TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Vigésimo Cuarto (24º) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, Once (11) de Mayo de dos mil diecisiete 2017
207º y 158º

N°.DE EXPEDIENTE: AP21-L-2016-000965

PARTE DEMANDANTE: MARCO TULIO ZAMARO, venezolano, mayor de edad, civilmente hábil y titular de las cédula de identidad Nº: V-4.588.675.

APODERADOS DE LA PARTE DEMANDANTE: TAILANDIA MARGARITA MÁRQUEZ RODRIGUEZ, FERNANDO RUEDA REFES, RICARDO ALEJANDRO AVALOS SALAZAR y YELIRIE POLANCO TOLEDO, abogados inscritos en el IPSA bajo los Nos: 87.317, 127.821, 224.973 y 261.508.respectivamente.

PARTE DEMANDADA: VENEZUELA SHIPMANNING, C.A, registrada por ante el Registro Mercantil V de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, bajo el N°:78, Tomo: 779-A, de fecha 10-07-2003.

APODERADOS DE LA PARTE DEMANDADA: NO CONSTITUIDOS.

MOTIVO: COBRODE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS COCEPTOS LABORALES.

Vista la diligencia de fecha 08/05/2017, presentada por la ciudadana TAILANDIA MARGARITA MÁRQUEZ RODRIGUEZ, abogada inscrita en el IPSA bajo el N°:87.317, su carácter de apoderada judicial de la parte actora en la presente causa, mediante la cual en términos generales señala, que visto que ha sido imposible practicar la notificación de la parte demandada en la presente causa, verificando en los autos que existe oficio del SENIAT que señala el domicilio fiscal de la referida entidad de trabajo, solicita que la misma sea notificada a través de la prensa a tenor del artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, a los fines de continuar con el presente procedimiento.

Ahora bien, este Tribunal salvaguardando el derecho al debido proceso y a la defensa de las partes, el cual es de rango constitucional y no menos importante atendiendo al principio de legalidad, en tanto que la Ley Orgánica Procesal del Trabajo es un instrumento jurídico especial, es decir, una ley adjetiva especial, pasa a proveer, con respecto a lo solicitado por la representación judicial de la parte actora, en la mencionada diligencia, previa las siguientes consideraciones:

1º). La notificación es uno de los actos más importantes del proceso, siendo materia de orden público, y es a través de él que se materializa el derecho a la defensa, al poner en conocimiento al demandado que se ha instaurado un proceso judicial en su contra, a los fines que pueda ejercer oportunamente las defensas que a bien tenga, o explanar dentro de la oportunidad procesal correspondiente, todos los alegatos que considerare pertinentes, es decir, es el acto mediante el cual se le informa al demandado que se intentó una acción en su contra, la cual fue admitida por el órgano jurisdiccional y se le emplaza a que comparezca al acto de la audiencia preliminar en la fecha allí señalada.

2º). La solicitud realizada por la parte actora, no es más que la aplicación de la citación por carteles de la prensa, prevista en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, por lo que es importante destacar por este Juzgador, que la ley adjetiva especial autoriza la aplicación en forma supletoria de las normas del Código de Procedimiento Civil, todo de conformidad con el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pero no es menos cierto, que su aplicación debe ajustarse a los principios que inspiran el derecho procesal del Trabajo y sobre todo garantizar el derecho a la defensa, que tal como se señaló supra, es de rango constitucional. De tal manera, que en opinión de este Juzgador, la notificación de la parte demandada en la presente causa, a través de carteles de la prensa, a los efectos de su llamado para la celebración de la Audiencia Preliminar, resulta improcedente por ser inapropiado, ya que no garantizan el ejercicio del derecho a la defensa de la misma.

En efecto, conforme se señalo precedentemente, si bien es cierto que el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo permite al Juez, en ausencia de disposición expresa, aplicar analógicamente disposiciones procesales, siempre que la norma aplicada no contraríe principios fundamentales de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. No obstante, dicha La Ley Adjetiva Laboral, estableció la notificación del demandado por carteles; no, la citación personal. Ahora bien, en el nuevo proceso laboral establecido en la mencionada Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se eliminó la citación personal de los representantes legales de las personas jurídicas, pues es una institución procesal engorrosa, que contraría los principios de celeridad, economía y gratuidad procesal. En consecuencia, es inaplicable el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, pues al no existir citación personal, no puede haber citación por carteles.

