TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
JUZGADO DECIMO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, ACTUANDO COMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Caracas, diez (10) de julio de dos mil diecinueve (2019)
208º y 160º
ASUNTO: AP21-O-2019-000017.

PARTE QUERELLANTE: JONATHAN JOSE GIL QUIJIJE, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 17.384.571,

APODERADOS JUDICIALES DEL QUERELLANTE: JESSYCA HURTADO, OSCAR GOMEZ y CARLA VAN STRANHLEN, Abogados en ejercicio e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 108.375, 293.949 y 232.981 respectivamente.

PARTE QUERELLADA: CERVECERIA POLAR C.A, originalmente inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en fecha 14 de marzo de 1941, bajo el N° 323, Tomo I, Expediente N° 779.

APODERADOS JUDICIALES DE LA QUERELLADA: ANGEL MELENDEZ, MARIA CECILIA RACHADELL, ANADANIELLA SUCRE FLORES, ALFREDO JOSE PLANCHART PEREZ, FABIANA IRAÑETA GORRONDONA, ELDA CRISTINA CLERICO HENRIQUEZ, FERNANDO SANQUIRICO PITTEVIL, JOSE ALEJANDRO CORBAN OBADIA, DANIELIS SARAI TORO OROZCO, GUILLERMO SIMON GIBBON POLANCO, ARTURO ENRIQUE RODRIGUEZ NATERA, FERNANDO RIOS MORILLO, DANIELA JOSE ROMERO MAITA y DANIELA URDANETA RODRIGUEZ, abogados en ejercicio, inscritos en el I.P.S.A bajo los Nros. 111.339, 59.638, 100.083, 167.462, 222.172, 222.173, 210.777, 239.476, 219.394, 246.695, 257.252, 208.584, 287.800 y 294.422, respectivamente.

REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO: HÉCTOR VILLAZMIL GOMEZ, Fiscal 88° del área Metropolitana de Caracas.

MOTIVO: AMPARO CONSTITUCIONAL.

Por auto de fecha 26 de febrero de 2019, se recibió el presente expediente, contentivo de la Acción de Amparo Constitucional interpuesta en fecha 22 de febrero del mismo año por le ciudadano JONATHAN JOSE GIL QUIJIJE, debidamente asistidos por el Abogado JHON ORTIZ, en su carácter de Defensor Publico (3°) Auxiliar con competencia en materia laboral contra la

CERVECERIA POLAR C.A., en fecha 27/02/2019, este juzgado dicto sentencia el la cual declaro lo siguiente;

“… PRIMERO: INADMISIBLE (CADUCIDAD) la Acción de Amparo Constitucional interpuesta en fecha 22 de febrero de 2019, por ciudadano Jonathan José Gil Quijije, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 17.384.571, asistido por el abogado Jhon Freddy Ortiz Restrepo, Defensor Publico (3ro) Auxiliar con competencia en materia laboral, inscrito en el IPSA bajo el número: 187.308, en contra del supuesto agraviante Cervecería Polar, C.A., SEGUNDO: No hay condena en costas por no ser temeraria la presente acción de amparo, conforme a lo establecido en el artículo 33 ejusdem.- TERCERO: Se deja constancia que el lapso para ejercer recursos (03 días de despacho, de conformidad artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales) en contra de la presente decisión…”

En fecha 18/03/2019, la apoderada judicial del accionante en amparo ejerce recurso de apelación de la sentencia dictada el 27/02/2019. el cual le asigna la nomenclatura AP21-R-2019-000054.

En fecha 18 de marzo de 2019, este Juzgado dicto auto en los siguientes términos:

“…Vista la apelación fechada 18 de marzo de 2019, interpuesta por la abogada Yessica Hurtado IPSA N| 108.375 en su condición de apoderada judicial de la accionante, contra la sentencia dictada en fecha 27 de febrero de 2019, se oye en un solo efectos, y se ordena la remisión inmediata de los autos en su totalidad por no haber nada urgente que ejecutar, al Tribunal Superior del Trabajo competente. Se ordena actualizar informática y provisionalmente la fase y el estado del asunto principal…”

En fecha 19/03/2019, le corresponde conocer de la apelación al Juzgado Cuarto Superior de esta Circunscripción Judicial Laboral, vista el acta de distribución folio (99 p.p).

En fecha 22/03/2019, el Tribunal de alzada dicto el siguiente auto:

“…Por recibido el presente expediente, signado con el Nº AP21-R-2019-000054, el cual guarda relación con el asunto principal Nº AP21-O-2019-000017, constante a saber de:
Una (1) pieza principal de cien (100) folios útiles.
Contentivo del recurso de apelación interpuesto en fecha 14 de marzo de 2019 por la abogada JESSYCA HURTADO, IPSA N° 108.375, en su carácter de apoderada judicial de la parte accionante, contra la sentencia de fecha 27 de febrero de 2019, dictada por el Juzgado Décimo Tercero (13°) de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo, la cual declaró INADMISIBLE (CADUCIDAD) la Acción de Amparo Constitucional, interpuesta en fecha 22 de febrero de 2019, por el ciudadano JONATHAN JOSÉ GIL QUIJIJE, contra la entidad de Trabajo CERVECERÍA POLAR, C.A..

