TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 30 de Junio de 2017
207º y 158º
ASUNTO: AP11-V-2016-001247
PARTES Y SUS APODERADOS
PARTE INTIMANTE: Ciudadano ALBERTO RAUSE RÍOS, venezolano, mayor de edad, de éste domicilio, titular de la cedula de Identidad Nº V-14.679.286.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE INTIMANTE: Ciudadana MIGÜELA APONTE, abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 17.343.
PARTE INTIMADA: Ciudadanas CELIA DEL CARMEN PONTE PÉREZ Y MIRIAM PÉREZ DE PONTE, venezolanas, mayores de edad, de este domicilio, titular de la cedula de identidad Nº V-5.525.186 y V-2.939.126, respectivamente.
ABOGADOS ASISTENTES DE LA PARTE INTIMADA: Ciudadanos AMANDA BRENDER JORDAN SANTANA Y RAFAEL ALBERTO DÍAZ ROJAS, abogados en ejercicio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 45.393 y 23.128, respectivamente.
MOTIVO: ESTIMACIÓN E INTIMACIÓN DE HONORARIOS PROFESIONALES.
NARRACIÓN DE LOS HECHOS
Se inicia la actual solicitud mediante escrito presentado el 01 de abril de 2016, ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial Civil del Área Metropolitana de Caracas.
En fecha 01 de julio de 2016, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, dictó sentencia en la cual se declara incompetente para seguir conociendo de la causa y declinó su competencia para los Juzgados de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Una vez efectuada la distribución, correspondiéndole a este Juzgado conocer de la misma, admitiendo la demanda el 23 de septiembre de 2016, ordenándose el emplazamiento de la parte intimada.
Luego, de haberse realizado todos los trámites necesarios para lograr la intimación de la parte accionada, estas comparecieron de manera voluntaria el día 13 de junio de 2017, dando contestación a la demanda.
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Siendo la oportunidad para decidir, este Juzgador observa:
ALEGATOS DE FONDO
La representación judicial de la parte intimante alega en su escrito libelar que consta de las actuaciones cursantes en el expediente signado con las letras y números AP11-V-2013-000321, donde las ciudadanas Celia del Carmen Ponte Pérez y Miriam Pérez de Ponte, lo demandan por daños y perjuicios materiales y morales, hasta por la cantidad de Un Millón Cincuenta Mil Bolívares (Bs. 1.050.000,00), igualmente el pago de los intereses de mora y la indexación de la cantidad demandada.
Aducen que la demanda fue admitida en fecha 05 de abril de 2013, y culmino con sentencia de fecha 20 de noviembre de 2014, conforme a la cual se declaró sin lugar la pretensión de la parte actora en dicho juicio, decisión confirmada por el Tribunal Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en decisión de fecha 04 de mayo de 2015, declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora el 10 de diciembre de 2014.
Señalan además, que definitivamente firme como se encuentra la referida sentencia, es procedente la demanda de estimación e intimación de los honorarios en los que incurrió para su defensa, por lo que señala que los mismos ascienden a la cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL BOLÍVARES (Bs. 858.000,00) de acuerdo a la siguiente especificación:
1. Escrito de contestación a la demanda interpuesta en su contra en fecha 3 de diciembre de 2013, cursante del folio 92 al 95, ambos folios incluidos. Bs. 250.000,00.
2. Asistencia al acto de posiciones juradas absueltas en fecha 19 de junio de 2014, lo cual cursa del folio 134 al 136, ambos inclusive. Bs. 150.000,00.
3. Poder apud acta que otorgara a las abogadas Míguela Aponte e Iris Marlene Tortoza García, abogadas en ejercicio, de este domicilio, e inscritas en el Inpreabogado con los números 17.343 y 141.906, respectivamente, actuación que cursa a los folios 148 y 149. Bs. 55.000,00.
4. Diligencia del 04 de diciembre de 2014, cursante a los folios 166 al 167, por la cual se solicito copia simple de la sentencia dictada por este Tribunal y se pidió notificación de la parte actora. Bs. 5.300,00.
5. Escrito del 10 de abril de 2015, contentivo de las observaciones al informe presentado por la parte actora en el Tribunal Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, lo cual cursa del folio 190 al 196, ambos inclusive. Bs. 350.000,00.
6. Diligencia de fecha 08 de junio de 2015, cursante al folio 226, por la cual solicita copia simple de la sentencia anterior. Bs. 5.300,00.
7. Diligencia de fecha 10 de junio de 2015, cursante al folio 227, retirando las copias solicitadas. Bs. 5.300,00.
8. Diligencia de fecha 22 de junio de 2015, cursante al folio 228, pidiendo que previo computo se remita el expediente al Tribunal de primera Instancia. Bs. 5.300,00.
9. Diligencia de fecha 20 de julio del año en curso pidiendo ejecución de la sentencia dictada por este Tribunal, lo cual cursa al folio 234. Bs. 5.300,00.
10. Diligencia de fecha 05 de agosto de 2015, por la cual se solicita copia certificada de las decisiones dictadas en el presente juicios, actuación cursante al folio 237. Bs. 5.300,00.
11. Diligencia de fecha 22 de septiembre de 2015, cursante a los folios 239 y 240, por lo cual consignan copias simples para la certificación de las mismas. Bs. 5.300,00.
12. Diligencia de fecha 13 de octubre de 2015, cursante a los folios 242 y 243, por la cual se retiran copias certificadas solicitadas. Bs. 5.300,00.
13. Diligencia de fecha 11 de noviembre de 2015, por la que se piden copias certificadas de diversas actuaciones, cursante a los folios 244 y 245. Bs. 5.300,00.
14. Diligencia de fecha 11 de noviembre de 2015, pidiendo copias certificadas de actuaciones, pedimento éste independiente de la solicitud anterior, cursante a los folios 246 y 247. Bs. 5.300,00.
15. Diligencia de fecha 9 de diciembre de 2015, consignando dos (2) legajos de copias simples para la certificación solicitada en las dos diligencias anteriores. Bs. 5.300,00.