Igualmente, es preciso advertir que en materia laboral, no está prevista la notificación por carteles de prensa para la instalación de la audiencia preliminar, la citación por carteles de prensa que establece el Código de Procedimiento Civil, en su artículo 233, seria procedente como expresamente los establece dicha norma, a saber: “(…) cuando por disposición de la ley sea necesaria la notificación de las partes para la continuación del juicio, o para la realización de algún acto del proceso, la notificación puede verificarse por medio de la imprenta, con la publicación de un cartel en un diario de los de mayor circulación en la localidad, el cual indicará expresamente el juez, dándose un término que no bajará de diez días.(…)” por lo que, en principio, interpreta este Juzgador, que ello sólo es aplicable cuando las partes están citadas, pero se perdió la estadía a derecho y es necesaria la continuación del proceso, no para los casos de notificación primigenia del proceso para que las partes se enteren de la existencia del proceso en su contra y puedan ejercer los primeros actos de defensa, que en materia civil, es la contestación de la demanda.

Ello ineludiblemente debe ser así, pues si se aplica en rigor supletorio las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, para los casos en que no es posible la notificación del demandado, conforme al artículo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por que el Alguacil no lo ubica o no lo encontrare, como en el caso de autos, en todo caso debería aplicarse lo dispuesto en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, que establece el supuesto fáctico, como lo señala la norma, cuando el Alguacil no encontrare la persona del citado para practicar la citación personal, y la parte no hubiere pedido la citación por correo con aviso de recibo o cuando pedida ésta, tampoco fuere posible la citación del demandado, ésta se practicará por carteles, a petición del interesado, modalidad que tampoco tiene aplicación en le proceso laboral, por cuanto dicha norma tendría que aplicarse en su integridad, lo cual imposibilita, el nombramiento de un defensor ad litem.

Allí se establece un procedimiento distinto al previsto en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, que a la final resulta dispendioso, obsoleto y no cónsono con los principios procesales en materia del trabajo, como la brevedad, celeridad e incluso la gratuidad, previstos en el artículo 2 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pues tendría el Secretario del Tribunal que fijar un cartel en la morada y el actor deberá publicar dos carteles por prensa en dos diarios de publicación con intervalo entre uno y otro de tres días, para que el demandado comparezca en un lapso de quince días para darse por citado, y en caso de no comparecer, se nombrará un defensor ad litem quien debería ejercer la defensa, ello sin duda, tampoco es posible su aplicación en materia laboral, por contrariar principios fundamentales conforme al artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, como se dijo la brevedad y celeridad.

Tampoco en nombre de la brevedad y celeridad, es posible que se quebranten principios fundamentales del proceso, como el derecho a la defensa, cuando por precepto constitucional – artículo 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece: “(…)”el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas, en consecuencia: 1.- La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa “(…)”, de allí que la garantía del debido proceso, se traduce en que los actos de comunicación (notificación en materia laboral) deben realizarse bajo las formas previstas en la ley adjetiva laboral, con la finalidad única de garantizar a la demandada que tenga conocimiento del proceso en su contra para que pueda comparecer y ejercer su derecho a la defensa, mediante las excepciones y alegatos que a bien tenga y ofertar las pruebas que considere para enervar la pretensión esgrimida en su contra y si fuere el caso, lograr una mediación favorable para ambas partes en la audiencia preliminar. También es menester destacar que en muchos casos, los trabajadores cuando son sujetos procesales activos en el proceso laboral, se ven impedidos de la necesaria celeridad que los procesos deben tener, pues en ocasiones, existen casos donde las entidades de trabajo cesan sus actividades sin que ello permita la notificación en la forma prevista en el artículo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pues el Alguacil debe dejar constancia de la entrega del cartel y su fijación, si no hay nadie en la empresa y está cerrada, no puede practicarse notificación alguna y de ello se deja constancia en el expediente.