Se da cuenta a la Juez; y el Tribunal decidirá dentro de un lapso no mayor de treinta (30) días, conforme a lo previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, aplicable por remisión del Artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; contados a partir del día siguiente al de hoy…”

En fecha 04/04/2019, la representación judicial de la parte recurrente consigna por ante la URDD, escrito de fundamentación de la apelación, folios (101 al 106, p.p).

En fecha 12/04/2019, el tribunal de alzada público sentencia en la cual declaro lo siguiente: folios (107 al 120, p.p).

“…Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Cuarto (4) Superior del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto en fecha 14/03/2019, por la abogada Jessyca Hurtado, en su carácter de apoderada judicial del presunto agraviado, ciudadano Jonathan Gil, contra la decisión de fecha 27/02/2019, dictada por el Tribunal Décimo Tercero (13°) de Primera Instancia de Juicio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. SEGUNDO: SE ANULA la decisión dictada en fecha 27/02/2019, por el Tribunal Décimo Tercero (13°) de Primera Instancia de Juicio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró “...INADMISIBLE (CADUCIDAD) la Acción de Amparo Constitucional interpuesta en fecha 22 de febrero de 2019...”. TERCERO: SE ORDENA al Juzgado in comento dar continuidad a la presente causa, siendo que deberá pronunciarse sobre las otras causales de admisiblidad prevista en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, con excepción de la causal de caducidad, ya verificada en el presente asunto. CUARTO: No hay condenatoria en costas en virtud de la naturaleza del fallo…”

Cumplidos los lapsos procesales correspondientes en fecha 24/04/2019, es remitido a este juzgado el presente asunto a los fines de dar continuidad a la presente causa conforme a lo establecido en el punto tercero de la sentencia del Tribunal Superior Cuarto, folio (121 p.p).
En fecha 29/04/2019, este juzgado da por recibido el asunto AP21-R-2019-000054, el cual guarda relación con el asunto AP21-O-2019-000017, a los fines deL pronunciamiento sobre la sentencia proferida por el tribunal de alzada.

En fecha 06/05/2019, este tribunal dicto auto en los siguientes términos:

“…Estando dentro del lapso procesal correspondiente para emitir pronunciamiento alguno en referencia a lo ordenado en la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Superior, en fecha 12/04/2019, mediante la cual decidió lo siguiente:

“…PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto en fecha 14/03/2019, por la abogada Jessyca Hurtado, en su carácter de apoderada judicial del presunto agraviado, ciudadano Jonathan Gil, contra la decisión de fecha 27/02/2019, dictada por el Tribunal Décimo Tercero (13°) de Primera Instancia de Juicio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. SEGUNDO: SE ANULA la decisión dictada en fecha 27/02/2019, por el Tribunal Décimo Tercero (13°) de Primera Instancia de Juicio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró “...INADMISIBLE (CADUCIDAD) la Acción de Amparo Constitucional interpuesta en fecha 22 de febrero de 2019...”. TERCERO: SE ORDENA al Juzgado in comento dar continuidad a la presente causa, siendo que deberá pronunciarse sobre las otras causales de admisiblidad prevista en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, con excepción de la causal de caducidad, ya verificada en el presente asunto. CUARTO: No hay condenatoria en costas en virtud de la naturaleza del fallo…”

En consecuencia este juzgador, de la revisión de las actas procesales que conforman el presente asunto y visto la complejidad del caso, y a los fines de realizar pronunciamiento alguno en cuanto a lo ordenado por el tribunal de alzada, se tomara un lapso de cinco (05) días hábiles contados a partir de la presente fecha exclusive para dicho pronunciamiento…”
En fecha 02/05/2019, la apoderada judicial de la parte accionante presenta diligencia, mediante la cual consigna “…cuatro (04) juegos de copias simples constantes de catorce folios cada unas a los fines de su certificación…”

En fecha 07/05/2019, se dicto auto mediante el cual este juzgado dicto auto mediante el cual acuerda lo solicitado por la representación judicial de la parte accionante mediante diligencia de fecha 02/05/2019,

En fecha 14/05/2019, este juzgado dicto auto mediante el cual estableció lo siguiente: folios (128 al 129, p.p).

