Tribunal Sexto (6º) de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas Caracas, veinticinco (25) de abril de dos mil diecinueve (2019) 208º y 159º ASUNTO: AP21-L-2012-005233 PARTE ACTORA: FELIX VICENTE MASULLO PULIDO, titular de la cédula de identidad Nº 6.553.111. APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: JOSETTE GOMEZ, I.P.S.A. Nº 117.564. PARTE DEMANDADA: CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÒN ENTE ADSCRITO AL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION. APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: ROSSEMAARY DEL VALLE ALLOCA LEON, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 82.055. MOTIVO: ENFERMEDAD OCUPACIONAL Y OTROS CONCEPTOS LABORALES. I. ANTECEDENTES Se inicia el presente procedimiento, en virtud de la demanda por Enfermedad Ocupacional y otros conceptos laborales, incoada por el ciudadano FELIX VICENTE MASULLO PULIDO, contra la entidad de trabajo CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÒN ENTE ADSCRITO AL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION, plenamente identificada en autos, presentada en fecha 18 de diciembre de 2012, ante la Unidad de Recepción y Distribución del Circuito Judicial del Trabajo de esta Circunscripción Judicial, siendo admitida en fecha 19 de marzo de 2012. En fecha 01 de noviembre de 2013, la Secretaria adscrita al Juzgado de Sustanciación, dejó constancia de las notificaciones practicadas. Subsiguientemente, en fecha treinta y uno (31) de enero de 2.014, se celebró la Audiencia Preliminar por ante el Tribunal Cuadragésimo Cuarto (43°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de este Circuito Judicial del Trabajo, siendo su última prolongación en fecha cuatro (04) de noviembre de 2.014, sin que, a pesar de los buenos oficios realizados por la Juez, se lograre la mediación entre las partes, ordenándose en consecuencia la remisión de la presente causa a los Juzgados de Juicio. Correspondiéndole conocer, previa distribución, al Juzgado Sexto (6°) de Primera Instancia de Juicio de este Circuito Judicial, presidido por la Juez Nieves Salazar, quien por auto de fecha diecisiete (17) de noviembre de 2.014, dio por recibido el presente asunto, y por auto de fecha veinticuatro (24) de noviembre de 2.014, admitió las pruebas promovidas por las partes y fijó el día 21 de enero de 2015, para la celebración de la Audiencia de Juicio. En fecha 21 de enero de 2015, día fijado para audiencia, el actor se presentó a la misma sin representación judicial motivo por el cual se reprogramó para el día 4 de marzo de 2015. En la fecha 4 de marzo de 2015, día fijado para que tuviera lugar la audiencia de Juicio, el ciudadano Félix Vicente Masullo Pulido, parte actora asistido por el abogado Argenis Rodríguez IPSA Nº 55.625, presentó diligencia mediante la cual dejó constancia de su comparecencia a la audiencia pautada para ese día, la cual no se llevó a cabo ya que el Tribunal se encontraba acéfalo. En fecha 10 de febrero de 2016, vista mi designación en fecha 10 de noviembre de 2015, y toma de posesión y juramento el 11 de enero de 2016, me aboque al conocimiento de la presente causa, ordenando la notificación de las partes. En fecha 18 de febrero de 2016, mediante diligencia la abogada Xiomary Castillo, IPSA Nº 102.750, solicita se deje sin efecto la boleta de notificación dirigida a la Procuraduría del Trabajo, en razón que el actor el ciudadano Félix Vicente Masullo Pulido, otorgó poder apud-acta al abogado Orlando Rangel IPSA Nº 48.835, en consecuencia quedó revocado el poder que fue otorgado a la Procuraduría del Trabajo. Este Tribunal en fecha 23 de febrero de 2016, dejó sin efecto dicha boleta de notificación y instó a la parte Actora a darse por notificado del abocamiento a los fines de la continuación de el presente procedimiento. En fecha 28 de abril de 2017, la represtación judicial de la parte demandada, mediante diligencia, solicitó a este Juzgado el cierre del expediente. Establecida la anterior secuencia procesal, este Tribunal se pronuncia al respecto, tomando en cuenta las siguientes consideraciones: II CONSIDERACIONES PARA DECIDIR De una revisión exhaustiva de las actas procesales que conforman el presente expediente, observa esta Juzgadora que la ultima actuación de la parte actora tuvo lugar el 4 de marzo de 2015, razón por la cual este Tribunal considera que desde la última actuación de impulso procesal de las partes hasta la presente fecha, transcurrió con creces un lapso superior a un año sin que ninguna de ellas realizara acto de procedimiento alguno que denotare su interés en la presente causa. En este sentido, resulta pertinente destacar lo dispuesto en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en sus artículos 201 y 202, relacionados con la Perención de la Instancia, que al respecto disponen: Artículo 201 “Toda instancia se extingue de pleno derecho por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. Igualmente, en todas aquellas causas en donde haya transcurrido más de un (1) año después de vista la causa, sin que hubiere actividad alguna por las partes o el Juez, éste último deberá declarar la perención.” Artículo 202 “La perención se verifica de pleno derecho y debe ser declarada de oficio por auto expreso del tribunal.” Asimismo, es necesario señalar que en cuanto a la forma como debe realizarse el cómputo del lapso de perención de la instancia, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia No. 1724, de fecha 30 de junio de 2010, caso: YARITZA DEL CARMEN ACOSTA contra COMPANÍA ANÓNIMA NACIONAL TELÉFONOS DE VENEZUELA (C.A.N.T.V.), estableció que se deben excluir los lapsos en los cuales haya estado suspendida la causa y no sea imputable a las partes así como los lapsos correspondientes a vacaciones judiciales, vacaciones decembrinas, al