DEFENSAS OPUESTAS
En la oportunidad de la contestación a la demanda la parte intimada rechazo, negó y contradijo, tanto en los hechos como en el derecho, la presente demanda incoada, por cuanto contiene alegatos que no se corresponden con la verdad de los hechos; señalando:
1. Que el demandante, ciudadano Alberto Rauseo Ríos, en su libelo indica que los honorarios profesionales supuestamente por él pagados a sus Abogados, y que pretende les sean reconocidos y pagados por las demandadas, cuyo supuesto monto establece en la cantidad de Ochocientos Cincuenta y Ocho Mil Bolívares (Bs. 858.000,00), (que a su juicio es ilegal e improcedente además de exagerada e inflada con ánimos de procurarse un lucro inmerecido e injusto, que si bien es cierto se fundamenta en la condenatoria en costas establecida en sentencia definitivamente firme emanada del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 2 de noviembre de 2014, que declaró SIN LUGAR la demanda que por daños y perjuicios incoaron en contra del demandante, Expediente Nº AP11-V-2013-000321 de su nomenclatura, posteriormente ratificada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Transito y bancario de esta misma Circunscripción Judicial , en sentencia de fecha 04 de mayo de 2014, la cual quedo definitivamente firme, no es menos cierto que en modo alguno aparecen dichos supuestos pagos sustentados con medios materiales y objetivos idóneos que demuestren a ciencia cierta, la certidumbre de tales pagos, como su oportunidad, forma y cantidades, cheques, transferencias bancarias, etc.), lo que crea incertidumbre e indefensión para su causa.
2. Que la demanda de Daños y Perjuicios que diera lugar al presente proceso, se estimo en la cantidad de Un Millón Cincuenta Mil Bolívares (Bs. 1.050.000,00), como bien lo dice el demandante en su libelo, por mandato expreso de la ley, lo que corresponde al pago de las costas (honorarios profesionales de abogados) quedaría establecido en el equivalente al treinta por ciento (30%) de dicha suma, es decir, la cantidad de Trescientos Quince Mil Bolívares (Bs. 315.000,00), suma respetable para el momento de la sentencia firme; alegan que tal conducta así asumida por el demandante, en el presente proceso, es contraria a su deber de litigar con probidad y lealtad apegado a la verdad, conforme lo establece el contenido del Artículo 170 del Código de Procedimiento Civil.
3. Manifiestan con respecto a la indexación de la pretendida cantidad por costas, por ajuste debido a inflación y devaluación de bolívar, señalan que el demandante en ningún momento agotó la vía de ejecución por cumplimiento voluntario para iniciar el cumplimiento forzoso por vía judicial, y que su inactividad o negligencia en ello no se le puede atribuir ni imputársela a la demandada, razón por la cual tal pedimento resulta improcedente en derecho.
4. Además consideran exageradas y desproporcionadas, contrarias al espíritu, propósito y razón del legislador cuando concibió el contenido del artículo 2 de la Ley de Abogados, refiriéndose a su misión y labor de carácter social y jurídico, no comercial, cuando supuestamente estima sus actuaciones, como lo alega el demandante en su libelo, y que rechazan, niegan y contradicen.
5. Se reservan el derecho de presentar y nombrar su abogado retasador, en el día y hora que acuerde el Tribunal.

RESOLUCIÓN DE LA PRESENTE CONTROVERSIA
Visto como se ha trabado la litis en la presente causa, corresponde a este Tribunal determinar si procede o no el Cobro de Honorarios demandados; al respecto este Tribunal observa lo siguiente:
Es importante dejar establecido que las costas son los gastos que ocasiona la litis, los cuales incluyen los honorarios del abogado de la parte que resulte vencedora en la misma, y constituye la condena accesoria que impone la sentencia a quien resulte vencido totalmente en el proceso o en una incidencia, tal y como lo señala con toda propiedad el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil cuando expresa:
“A la parte que fuere vencida totalmente en el proceso o en una incidencia, se le condenará al pago de las costas”.