“…Visto el escrito de Acción de Amparo Constitucional presentado ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial Laboral de Caracas (URDD) el 22/02/2019, por el abogado Jhon Freddy Ortiz Restrepo, defensor Publico (3ro) Auxiliar con competencia en materia laboral, inscrito en el IPSA bajo el número: 187.308 respectivamente, asistiendo a la parte accionante, ciudadano Jonathan José Gil Quijije, con motivo del incumplimiento de la empresa Cervecería Polar, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en fecha 14 de marzo de 1.941, bajo el Nº 323, Tomo 1, Expediente Nº 779- con registro único de información fiscal (RIF) Nº J-00006372-9, a los fines de que acate la decisión dictadas en el ACTA DE EJECUCIÒN emanada de la Sala de Inamovilidad Laboral de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO "PEDRO ORTEGA DÍAZ", sede Caracas Sur, adscrita al Ministerio del Poder Popular Para el Proceso Social de Trabajo, así como la Orden de Reenganche y Restitución de la Situación Jurídica Infringida contenida en la Providencia Administrativa del expediente N° 079-2016-01-01484, nomenclatura de ese órgano, mediante las cuales se ordenó el reenganche y restitución de la situación jurídica de los referidos ciudadanos, por la presunta violación de derechos consagrados en los artículos 75, 87, 89, 91, 93 y 131, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, siendo que previa distribución, correspondió a este Tribunal su conocimiento y en acatamiento a la decisión dictada por el Juzgado Superior Cuarto del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, la cual declaro:

PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto en fecha 14/03/2019, por la abogada Jessyca Hurtado, en su carácter de apoderada judicial del presunto agraviado, ciudadano Jonathan Gil, contra la decisión de fecha 27/02/2019, dictada por el Tribunal Décimo Tercero (13°) de Primera Instancia de Juicio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. SEGUNDO: SE ANULA la decisión dictada en fecha 27/02/2019, por el Tribunal Décimo Tercero (13°) de Primera Instancia de Juicio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró “...INADMISIBLE (CADUCIDAD) la Acción de Amparo Constitucional interpuesta en fecha 22 de febrero de 2019...”. TERCERO: SE ORDENA al Juzgado in comento dar continuidad a la presente causa, siendo que deberá pronunciarse sobre las otras causales de admisiblidad prevista en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, con excepción de la causal de caducidad, ya verificada en el presente asunto. CUARTO: No hay condenatoria en costas en virtud de la naturaleza del fallo (…)”

Por lo antes expuesto, se Admite la presente acción en cuanto ha lugar en derecho, siendo que cumple con los requisitos contenidos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en consecuencia, se ordena la notificación del ciudadano Jonathan José Gil Quijije, de la entidad de trabajo Cervecería Polar, C.A., en la persona de uno o cualesquiera de sus apoderados judiciales, así como a la Inspectoría del Trabajo "Pedro Ortega Díaz", sede Caracas Sur, del Área Metropolitana de Caracas, al Fiscal del Ministerio Público con Competencia en Derechos y Garantías Constitucionales, y a la Procuraduría General de la Republica Bolivariana de Venezuela, agregando a dichas notificaciones copia certificada del presente auto y del escrito de acción de amparo, a objeto de que concurran ante este Tribunal dentro de las Cuarenta y Ocho (48) horas hábiles siguientes a que conste en autos la práctica de las últimas de las notificaciones, a fin de imponerse del auto en el que se fije el día y la hora en que se celebrará la audiencia oral constitucional, la cual tendrá lugar dentro de las noventa y seis (96) horas siguientes a que conste en autos la notificación del Ministerio Público…”

En fecha 28/06/2019, constatado por el tribunal que habían sido notificadas las parte se dicto auto mediante el cual se fijo el día y la hora para la celebración de la audiencia la cual se llevaría acabo el Martes, dos (02) de julio de dos mil diecinueve (2019), a las once de la mañana (11:00 a.,m.) folio (148pp); todo ello de conformidad a lo previsto en la sentencia Nº 7, dictada por la Sala Constitucional de nuestro Máximo Tribunal, en fecha 01 de febrero de 2000, caso José Amando Mejías, la cual estableció el nuevo procedimiento en materia de amparo constitucional, Ahora bien en el día pautado para la celebración de la audiencia constitucional llegada la hora, tuvo lugar el acto el día dos (02) de mayo de 2019, a las once de la mañana (11:00 a.m.), tal como se dejó sentado en acta levantada al efecto en esa misma fecha, cursante al folio (149al150) de la pieza 1. En dicha acta se puede apreciar, la comparecencia del accionante y su apoderado judicial, así como también lo hizo el apoderado judicial de la accionada y el representante del Ministerio Público el Abogado Héctor Villazmil, cumplido esta etapa en la audiencia oral el juez pregunta a las partes si van a consignar algún elemento probatorio, siendo que la representación judicial del querellante ratifica los consignados en el libelo, así mismo la parte querellada consigna documentales las cuales constan de escrito de defensa en dieciséis (16) folios útiles, así como anexos en ochenta y dos (82) folios útiles las mismas se admitieron, salvo su apreciación o no en la definitiva, haciendo uso las partes de su derecho a réplicas y contrarréplicas. Cumplido el acto de audiencia el juez se retira a su despacho a los fines de levantar el acta correspondiente a los fines de dictar el dispositivo oral del fallo previas las consideraciones del caso y en aplicación del derecho, de vuelta a la sala de audiencia procedió a dictar el dispositivo del fallo oral, declarando lo siguiente: Este Tribunal Décimo Tercero (13°) de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, actuando en sede Constitucional, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara: PRIMERO: CON LUGAR, la Acción de Amparo Constitucional, intentada por el ciudadano JONATHAN JOSE GIL QUIJIJE, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 17.384.571, contra la CERVECERIA POLAR C.A. por lo que se ordena a esta última a la restitución de la situación jurídica infringida con el restablecimiento inmediato en las mismas condiciones de trabajo o las más similares que tenía el agraviado antes de la suspensión. Segundo: No hay condenatoria en costas de conformidad con el artículo 33 de la Ley Orgánica de Amparo sobre derechos y garantías constitucionales, en concordancia con las sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 1ro de abril de 2005 con ponencia del Magistrado Arcadio Delgado Rosales que ratifica el criterio contenido en la sentencia de fecha 2 de octubre de 2002 con ponencia del Magistrado Antonio José García García. La sentencia documental se publicará dentro de los cinco (05) días de despacho siguientes al de hoy de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Asimismo se deja constancia que por razones de seguridad, los archivos de video y sonido que contienen la grabación del presente acto, en custodia a la oficina de Técnicos Audio Visuales de este Circuito Judicial del Trabajo, órgano que deberá colocarlas en
un sobre precintado, el cual, así como los CD grabados deberán presentar una leyenda donde se lea el número del expediente y el nombre de las partes, a los fines de su identificación y futura localización.

