TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
EL JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
(En sede constitucional)
Años: 207º y 158º

ACCIONANTE: EDUARDO ALFONSO PARILLI WILHELM, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nro. 6.298.389.

APODERADO
JUDICIAL: DANIEL BUVAT DE LA ROSA, abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 34.421.

ACCIONADO: JUZGADO UNDÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

MOTIVO: AMPARO CONSTITUCIONAL (DIRECTO)
(DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN)

SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA

EXPEDIENTE: AP71-O-2017-0000043

I
ANTECEDENTES

Conoce este Juzgado Superior de la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano EDUARDO ALFONSO PARILLI WILHELM asistido por el abogado DANIEL BUVAT DE LA ROSA, contra el auto dictado por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 15 de noviembre de 2017, que oyó en el efecto suspensivo el recurso ordinario de apelación ejercido por la parte actora en el juicio principal contra el auto que ratificó la caución fijada a la accionante, en el juicio que por tacha de documento incoara la ciudadana MERY DE LOS RÍOS ROMERO contra el hoy accionante y los ciudadanos HELLY JOSÉ AGUILERA CHACÓN y SYLVIA NORA AZUAJE ARAUJO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, en el expediente signado con el Nro. AP11-V-2013-001006 (nomenclatura de ese tribunal), por considerar que el mencionado juzgado violó el debido proceso y la cosa juzgada.

Verificada la insaculación de causas en fecha 23 de noviembre de 2017, fue asignado el conocimiento y decisión de la acción de amparo impetrada a este Juzgado Superior. Por auto dictado el 27.11.2017 se le dio entrada y cuenta al juez. Seguidamente, se ordenó al accionante consignar copias certificadas de las actuaciones pertinentes, así como indicar el destino del recurso de apelación ejercido por su contraparte en el juicio principal en un lapso de tres (3) días hábiles, todo ello de conformidad con lo establecido en los ordinales 5º y 6º del artículo 18 y el artículo 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

El día 18 de diciembre de 2017, compareció ante este Juzgado el abogado DANIEL BUVAT DE LA ROSA, actuando en su carácter de apoderado judicial del accionante y mediante diligencia desistió de la acción de amparo interpuesta, por cuanto el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, conociendo del recurso de apelación ejercido por la ciudadana MERY DE LOS RÍOS ROMERO, ordenó al juzgado de primera instancia oír el mencionado medio recursivo en el solo efecto devolutivo.

II
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Observa este ad quem, que en el sub examine el abogado DANIEL BUVAT DE LA ROSA en su carácter de apoderado judicial del accionante EDUARDO ALFONSO PARILLI WILHELM, ha hecho uso de uno de los denominados medios de autocomposición de la litis, como lo es el desistimiento de la acción, el cual se encuentra consagrado en los artículos 263, 264 y 265 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, disposiciones que expresan lo siguiente:

Artículo 263: “…En cualquier estado y grado de la causa puede el demandante desistir de la demanda y el demandado convenir en ella. El Juez dará por consumado el acto, y se procederá como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, sin necesidad del consentimiento de la parte contraria.
El acto por el cual desiste el demandante o conviene el demandado en la demanda, es irrevocable, aun antes de la homologación del Tribunal…”.

Artículo 264: “…Para desistir de la demanda y convenir en ella se necesita tener capacidad para disponer del objeto sobre que verse la controversia y que se trate de materias en las cuales no estén prohibidas las transacciones…”.

Artículo 265: “…El demandante podrá limitarse a desistir del procedimiento; pero si el desistimiento se efectuare después del acto de la contestación de la demanda, no tendrá validez sin el consentimiento de la parte contraria…”.

En relación a este punto, en materia constitucional, el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales dispone:

“…Quedan excluidas del procedimiento constitucional de amparo todas las formas de arreglo entre las partes, sin perjuicio de que el agraviado pueda, en cualquier estado y grado de la causa, desistir de la acción interpuesta, salvo que se trate de un derecho de eminente orden público o que pueda afectar las buenas costumbres..”. (Énfasis de este Juzgado Superior).

