sentencia se reconozca un derecho; o para evitar un daño injusto, personal o colectivo; o cuando la decisión judicial no puede variar la situación jurídica que tenían las partes antes del proceso….”

Asimismo, es necesario mencionar lo dispuesto en la sentencia No. 956 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 01 de Junio de 2001, caso Fran Valero González y Milena Portilla Manosalva de Valero Exp. No. 00-1491, referente al interés procesal, saber:

“(…) Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra -como lo apunta esta Sala- la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida total del impulso procesal que le corresponde.
Se trata de una situación distinta a la de la perención, donde el proceso se paraliza y transcurre el término que extingue la instancia, lo que lleva al juez a que de oficio o a instancia de parte, se declare tal extinción del procedimiento, quedándole al actor la posibilidad de incoar de nuevo la acción. El término de un año (máximo lapso para ello) de paralización, lo consideró el legislador suficiente para que se extinga la instancia, sin que se perjudique la acción, ni el derecho objeto de la pretensión, que quedan vivos, ya que mientras duró la causa la prescripción quedó interrumpida.
(Omissis…)
La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales. Una, cuando habiéndose interpuesta la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.
(Omissis…)
La otra oportunidad (tentativa) en la que puede decaer la acción por falta de interés, es cuando la causa se paraliza en estado de sentencia. Tal parálisis conforme a los principios generales de la institución, no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido. Es indiscutible que ese actor no quiere que lo sentencien, por ello ni incoa un amparo a ese fin, ni una acción disciplinaria por denegación de justicia, ni pide en la causa que le fallen. No es que el Tribunal va a suplir a una parte la excepción de prescripción no opuesta y precluída (artículo 1956 del Código Civil), la cual sólo opera por instancia de parte y que ataca el derecho del demandante, sino que como parámetro para conocer el interés procesal en la causa paralizada en estado de sentencia, toma en cuenta el término normal de prescripción del derecho cuyo reconocimiento se demanda.
(Omissis…)
No comprende esta Sala, cómo en una causa paralizada, en estado de sentencia, donde desde la fecha de la última actuación de los sujetos procesales, se sobrepasa el término que la ley señala para la prescripción del derecho objeto de la pretensión, se repute que en ella sigue vivo el interés procesal del actor en que se resuelva el litigio, cuando se está ante una inactividad que denota que no quiere que la causa sea resuelta.
No vale contra tal desprecio hacia la justicia expedita y oportuna, argüir que todo ocurre por un deber del Estado que se ha incumplido, ya que ese deber fallido tenía correctivos que con gran desprecio las partes no utilizan, en especial el actor.
(Omissis…)
A juicio de esta Sala sí. Por respeto a la majestad de la justicia (artículo 17 del Código de Procedimiento Civil), al menos el accionante (interesado) ha debido instar el fallo o demostrar interés en él, y no lo hizo. Pero, esa inacción no es más que una renuncia a la justicia oportuna, que después de transcurrido el lapso legal de prescripción, bien inoportuna es, hasta el punto que la decisión extemporánea podría perjudicar situaciones jurídicas que el tiempo ha consolidado en perjuicio de personas ajenas a la causa. Tal renuncia es incontrastablemente una muestra de falta de interés procesal, de reconocimiento que no era necesario acudir a la vía judicial para obtener un fallo a su favor.
(Omissis…)
De allí, que considera la Sala, a partir de esta fecha, como interpretación del artículo 26 Constitucional, en cuanto a lo que debe entenderse por justicia oportuna, que si la causa paralizada ha rebasado el término de la prescripción del derecho controvertido, a partir de la última actuación de los sujetos procesales, el juez que la conoce puede de oficio o a instancia de parte, declarar extinguida la acción, previa notificación del actor, en cualquiera de las formas previstas en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, si ello fuere posible, y de no serlo, por no conocer el tribunal dónde realizar la notificación, o no poder publicar el cartel, con la fijación de un cartel en las puertas del tribunal. La falta de comparecencia de los notificados en el término que se fije, o las explicaciones poco convincentes que exprese el actor que compareciere, sobre la causa de su inactividad y los efectos hacia terceros que ella produjo, las ponderara el juez para declarar extinguida la acción”.

Es por lo que este Juzgado revisadas como han sido las actas procesales que conforman el presente asunto y siendo que desde el día 7 de enero de 2016, no consta actuación alguna que denote interés procesal, procede a declarar en el presente asunto el decaimiento de la acción por falta de impulso procesal, conforme al criterio vinculante establecido por la Sala Constitucional., al cual se acoge este Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio.

Por último se ordena notificar a la parte recurrente de la presente decisión y así mismo se deja constancia que una vez conste en autos las resultas de dicha notificación, y vencido como se encuentre el lapso para la interposición de recursos sobre el presente fallo, sin que la recurrente hiciere uso del mencionado derecho este Juzgado procederá a dar por terminado el presente juicio y en consecuencia ordenará su archivo y cierre informático. Así se Decide.

III. DISPOSITIVO

Por los razonamientos que anteceden, este Tribunal Tercero (3°) de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: EL DECAIMIENTO DE LA ACCIÓN POR FALTA DE IMPULSO PROCESAL en la demanda Contenciosa Administrativa de Nulidad propuesta por la abogada YDANGELY TROPIANO, en su condición de apoderado judicial de la entidad de trabajo trabajo MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA contra Providencia Administrativa número 0090-15 de fecha 29 de mayo de 2015, relativa a la declaratoria con lugar el reenganche y salarios caídos y demás beneficios dejados de percibir a favor del ciudadano DAVID RAÚL DANIEL titular de la cédula de identidad número V-10.499.143.
. SEGUNDO: Se ordena la notificación del recurrente.-

Dando cumplimiento a lo establecido en las disposiciones del artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, se ordena dejar copia certificada de la presente sentencia en el archivo del Tribunal así como la publicación de la presente sentencia en la página web del Tribunal Supremo de Justicia en el sitio denominado Regiones Área Metropolitana de Caracas http://caracas.tsj.gov.ve/. Cúmplase.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero (3°) de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, a los seis (06) días del mes de abril de dos mil diecisiete (2017). Años: 206° de la Independencia y 158° de la Federación.

EL JUEZ

SANTOS MURATI ARREDONDO
LA SECRETARIA,

VERÓNICA MAZZEI ORTEGA

Nota: En esta misma fecha, se publicó y registró la sentencia.
LA SECRETARIA,

VERÓNICA MAZZEI ORTEGA

SAMA/vmo