REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, 14 de noviembre de 2018 208º y 159º ASUNTO: AP11-V-2018-001023 PARTE ACTORA: MIGUEL ENRIQUE ROMERO BLANCO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-1.758.765. APODERADO JUDICIAL PARTE ACTORA: NICOLA NAPOLITANO, abogado, inscrito en el I.P.S.A. bajo el Nº 121.950. PARTE DEMANDADA: RAÚL JESÚS VALLENILLA FERNÁNDEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-5.533.486; SEGUROS MERCANTIL, sociedad mercantil so, C.A., y PROYECTOS RIVAS LAMPE. APODERADO JUDICIAL PARTE DEMANDADA: No consta en autos. MOTIVO: Daños y Perjuicios. SENTENCIA: INTERLOCUTORIA (Declinatoria por la Cuantía) - I - ANTECEDENTES Se inició el presente juicio, mediante escrito consignado el día nueve (09) de octubre de dos mil dieciocho (2.018), por el abogado NICOLA NAPOLITANO R., antes identificado. En el escrito libelar, la parte actora solicitó le sea resarcido los Daños y Perjuicios con fundamento en los artículos 26, 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículos 1.185, 1,196 del Código Civil y el artículo 127, 150 del Decreto con Fuerza de Ley de Transito y Transporte Terrestre. Igualmente acompañó los recaudos necesarios para la admisión de la presente demanda. - II - MOTIVACIONES PARA DECIDIR Revisadas como han sido las actas que conforman el presente expediente, considera oportuno este Juzgador, hacer referencia a la Resolución Número 2009-0006 de fecha 18 de marzo de 2009, emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, bajo el Nº 39.152, de fecha 02 de abril de 2009, mediante la cual se resolvió modificar, a nivel nacional, las competencias de los Juzgados para conocer de los asuntos en materia Civil, Mercantil y Tránsito. Al respecto, dicha Resolución en su artículo 1, literal b), señala lo siguiente: “Artículo 1: Se modifican a nivel nacional, las competencias de los Juzgados para conocer de los asuntos en materia Civil, Mercantil y del Tránsito, de la siguiente manera: (Omissis…). b) Los Juzgados de Primera Instancia, categoría B en el escalafón Judicial, conocerán en primera instancia de los asuntos contenciosos cuya cuantía exceda las tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.). (…).” (Negrillas del texto y subrayado de este Tribunal). De la disposición precedentemente transcrita, se desprende el monto de la cuantía mínima que deben tener los asuntos contenciosos propuestos para que sean conocidos, tramitados y decididos por los juzgados de primera instancia en materia civil, mercantil y del tránsito. Para ello, la Resolución en referencia reitera el mandato legal previsto en el Código de Procedimiento Civil dirigido a los accionantes, a los fines de obligarlos a indicar el monto de sus pretensiones en sumas de dinero o en bolívares; no obstante, a partir de la entrada en vigencia de dicha Resolución (02-04-2009), se exige además que dichos montos deben estar igualmente expresados en su equivalente en unidades tributarias (U.T.) para el momento de su interposición (Vid: parte in fine del Artículo 1). Asimismo, la Resolución in commento atribuyó a los juzgados de municipio la competencia para conocer –“de forma exclusiva y excluyente”- de todos aquellos asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa que anteriormente estaban asignadas a estos Tribunales de primera instancia, en materia civil, mercantil y de familia en la que no estén involucrados niñas, niños, ni adolescentes; atendiendo, lógicamente, a los criterios competenciales en razón del territorio (Vid: Artículo 3). Ahora bien, en el caso que nos ocupa se observa del escrito libelar que la parte actora estimó su demanda, en la cantidad de Ocho Mil Novecientos Bolívares Soberanos (Bs.S. 8.900,00), o lo que es igual a Quinientos Veinticuatro Unidades Tributarias (U.T. 524,00), ello según Resolución Nº SNAT/2009-0002344 de fecha 26-02-2009, emanada del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.127 del 26-02-2009. Siendo ello así, y en atención a las disposiciones precedentemente analizadas, este Sentenciador observa que el monto indicado por la parte accionante en su libelo de demanda es insuficiente para que las pretensiones contenidas en el mismo sean conocidas, tramitadas y decididas por este Juzgado de Primera Instancia; lo cual, irremisiblemente, conlleva a este Tribunal a declarar su INCOMPETENCIA, en razón de la cuantía para conocer del presente asunto, resultando competentes para ello los Juzgados de Municipio de esta Circunscripción Judicial, a cuya jurisdicción debe someterse la demanda aquí introducida. Por todo lo anterior, resulta forzoso para este órgano jurisdiccional declinar la competencia en el presente caso a dichos Tribunales. Así se Declara. - III - DECISION Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, decide así: PRIMERO: Declara su INCOMPETENCIA para conocer de la presente Acción de Daños y Perjuicios incoada por el ciudadano MIGUEL ENRIQUE ROMERO BLANCO, en contra del ciudadano RAÚL JESÚS VALLENILLA FERNÁNDEZ, SEGUROS MERCANTIL, C.A. y PROYECTOS RIVAS LAMPE, en razón de la cuantía expresada en el libelo de demanda. SEGUNDO: Se DECLINA LA COMPETENCIA para conocer del presente asunto en los Juzgados de Municipio de esta misma Circunscripción Judicial, todo ello de conformidad con lo previsto en la Resolución Número 2009-0006 de fecha 18 de marzo de 2009, emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela bajo el Nº 39.152 de fecha 02 de abril de 2009; y, TERCERO: REMÍTASE el presente asunto a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) del Circuito Judicial de los Juzgados de Municipio de esta Circunscripción Judicial, a los fines legales consiguientes. PUBLIQUESE Y REGISTRESE Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado 5º de 1era Ins. C.M.T.B. En la Ciudad de Caracas, a los 14 de noviembre de 2018. 208º y 159º. El Juez, Abg. Miguel Angel Padilla Reyes La Secretaria, Abg. Lisbeth Rodríguez González En esta misma fecha, siendo las 1:27 PM, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil. La Secretaria, Abg. Lisbeth Rodríguez González Asunto: AP11-V-2018-001023 MAPR*LRG*im.-