II
Ahora bien, este Tribunal estando dentro de la oportunidad señalada en el acta de fecha 11 de abril de 2019, procede a reproducir por escrito, el fallo en extenso de la referida decisión, el cual lo hace en los términos siguientes:
ALEGATOS DE LAS PARTE
Alega la representación judicial del ciudadano Jonathan José Gil Quijije que el mismo comenzó a prestar servicios para la entidad de trabajo Cervecería Polar C.A en fecha 04 de diciembre de 2006; que desempeñaba el cargo de Operario II; que cumplía una jornada laboral de lunes a viernes en horario rotativo mixto; que su último salario fue la cantidad de Bs. 26.520,00 mensuales; que en fecha 28 de abril de 2016 fue despedido injustificadamente ya que le fue negado el acceso a su puesto de trabajo, por lo que consideró que fue despedido indirectamente, que en vista de ésta situación en fecha 10 de mayo de 2016, interpuso denuncia por ante la Inspectoría del Trabajo a los fines de solicitar su reenganche y restitución de la situación jurídica infringida; que mediante auto de fecha 11 de mayo de 2016 se admitió la denuncia y ordenó el reenganche y restitución de derechos; que en fecha 29 de julio de 2016, se trasladaron a ejecutar la orden de reenganche, dejándose constancia que la entidad de trabajo, a través de sus representantes legales manifestaron su negativa de acatar el reenganche; en fecha 27 de abril de 2017, se efectuó una segunda ejecución de reenganche; que en virtud de la contumacia en fecha 17 de mayo de 2017, se acordó dar inicio al procedimiento administrativo sancionatorio de multa; que se impuso la multa respectiva en fecha 02 de julio de 2018, siendo debidamente notificada la entidad de trabajo en fecha 25 de diciembre de 2018.

Alegan la violación de los artículos 75, 87, 89, 91 y 131 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Solicitan que se ordene a la querellada a acatar de forma inmediata a las órdenes de reenganche proveniente de la Inspectoría del Trabajo, en las mismas condiciones que se venían desempeñando.

DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL
Destaca, que a la audiencia constitucional, compareció el accionante ciudadano Jonathan José Gil Quijije y su apoderado judicial, Abogado Oscar Gómez. De igual manera comparecieron los A2bogados Daniela Urdaneta y Arturo Enrique Rodríguez Natera, en su carácter de apoderado judicial de la parte accionada. Así mismo hizo acto de presencia el representante del Ministerio Público Abogado Héctor Villazmil, Fiscal 88° del área Metropolitana de Caracas. Ahora bien, durante el desarrollo de la audiencia constitucional, la parte querellante a través de su apoderado judicial, expuso en forma oral sus argumentos, ratificando el contenido del escrito contentivo de la solicitud de amparo constitucional, por el incumplimiento del auto que ordeno su reenganche, señalando que pese a que se cumplió con todo el trámite de ejecución y el procedimiento sancionatorio, en el cual se le impuso multa por desacato a la empresa accionada; y en ese sentido, considera que la vía idónea para el cumplimiento de la orden de reenganche, es el presente amparo constitucional, fundamentando dicha acción en sentencias conocidas por este circuito y otras que ha dictado nuestro Máximo Tribunal, toda vez que el patrono se mantiene en contumacia, y ello, afecta flagrantemente las garantías constitucionales de los artículos 75, 85, 89, 93 131 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, como lo son el derecho al trabajo, a la irrenunciabilidad de los derechos laborales, así como al salario y la estabilidad laboral, por lo que solicita el restablecimiento de la situación jurídica infringida, en el sentido que se de cumplimiento al auto cautelar.
En cuanto a la caducidad alegada por Cervecería Polar considera que la entidad de trabajo ha causado un gravamen irreparable al trabajador así como a su familia porque ha dejado de percibir un salario digno, que toda esta situación es de orden publico, razón por la cual no se puede aplicar la misma, por lo que solicita se declare con lugar la acción de amparo constitucional y en consecuencia la querellada acate de manera inmediata el reenganche con el consecuente pago de salarios caídos.
ALEGATOS DE LA PARTE ACCIONADA:
Comienza exponiendo sus argumentos y defensas, en primer lugar de la inadmisibilidad de la acción, de conformidad con el ordinal 5 del articulo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, al no haberse hecho uso de las vías ordinarias existentes, ello atendiendo al criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 428, de fecha 30 de marzo de 2013; que en el supuesto negado que se deseche esta defensa alega la Caducidad prevista en el articulo 6 numeral 4 ejusdem, razón por la cual solicita se declare inadmisible la presente acción de amparo.
Que en caso de ser desestimadas las anteriores defensas solicita su Improcedencia por las siguientes razones: Improcedencia de la acción de amparo por ilegalidad del acto cuya ejecución se pretende al estar viciado de falso supuesto de hecho, defensa que se interpone por vía de excepción con fundamento en el articulo 32, numeral 1 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, porque el accionante alega un despido injustificado, siendo totalmente falso ya que la relación de trabajo se encuentra activa, ya que la misma se encuentra suspendida por motivo de fuerza mayor, que fue debidamente notificado a la Inspectoría del Trabajo. Que actualmente el trabajador se encuentra recibiendo beneficios como lo es el de Alimentación, salario, el accionante se encuentra activo ante el ivss y un conjunto de beneficios; que es imposible restituir la situación jurídica infringida ya que la línea en la cual cumplía sus funciones el hoy accionante se encuentra parada, y por lo que todos sabemos que el país se encuentra en una crisis económica reconocida por el Ejecutivo Nacional ya que ha sido imposible la adquisición de divisas y de materia prima, repuestos y ha tenido que parar líneas de producción, las cuales fueron debidamente notificadas a la Inspectoría del Trabajo como al Ejecutivo Nacional que dieron como consecuencia la suspensión de la relación de trabajo, situación que hoy en día se mantiene, teniendo en cuenta que lo pretendido es la ejecución de un reenganche el mismo es de imposible restitución, siendo ese otro motivo de improcedencia del presente Amparo.
De igual manera alega la improcedencia de la acción de Amparo por desnaturalización de su objeto ya que al ser un procedimiento excepcional, la parte actora pretende desvirtuar lo que es el procedimiento ordinario, el control y contradicción de pruebas, detalles y argumentaciones que son de un proceso ordinario, todo ello en virtud de asegurar el debido proceso, de conformidad con el articulo 49 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela.
Finalmente alega la improcedencia de la acción de amparo por falsa violación de derechos constitucionales, toda vez de que exista un despido injustificado, tal como se evidencia de las Providencias de reenganche y de las ordenes de ejecución alego y demostró que existía una causa de fuerza mayor con motivo de la suspensión de la relación laboral, que la Inspectoría del Trabajo hizo caso omiso, decidiendo no tomar en cuenta las defensas planteadas, por lo tanto solicito a este Tribunal que declare inadmisible la presente acción de amparo constitucional, y en caso de desecharse las defensas de inadmisibilidad, se declare improcedente el mismo.

ALEGATOS DEL MINISTERIO PÚBLICO:

El representante del Ministerio Público Abogado HECTOR VILLAZMIL Fiscal (88º), del Área Metropolitana de Caracas en la Audiencia Constitucional alegó:

Que estamos en presencia de una acción de amparo constitucional donde se pretende el restablecimiento de normas de rango constitucional, dentro de las más amplias facultades que tiene el juez constitucional esta vedado a bajar a conocer normas de rango legal y rango sub legal; que del estudio que hizo del expediente judicial considera que esta acción de amparo constitucional debe ser declarada inadmisible de conformidad con lo establecido en el articulo 6 numerales 4 y 5 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Porque con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, está facultado el ente administrativo donde emanó la Providencia Administrativa para ejecutar sus propias decisiones, razón por la que la presente acción de amparo debe ser declarada inadmisible.

