REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO VIGÉSIMO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Vigésimo Sexto (26º) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas Caracas, dieciséis de marzo de dos mil dieciséis 206º y 157º ASUNTO: AP21-L-2016-002832 Vista la escrito de reforma de fecha 09 de mazo de 2017, presentada por la representación judicial de la parte Demandante ciudadano ADRIÁN BERROTERÁN, cédula de identidad NºV-13.124.033, en el juicio que por Cobro De Prestaciones Sociales, y Otros Conceptos Laborales, incoare en contra de la sociedad mercantil INVERSIONES D´TRAGOS 03A, C.A., mediante la cual en su parte in fine solicitó a este Tribunal: “solicito, de conformidad con el artículo 126 de la Ley orgánica Procesal del Trabajo, se autorice a mi apoderado, abogado CARLOS ENRIQUE PINTO, titular de la cédula de identidad número: V-11.225.754 e inscrito en el INPREABOGADO bajo el N°66.359 y/o a mí persona ADRIÁN BEEROTERÁN titular de la cédula de identidad N°V-13.124.033 para acompañar al Alguacil que resulte designado a practicar la citación y proporcionarle el apoyo y gestión que fueren necesarios a fin de facilitar el traslado a la sede de la empresa, concretar la notificación de la accionada y retornar de ella, en completas condiciones de seguridad.”, (subrayado y negrillas de este Tribunal). En este orden de consideraciones, este Tribunal salvaguardando el derecho al debido proceso y a la defensa de las partes, el cual es de rango constitucional y no menos importante atendiendo a los principios de celeridad (el cual se evidencia de autos), transparencia y legalidad, en tanto que la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se trata de un instrumento jurídico especial, es decir, ley adjetiva especial, hace las siguientes consideraciones: 1º La notificación es uno de los actos más importantes del proceso, siendo materia de orden público, y es a través de él que se materializa el derecho a la defensa, al poner en conocimiento al demandado, que se ha instaurado un proceso judicial en su contra, a los fines que pueda ejercer oportunamente las defensas que a bien tenga, o explanar dentro de la oportunidad procesal correspondiente, todos los alegatos que considerare pertinentes, es decir, es el acto mediante el cual se le informa al demandado que se intentó una acción en su contra, la cual fue admitida por el órgano jurisdiccional y se le emplaza a que comparezca al acto de la audiencia preliminar en la fecha allí indicada. 2º La solicitud realizada por la representación judicial de la parte actora, en tanto que, la práctica de la notificación la realice el ciudadano Alguacil acompañado o en presencia de la parte Actora, resulta improcedente por cuanto el legislador adjetivo especial, con referencia a la notificación a la parte Demandada en su artículo 126, no estableció dicha posibilidad de acompañamiento, y previó de manera clara e inequívoca las modalidades de notificación: por cartel, la cual practica el ciudadano Alguacil, en los términos allí explanados; la notificación a través de mandatario; por medios electrónicos; por notario público y en el artículo 127 ejusdem por correo. Así se decide.- 3º En este sentido, se debe destacar, que en el desarrollo del iter procesal es necesario que se asegure el equilibrio de las partes, cuya ruptura, se produce cuando se viola la transparencia y la igualdad procesal al establecerse preferencias o desigualdades entre éstas, y en general, cuando el Juez menoscabe o exceda sus poderes en perjuicio de uno de los litigantes, al efecto debe observarse lo dispuesto en el artículo 15 del Código de procedimiento Civil, el cual se aplica por analogía, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; que al respecto señala: “Los Jueces garantizarán el derecho de defensa y mantendrán a las partes en los derechos y facultades comunes a ellas, sin preferencias ni desigualdades y en los privativos de cada una, las mantendrán respectivamente, según lo acuerde la ley a la diversa condición que tengan en el juicio, sin que puedan permitir ni permitirse ellos extralimitaciones de ningún género.”, (subrayado y negrillas de este Tribunal). Sobre este particular la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia dictada en fecha 27-07-2004, precisó: “…La doctrina pacífica y reiterada de este Alto Tribunal ha sido tradicionalmente exigente en lo que respecta a la observancia de los trámites esenciales del procedimiento. El derecho de defensa está indisolublemente ligado a las condiciones de modo, tiempo y espacio fijados en la ley para su ejercicio. Estas formas procesales no son caprichosas, ni persiguen entorpecer el procedimiento en detrimento de las partes. Por el contrario, una de sus finalidades es garantizar el ejercicio eficaz del derecho de defensa. El principio de legalidad de las formas procesales, salvo las situaciones de excepción previstas en la ley, caracterizan el procedimiento civil ordinario y, en consecuencia, no es convencional; por el contrario, su estructura, secuencia y desarrollo está preestablecida en la ley, y no es disponible por las partes o por el juez. Por esa razón, la Sala ha establecido de forma reiterada que “...no es potestativo de los tribunales subvertir las reglas legales con que el legislador ha revestido la tramitación de los juicios, pues su estricta observancia es materia íntimamente ligada al orden público...”