De la norma antes transcrita se evidencia que la ley condena en costas a la parte vencida, nadie que no sea parte en el pleito puede sufrir tal condena, en tal sentido, conviene precisar las nociones relacionadas con el concepto de partes, las partes son aquellas entre quienes tiene lugar el pleito, debiendo distinguirse las partes en sentido material y en sentido procesal, ya que es sobre las partes en sentido material sobre quien recae la condenatoria en costas.
Al respecto, el profesional del derecho FREDDY ZAMBRANO, en su obra titulada “CONDENA EN COSTAS, PROCEDIMIENTO DE COBRO JUDICIAL DE HONORARIOS DE ABOGADOS”, con relación a la clasificación de partes en sentido material y en sentido procesal, señala lo siguiente:
“Se entiende por parte en sentido material, los sujetos mismos del litigio o de la relación jurídica sustancial sobre la que versa el pleito; y por parte en sentido formal, las partes del proceso, que incluye a los representantes y apoderados de las partes litigantes”.

Ahora bien, la presente causa no se trata de un cobro de honorarios profesionales por parte de un abogado a su cliente sino, ante el cobro de costas procesales por parte del representante judicial de la victoriosa en juicio, contra la perdidosa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de Abogados que expresa claramente:
“Las costas pertenecen a la parte, quien pagará los honorarios a sus apoderados, asistentes o defensores. Sin embargo, el abogado podrá estimar sus honorarios y pedir la intimación al respectivo obligado, sin otras formalidades que las establecidas en esta Ley.” (Negrillas de este Juzgado Tribunal).

El referido artículo dispone claramente que las costas pertenecen a la parte y que es esa parte la que debe pagar los honorarios profesionales de sus apoderados, asistentes o defensores. Sin embargo, esa misma norma también prevé que el abogado puede estimar sus honorarios e intimarlos al respectivo “obligado”, que según lo establecido en el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Abogados, es la parte condenada en pagar costas:
“Artículo 24: A los efectos del artículo 23 de la Ley se entenderá por obligado, la parte condenada en costas”.

Ahora bien, dicha posibilidad sólo podría plantearse si el condenado en costas “el obligado” no cumple con pagarlas a la parte beneficiaria de la condenatoria. Así pues, siendo el principio general el que las costas pertenecen a la parte y que es ella la que tiene que pagarle a sus abogados los honorarios, la posibilidad de que esos abogados puedan dirigirse a la parte condenada en costas a reclamar el pago de sus honorarios nunca estaría abierta si esa parte obligada cumple con pagarle costas a la parte beneficiada.
Al respecto, es importante resaltar que la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha treinta y uno (31) de mayo de 2005, con ponencia del Magistrado Dr. ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ (caso: José Leonardo Chirinos Goitía contra Seguros Mercantil, C.A.) reitera el siguiente criterio en cuanto al procedimiento de cobro de honorarios profesionales de abogado a la parte condenada en costas:
“…La Sala considera pertinente reiterar el criterio sostenido por la extinta Corte Suprema de Justicia, respecto al procedimiento de cobro de honorarios profesionales de abogado a la parte condenada en costas, contenido en sentencia de fecha 15 de diciembre de 1994, dictada en el juicio de Jesús Alfredo Moreno La Cruz contra C.A. Electricidad de Caracas, expediente N° 93-672, que hoy se reitera, en la que se estableció lo siguiente:
“...Expresa el artículo 23 de la Ley de Abogados:
“...Las costas pertenecen a la parte, quien pagará los honorarios a sus apoderados, asistentes o defensores. Sin embargo, el abogado podrá estimar sus honorarios y pedir la intimación al respectivo obligado, sin otras formalidades que las establecidas en esta Ley...”.
La disposición transcrita establece, como regla general, que las costas pertenecen a la parte, quien pagará los honorarios y estatuye una excepción que otorga al abogado acción personal y directa contra el condenado en costas, para hacer efectivo el derecho a ser retribuido por la prestación de sus servicios.
En el pasado se sostuvo que la condena en costas sólo obra efectos a favor de la contraparte vencedora, y el abogado de la parte gananciosa no podrá por sus propios derechos intimar a la vencida al pago de sus honorarios. (Cf. Armiño Borjas, Comentarios... Tomo II, pág.148).
Dicho sistema dificultaba al profesional el cobro de los honorarios, por lo cual la ley acordó, por vía de excepción, otorgar acción directa al abogado, para estimar e intimar sus honorarios al condenado en costas con los límites establecidos por el Código de Procedimiento Civil. Dicha acción no excluye la regla general antes transcrita que constituye a la parte victoriosa en acreedor de las costas, y por tanto le permite intimar su pago, incluido en éste los honorarios de abogados, sin que sea menester la demostración del previo pago a los profesionales que intervinieron representándolo o asistiéndolo, como sostiene el formalizante, pues la Ley no lo obliga a ello, y el uso del verbo en tiempo futuro –pagará los honorarios, dice la Ley- no permite excluir la posibilidad de que la parte victoriosa pague los honorarios luego de cobrar las costas...”. (Resaltado de este fallo).