respecto la mencionada sentencia señal: “(…) Así las cosas, se observa que en el presente caso la última actuación de las partes antes de la suspensión de la causa por las razones antes señaladas, se verificó el 13 de agosto de 2002 y ciertamente es el 14 de enero de 2004 cuando se practica una nueva actuación de las partes en el expediente, es decir, transcurrió 1 año y 5 meses de inactividad. Sin embargo, a este período deben descontársele los aludidos plazos muertos o inactivos y aquellos en los que la causa estuvieron suspendidos por causas legales no imputables a las partes. En tal sentido, consta en autos que en fecha 7 de mayo de 2003 el alguacil dejó constancia en autos de la notificación practicada a la Procuraduría General de la República, en el día 6 del mismo mes y año, con lo cual a partir de la referida fecha la causa estuvo suspendida durante 90 días. Previamente, y tal como consta de la certificación de cómputo que corre inserta en el expediente (folios 417 y 435), había transcurrido 1 mes (del 15 de agosto al 15 de septiembre de 2002) y 14 días (del 24 de diciembre de 2002 al 6 de enero de 2003), correspondiente a las vacaciones judiciales. Igualmente, 1 mes y 12 días (del 9 de julio de 2003 al 21 de agosto de 2003), en el cual, según resolución emanada de la rectoría civil, se acordó no despachar por la entrada en vigencia de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así como también 14 días (del 24 de diciembre de 2003 al 6 de enero de 2004), correspondientes al período de vacaciones judiciales. Estos períodos en total suman 6 meses y 10 días, que deben ser descontados del tiempo durante el cual se materializó la inactividad de las partes (…)” Por otro lado, debe resaltarse que para evitar que se materialice la perención, las partes deberán impulsar el procedimiento, con actos de tal naturaleza que evidencien su interés en obtener la resolución de la controversia, tal como lo expone la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 195 del 16 de febrero de 2006, con ponencia de la Magistrada Luisa Estela Morales Lamuño, Caso Suelatex, C.A. (Ramírez & Garay, Tomo CCXXX. 2006. Pp. 395), cuando señala: “(…) La perención de la instancia es entonces una institución procesal de orden público, que debe ser declarada aún de oficio por el juez de la causa, en cualquier grado de conocimiento jurisdiccional, en ausencia de actos procesales de impulso dimanados de las partes – tanto actor como demandado – en litigio, ello como principio general ante la ausencia de regulación especial (…)”. Luego del análisis de una serie de situaciones fácticas, la Sala Constitucional, en la misma sentencia in comento, decidió: “(…) El siguiente acto procesal lo constituye el auto del 29 de marzo de 2004, por el cual el Juez Cuarto Superior para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas se avocó al conocimiento de la causa y ordenó la notificación de las partes para proceder a dictar sentencia dentro de los sesenta días siguientes a la práctica de la última de éstas (…). Tal actuación no fue instada por alguna de las partes involucradas en el litigio y no consta que la misma haya sido impulsada con posterioridad por éstas, de lo cual no puede concluirse que la misma fuese idónea para interrumpir la perención por inactividad de la parte, en los términos del artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (…)”. En tal sentido y sin que se evidencie del expediente que con posterioridad a la fecha arriba indicada, a saber 4 de marzo de 2015, se haya realizado alguna actuación de impulso procesal, debe concluirse forzosamente que entre la fecha de la última actuación de las partes hasta la oportunidad en que se dicta el presente fallo ha transcurrido más de un año sin impulso procesal de parte, razón por la cual y en aplicación de lo dispuesto en los artículos 201 y 202 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y en concordancia con la doctrina sentada por la Sala Constitucional y Social del Tribunal Supremo de Justicia, antes parcialmente transcritas, es por lo que debe declararse la Perención de Oficio en el presente procedimiento, así como la terminación del expediente y el cierre informático del mismo. Así se decide. III. DISPOSITIVO Ahora bien, con fundamento en los artículos ut supra y en estricto acatamiento a las sentencias parcialmente trascritas, este JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el juicio incoado por el ciudadano: FELIX VICENTE MASULLO PULIDO, contra la entidad de trabajo CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÒN ENTE ADSCRITO AL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION, plenamente identificados en autos. Dando cumplimiento a lo establecido en las disposiciones del artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, aplicado por analogía según lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; se ordena dejar copia certificada de la presente sentencia en el archivo del Tribunal así como la publicación de la presente sentencia en la página web del Tribunal Supremo de Justicia en el sitio denominado Regiones Área Metropolitana de Caracas. Cúmplase. SEGUNDO: Se ordena la notificación de la parte actora de la presente decisión. TERCERO: No hay condenatoria en costas. PUBLÍQUESE y REGÍSTRESE: Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Sexto de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas a los veinticinco (25) días del mes de abril de 2019. Años: 208º y 159º. LA JUEZ Abg. BELKIS G. COTTONI DIEPPA. LA SECRETARIA, HEIDY GUAICARA. En la misma fecha 25 de abril de 2.019, previo el cumplimiento de las formalidades de ley, se dictó, diarizó y publicó la anterior decisión. LA SECRETARIA, HEIDY GUAICARA. BGCD/marit Expediente AP21-L-2012-005233 Una (01) pieza principal y dos (02) c/r.