REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL


Tribunal Décimo Séptimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, nueve de enero de dos mil dieciocho
207º y 158º

ASUNTO: AP31-V-2010-003142


PARTE ACTORA: BANCO NACIONAL DE CREDITO, C. A,. BANCO UNIVERSAL. Sociedad mercantil de este domicilio, inscrita en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 26 de Noviembre de 2002, bajo el N° 35, Tomo 725-A Qto., y cuya transformación en Banco Universal, quedo inscrita, en fecha 02 de Diciembre de 2004, bajo el N° 65, Tomo 1009-A.
APODERADOS JUDICIALES
DE LA PARTE ACTORA: VICTOR ALFREDO PRIETO MELO, TOMAS RAMIREZ GALINDO, JOSE LISANDRO SISO ABREU y YENNIFER C. BARRAGAN C., abogados en ejercicio, de este domicilio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Números: 76.580, 39.050, 76.063 y 132.211, respectivamente.

PARTE DEMANDADA: LUIS RAMON CALDERON PEÑA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Acarigua, titular de la cédula de identidad N° 5.203.252 y la Sociedad Mercantil SUMINISTROS INDUSTRIALES CALTEX, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, en fecha 21-05-2004, bajo el N° 19, Tomo 148-A, modificados sus estatutos, según asiento inscrito en el citado Registro Mercantil, en fecha 06-03-2007, bajo el N° 58, Tomo 212-A.
APODERADO JUDICIAL DE
LA PARTE DEMANDADA: No tiene apoderado judicial constituido en autos.

MOTIVO: COBRO DE BOLIVARES

SENTENCIA: DEFINITIVA

EXPEDIENTE: AP31-V-2010-003142

NARRATIVA
Vista la diligencia que antecede y sus recaudos anexos, suscrita por el abogado Tomas Ramírez Galindo, inscrito en el I. P. S. A., bajo el Nº 39.050, actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte demandante, mediante la cual manifiesta que la deudora canceló la totalidad de la deuda y en virtud de ello desiste del procedimiento, consignando autorización de la parte accionante para proceder a ello, este Tribunal a los fines de pronunciarse observa:
En la materia que ocupa la atención del Tribunal, se deja ver que el desistimiento de la demanda comporta el abandono o abdicación del derecho que pretendía el demandante mediante el ejercicio de su acción, instituto procesal reconocido en la ley adjetiva al señalar la oportunidad para desistir, la eficacia del desistimiento y su carácter de irrevocable
Sobre la capacidad y la disponibilidad del objeto de la controversia de quien desiste, el artículo 264 del mencionado Código establece:
“Para desistir de la demanda y convenir en ella se necesita tener capacidad para disponer del objeto sobre que verse la controversia y que se trate de materias en las cuales no estén prohibidas las transacciones”. (Cursivas del Tribunal)

Asimismo el artículo 265 eiusdem dispone:
“El Demandante podrá limitarse a desistir del procedimiento; pero si el desistimiento se efectuare después del acto de la contestación de la demanda, no tendrá validez sin el consentimiento de la parte contraria.” (Cursivas del Tribunal)

Ahora bien, de lo antes expuesto considera quien aquí decide, que el desistimiento ejecutado por el accionante, ha sido expuesto de manera suficientemente clara, pues, deja en absoluta evidencia la voluntad del demandante de abdicar a su derecho. De otra parte, en cuanto a los presupuestos que las normas citadas ut-retro contemplan para esta figura procesal, se encuentra que cumple con los requisitos previstos en ellas, como lo son: 1) la exteriorización de la voluntad de la demandante de desistir; 2) la capacidad para disponer de la pretensión de derecho litigioso, es decir, el actor tiene capacidad plena para disponer de sus derechos patrimoniales; y, 3) la falta de necesidad de aprobación por parte de la demandada toda vez que en el presente juicio se encuentra en estado de ejecución de sentencia definitiva; y 4) el desistimiento ejercido no versa sobre cuestiones que estén prohibidas, pues, no se afecta el orden público al observarse que los derechos renunciados son de dominio privado del demandante, aunado a la plena facultad de la cual dispone el abogado Tomas Ramirez Galindo, para desistir en juicio, tal y como se desprende del documento poder que riela inserto a los folios 8, 9 y 10, resulta procedente en este caso HOMOLOGAR el desistimiento que ocupa al Tribunal, tal como se establecerá en el dispositivo de esta decisión. Así se decide.
DE LA DISPOSITIVA
Por todos los razonamientos antes expuestos, este Tribunal administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la ley, HOMOLOGA EL DESISTIMIENTO del procedimiento efectuado por el abogado Tomas Ramirez Galindo, en su carácter de apoderado de la parte demandante.
Se acuerda la devolución de los originales que rielan insertos en el expediente, previa su certificación por Secretaria de conformidad con lo establecido en los artículos 111 y 112 del Código de Procedimiento Civil
Dada la naturaleza de la presente decisión el Tribunal no hace especial condenatoria en costas.
Regístrese, publíquese, y déjese la copia certificada a la cual hace especial referencia el Artículo 248 ibídem.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los nueve (09) días del mes de enero de Dos Mil Dieciocho (2018). Año: 201º de la Independencia y 152º de la Federación.
EL JUEZ,
LA SECRETARIA,
ABG. MIGUEL ANGEL PADILLA REYES
ABG. LISBETH RODRÍGUEZ G.
En la misma fecha anterior, y previa las formalidades de Ley, se registró y publicó la anterior decisión.
LA SECRETARIA,

ABG. LISBETH RODRÍGUEZ G.