En cuanto al procedimiento de Cobro de Honorarios Profesionales de abogado a la parte condenada en costas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fallo número 39, de fecha 30-01-2009, señala lo siguiente:
“Por esa razón, ya sea que el abogado elija intimar a su patrocinado o a la parte que resultó vencida, se trata de la misma pretensión: el cobro de honorarios; lo que ocurre es que en este último caso el legislador le otorga al abogado la posibilidad de ejercer la acción de estimación e intimación de honorarios contra la parte condenada en costas”.

Ahora bien, la doctrina ha dejado sentado que las costas procesales derivadas de una condena en juicio, deben ser cobradas por la parte victoriosa conforme al procedimiento de estimación e intimación de honorarios profesionales, en los términos expuestos en el fallo N° 1599 del 28 de septiembre de 2004. Sin embargo, de los criterios jurisprudenciales antes transcrito se evidencia claramente que el abogado es titular de una acción directa que surge en virtud del artículo 23 de la Ley de Abogados, y que le permite estimarle e intimarle honorarios al obligado al pago de las costas procesales. La acción pertenece al abogado, quien podrá optar entre estimarle e intimarle sus honorarios a quien lo contrató “su cliente” o, directamente pedir la intimación al respectivo obligado, quien no es otro que el condenado en costas. Así se establece.
Así pues, en cuanto al procedimiento para intentar el cobro de las costas procesales, la Sala de Casación Civil del Supremo Tribunal en sentencia número 00619, del 09-11-2009, (Caso: Bonjour Fashion de Venezuela, C.A. y otro contra Fondo Común, C.A. Banco Universal), refiriéndose al cobro de las costas procesales en razón del vencimiento total de la parte en la sentencia definitiva o en una incidencia, dejó establecido, lo que a continuación se transcribe:
“…el cobro de costas procesales en razón de los honorarios profesionales pagados, sea planteado por el abogado o por las partes favorecidas por la condenatoria, debe ventilarse por el mismo procedimiento para el cobro de honorarios judiciales establecido en el artículo 22 de la Ley de Abogados y su Reglamento, por cuanto es la vía procesal expedita para hacer efectivo ese derecho”.

Asimismo, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia número 00430, del 08-04-2008, dejó establecido lo siguiente.
“…esta Sala completamente de acuerdo con la posición asumida por el Juzgado de Sustanciación, puesto que la presente causa no se trata de un cobro de honorarios profesionales por parte de un abogado a su cliente sino, muy por el contrario, un cobro de costas procesales por parte de la victoriosa en juicio, contra la perdidosa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de Abogados que expresa claramente “Las costas pertenecen a la parte, quien pagará los honorarios a sus apoderados, asistentes o defensores. Sin embargo, el abogado podrá estimar sus honorarios y pedir la intimación al respectivo obligado, sin otras formalidades que las establecidas en esta Ley.”
(…) esta Sala ya ha dejado sentado que las costas procesales derivadas de una condena en juicio, deben ser cobradas por la parte victoriosa conforme al procedimiento de estimación e intimación de honorarios profesionales, en los términos expuestos en ese fallo, por lo que no existe la alegada acumulación prohibida de “gastos” y “honorarios” en un mismo procedimiento. Siendo ello así, el Juzgado de Sustanciación simplemente se limitó a aplicar el procedimiento sin menoscabar de manera alguna los derechos del apelante, toda vez que, como se advirtiera, el abogado de la parte intimante, facultado para ello mediante instrumento poder, procede a cobrar las costas del juicio decretadas a favor de su mandante, a través del procedimiento de estimación e intimación de honorarios profesionales. Así se declara.”

En virtud de los anteriores razonamientos, este Tribunal concluye que el procedimiento para intentar el cobro de las costas procesales no es otro que el establecido en la Ley de Abogados y su Reglamento como lo ha señalado el Supremo Tribunal.
Según dispone el artículo 22 de la Ley de Abogados:
“El ejercicio de la profesión da derecho al abogado a percibir honorarios por los trabajos judiciales y extrajudiciales que realice, salvo en los casos previstos en las Leyes.
Cuando exista inconformidad entre el abogado y su cliente en cuanto al monto de honorarios por servicios profesionales extrajudiciales, la controversia se resolverá por la vía del juicio breve y ante el Tribunal Civil competente por la cuantía. La parte demandada podrá acogerse al derecho de retasa en el acto de la contestación de la demanda.
La reclamación que surja en juicio contencioso acerca del derecho a cobrar honorarios por parte del abogado, será sustanciada y decidida de conformidad con lo establecido en el artículo 386 del Código de Procedimiento Civil [hoy artículo 607] y, la relación de la incidencia, si surgiere, no excederá de diez audiencias.”

Por su parte, el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, establece que:
“Si por resistencia de una parte a alguna medida legal del Juez, por abuso de algún funcionario, o por alguna necesidad del procedimiento, una de las partes reclamare alguna providencia, el Juez ordenará en el mismo día que la otra parte conteste en el siguiente, y hágalo ésta o no, resolverá a más tardar dentro del tercer día, lo que considere justo; a menos que haya necesidad de esclarecer algún hecho, caso en el cual abrirá una articulación por ocho días sin término de distancia. Si la resolución de la incidencia debiere influir en la decisión de la causa, el Juez resolverá la articulación en la sentencia definitiva; en caso contrario decidirá al noveno día.”

