JUEZ INHIBIDO: Dr. RENAN JOSE GONZALEZ. JUZGADO: DECIMO QUINTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LA CIRCUNSCRPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS. EXPEDIENTE: AP71-X-2017-000041 (907) I SITUACIÓN PROCESAL QUE SE DESPRENDE DE LOS AUTOS En fecha 22 de marzo de 2017, esta alzada recibió las presentes actuaciones previa distribución, contentiva de la inhibición formulada por el Dr. RENAN JOSE GONZALEZ, en su condición de juez titular del TRIBUNAL DECIMO QUINTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LA CIRCUNSCRPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, basada en la sentencia Nº 2140 de fecha 07 de agosto de 2003, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Consta de los autos acta de Inhibición, de fecha 23 de febrero de 2017, donde el Juez Inhibido expresó lo siguiente: “...Me inhibo de continua conociendo en la presente causa, en virtud de que en fecha 05 de agosto de 2014, con razonables dudas sobre la legitimidad de la cesión (donación), sobre la propiedad del inmueble objeto de acción de nulidad solicitada; sentí la obligación de notificar al Ministerio Publico a fin de que averiguara sobre la posible comisión de hechos punibles, en base a los elementos y circunstancias señaladas en este expediente, y considerando que esta Institución solo replanteo lo mismo que ya se le había comunicado sin establecer con certeza un pronunciamiento claro al respecto sobre lo aquí cuestionado; considerando que dada la circunstancias pudiere haber algún cuestionamiento sobre cualquier decisión a favor de alguna de las partes, afectando la credibilidad de la imparcialidad en la decisión de fondo; por lo que este Juzgador celoso de que tal apreciación pudiera ir en descrédito con relación a la imparcialidad que debe tener una Juez en la decisión de la causa y por lo cuanto de sentencia emanada de la Sala Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado JOSE MANUEL DELGADO OCANDO, de fecha siete (7) de agosto de dos mil tres (2003), que permite la inhibición por causa subjetiva; independientemente de las taxativamente previstas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, por lo que este juzgador considerando lo más prudente y atinado aun cuando tal situación no aparece precisada dentro de los supuestos establecidos en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil; procedo a inhibirme de continuar conociendo de la presente causa; en consecuencia se ordena remitir el presente expediente al Juzgado Distribuidor de Municipio de esta misma Circunscripción Judicial, a los fines de su distribución.- … ” Cumplidos los trámites correspondientes a la distribución, le correspondió el conocimiento de la presente incidencia a esta Alzada. Llegada la oportunidad de decidir, el Tribunal observa: II FUNDAMENTO DE LA DECISIÓN El Estado se encuentra interesado, como base fundamental de su organización en que las personas llamadas a dispensar justicia en calidad de jueces o magistrados, aparte de su idoneidad para el desempeño de ella la que implica una apropiada versación en los conocimientos jurídicos sobre los asuntos puestos a su consideración, que estos detenten verdadera capacidad subjetiva para hacerlo, la cual consiste, en que al ejercer la actividad encomendada puedan desempeñarse con la independencia y la objetividad necesarias, porque como lo expresa el tratadista EDUARDO J. COUTURE: "Los ciudadanos no tienen un derecho adquirido a la sabiduría del juez; pero tienen un derecho adquirido a la independencia, a la autoridad y a la responsabilidad del juez" (Fundamentos del Derecho Procesal Civil - Ediciones De Palma - Buenos Aires 1978, Págs. 41 y 42). Esa absoluta serenidad de espíritu que requieren para ocuparse de los cometidos confiados, puede verse a veces afectada por vínculos afectivos o intereses de diversa naturaleza, que tienden sombras de duda sobre la recta imparcialidad que tales agentes incapacitándolos para asumir su labor en un determinado caso. Es por ello, que para garantizar su excepcional misión, la ley permite a los propios funcionarios mediante la declaración de su impedimento (inhibición) separarse del análisis de la causa. Cuando esto no acontece por voluntad de la persona en quien concurre el obstáculo impediente de su imparcialidad los interesados en desvincularlo del asunto puesto a su examen se encuentran facultados para hacerlo por la vía de la recusación. La inhibición, que es el caso que nos ocupa, es el acto en virtud del cual el Juez, u otro funcionario judicial, requiere separarse del conocimiento del asunto por estar vinculado, en forma calificado por la ley, con las partes o con el objeto del proceso (Ricardo Henríquez La Roche, Tomo I, Pág.292). La ley impone al funcionario que conozca que en su persona existe alguna causa de recusación, la obligación de declararla, sin aguardar que se le recuse, es decir, que el Juez debe separarse voluntariamente del conocimiento de una causa concreta, por encontrarse en una