TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 20 de septiembre de 2017
207º y 158º

ASUNTO: AP11-V-2012-000672

PARTE ACTORA: JAIME RICARDO GUDIÑO PEREZ e IRENE PEREZ DE GUDIÑO, ambos venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de la cédula de identidad Nº V- 5.531.296 y Nº V- 211.892.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: CARLOS ANDRES AMADOR, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 101.891.
PARTE DEMANDADA: JAVIER ALEJANDRO MORENO DEL VALLE y FRANCISCO FALCON LAIRET, ambos venezolanos, mayores de edad y titulares de la cédula de identidad Nº 11.228.101 y V- 11.675.233, respectivamente.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: MIGUEL ELIAS FADLALLAH SULBARAN, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 52.633.
MOTIVO: RESOLUCION DE CONTRATO.
Sentencia Interlocutoria con Fuerza de Definitiva (Perención de la Instancia)
-I-
SÍNTESIS DEL PROCESO
La presente acción se inició por escrito de demanda presentado en fecha 20 de junio de 2012, por los ciudadanos JAIME RICARDO GUDIÑO PEREZ e IRENE PEREZ DE GUDIÑO, ambos venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de la cédula de identidad Nº V- 5.531.296 y Nº V- 211.892, por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante el cual demandó por RESOLUCION DE CONTRATO a los ciudadanos JAVIER ALEJANDRO MORENO DEL VALLE y FRANCISCO FALCON LAIRET, ambos venezolanos, mayores de edad y titulares de la cédula de identidad Nº 11.228.101 y V- 11.675.233, respectivamente. Dicha demanda correspondió ser conocida por este Juzgado luego de haberse efectuado el sorteo de ley.
En fecha 22 de junio de 2012 el Tribunal admitió la presente demanda y ordenó el emplazamiento de la parte demandada, a fin de que comparezca por ante este Juzgado dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes a la constancia en autos de su citación, a fin de que den contestación a la demanda y/o ejerzan las defensas que creyeren pertinentes en torno a la misma.
En fecha 18 de julio de 2012, se recibió diligencia presentada por el abogado en ejercicio CARLOS ANDRES AMADOR, apoderado judicial parte actora anteriormente identificada, mediante la cual fueron consignados los fotostátos para la elaboración de las compulsas.
En fecha 28 de junio de 2012 compareció el abogado en ejercicio Héctor Galárraga Jiménez, apoderado judicial de la parte actora y presentó escrito mediante la cual ratificó solicitud de las cautelares efectuada en el libelo de la demanda.
En fecha 17 de diciembre de 2013, luego de agotados los trámites para la práctica de la citación de los codemandados, compareció el abogado en ejercicio Miguel Elías Fadlallah Sulbarán, apoderado judicial de los codemandados y presentó escrito de contestación a la demanda e igualmente opuso la cuestión previa contenida en el ordinal 11º del Artículo 346 del Código de Procedimiento Civil. Seguidamente, en fecha 15 de enero de 2014 compareció la representación judicial de la parte actora y presentó escrito de contradicción a la cuestión previa planteada.
En fecha 08 de abril de 2014 se dictó Resolución Interlocutoria, mediante la cual se declaró sin lugar la cuestión previa contenida en el ordinal 11º del Artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, ordenándose la notificación de las partes. En fecha 09 de junio de 2014, compareció el abogado Miguel Elías Fadlallah, apoderado judicial de los codemandados y presentó diligencia, mediante la cual apeló de la decisión dictada y consignó escrito de contestación a la demanda y en el que planteó reconvención en contra de los demandantes, solicitando el cumplimiento del contrato de arrendamiento que suscribieron.
Seguidamente, en fecha 16 de junio de 2014, compareció la representación judicial de la parte actora y presentó escrito mediante la cual dio contestación a la reconvención planteada. Posteriormente, en fecha 19 de junio de 2014, el tribunal dictó auto oyendo en un solo efecto la apelación ejercida por la representación judicial de la parte demandada contra la resolución de fecha 08 de abril de 2014.
En fecha 01 de julio de 2014 compareció la abogada Veronique González, apoderada judicial de la parte demandante, y presentó diligencia solicitando la improcedencia e inadmisibilidad de la reconvención propuesta.
Seguidamente, en fecha 27 de noviembre de 2014 se dictó auto mediante el cual se admitió la reconvención propuesta por el abogado en ejercicio Elías Fadlallah Sulbaran, apoderado judicial de los ciudadanos Francisco Falcón y Javier Moreno, fijándose la oportunidad para la contestación a la misma, luego de notificadas las partes.
En fecha 10 de diciembre de 2014, compareció la abogada en ejercicio Veronique González, apoderada judicial de la parte demandante y presentó escrito de contestación a la reconvención intentada por la parte demandada, siendo ésta la última actuación realizada por las partes.
-II-
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
Habida cuenta de las indicadas circunstancias, debe procederse a una breve revisión del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que literalmente dispone lo siguiente:
“Articulo 267.- Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá perención.
También se extingue la instancia:
1º. Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.
2º. Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de la reforma de la demanda, hecha antes de la citación, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.
3º. Cuando dentro del término de seis meses contados desde la suspensión del proceso por la muerte de alguno de los litigantes o por haber perdido el carácter con que obraba, los interesados no hubieren gestionado la continuación de la causa, ni dado cumplimiento a las obligaciones que la ley les impone para proseguirla.”