En este sentido, en materia de cobro de honorarios profesionales tanto en juicio autónomo vía principal como por vía incidental nuestro ordenamiento jurídico prevé dos (2) fases claramente determinadas, una declarativa y otra ejecutiva. En la primera de ellas, el sentenciador sólo determinara la existencia o no del derecho del abogado a cobrar honorarios profesionales. La decisión proferida en esta fase, podrá ser objeto del recurso ordinario de apelación e inclusive del extraordinario de casación. Dictaminada la procedencia del derecho del abogado a cobrar honorarios, por sentencia definitivamente firme, comenzará la fase ejecutiva o de retasa si ésta fue solicitada, la cual sólo estará referida al quantum de los honorarios a pagar.
Al respecto la Sala de Casación Civil en sentencia N° 67 de fecha 5 de abril de 2001, caso Ada Bonnie Fuenmayor Viana contra Banco República C.A, con ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez, señaló lo siguiente:
“…Sobre este punto, la Sala ha venido ratificando su doctrina que demuestra la cualidad de procedimiento autónomo y determina las fases que componen el proceso por intimación para la estimación de los honorarios profesionales. Así, en fallo N° 90, de fecha 27 de junio de 1996, caso Carmen Alicia Reyes de Martínez contra Luis Rodríguez López expediente 96-081, se expresó: “…En materia de honorarios profesionales, esta Sala se ha concretado a asentar que el proceso de estimación e intimación de honorarios es, en realidad, un juicio autónomo, propio, no una mera incidencia inserta dentro del juicio principal, aun cuando se sustancie y decida en el mismo expediente; para esto no sólo abonan razones de celeridad procesal, sino porque obran en esos autos la (Sic) actuaciones por las cuales, supuestamente, el abogado intima el pago de sus honorarios, conforme lo previsto en (Sic) el artículo 22 de la Ley de Abogados y en el artículo 167 del Código de Procedimiento Civil. Cuando el abogado intima sus honorarios, no hace otra cosa que iniciar un verdadero proceso especial, que conforme al artículo 22 de la Ley de Abogados, simplifica al abogado la manera de cobrar a su cliente los honorarios correspondientes a su gestión judicial; por ende no se trata de una simple incidencia dependiente del juicio principal, donde se causaron los honorarios sino que constituye un verdadero proceso, con modalidades especiales. Asimismo, la doctrina y la jurisprudencia de esta Corte ha precisado que en el proceso de intimación de intimación de honorarios existen dos etapas bien diferenciadas, las (Sic) cuales son:
1) Etapa declarativa, en la cual el Juez resuelve sobre el derecho o no de cobrar los honorarios intimados, y
2) Etapa ejecutiva, la cual comienza con la sentencia definitivamente firme que declare procedente el derecho a cobrar los honorarios intimados, o bien cuando el intimado acepte la estimación o ejerza el derecho de retasa…”