. (Sentencia de fecha 19 de julio de 1999, caso: Antonio Yesares Pérez c/ Agropecuaria el Venao C.A.). Acorde con ello, la Sala ha señalado que las normas en que está interesado el orden público son aquellas que exigen una observancia incondicional y no son derogables por disposición privada. Asimismo, ha establecido que “...la alteración de los trámites esenciales del procedimiento quebranta el concepto de orden público, cuya finalidad tiende a hacer triunfar el interés general de la sociedad y del estado sobre los intereses particulares del individuo, por lo que su violación acarrea la nulidad del fallo y de las actuaciones procesales viciadas, todo ello en pro del mantenimiento de la seguridad jurídica y de la igualdad entre las partes, que es el interés primario en todo juicio...”. (Sentencia de fecha 22 de octubre de 1999, caso: Ciudad Industrial La Yaguara contra Banco Nacional de Descuento). “. Del contenido de la sentencia, resulta evidente que es deber del Juez como director del proceso, cumplir y hacer cumplir con la observancia de los trámites esenciales del procedimiento y en consecuencia, procurar la estabilidad de los procesos evitando que en los mismos se menoscaben derechos constitucionales; en tal sentido, ha asentado nuestra jurisprudencia que el derecho a la defensa y al debido proceso, constituyen garantías inherentes a la persona humana y en consecuencia, aplicables a cualquier clase de procedimiento; por lo cual es fundamental y de tal trascendencia en el juicio la notificación que cualquier omisión, descuido o fraude en que se incurra respecto a ella, puede afectar de nulidad el procedimiento. 4º En este orden de consideraciones, y encontrándose la presente causa, en fase inicial y/o de sustanciación, es claro, que el llamado a la parte Demandada INVERSIONES D´TRAGOS 03A, C.A., debe efectuarse con base en lo previsto por el legislador adjetivo especial, en razón a lo cual debe el Tribunal forzosamente atenerse a las modalidades de notificación previstas en dicha ley y que se encuentran consagradas en los artículos 126 y 127 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y que establecen la notificación: mediante cartel, a través de mandatario, medios electrónicos, por Notario Público, por correo y no menos importante en los términos claros, precisos e inequívocos establecidos por el legislador adjetivo especial. Así se decide. En este sentido, estas normas jurídicas que atemperan la rigurosidad y sacramentalidad, con la que fue tratada la institución de la citación en materia de Derecho Procesal Civil Ordinario, pero, que ofrecen garantías suficientes de que el demandado sea informado de toda acción intentada en su contra, a los fines de que pueda ejercer su derecho de defensa como mecanismo para repeler las mismas, por tanto aunque sin revestirse de formalismos inútiles dicho acto debe cumplir –sin lugar a dudas - con su fin último como lo es la efectiva imposición al demandado de los hechos que se le atribuyen. De igual manera las normas indicadas, aunado a establecer las formas de notificación en el procedimiento laboral Venezolano, dicho procedimiento es de rango constitucional y de orden público, por lo que no puede ser sustituido por cualquier otro mecanismo procesal, puesto que se estarían violentando principios fundamentales que rigen el Derecho Procesal del Trabajo entre ellos, el principio de autonomía que se presenta por la necesidad de descartar el procedimiento ordinario civil, ante la naturaleza distinta de los juicios laborales, donde a los intereses materiales contrapuestos se suman factores de certeza y seguridad jurídica, así como el orden ético y moral que necesitan ser tutelados, como el principio de transparencia e igualdad procesal ut supra indicados. Es clara la norma cuando establece que la notificación ha de hacerse mediante cartel, por correo certificado con aviso de recibo y mediante medios electrónicos, y nada establece la norma en cuanto a la posibilidad que la parte Actora a través de su representante legal acompañe al ciudadano Alguacil a practicar la notificación, ya que en la notificación por carteles debe el Alguacil fijar un ejemplar en la sede de la demandada, y el incumplimiento de lo establecido en la norma viciaría de toda nulidad el acto comunicacional lo que daría lugar a reposiciones para reestablecer el orden jurídico procesal infringido. Así se decide.- En consecuencia, por los razonamientos ut supra indicados, a este Tribunal le resulta forzoso NEGAR lo solicitado por la representación judicial de la parte Demandante. No obstante, y como quiera que de la revisión de las actas procesales, se observó un error material en el cartel de notificación, que se libró en fecha 13 de marzo de 2017, en tanto que en la dirección se señaló kilómetro 58, siendo lo correcto kilómetro 5, se ordena dejar sin efecto jurídico alguno dicho cartel y se libra nuevo cartel de notificación indicando la dirección exacta. Asimismo, y con vista a consignación de fecha 21 de febrero de 2017, mediante la cual el ciudadano Alguacil, advierte el dicho de la funcionaria de la Policía de Sucre, en cuanto a la jurisdicción que solo alcanza hasta el kilómetro 18, y dado que fue producto del error ut supra indicado, se ordena librar nuevo oficio a la Policía del Municipio Sucre y oficio a la Unidad de Alguacilazgo, dependiente de la Coordinación Judicial a los fines que agilice la práctica de la notificación ordenada y que la misma sea efectiva como lo ordena el legislador adjetivo especial. Así se establece. La Juez Abg. Mariela de Jesús Morales Soto La Secretaria Abg. Nakary Pérez