De esta forma, constata este Juzgado Superior que estamos en presencia de un medio de auto composición procesal -desistimiento de la acción-, lo cual constituye un decaimiento del interés por parte del accionante de proseguir con la presente acción de amparo, derecho este que lo asiste por ser el titular de la pretensión invocada, haciéndose procedente el que tal figura exista en el ordenamiento jurídico vigente a los fines de regular ese desinterés por parte del accionante de proseguir el proceso, ello siempre y cuando en los derechos cuyo desistimiento se pretende desistir no estén vinculados a normas de orden público, deviniendo en la imposibilidad de su relajación por voluntad de las partes. Es igualmente conveniente señalar, que la institución in commento se encuentra revestida de características necesarias para su validez, que pueden observarse desde el punto de vista subjetivo en el caso de marras, constituido este por el animus de los demandantes de abandonar la acción ejercida.

Establecido lo anterior, se observa que se trata de derechos disponibles de las partes, tal y como se desprende de la solicitud de tutela constitucional que riela a los folios 1 al 12, de donde se evidencia que no están incursos derechos de eminente orden público o que pueda afectar las buenas costumbres.

Sobre este particular, es conveniente reseñar lo que ha expresado al respecto nuestro autor patrio Dr. Ricardo Henríquez La Roche, en su obra titulada “Código de Procedimiento Civil”:

“…1. El desistimiento del procedimiento es el acto por el cual el actor retira la demanda, es decir, abandona temporalmente (pro nunc, por ahora) la petición de otorgamiento de tutela jurídica, lo cual conlleva, si media aceptación del demandado, la extinción de la relación procesal por falta de impulso, y la omisión de la consiguiente sentencia de fondo.
El fundamento del desistimiento radica en el principio dispositivo del proceso civil, que impide la iniciación y continuación de un proceso sin instancia de parte. Porque, aun cuando el juez puede impulsar de oficio el proceso (Art.14), también puede declararlo perecido (Art.267); y es que el Estado no tiene en el proceso un interés superior a la suma de los intereses individuales que están en juego (cfr Couture, Eduardo J.: Fundamentos…92); luego, mal puede el Tribunal mantener a fortiori un juicio del cual las partes han hecho dejación…”. .

En sintonía con lo anterior, el Dr. Rafael Chavero Gazdik, señala en su obra “El Nuevo Régimen de Amparo Constitucional en Venezuela”, que:

“...tal y como lo prevé el indicado artículo 25 de Ley Orgánica de Amparo, el agraviado puede en cualquier estado y grado del proceso desistir de su acción...
El juez de amparo debe homologar el desistimiento a los efectos de darle eficacia. Esta homologación no sólo se extiende al examen de los presupuestos requeridos para su validez (legitimación, capacidad procesal de la parte o la representación de su apoderado y la facultad expresa requerida para desistir), sino además implica la determinación de si la controversia involucra derechos constitucionales de eminente orden público o las buenas costumbres.”
En este último caso, el juez de amparo, en lugar de homologar el desistimiento, puede ordenar la continuación del procedimiento hasta la sentencia definitiva, aun cuando el actor haya manifestado su expresa voluntad de dar por terminado el litigio.
En relación con las causas que pueden considerarse como de eminente orden público o como contrarias a las buenas costumbres vale la pena volver a destacar lo que ha señalado nuestra jurisprudencia, la cual ha entendido que para que se permita la continuación de una acción de amparo que ha sido consentida o desistida es necesario que la controversia “revista tal gravedad que constituya un hecho lesivo de la consecuencia jurídica. Se trataría por ejemplo de las violaciones flagrantes a los derechos individuales que no pueden ser renunciados por el afectado: privación de libertad; sometimiento a tortura física o psicológica; vejaciones; lesiones a la dignidad humana y otros casos extremos...”.