Con respecto al procedimiento para el cobro de honorarios profesionales, nuestro máximo Tribunal de Justicia, en Sala Constitucional, con Ponencia del Magistrado Dr. MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN, en sentencia de fecha 14 de Agosto de 2.008, estableció lo siguiente:
“Ahora bien, en una pretensión por cobro de honorarios profesionales pueden presentarse diferentes situaciones, razón por la cual debe establecerse de forma clara y definida el procedimiento a seguir en estos casos y por vía de consecuencia, el tribunal competente para interponer dicha acción autónoma, ello con el propósito de salvaguardar el principio del doble grado de jurisdicción y los derechos constitucionales de defensa y al debido proceso.
En tal sentido apunta la Sala que, conforme a la norma contenida en el señalado artículo 22 de la Ley de Abogados la reclamación por concepto de honorarios profesionales extrajudiciales, será resuelta por vía del juicio breve. Sin embargo, en lo atinente a la reclamación surgida en juicio contencioso no existe una remisión expresa, a un procedimiento propio, sino que lo vincula y concentra al juicio contencioso donde se genera la actuación del profesional del derecho. Es allí, dentro del juicio, donde el abogado va pretender cobrar sus honorarios a su poderdante o asistido.
Por ello, cabe distinguir cuatro posibles situaciones que pueden presentarse y que, probablemente, dan origen a trámites de sustanciación diferentes, ante el cobro de honorarios por parte del abogado al cliente a quien representa o asiste en la causa, a saber:
1) cuando el juicio en el cual se pretende demandar los honorarios profesionales causados, se encuentre, sin sentencia de fondo, en primera instancia;
2) cuando cualquiera de las partes ha ejercido apelación y esta haya sido oída en el solo efecto devolutivo;
3) cuando dicho recurso se haya oído en ambos efectos y,
4) cuando la sentencia dictada en el juicio haya quedado definitivamente firme, surgiendo la posibilidad en este supuesto, que el juicio entre a fase ejecutiva, si es que se condenó al demandado.
A juicio de la Sala, en el primer supuesto, es decir, cuando el juicio en el cual el abogado pretende demandar los honorarios profesionales causados a su cliente, se encuentre en un tribunal de primera instancia, la reclamación de los mismos, se realizará en ese proceso y por vía incidental.
En lo que respecta al segundo supuesto -cuando se haya ejercido el recurso ordinario de apelación y éste fue oído en el efecto devolutivo- la reclamación de los honorarios profesionales judiciales, se realizará, igual que en el caso anterior, en ese mismo juicio y en primera instancia.
En el tercer supuesto -ejercido el recurso de apelación y oído en ambos efectos- no obstante, el juzgado de primera instancia haber perdido competencia con respecto a ese procedimiento, la reclamación de los honorarios profesionales judiciales causados en ese juicio que ahora está en un Juzgado Superior, deberá ser intentada de manera autónoma y principal ante un tribunal civil competente por la cuantía, ello a fin de salvaguardar tanto el principio procesal del doble grado de jurisdicción, a la parte que resulte perdidosa en la fase declarativa del juicio de cobro de honorarios profesionales judiciales, como los derechos constitucionales de defensa y al debido proceso establecidos en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En el último de los supuestos -el juicio ha quedado definitivamente firme- al igual que en el anterior, sólo quedará instar la demanda por cobro de honorarios profesionales por vía autónoma y principal ante un tribunal civil competente por la cuantía, si es el caso, ya que la expresión del tantas veces señalado artículo 22 de la Ley de Abogado ‘la reclamación que surja en juicio contencioso’, en cuanto al sentido de la preposición “en” que sirve para indicar el lugar, el tiempo, el modo, significa evidentemente que el juicio no haya concluido y se encuentre en los casos contenidos en el primer y segundo supuesto antes referidos, es decir, dentro del juicio sin que éste haya terminado, para que, entonces, pueda tramitarse la acción de cobro de honorarios profesionales por vía incidental en el juicio principal.
A juicio de esta Sala, y en beneficio del abogado, podría pensarse que el incidente de cobro de honorarios entre el abogado y su cliente, puede suscitarse dentro de la fase de ejecución de la sentencia, por ser ésta una consecuencia del “juicio contencioso”, pero cuando el juicio ha terminado totalmente, como sucede en los casos donde no hay fase de ejecución, cual es el caso de autos, el cobro de honorarios del abogado a su cliente, es imposible que tenga lugar en la causa donde se pretende se causaron los honorarios y ante el juez que la conoció, ya que esa causa finalizó y no hay en ese momento juicio contencioso alguno, ni secuelas del mismo.
Por mandato expreso del artículo 23 de la propia Ley de Abogados, cuando el abogado pretenda reclamar honorarios profesionales al condenado en costas, deberá seguir el mismo procedimiento correspondiente al que debe instaurar cuando ha de reclamar los honorarios a su cliente por actuaciones judiciales.…” (Resaltado de este fallo).

En este sentido, se observa de la jurisprudencia antes parcialmente transcrita que de acuerdo con la Ley de Abogados, se distinguen dos clases de honorarios de abogados:
a) los honorarios causados con ocasión de un conflicto judicial y,
b) los honorarios causados por trabajos efectuados fuera del recinto judicial, es decir, los extrajudiciales.
Los honorarios que se causan con ocasión de un juicio, se estiman en el mismo expediente, siempre y cuando éste no haya concluido (Vid. sentencia de esta Sala N° 1757/09.10.2006; reiterada por la Sala Constitucional, con Ponencia del Magistrado Marcos Tulio Dugarte Padrón, en fecha 14 de Agosto de 2.008).
En cuanto al procedimiento establecido cuando el abogado pretenda reclamar los honorarios profesionales al condenado en costas, se deberá seguir el mismo procedimiento correspondiente al que debe instaurar cuando ha de reclamar los honorarios a su cliente por actuaciones judiciales.
Establecido el procedimiento a seguir, y encontrándonos en la fase declarativa, se pasa a analizar si procede o no el Cobro de Honorarios Profesionales demandado.
En este mismo orden de ideas, no debe pasarse por alto que el Juez apegado al principio de verdad procesal limita su decisión al conocimiento que tenga, ateniéndose a lo alegado y probado en autos por las partes, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados, por tanto su decisión deberá basarse en la verdad, conociendo con certeza los derechos de los litigantes que surgen de las actuaciones que en el expediente principal constan, tal como lo exige expresamente el legislador en el artículo 12 de código adjetivo vigente.
En tal sentido, los artículos 1354 del Código Civil en concordancia con el 506 del Código de Procedimiento Civil, disponen que quien pida la ejecución de una obligación debe probarla y quien pretenda que ha sido liberada de ella debe probar igualmente el pago o el hecho que ha producido la extinción de la obligación. Los hechos notorios no son objeto de prueba.
Así pues, en base a la anterior norma, la noción de carga de la prueba que por la misma esencia del proceso civil, es el principio en base al cual sobre las partes recae la carga de aportar los hechos al proceso, es decir la realización de las afirmaciones constitutivas de los supuestos fácticos de las normas cuyas consecuencias se piden.
De igual manera se puntualiza, que de conformidad con el Código de Procedimiento Civil, este sentenciador según disposición del artículo 509, tiene como obligación lo siguiente:
“Los jueces deben analizar y juzgar todas cuantas pruebas se hayan producido, aún aquellas que a su juicio no fueren idóneas para ofrecer algún elemento de convicción, expresándose siempre cuál sea el criterio del Juez respecto de ella”.