DE LAS PRUEBAS APORTADAS POR LAS PARTES

DE LA PARTE ACCIONANTE:

Documentales:

Del folio 19 al 82 inclusive de la pieza 1, copias certificadas del procedimiento administrativo emanado de la Inspectoría del Trabajo “Pedro Ortega Díaz” sede Caracas Sur, del ciudadano JONATHAN JOSE GIL QUIJIJE, así como copias certificadas de los procedimientos administrativos sancionatorios. A las anteriores copias certificadas se les confieren valor probatorio, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. De las mismas se evidencian la relación laboral que unió a las partes, que la misma fue suspendida de manera unilateral, la cual fue objeto de procedimiento administrativo cuya procedencia ejecutiva y ejecutoria se fundamenta en un despido ilegal al que la empresa agraviante califico como suspensión por razones de fuerza mayor en aquel procedimiento administrativo; Que la ejecución de las providencias de reenganche no fueron acatadas por la entidad de trabajo; Que con vista a la no ejecución de los reenganches de los trabajadores, se procedió a la imposición de multas administrativa mediante el procedimiento de ley y siendo debidamente notificada el patrono de dichas sanciones. Así se establece.-

PRUEBAS
DE LA PARTE ACIONADA:
Documentales:

Marcado A1 carta dirigida a la Inspectoría del Trabajo “Pedro Ortega Díaz”, de fecha 28 de abril de 2016, comunicándole la necesidad de una suspensión temporal de la relación laboral de la Agencia de Distribución de Polar “Los Ruices” por insuficiencia de producción, folio (175 al 176 p.p).

Marcado “B1” comunicación dirigida al Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), de fecha 03 de marzo de 2016, folios (177 al 179 p.p).

Marcado “B2” comunicaciones dirigidas al Ministerio del Poder Popular de Industria y Comercio en fechas 12 de febrero y 03 de marzo de 2016, folio (180 al 185 p.p).

Marcado “B3” comunicaciones dirigidas al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación en fechas 12 y 23 de febrero; 07 de marzo de 2016, folio (186 al 194 p.p).

Marcado “B4” comunicación dirigida al Presidente del Banco Central de Venezuela en fecha 07 de marzo de 2016, folios (195 al 197 p.p).

Marcado “B5” comunicación dirigida al Ministro de Industria y Comercio, el Presidente del Banco Central de Venezuela, el Ministro del Poder Popular para la Alimentación y al Presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior en fecha 30 de marzo de 2016, folios (198 al 200 p.p).

Marcado “B6” copia simple correspondiente a comunicación dirigida al Señor Andrés Cisneros de Cervecería Regional, C.A de fecha 22 de febrero de 2016, folio (201 p.p).

Marcado “C1”, “C2”, “C3”, “C4” “C5” contiene las pruebas referidas al ciudadano Jonathan José Gil Quijije; cuenta individual del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, certificación de abono de Beneficio de Alimentación, recibos de pago de indemnización por suspensión temporal de la relación laboral, folios (202 al 256 p.p).

En cuanto a las anteriores documentales no fueron impugnadas y se pasa a valorar el material probatorio, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. De los mismos se evidencian los siguientes hechos:

Que CERVECERIA POLAR, C.A., notifico al Banco Central de Venezuela, Inspectoría del Trabajo Este, Centro Nacional de Comercio Exterior, Ministerio de Industrias y Comercio, Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, acerca de la paralización forzosa de la producción de cerveza y malta por una falta de materia prima que tiene su origen en la no liquidación de divisas por parte del Estado Venezolano; Que entre las notificaciones extendidas por CERVECERIA POLAR, C.A., figura una de las notificaciones dirigida a la Inspectoría del Trabajo; Que los recibos de pago se encuentran expresados en Bolívares Soberanos.

DE LA COMPETENCIA:

Ahora bien, este tribunal en primer lugar, debe pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la presente acción de amparo constitucional, y al respecto observa lo siguiente:
Establece el artículo 29, de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, lo siguiente:

Artículo 29. Los Tribunales del Trabajo son competentes para sustanciar y decidir: (…omisis…)
3. Las solicitudes de amparo por violación o amenaza de violación de los derechos y garantías constitucionales establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; (…omisis…)

La citada disposición legal, emanada de una Ley Orgánica, que regula el proceso laboral venezolano, sin duda alguna otorga plena competencia a los Tribunales del Trabajo para sustanciar y decidir, respecto a las solicitudes de amparo por violación o amenaza de violación de los derechos y garantías constitucionales establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Bajo esta disposición legal, no pueden existir dudas respecto a la competencia en materia de amparo constitucional, que legalmente tienen atribuida los Tribunales del Trabajo
En esta misma orientación, inherente a la competencia de los tribunales para conocer y decidir en materia de amparo constitucional, el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, lo siguiente:

De la Competencia
Artículo 7.- Son competentes para conocer de la acción de amparo, los Tribunales de Primera Instancia que lo sean en la materia afín con la naturaleza del derecho o de la garantía constitucionales violados o amenazados de violación, en la jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurrieren el hecho, acto u omisión que motivaren la solicitud de amparo.
En caso de duda, se observarán, en lo pertinente, las normas sobre competencia en razón de la materia.
Si un Juez se considerare incompetente, remitirá las actuaciones inmediatamente al que tenga competencia.
Del amparo de la libertad y seguridad personales conocerán los Tribunales de Primera Instancia en lo Penal, conforme al procedimiento establecido en esta Ley.