En este sentido se ha pronunciado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 462, de fecha 25.3.2004, expediente Nº 03-2105, con ponencia del Magistrado José Manuel Delgado Ocando, de la siguiente forma:

“...el artículo 264 del Código de Procedimiento Civil exige que para desistir de la demanda y convenir en ella se necesita tener capacidad para disponer del objeto sobre el cual verse la controversia y que se trate de materias en las cuales no estén prohibidas las transacciones.
Es evidente, pues, que el citado artículo 25 otorga una potestad a la parte actora de renunciar a la pretensión; por lo tanto, al juez no le corresponde más que verificar la naturaleza de la petición, el cumplimiento de los requisitos que impone la ley a este tipo de manifestaciones y, en el caso particular del procedimiento de amparo, examinar si no hay razones de orden público que conspiren con la terminación del mismo.
En caso de que coincidan las razones del desistimiento con alguno de los supuestos que contempla el artículo 6 de Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, no es asunto que obste a su homologación; es decir, el desistimiento puede fundarlo el accionante, sí así lo desea, en una de aquellas circunstancias que autorizan la inadmisión de la acción; al juez no le cumple analizar las razones dadas, sino, como se explico anteriormente, las condiciones formales y sustanciales que la ley impone a este tipo de manifestaciones de voluntad. No obstante que no comparte la Sala el razonamiento de la decisión bajo examen, si conviene en que el desistimiento presentado, visto que no desiste de la acción sino del proceso, no debe homologarse, ya que el tipo de desistimiento que autoriza el citado artículo 25 es el de la acción, que conlleva a la renuncia de la pretensión y no del proceso. Por esta razón, se debe confirmar la decisión consultada en cuanto a la negativa de homologar el desistimiento planteado, y así se establece...”.

En el sub lite, quien aquí decide ha constatado el desistimiento de la acción mediante diligencia presentada el día 18 de los corrientes, la cual aparece suscrita por el abogado DANIEL BUVAT DE LA ROSA en su carácter de apoderado judicial del accionante EDUARDO ALFONSO PARILLI WILHELM, según se evidencia del poder apud acta cursante a los folios 15 y 16 de este expediente, por lo que este Juzgado Superior Segundo en atención a lo preceptuado en el precitado artículo 25 ut supra referido, el cual confiere la potestad a la parte actora de renunciar a la acción y visto que al Juez no le corresponde más que verificar la naturaleza de la petición, el cumplimiento de los requisitos que impone la ley a este tipo de manifestaciones y, en el caso particular del procedimiento de amparo, examinar si no hay razones de orden público que conspiren con la terminación del mismo, todo lo cual se verificó en la presente causa, sin que se diesen esos supuestos de exclusión, es por lo que HOMOLOGA CON AUTORIDAD DE COSA JUZGADA el desistimiento de la acción realizado el día 18.12.2017, por encontrarse ajustado a lo previsto en la disposición contenida en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. ASÍ SE DECIDE.

III
DISPOSITIVA

En mérito de las anteriores consideraciones, este Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en sede constitucional, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad que le confiere la Ley declara: HOMOLOGA el desistimiento de la acción efectuado en fecha 18 de diciembre de 2017, por el abogado DANIEL BUVAT DE LA ROSA en su carácter de apoderado judicial del accionante EDUARDO ALFONSO PARILLI WILHELM, a quien le fue conferida la facultad para desistir en el poder cursante a los folios 15 y 16 de este expediente, todo de conformidad con lo previsto en los artículos 263, 264 y 265 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Expídase por Secretaría copia certificada de la presente decisión, a los fines de su archivo en el copiador de sentencias que lleva este Juzgado, tal y como lo dispone el artículo 248 eiusdem.

PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en sede constitucional. Años: 207° de la Independencia y 158° de la Federación. En la ciudad de Caracas, a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de dos mil diecisiete (2017).
EL JUEZ,

ARTURO MARTÍNEZ JIMÉNEZ LA SECRETARIA,

Abg. SCARLETT RIVAS ROMERO

En esta misma data, siendo las diez y cuarenta y cinco minutos de la mañana (10:45 a.m.), se publicó, registró y se agregó al expediente la anterior decisión, constante de tres (3) folios útiles.

LA SECRETARIA,

Abg. SCARLETT RIVAS ROMERO

Expediente Nº AP71-O-2017-000043
AMJ/SRR.-