3º). En este sentido, se debe destacar, que en el desarrollo del iter procesal es necesario que se asegure el equilibrio de las partes, cuya ruptura, se produce cuando se viola la igualdad procesal al establecerse preferencias o desigualdades entres éstas, y en general, cuando el Juez menoscabe o exceda sus poderes en perjuicio de uno de los litigantes, al efecto debe observarse lo dispuesto en el artículo 15 del Código de procedimiento Civil, que al respecto señala:

“(…) Los Jueces garantizarán el derecho de defensa y mantendrán a las partes en los derechos y facultades comunes a ellas, sin preferencias ni desigualdades y en los privativos de cada una, las mantendrán respectivamente, según lo acuerde la ley a la diversa condición que tengan en el juicio, sin que puedan permitir ni permitirse ellos extralimitaciones de ningún género. (…)”.

Sobre este particular la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia dictada en fecha 27-07-2004 precisó:

“(…) La doctrina pacífica y reiterada de este Alto Tribunal ha sido tradicionalmente exigente en lo que respecta a la observancia de los trámites esenciales del procedimiento. El derecho de defensa está indisolublemente ligado a las condiciones de modo, tiempo y espacio fijados en la ley para su ejercicio. Estas formas procesales no son caprichosas, ni persiguen entorpecer el procedimiento en detrimento de las partes. Por el contrario, una de sus finalidades es garantizar el ejercicio eficaz del derecho de defensa. El principio de legalidad de las formas procesales, salvo las situaciones de excepción previstas en la ley, caracterizan el procedimiento civil ordinario y, en consecuencia, no es convencional; por el contrario, su estructura, secuencia y desarrollo está preestablecida en la ley, y no es disponible por las partes o por el juez. Por esa razón, la Sala ha establecido de forma reiterada que “...no es potestativo de los tribunales subvertir las reglas legales con que el legislador ha revestido la tramitación de los juicios, pues su estricta observancia es materia íntimamente ligada al orden público (...)”. (Sentencia de fecha 19 de julio de 1999, caso: Antonio Yesares Pérez c/ Agropecuaria el Venao C.A.). Acorde con ello, la Sala ha señalado que las normas en que está interesado el orden público son aquellas que exigen una observancia incondicional y no son derogables por disposición privada. Asimismo, ha establecido que “(...) la alteración de los trámites esenciales del procedimiento quebranta el concepto de orden público, cuya finalidad tiende a hacer triunfar el interés general de la sociedad y del estado sobre los intereses particulares del individuo, por lo que su violación acarrea la nulidad del fallo y de las actuaciones procesales viciadas, todo ello en pro del mantenimiento de la seguridad jurídica y de la igualdad entre las partes, que es el interés primario en todo juicio (...)”. (Sentencia de fecha 22 de octubre de 1999, caso: Ciudad Industrial La Yaguara contra Banco Nacional de Descuento).

Del contenido de la sentencia, resulta evidente que es deber del Juez como director del proceso, cumplir y hacer cumplir con la observancia de los trámites esenciales del procedimiento y en consecuencia, procurar la estabilidad de los procesos evitando que en los mismos se menoscaben derechos constitucionales; en tal sentido, ha asentado nuestra jurisprudencia que el derecho a la defensa y al debido proceso, constituyen garantías inherentes a la persona humana y en consecuencia, aplicables a cualquier clase de procedimiento; por lo cual es fundamental y de tal trascendencia en el juicio la notificación que cualquier omisión, descuido o fraude en que se incurra respecto a ella, puede afectar de nulidad el procedimiento.

4º). En este orden de consideraciones, y encontrándose la presente causa, en fase inicial y de sustanciación, es claro, que el llamado a la referida persona jurídica demandada, debe efectuarse en base a lo previsto por el legislador adjetivo especial, en razón a lo cual debe el Tribunal forzosamente atenerse a las modalidades de notificación previstas en dicha ley y que se encuentran consagrados en los artículos 126 y 127 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y que establecen la notificación: mediante cartel, a través de mandatario, medios electrónicos, por Notario Público y por correo.