De la simple lectura del anterior dispositivo legal se pueden apreciar los dos elementos constitutivos de la norma, a saber:
a) Un supuesto de hecho: El transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes; y,
b) Una consecuencia jurídica: La extinción de la instancia por obra de la perención.
En referencia a lo anterior, este sentenciador observa que en fecha 8 de febrero de 2006, el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana, dictó sentencia en la cual se analizaron las condiciones necesarias para la procedencia de la institución procesal de la perención, y los efectos que ésta implicaba, a saber:
“...Se tiene, pues, que la perención de la instancia es la figura que extingue el proceso en virtud de la inactividad de las partes prolongada por un cierto tiempo, y se encuentra determinada por tres condiciones esenciales: una objetiva, la inactividad, que se reduce a la falta de realización de actos procesales; otra subjetiva, que se refiere a la actividad omisiva de las partes y/o del Juez; y finalmente, una condición temporal, la prolongación de la inactividad de las partes por el término de un año, o de un semestre o de treinta días. Las mencionadas condiciones objetivas, subjetivas y temporales de la perención revelan que su fundamento está en que la inactividad de las partes entrañan una renuncia a continuar la instancia y en la conveniencia de que el estado se libere de la obligación de proveer sobre la demanda, después de ese período de inactividad prolongada…”

Ahora bien, este Tribunal de una revisión de las actas que conforman el presente expediente, puede observar que desde el día 10 de diciembre de 2014, fecha en la cual, la parte actora reconvenida, dio correspondiente contestación a la reconvención, ha transcurrido más de un (1) año, sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes intervinientes en el presente asunto.
En virtud de las indicadas circunstancias, y toda vez que los hechos sucedidos en este proceso guardan perfecta relación de identidad respecto del supuesto de hecho abstractamente consagrado en la norma anteriormente transcrita, necesariamente debe producirse la consecuencia jurídica establecida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, es decir, debe concluirse que en este juicio ha operado la perención de la instancia, y así se declara expresamente.
En este estado de cosas, resulta oportuna la cita de la jurisprudencia de la antigua Corte Suprema de Justicia, contenida en decisión de fecha 22 de septiembre de 1993, en la que se estableció lo siguiente:
“...La perención de la instancia es el efecto procesal extintivo del procedimiento, causado por la inactividad de las partes durante el plazo determinado en los ordinales del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. La función de la perención no se agota en la cuestión adjetiva, sino que tiene fundamento en la misma necesidad social de evitar la litigiosidad por la litigiosidad, cuando no medie interés impulsivo en las partes contendientes, pues, para el Estado es más importante el mantenimiento de la paz que la protección de aquellas pretensiones huérfanas de tutor en la carrera procesal. Consecuentemente a este fin, la perención está concebida por el legislador como norma de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio entre las partes, pudiéndose declarar aún de oficio por el Tribunal, todo lo cual resalta su carácter imperativo.”
(Resaltado y Cursiva del Tribunal)
Visto el criterio jurisprudencial transcrito anteriormente, se desprende la interpretación que debe servirnos para extraer el verdadero significado propuesto por el legislador, al momento de establecer el intervalo de un año, sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por la partes. En consecuencia, se entenderá que el demandante tiene un año, para ejecutar cualquier acto de procedimiento para la prosecución del proceso, de lo contrario se declarará la perención de la instancia.
Ahora bien, siendo que en este caso no se ha producido inactividad del Juez luego de vista la causa y toda vez que los hechos sucedidos en este proceso guardan perfecta relación de identidad respecto del supuesto de hecho abstractamente consagrado en la norma anteriormente transcrita, necesariamente debe producirse la consecuencia jurídica establecida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, es decir, debe concluirse que en este juicio ha operado la perención de la instancia, y así se declara expresamente.
Visto lo anterior, es menester destacar que por disposición del artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, el Instituto Procesal de la perención de la instancia es declarable aún de oficio. En efecto, textualmente establece la indicada norma adjetiva:
“Artículo 269.- La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declarase de oficio, por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente.”
En consecuencia, y vistos los razonamientos anteriormente expuestos, considera quien decide que resulta necesario en el presente caso decretar la perención de la Instancia en este proceso y así se decide.-

- III -
PARTE DISPOSITIVA
Como consecuencia de lo expuesto y con fundamento en las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA.
De conformidad con lo previsto en el artículo 283 del citado Código, no hay condenatoria en costas en esta decisión.
REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y DÉJESE COPIA
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, a los veinte (20) días del mes septiembre de dos mil diecisiete (2017).
El Juez,
Abg. Luís Rodolfo Herrera González.
El ---
Secretario,

Abg. Jonathan A. Morales J.

En esta misma fecha, siendo las 10:29 AM, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.
El Secretario,
Abg. Jonathan A. Morales J.

Asunto: AP11-V-2012-000672