El artículo 27 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela establece que:

“…Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos…”

Al respecto, la pacifica y reiterada doctrina jurisprudencial emanada del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, desde la sentencia de fecha 20 de enero de 2000, caso EMERY MATA MILLAN, precisó la competencia de los diversos tribunales del país en relación a la acción de amparo constitucional, estableciendo que la misma será determinada según el tipo de derechos que se denuncien como violentados, o en el caso de ser en contra de una sentencia, por el Juzgado Superior del Tribunal Recurrido, así quedó establecido por la Sala:

“…Por las razones expuestas, esta Sala declara que, la competencia expresada en los artículos 7 y 8 de la ley antes citada, se distribuirá así:

“…3.-Corresponde a los Tribunales de Primera Instancia de la materia relacionada o afín con el amparo, el conocimiento de los amparos que se interpongan, distintos a los expresados en los números anteriores, siendo los Superiores de dichos Tribunales quienes conocerán las apelaciones y consultas que emanen de los mismos, de cuyas decisiones no habrá apelación ni consulta…”.

En ese mismo sentido, la Sala Constitucional del nuestro máximo Tribunal, en sentencia Nº 955 de fecha 23 de septiembre de 2010, dejo establecido:

“(…) Por todo lo anterior, esta Sala Constitucional, actuando como máximo intérprete de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estima que el conocimiento de las acciones intentadas en ocasión de providencias administrativas dictadas por las Inspectorías del Trabajo, debe atribuirse como una excepción a la norma general contenida en el artículo 259 constitucional, a los tribunales del trabajo. Así se declara.
Con fundamento en las consideraciones que se expusieron, y en ejercicio de la facultad de máximo intérprete del Texto Constitucional, esta Sala deja asentado el siguiente criterio, con carácter vinculante para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República:

1) La jurisdicción competente para el conocimiento de las distintas pretensiones que se planteen en relación con los actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo, es la jurisdicción laboral.

2) De los tribunales que conforman esta jurisdicción, el conocimiento de las pretensiones antes especificadas corresponde, en primera instancia, a los Tribunales de Primera Instancia del Trabajo y en segunda instancia, a los Tribunales Superiores del Trabajo.” (cursivas y subrayado del tribunal).

Ahora bien, del escrito presentado por los accionantes en amparo, se observa que la acción de amparo se encuentra dirigida al cumplimiento de una ordenes de reenganche y pago de salarios caídos contenida en el auto de fecha 11 de mayo de 2016, contentivo en el expediente Nº 079-2016-01-01484, posteriormente ratificados por la Inspectoría del Trabajo “Miranda – Este” mediante Providencias Administrativas, ordenando el reenganche y restitución de la situación jurídica, es decir, de un ente que forma parte de la Administración Pública. En ese sentido, es preciso señalar que el control jurisdiccional de los actos dictados por la Administración Pública, se encuentra atribuido a la jurisdicción contencioso administrativa, todo ello conforme al artículo 259 de nuestra Carta Magna, y de manera excepcional, dicho control corresponde a la jurisdicción laboral, cuando se trate de acciones intentadas con ocasión de providencias administrativas dictadas por las Inspectorías del Trabajo, tal como se estableció en el numeral 3 del artículo 25 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Asimismo es preciso señalar, que la Sala Constitucional mediante sentencia N° 955 de fecha 23 de septiembre de 2010, reafirmó tal atribución de competencia, estableciendo con carácter vinculante lo señalado anteriormente. El referido criterio jurisprudencial, fue ratificado por las sentencias números: 43 y 108 de fechas 16-02-11 y 25-02-11 respectivamente, ambas de la Sala Constitucional. Es por ello, que este tribunal en atención al criterio jurisprudencial anteriormente referido, así como del contenido de las disposiciones legales transcritas ut supra, sin duda alguna resulta competente por la materia para resolver el presente amparo constitucional. ASI SE ESTABLECE.
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Ahora bien, en el presente Amparo Constitucional se extrae del escrito de amparo que se circunscribe en determinar: 1) La violación directa y flagrante del derecho fundamental al trabajo por transgresión grave de los dispositivos constitucionales previstos en los artículos 21, 87, 89, 91, 93, y 131 de la Carta Magna, y la vulneración del Orden Publico por desacato a las decisiones emanadas de la Autoridad legitima para asegurar la vigencia de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela en cuanto al derecho del trabajo; 2) Procedencia de la restitución sobre la situación jurídica infringida con la reincorporación de los quejosos a su puesto habitual de trabajo mas los pagos correspondientes.