En este sentido, estas normas jurídicas que atemperan la rigurosidad y sacramentalidad con la que fue tratada la institución de la citación en materia de Derecho Procesal Civil Ordinario, pero, que ofrecen garantías suficientes de que el demandado sea informado de toda acción intentada en su contra, a los fines de que pueda ejercer su derecho de defensa como mecanismo para repeler las mismas, por tanto aunque sin revestirse de formalismos inútiles dicho acto debe cumplir –sin lugar a dudas - con su fin último como lo es la efectiva imposición al demandado de los hechos que se le atribuyen. De igual manera las normas indicadas, aunado a establecer las formas de notificación en el procedimiento laboral Venezolano, dicho procedimiento es de rango constitucional y de orden público, por lo que no puede ser sustituido por cualquier otro mecanismo procesal previsto en otros ordenamientos jurídicos, no obstante a ello poder hacer uso de los mismos conforme a la facultad que otorga el artículo 11 eiusdem, puesto que se estarían violentando principios fundamentales que rigen el Derecho Procesal del Trabajo entre ellos, el principio de autonomía que se presenta por la necesidad de descartar el procedimiento ordinario civil, ante la naturaleza distinta de los juicios laborales, donde a los intereses materiales contrapuestos se suman factores de certeza y seguridad jurídica, así como el orden ético y moral que necesitan ser tutelados.

Es clara la norma cuando establece que la notificación ha de hacerse mediante cartel, por correo certificado con aviso de recibo y mediante medios electrónicos, nada establece la norma en cuanto a la notificación por carteles, a través de la prensa conforme a las pautas del procedimiento civil ordinario, en el procedimiento laboral, la notificación por carteles debe fijarse un ejemplar en la sede de la demandada, el incumplimiento de este requisito viciaría de toda nulidad el acto comunicacional lo que daría lugar a reposiciones para reestablecer el orden jurídico procesal infringido, destacando quien suscribe que este tipo de notificación es distinta e incompatible con la notificación prevista en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, y se insiste que no es posible su aplicación en el procedimiento laboral, ya que no se daría cumplimiento efectivo a lo que establece la norma laboral en cuanto a la fijación del cartel a la puerta de la sede de la empresa, por otro lado se beneficiaría al trabajador accionante, en el sentido que se reducirían los costos por esta vía para lograr la notificación del demandado, que en el presente caso es una persona jurídica. En consecuencia, en merito de los argumentaciones señaladas supra, ello es razón suficiente para que este Juzgador declare improcedente la solicitud presentada en fecha 08/05/2017, por la representación judicial de la parte actora, mediante la cual pide la notificación por carteles de prensa de la parte demandada en la presente causa. Así se establece.

DECISIÓN

Por las motivaciones que anteceden, este Juzgado Vigésimo Cuarto (24°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Area Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

1°). IMPROCEDENTE lo solicitado por la parte representación judicial de la parte accionante, en diligencia de fecha 08-05-2017, mediante la cual pide la notificación por carteles de prensa de la parte demandada en la presente causa. Asimismo, se insta la parte actora a que señale una dirección o el domicilio de la parte demandada en la presente causa, la entidad de trabajo denominada VENEZUELA SHIPMANNING, C.A, ampliamente identificado en los autos, a los fines de practicar su notificación de forma efectiva de conformidad con lo establecido en los artículo 126 y 128 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en aplicación de la doctrina jurisprudencia de la Sala Constitucional y Social del Tribunal Supremo de Justicia que tratan la notificación. Así se establece.

2). No hay especial condenatoria en costas por la naturaleza de la presente decisión. Así se establece.

Dada, firmada y sellada en la sede del Juzgado Vigésimo Cuarto (24°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, en la misma ciudad, a los Once (11) días del mes de Mayo de dos mil diecisiete (2017). Año 207º de la Independencia y 158º de la Federación. PUBLIQUESE Y REGISTRESE LA PRESENTE DECISIÓN Y DEJESE COPIA. Igualmente se ordena la publicación de la presente sentencia en la página electrónica del Tribunal Supremo de Justicia en el sitio denominado Regiones Área Metropolitana de Caracas http://caracas.tsj.gov.ve/. CÚMPLASE.

El Juez
_______________________________
Abg. Orlando Antonio Magallanes Pérez.

El Secretario.
________________
Abg. Carlos Moreno.

En la misma fecha, se dictó, registró, consignó y publicó la anterior decisión.
El Secretario.
_________________
Abg. Carlos Moreno.