REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, veintitrés de febrero de dos mil dieciocho 207º y 159º ASUNTO: AP31-S-2017-007707 SOLICITANTES: HÉCTOR NEMESIO CONTRERAS ACOSTA e ISABEL TERESA TERÁN SUÁREZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-5.418.784 y V-9.157.404, respectivamente, asistidos por el Abogado Ángel Lopez, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 165.409. MOTIVO: DIVORCIO 185-A. ASUNTO: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA. En fecha 13 de diciembre de 2017, los ciudadanos HÉCTOR NEMESIO CONTRERAS ACOSTA e ISABEL TERESA TERÁN SUÁREZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-5.418.784 y V-9.157.404, respectivamente, asistidos por el Abogado Ángel Lopez, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 165.409, consignaron escrito mediante el cual solicitaron el divorcio fundamentando su petitorio en el artículo 185-A del Código Civil, es decir, por existir una ruptura prolongada de la vida en común. Leída en su integridad la solicitud, este Tribunal procede a dictar el siguiente pronunciamiento: I CONTENIDO DE LA SOLICITUD Alegaron en su escrito los solicitantes, que contrajeron matrimonio el día fecha 16 de junio de 1983, por ante la Primera Autoridad Civil del Municipio Baruta del Estado Miranda, acta Nº 160, año 1983, de los libros de matrimonios correspondientes; y que durante su unión matrimonial, procrearon dos (02) hijas. Manifestaron igualmente, que se encuentran separado de hecho desde el mes de junio de 2003, siendo su último domicilio en: “Urbanización Santa Rosa, Conjunto Residencial Jardines de Santa Rosa, Edificio 4-A, apartamento PB 4-A, Municipio Urdaneta, Cúa del Estado Miranda ”. II MOTIVACIÓN Visto lo alegado y consignado en el presente asunto, este Tribunal siendo la oportunidad para decidir observa: La competencia es la atribución legal conferida a un Juez como árbitro y director del proceso para el conocimiento de un asunto jurídico determinado, en razón de la materia, el valor de la demanda y del territorio. De este mismo modo, se considera como la medida de la jurisdicción que puede ejercer cada juez en concreto. El profesor de Derecho Procesal Civil, Dr. Arístides Rengel Romberg, define a la competencia, en los siguientes términos: “...La competencia es como una medida de la jurisdicción y no como la capacidad del juez para ejercer dicha función, porque la facultad de este funcionario de ejercer válidamente en concreto la función jurisdiccional, depende no de su aptitud personal, sino de la esfera de poderes y atribuciones que objetivamente asigna la ley al tribunal...” El procesalista patrio Humberto Cuenca en su obra de Derecho Procesal Civil Tomo II “La Competencia y otros Temas”, establece al respecto, entre otras cosas, lo siguiente: “...Todo Juez tiene en abstracto el poder de administrar justicia, es lo cierto, que en cada caso concreto tiene una esfera de actividad delimitada por la ley. Ahora bien, el poder de administrar justicia en cada caso, conforme a la naturaleza, calidad y cuantía de la acción, de acuerdo con los límites territoriales dentro de los cuales se mueven las partes o conforme al lugar donde se encuentran las cosas, objeto de litigio, se llama competencia.” Y concretamente en relación a la competencia por el territorio, el mencionado autor, señala: “La competencia por el territorio está integrada por un conjunto de reglas que señalan el lugar de la República a donde debe el actor dirigir su demanda y el demandado acudir a su defensa. Cada tribunal tiene delimitada su esfera territorial y sólo se exceptúa de esta limitación la Corte Suprema de Justicia que tiene jurisdicción sobre todo el territorio del Estado... La competencia por el territorio se justifica por el principio de que los tribunales son sedentarios, en el sentido de que cada órgano judicial tiene una sede determinada para el ejercicio de sus funciones...”. Precisado lo anterior, el Tribunal trae a colación a continuación el artículo 140-A del Código Civil, el cual es del tenor siguiente: “El domicilio conyugal será el lugar donde el marido y la mujer tenga establecida de mutuo acuerdo su residencia. En caso de que los cónyuges tuvieran residencias separadas, de hecho o en virtud de la autorización judicial prevista en el artículo 138, el domicilio conyugal será el lugar de la última residencia común.”. (Subrayado del Tribunal) Es el caso que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 754 del Código de Procedimiento Civil, “Es Juez competente para conocer de los juicios de divorcio y de separación de cuerpos el que ejerza la jurisdicción ordinaria en primera instancia, en el lugar del domicilio conyugal. Se entiende por domicilio conyugal el lugar donde los cónyuges ejercen sus derechos y cumplen con los deberes de su estado”. (Subrayado del Tribunal). Señalándose que de conformidad con lo indicado en al artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, “La incompetencia por la materia y por el territorio en los casos previstos en la última parte del artículo 47, se declarará aún de oficio, en cualquier estado e instancia del proceso. …”. Visto que la pretensión presentada se contrae a que sea declarado el divorcio de los solicitantes, quienes según su propio dicho, fijaron su último domicilio conyugal en jurisdicción del “Urbanización Santa Rosa, Conjunto Residencial Jardines de Santa Rosa, Edificio 4-A, apartamento PB 4-A, Municipio Urdaneta, Cúa del Estado Miranda”, cabe destacar conforme a la citada norma adjetiva, que la competencia territorial para conocer del presente asunto, está atribuida de forma expresa, al juez que ejerza la jurisdicción en el lugar del último domicilio conyugal. En tal sentido, al constatarse que la dirección de ubicación del último domicilio conyugal, se contrae a una dirección del estado Miranda, estando ésta, fuera del ámbito territorial de este Juzgado, resulta obligatorio para este Despacho, declarar su incompetencia por el territorio, para conocer de la presente solicitud de divorcio, y así se establece. III DECISIÓN Atendiendo al razonamiento expuesto, este Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 754 en concordancia con lo dispuesto en el artículo 60 y 47, todos del Código de de Procedimiento Civil, se declara INCOMPETENTE POR EL TERRITORIO, para conocer de la solicitud de Divorcio, presentado por los ciudadanos HECTOR NEMESIO CONTRERAS ACOSTA e ISABEL TERESA TERÁN SUAREZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-5.418.784 y V-9.157.404, respectivamente, asistidos por el Abogado ÁNGEL LOPEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 165.409, y en consecuencia, DECLINA LA COMPETENCIA al Tribunal Distribuidor de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Plaza y Zamora de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda. Publíquese, Regístrese y Déjese copia. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los veintitrés (23) días del mes de febrero de 2018. EL JUEZ LEONARDO ENRIQUE JIMÉNEZ ISEA LA SECRETARIA WINEISKA DELGADO PARRA. En el día de hoy, 23 de febrero de 2018, siendo las 12:44 p.m., se registró y publicó la presente decisión. LA SECRETARIA WINEISKA DELGADO PARRA.