La anterior norma, impone al Juez el deber de sentenciar conforme a lo alegado y probado por las partes y le prohíbe actuar de oficio, a menos que la misma ley lo autorice y le impide sacar elementos de convicción fuera del proceso.

Con respecto al tema de la carga de la prueba el Dr. JAIRO PARRA QUIJANO, en su libro “Manual de Derecho Probatorio”, señala:
“...la carga de la prueba es una noción procesal que consiste en una regla de juicio, que le indica a las partes la auto-responsabilidad que tienen, para que los hechos que sirven de sustento de las normas jurídicas cuya aplicación reclaman, aparezcan demostrados y que, le indica al juez cómo debe fallar cuando no aparezcan probados tales hechos...”.

Aunado al hecho que la estimación e intimación de honorarios profesionales, cuando el poder o mandato haya sido conferido a varios abogados, la doctrina nacional ha señalado que cada uno de ellos tiene su propio derecho de percibir honorarios por los servicios profesionales prestados a su cliente, y solo puede uno de ellos reclamar por todos si se hubiere pactado expresamente la solidaridad de las obligaciones o si los restantes le confieren poder especial para ello, pues la prestación del servicio del abogado en ejercicio para su cliente es intuito personae. De allí que ningún abogado pueda pretender que se le paguen a él sólo la totalidad de los honorarios devengados en un determinado juicio por las actuaciones del grupo de apoderados, salvo las excepciones señaladas en el párrafo anterior, por lo que en ese sentido, la estimación de los honorarios, cuando existe varios mandatarios, debe hacerse en forma conjunta, si se pretende el pago total de los honorarios por las actuaciones judiciales efectuadas; o de manera individual, si se solicita el pago de las actuaciones ejecutadas en un proceso por cada uno de los abogados.
En el presente caso, el demandante señalo como medios probatorios de su pretensión, las diligencias, escritos y sentencias que corren insertos en el juego de copias certificadas que fueron libradas en el juicio llevado bajo el Nº AP11-V-2013-000321 correspondientes al juicio de Daños y perjuicios interpuesto por las ciudadanas Celia Ponte y Miriam Pérez en contra del ciudadano ALBERTO RAUSEO RÍOS, dicha copia no fue cuestionada por la parte demandada, razón por la cual de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, se les otorga pleno valor probatorio; del mismo modo se evidencio que la demanda fue estimada en la cantidad de Un Millón Cincuenta Mil Bolívares (Bs. 1.050.000,00); asimismo se evidenció que la parte intimante estimó las actuaciones realizadas tanto en primera instancia como en segunda instancia de la siguiente manera:
1. Escrito de contestación a la demanda interpuesta en su contra en fecha 3 de diciembre de 2013, cursante del folio 92 al 95, ambos folios incluidos. Bs. 250.000,00.
2. Asistencia al acto de posiciones juradas absueltas en fecha 19 de junio de 2014, lo cual cursa del folio 134 al 136, ambos inclusive. Bs. 150.000,00.
3. Poder apud acta que otorgara a las abogadas Míguela Aponte e Iris Marlene Tortoza García, abogadas en ejercicio, de este domicilio, e inscritas en el Inpreabogado con los números 17.343 y 141.906, respectivamente, actuación que cursa a los folios 148 y 149. Bs. 55.000,00.
4. Diligencia del 04 de diciembre de 2014, cursante a los folios 166 al 167, por la cual se solicito copia simple de la sentencia dictada por este Tribunal y se pidió notificación de la parte actora. Bs. 5.300,00.
5. Escrito del 10 de abril de 2015, contentivo de las observaciones al informe presentado por la parte actora en el Tribunal Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, lo cual cursa del folio 190 al 196, ambos inclusive. Bs. 350.000,00.
6. Diligencia de fecha 08 de junio de 2015, cursante al folio 226, por la cual solicita copia simple de la sentencia anterior. Bs. 5.300,00.
7. Diligencia de fecha 10 de junio de 2015, cursante al folio 227, retirando las copias solicitadas. Bs. 5.300,00.
8. Diligencia de fecha 22 de junio de 2015, cursante al folio 228, pidiendo que previo computo se remita el expediente al Tribunal de primera Instancia. Bs. 5.300,00.
9. Diligencia de fecha 20 de julio del año en curso pidiendo ejecución de la sentencia dictada por este Tribunal, lo cual cursa al folio 234. Bs. 5.300,00.
10. Diligencia de fecha 05 de agosto de 2015, por la cual se solicita copia certificada de las decisiones dictadas en el presente juicios, actuación cursante al folio 237. Bs. 5.300,00.
11. Diligencia de fecha 22 de septiembre de 2015, cursante a los folios 239 y 240, por lo cual consignan copias simples para la certificación de las mismas. Bs. 5.300,00.
12. Diligencia de fecha 13 de octubre de 2015, cursante a los folios 242 y 243, por la cual se retiran copias certificadas solicitadas. Bs. 5.300,00.
13. Diligencia de fecha 11 de noviembre de 2015, por la que se piden copias certificadas de diversas actuaciones, cursante a los folios 244 y 245. Bs. 5.300,00.
14. Diligencia de fecha 11 de noviembre de 2015, pidiendo copias certificadas de actuaciones, pedimento éste independiente de la solicitud anterior, cursante a los folios 246 y 247. Bs. 5.300,00.
15. Diligencia de fecha 9 de diciembre de 2015, consignando dos (2) legajos de copias simples para la certificación solicitada en las dos diligencias anteriores. Bs. 5.300,00.