especial posición o vinculación con las partes. En tal sentido, el artículo 84 del Código de Procedimiento Civil, dispone: "El funcionario judicial que conozca que en su persona existe alguna causa de recusación, está obligado a declararla, sin guardar a que se le recuse, a fin de que las partes dentro de los dos días siguientes manifiesten su allanamiento o contradicción a que siga actuando el impedido. Si del expediente apareciere haber conocido el funcionario dicha causal, y que, no obstante, hubiere retardado la declaración respectiva, dando lugar a actos que gravaren la parte, ésta tendrá derecho a pedir al Superior, que le imponga una multa, la cual podrá alcanzar hasta mil bolívares. La declaración de que trata este artículo, se hará en un acta en el cual se expresan las circunstancias de tiempo, lugar y demás del hecho o los hechos que sean motivo del impedimento; además deberá expresar la parte contra quien obre el impedimento". La inhibición tiene su trámite específico: declarada o manifestada la inhibición, debe aguardar el lapso de dos (2) días para el allanamiento (Art. 86 ejusdem), entendido este último, como el acto por medio del cual una o ambas partes manifiestan su voluntad de que el funcionario inhibido o impedido siga conociendo del asunto. El allanamiento presume, que a pesar del impedimento, la parte a quien afecta tiene confianza en la imparcialidad del funcionario y por ello pide que siga actuando.- Vencido dicho lapso, sin que fuera obviado el impedimento o si se le insistiere en no conocer, remitirá el expediente (Art. 93 ejusdem) al Tribunal Distribuidor de turno para que éste, por sorteo, lo asigne. Y enviará copia certificada de lo conducente al Juez competente, para que dirima la incidencia (Art. 89 CPC; 46, 47 y 48 LOPJ), dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de las actuaciones. Bajo tales premisas debe examinarse la inhibición interpuesta. III CONCLUSION DEL TRIBUNAL Una vez aclarado lo anterior, pasa el Tribunal a revisar si se cumplió en forma debida con el trámite ya señalado. De la revisión minuciosa del expediente donde cursa la presente incidencia, se pudo constatar que en fecha ocho (23) de febrero de 2017, fue suscrita Acta de Inhibición formulada por el Juez inhibido. Transcurrido el lapso de allanamiento previsto en el artículo 86 del Código de Procedimiento Civil, se hace presumible que dicho lapso se dejó transcurrir, dado el tiempo transcurrido desde la suscripción del acta hasta la fecha en que fueron remitidas las presentes actuaciones. Así se establece. Con respecto al fondo de la inhibición cabe destacar que la justicia ha de ser siempre obra de un criterio imparcial. Cuando el funcionario encargado de administrarla en un negocio dado, se hace sospechoso de parcialidad por incurrir en su persona algún motivo capaz de inclinar su voluntad en favor o en contra de alguna de las partes, pierde el atributo esencial de los administradores de justicia, sufre de incompetencia personal y es inhábil para conocer del negocio o para intervenir en él. Aun cuando el Juez inhibido no fundamenta su inhibición en ninguna de las causales previstas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, sino en la sentencia de fecha 7 de agosto de 2003, con ponencia del Magistrado José Manuel Delgado Ocando, que estableció la posibilidad de plantear inhibición por causales distintas a las discriminadas en el Código de Procedimiento Civil, tal como se transcribe a continuación: “…En virtud de lo anterior, visto que la recusación es una institución destinada a garantizar la imparcialidad del juzgador, cuyas causales, aunque en principio taxativas para evitar el abuso en las recusaciones, no abarcan todas aquellas conductas del juez que lo hagan sospechoso de parcialidad y, en aras de preservar el derecho a ser juzgado por un juez natural, lo cual implica un juez predeterminado por la ley, independiente, idóneo e imparcial, la Sala considera que el juez puede ser recusado o inhibirse por causas distintas a las previstas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, sin que ello implique, en modo alguno, dilaciones indebidas o retardo judicial…” Ahora bien, como la ley le exige al funcionario Judicial que conozca que en su persona existe alguna causal de recusación, la obligación de declararla, sin aguardar a que se le recuse, es decir, el Juez debe separarse voluntariamente del conocimiento de una causa concreta, por encontrarse en una especial posición o vinculación con las partes. Tal es el caso que, se evidencia del acta de inhibición propuesta por el Dr. RENAN JOSE GONZALEZ, donde expresó: “…considerando que dada la circunstancias pudiere haber algún cuestionamiento sobre cualquier decisión a favor de alguna de las partes, afectando la credibilidad de la imparcialidad en la decisión de fondo; por lo que este Juzgador celoso de que tal apreciación pudiera ir en descrédito con relación a la imparcialidad que debe tener una Juez en la decisión de la causa y por