TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Décimo Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 27 de febrero de 2018
207º y 158º

Solicitante: Mario Antonio Blanco Rivas y Paula Marina Castillo de Blanco, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad números V-4.088.657 y V-4.436.563, respectivamente, en su orden, debidamente asistidos por la abogada de la Coordinación de Asistencia Jurídica Gratuita de la Dirección General de Justicia, Instituciones Religiosas y cultos, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, ciudadana Nélida Rangel Fernández, inscrita en el Inpreabogado bajo la matricula número 154.621.
Motivo: Divorcio fundamentado en el 185-A del Código Civil
Sentencia: Definitiva
Caso: 14-S-2017-001515

I
ANTECEDENTES
En fecha 7 de abril de 2017, los ciudadanos Mario Antonio Blanco Rivas y Paula Marina Castillo de Blanco,, ut supra identificados, asistidos por la abogada de la Coordinación de Asistencia Jurídica Gratuita de la Dirección General de Justicia, Instituciones Religiosas y cultos, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, ciudadana Nélida Rangel Fernández, inscrita en el Inpreabogado bajo la matricula número 154.621, en su orden, presentaron por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) del Circuito Judicial Civil del Área Metropolitana de Caracas, con Sede Los Cortijos de Lourdes, escrito contentivo de solicitud de divorcio fundamentado en el artículo 185-A del Código Civil, cuyo conocimiento recayó en este Tribunal previa distribución efectuada en esa misma fecha.
Mediante auto de fecha 14 de mayo de 2017, este Tribunal instó a los solicitantes a consignar copia certificada del acta de matrimonio y las partidas de nacimiento de los hijos, siendo consignados dichos documentos mediante diligencia de fecha 8 de noviembre de 2017.
Por auto de fecha 14 de noviembre de 2017, quien suscribe se abocó al conocimiento de la presente causa, asimismo, admitió la solicitud in comento por no ser contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley; ordenándose librar boleta de notificación al Fiscal del Ministerio Público.
Por diligencia de fecha 6 de diciembre de 2017, los solicitantes consignaron los fotostatos para librar la boleta de notificación al Fiscal del Ministerio Publico.
En fecha 13 de diciembre de 2017, este Tribunal mediante nota de secretaria dejó constancia de haberse librado boleta al Fiscal del Ministerio Público.
En fecha 31 de enero de 2018, compareció la abogada Celia Virginia Mendoza Rodriguez, Fiscal Provisoria Centésima Quinta de Protección del Niño el Adolescente y la Familiar de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y manifestó que nada tiene que objetar en la presente solicitud.
En fecha 2 de febrero de 2018, compareció el ciudadano José Félix Duran, Alguacil titular de la Unidad de Coordinación de Alguacilazgo de los Tribunales de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Área Metropolitana de Caracas, consignó boleta de citación debidamente sellada y firmada en señal de haber sido recibida por la Fiscal del Ministerio Público.
Por lo tanto, siendo la oportunidad para decidir, el Tribunal lo hace sobre la base de las siguientes consideraciones:
II
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
La lectura del escrito libelar patentiza, que los solicitantes fundamentaron su petición en las siguientes argumentaciones:
Aducen, que en fecha 26 de agosto de 1976, contrajeron matrimonio por ante la Unidad de Registro Civil de la Parroquia Petare del Municipio Sucre del estado Miranda, según consta en acta n° 3 de matrimonio que en copia certificada acompañan a los autos a los fines legales consiguientes.
Expresan, que de dicha unión matrimonial procrearon dos (2) hijos de nombre: Luz Marina Blanco Castillo y Alexis Antonio Blanco Castillo, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cedulas de las cedulas de identidad V-11.561.034 y V-11.740.371, no adquirieron bienes dentro de la comunidad conyugal, asimismo, fijaron su último domicilio conyugal Petare, José Félix Ribas, Zona 5, Escalera 3, Casa nº 75, jurisdicción de la Parroquia Petare, Municipio Sucre del estado Miranda.
Alegan, que su vida conyugal fue interrumpida desde el 20 abril de 1991 y hasta la fecha han permanecido separados de hecho, sin haberse restablecido la convivencia, no existiendo vida en común bajo ninguna circunstancia ni vinculación personal, habiendo ruptura prolongada de sus vidas en común por más de cinco (5) años.
En este sentido, cabe considerar el precepto contenido en el artículo 185-A del Código Civil, cual es del siguiente tenor:

“Cuando los cónyuges han permanecido separados de hecho por más de cinco (5) años, cualquiera de ellos podrá solicitar el divorcio, alegando ruptura prolongada de la vida en común.
Con la solicitud deberá acompañar copia certificada de la partida de matrimonio.
...Admitida la solicitud, el Juez librará sendas boletas de citación al otro cónyuge y al Fiscal del Ministerio Público, enviándoles además, copia de la solicitud. El otro cónyuge deberá comparecer personalmente ante el Juez en la Tercera audiencia después de citado. Si reconociere el hecho y si el Fiscal del Ministerio Público no hiciere oposición dentro de las diez audiencias siguientes, el Juez declarará el divorcio en la Duodécima Audiencia siguiente a la comparecencia de los interesados...”.
La inteligencia de la referida norma jurídica pone de manifiesto, que para la declaratoria del divorció basada en la ruptura prolongada de la vida en común, el legislador patrio ha establecido un elenco de requisitos, entre ellos, la demostración de la existencia del vínculo conyugal cuya disolución se persigue; el reconocimiento de ambos cónyuges que han permanecido por más de cinco (5) años separados de hecho, y finalmente, que el Fiscal del Ministerio Público no haga oposición a la solicitud de divorcio.
Por otra parte, el profesor Dr. Raúl Sojo Bianco en su obra “Apuntes de Derecho de Familia, Caracas, 1985, p.p. 166-173, sostiene que “El divorcio es la disolución legal del matrimonio en vida de ambos cónyuges, como consecuencia de un pronunciamiento judicial dirigido precisamente a ese fin”. Y al referirse el mismo autor, al divorcio basado en la ruptura prolongada de la vida en común, asevera que “…se trata de una verdadera innovación en materia de divorcio, con la cual se viene a consagrar el mutuo consentimiento como causal de divorcio; puesto que bastará que los cónyuges estén de acuerdo en afirmar que han permanecido separados de hecho por más de cinco años, para que sea admitido y sustanciado el procedimiento, ya que no se exige prueba alguna…”.
En efecto, “el divorcio quoad vinculum es una institución de carácter absolutamente excepcional (…) contiene dos tendencias fundamentales de cómo se debe entender esa característica de institución, siendo una, la tendencia del divorcio-remedio: De acuerdo con esta, la disolución del matrimonio en vida de los cónyuges se explica en base a la necesidad de liberar a los esposos de un vínculo que, de hecho, ya no tiene sentido o resulta intolerable, independientemente de que esa situación pueda o no imputarse a alguna de las partes”. (Francisco López Herrera. Derecho de Familia. Tomo II, pp. 180-181-182).
Para este Tribunal, la tendencia del Código Civil venezolano corresponde a esa orientación, del divorcio-remedio. Sobre este particular, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia n° 192 del 26 de julio de 2001 (caso: Víctor José Hernández Oliveros contra Irma Yolanda Calimán Ramos) declaró que “el antiguo divorcio–sanción, que tiene sus orígenes en el Código Napoleón ha dado paso en la interpretación, a la concepción del divorcio como solución, que no necesariamente es el resultado de la culpa del cónyuge demandado, sino que constituye un remedio que da el Estado a una situación que de mantenerse, resulta perjudicial para los cónyuges, la sociedad en general”.
Dicho esto, en el caso concreto de autos, luego de revisadas las actas procesales que integran el expediente, observa el Tribunal que están satisfechas todas las formalidades previstas en el artículo 185-A del Código Civil para declarar el divorcio solicitado; en efecto, por una parte, los ciudadanos Mario Antonio Blanco Rivas y Paula Marina Castillo de Blanco, cónyuges entre sí, contrajeron matrimonio civil en fecha 26 de agosto de 1976, tal y como consta en el acta de la partida de matrimonio que acompañaron a los autos; asimismo, alegaron estar separados de hecho en forma ininterrumpida desde hace más de cinco (5) años, y por otra parte, la representación fiscal no objetó la solicitud de divorcio presentada por los referidos ciudadanos; así se establece.
III
DECISIÓN
En virtud de lo antes expuesto, este Tribunal Décimo Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara con lugar el divorcio solicitado por los ciudadanos Mario Antonio Blanco Rivas y Paula Marina Castillo de Blanco, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad números V-4.088.657 y V-4.436.563, respectivamente; por consiguiente disuelto el vínculo matrimonial contraído entre ellos en fecha 20 de agosto de 1976, ante el Registro Civil de la Parroquia Petare del Municipio Sucre, estado Miranda, según consta en acta n° 3, inserta en el Libro de Registro Civil de matrimonios correspondiente al año 1976.
Ofíciese lo conducente al Registro Civil de la Parroquia Petare, Municipio Sucre del estado Miranda; al Registrador Principal del estado Miranda y al Consejo Nacional Electoral, a los fines legales consiguientes.
Liquídese la comunidad de gananciales. Regístrese y publíquese la presente decisión, dejándose en el Tribunal copia certificada de la misma, a los fines del libro copiador llevado al efecto.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Décimo Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los 27 días del mes de febrero de 2018. Años: 207° años de la Independencia y 158° años de la Federación.
La Jueza
Abg. Damaris Ivone García
La Secretaria Acc,
Damalys Nelines Osorio de Albornoz
En esta misma fecha, siendo las __________________, se registró y publicó la presente decisión.
La Secretaria Acc,
Damalys Nelines Osorio de Albornoz