Asimismo quedo demostrado con dicha prueba que, que las abogadas Míguela Aponte e Iris Marlene Tortoza García, abogadas en ejercicio e inscrita en el Inpreabogado bajo los Nos. 17.343 y 141.906, respectivamente, ejercieron la representación ALBERTO RAUSEO RÍOS JOSÉ SANTANA TORREALBA Y SANDRA MILAGROS MARTÍNEZ MENDOZA, en un juicio antes referido, así se deja establecido.
En consecuencia en el presente caso se observa que la abogada intimante actúa en representación de la parte demandada en el juicio de Daños y Perjuicios, quien fue la gananciosa en el referido juicio; como ya fue indicado en el texto del presente fallo la condenatoria en costas resulta la indemnización concedida a la parte victoriosa para resarcir los gastos incurridos en el proceso, por lo cual habiendo quedado establecido que la parte intimante, está legitimada para intentar la presente acción, de igual manera la habilita como apoderada de la parte gananciosa para reclamar los referidos honorarios profesionales causados, y así se establece.
En la oportunidad de la contestación a la demanda la parte intimada se opuso al monto intimado por la parte accionante, por considerarlos exagerados, también señalan que el mismo no puede exceder del 30% establecido en la ley, y que la indexación solicitada no debe prosperar, con respecto a estos reclamos, no puede este Sentenciador prejuzgar sobre el valor dado a los honorarios reclamados y a la indexación, ya que ello compete única y exclusivamente al Tribunal Retasador, sea el caso de que éste se constituya.
En este sentido, este Tribunal conforme lo establecido en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil acoge la jurisprudencia antes transcrita y la aplica al caso que nos ocupa, razón por la cual quien decide considera, que la abogada MIGÜELA APONTE antes identificada, tiene derecho a cobrar honorarios profesionales judiciales en nombre de su representado ciudadano ALBERTO RAUSEO RÍOS, en razón de la condenatoria en costas con motivo del juicio que por Daños y Perjuicios interpuesto por las ciudadanas Celia Ponte y Miriam Pérez en contra de su representado, advirtiéndose al Tribunal Retasador, en caso de constituirse el mismo, que el monto de las actuaciones reclamadas no podrá exceder del 30% del valor de la demanda principal, la cual fue estimada en la cantidad de Un Millón Cincuenta Mil Bolívares (Bs. 1.050.000,00); conforme lo establece el artículo 286 del Código de Procedimento Civi, y así debe ser declarado.
DISPOSITIVA
Por fuerza de los anteriores razonamientos, este Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: Que el abogado Ciudadano Jesús Ignacio de Sola Lander, antes identificado, tiene derecho a cobrar honorarios profesionales judiciales en nombre de sus representados ciudadanos WILLIAM JOSÉ SANTANA TORREALBA Y SANDRA MILAGROS MARTÍNEZ MENDOZA, conforme a los lineamientos señalados en el fallo.
SEGUNDO: SE ORDENA que el presente juicio continúe conforme al proceso detallado en la doctrina jurisprudencial sentada en sentencia dictada por la Sala de Casación Civil, en fecha 27 de agosto de 2004, sentencia 000959, Expediente No. AA20-C-2001-000329, es decir, con la segunda fase ejecutiva del presente proceso.
TERCERO: NO HAY condenatoria en costas dada la naturaleza de la presente decisión.
CUARTO: SE ORDENA la notificación de las partes, por cuanto el presente fallo se dicta fuera del lapso legal correspondiente.
Publíquese, Regístrese, Notifíquese y déjese copia.
Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los treinta (30) días del mes de Junio del año dos mil diecisiete (2017). Años 207° de la Independencia y 158° de la Federación.
EL JUEZ

Dr. LUÍS TOMÁS LEÓN SANDOVAL
EL SECRETARIO

ABG. MUNIR SOUKI URBANO

En esta misma fecha, siendo las 2:49 PM, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia.
EL SECRETARIO

ABG. MUNIR SOUKI URBANO