lo cuanto de sentencia emanada de la Sala Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado JOSE MANUEL DELGADO OCANDO, de fecha siete (7) de agosto de dos mil tres (2003), que permite la inhibición por causa subjetiva; independientemente de las taxativamente previstas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, por lo que este juzgador considerando lo más prudente y atinado aun cuando tal situación no aparece precisada dentro de los supuestos establecidos en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil; procedo a inhibirme de continuar conociendo de la presente causa.” De allí que, en la presente incidencia observa quien decide que el Juez inhibido basa su inhibición en la jurisprudencia de fecha 7 de agosto de 2003, con ponencia del Magistrado José Manuel Delgado Ocando, que estableció la posibilidad de plantear inhibición por causales distintas a las discriminadas en el Código de Procedimiento Civil. En consecuencia este Juzgador considera que de una u otra forma se puede ver comprometida la parcialidad del Juez a los fines de dictar la correspondiente decisión en la presente juicio planteado, y en aras de las transparencia que debe tener los Juzgadores de Justicia se declara Con lugar la presente inhibición Así se decide. IV DECISIÓN A la luz de los razonamientos antes expuestos, este JUZGADO SUPERIOR SÉPTIMO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL AREA METROPOLITNA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley; declara: PRIMERO: Con lugar la Inhibición formulada por el Dr. RENAN JOSE GONZALEZ, en su condición de juez titular del Juzgado Décimo Quinto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, correspondiente a la causa inserta en el expediente Nº AP31-V-2013-0000842. SEGUNDO: Remítanse oficios dirigidos al Juzgado Décimo Quinto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, (Juez Inhibido) y al Juzgado Vigésimo Octavo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas (Juez Sustituto) participándoles de la presente decisión, en cumplimiento al fallo dictado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 23 de noviembre de 2010, publicada en Gaceta Oficial Nº 39.925 de fecha 12 de enero de 2011.- PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En Caracas, a los veintisiete (27) días del mes de marzo dos mil diecisiete (2017). Años 206° y 158°. EL JUEZ, Dr. VÍCTOR JOSÉ GONZÁLEZ JAIMES. LA SECRETARIA TEMPORAL, Abg. MARIA ELVIRA REIS. En esta misma fecha, siendo las 1.00 pm, se publicó, registró y diarizó la anterior decisión, en el expediente N° AP71-X-2017-000041 (907), como está ordenado. LA SECRETARIA TITULAR, Abg. MARIA ELVIRA REIS. Expediente Nº AP71-X-2017-000041 (907) EN SU NOMBRE JUZGADO SUPERIOR SÉPTIMO EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE Caracas. Caracas, veintisiete (27) de marzo de dos mil diecisiete (2017) Años: 206º y 158º Oficio Nº 2017-A- Ciudadano: Dr. RENE JOSE GONZALEZ Juez del Juzgado Décimo Quinto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas .- Su Despacho. Me dirijo a usted, con la finalidad de hacerle saber que esta alzada mediante sentencia dictada en esta misma fecha, declaró con lugar la inhibición planteada, en la causa inserta al expediente Nº AP31-V-2013-000842, tal y como consta en el expediente signado con el N° AP71-X-2017-000041 (907) de la nomenclatura llevada por este tribunal. Remisión que se hace, con el objeto de dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia supra referida, a los fines legales consiguientes. DIOS Y FEDERACION. EL JUEZ TITULAR, Dr. VÍCTOR JOSÉ GONZÁLEZ JAIMES. Expediente Nº AP71-X-2017-000041(907) Edificio José María Vargas, Esquina de Pajaritos, piso 17, Municipio Libertador del Distrito Capital. Teléfono: (0212)4829194. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO SUPERIOR SÉPTIMO EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS. Caracas, veintisiete (27) de marzo de dos mil diecisiete (2017) Años: 206º y 158º Oficio Nº 2017-A- Ciudadano: Dr. CARLOS MARTINEZ PERAZA. Juez del Juzgado Vigésimo Octavo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.- Su Despacho. Me dirijo a usted, con la finalidad de hacerle saber que esta alzada mediante sentencia dictada en esta misma fecha, declaró con lugar la inhibición, formulada por el Dr. RENE JOSE GONZALEZ, en su condición de Juez del Juzgado Décimo Quinto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, planteada, en la causa inserta al expediente Nº AP31-V-2013-000842 , tal y como consta en el expediente signado con el N° AP71-X-2017-000041 (907) de la nomenclatura llevada por este tribunal. Remisión que se hace, con el objeto de dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia supra referida, a los fines legales consiguientes. DIOS Y FEDERACION. EL JUEZ TITULAR, Dr. VÍCTOR JOSÉ GONZÁLEZ JAIMES. Expediente Nº AP71-X-2017-000041(907) Edificio José María Vargas, Esquina de Pajaritos, piso 17, Municipio Libertador del Distrito Capital. Teléfono: (0212)4829194.