Las excepciones y defensas opuestas por la representación judicial de CERVECERIA POLAR, C.A, solicita la inadmisibilidad de la presente acción de amparo, bajo los siguientes fundamentos: 1.- de conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, al no haberse hecho uso de las vías ordinarias existentes, 2.- que en el supuesto negado de que se deseche la defensa anterior se declare inadmisible por efecto de la caducidad, de conformidad con lo previsto en el articulo 6 numeral 4 ejusdem. 3.- por inepta acumulación de pretensiones Dicha representación judicial sostiene que la presente acción aparte de inadmisible, es también improcedente por los siguientes motivos: 1.- por ilegalidad del acto cuya ejecución se pretende al estar viciado de falso supuesto de hecho por vía de excepción con fundamento en el articulo 32 numeral 1 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; 2.- por imposibilidad de restituir la supuesta situación jurídica infringida; 3.- por desnaturalización de su objeto; 4.- por falsa violación de derechos constitucionales.

En este sentido, este juzgador antes de pronunciarse sobre lo solicitado por el accionante, así como las defensas de la parte accionada respecto a la inadmisibilidad de la presente acción de amparo, considera necesario dejar establecida la naturaleza jurídica de la acción de amparo. A titulo informativo, se destaca la importancia de reflejar los más relevantes criterios fijados tanto por la doctrina como la jurisprudencia de la extinta Corte Suprema de Justicia (hoy Tribunal Supremo de Justicia), donde han señalado que el amparo constitucional se caracteriza por ser una acción de carácter extraordinario, que procede ante la violación o amenaza de violación de derechos y garantías constitucionales, así como también sobre los derechos inherentes a la persona humana, que hayan sido violados o amenazados de violación de manera directa, flagrante y grosera, a fin de que restablezca inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se le asemeje.

Este criterio ha sido igualmente sostenido y ratificado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 09 de marzo de 2000, caso: Gustavo Querales Castañeda, al establecer:

“... el amparo constitucional es una acción de carácter extraordinario, por lo que su procedencia está limitada sólo a casos en los que sean violados a los solicitantes de manera directa, inmediata y flagrante derechos subjetivos de rango constitucional o previstos en los instrumentos internacionales sobre los derechos humanos, para cuyo restablecimiento no existan vías procesales ordinarias, eficaces, idóneas y operantes...”.

Igualmente, en el fallo de fecha 24-10-2003, la Sala Constitucional sostuvo que:

“(...) si bien toda persona tiene derecho al ejercicio de la acción de amparo en defensa de sus derechos fundamentales, en no pocas ocasiones se ha distorsionado la finalidad de este medio de tutela contra decisiones judiciales, pretendiendo, tendenciosa y subrepticiamente, que sirva de correctivo ilimitado frente a situaciones procesales desventajosas, obviando que el restablecimiento de los derechos infringidos comienza por la utilización de los remedios procesales ordinarios y extraordinarios (la apelación, el recurso de hecho, la oposición en el proceso cautelar y su articulación probatoria, e incluso, los recursos de casación e invalidación)” (Sentencia n° 2581 de la Sala Constitucional, del 11 de diciembre de 2001, caso: Robinson Martínez Guillén).

En este orden de ideas, la Sala de Casación Civil, de la extinta Corte Suprema de Justicia, también tenía de este criterio, así en sentencia de fecha 11 de Agosto de 1993 con ponencia del Magistrado Dr. Rafael Alfonso Guzmán, al establecer:

“(…) Se ha intentado utilizar la acción de amparo como sustitutiva de acciones y recursos específicamente arbitrados por el legislador, para desarrollar normas fundamentales de los juicios especiales y ordinarios, que ciertamente, bien ejercidos garantizan el derecho de defensa. Si tal situación se admitiera, la acción de amparo llegaría a suplantar no sólo esa sino todas las vías procedimentales ordinarias establecidas previamente en nuestro Derecho Positivo, situación en modo alguno deseable por el legislador constitucional de amparo ni por los organismos judiciales encargados de interpretar la Ley Orgánica que lo regula. (…)”

Criterio reiterado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con Ponencia del Magistrado José Delgado Ocando, en decisión de fecha 26 de junio de 2001, estableció:

“(…) Tal y como se ha establecido, uno de los requisitos fundamentales para la admisión de la acción de amparo constitucional es, en principio, que no deben existir medios idóneos para restablecer la situación jurídica infringida o que existiendo se hubieren agotado y los mismos lesionaran, por distintos motivos, los derechos y garantías constitucionales, pues lo contrario permitiría que la acción de amparo fuese utilizada en sustitución de los medios procesales establecidos en nuestro derecho positivo. (…)”
De igual manera por sentencia de fecha 22 de febrero de 2005, número 67, la Sala Constitucional vuelve a ratificar el criterio antes expuesto, de la siguiente manera:

“… Visto lo anterior, la acción de amparo constitucional será ejercida ante la evidencia de que el uso de las vías judiciales o los recursos procesales ordinarios no existieran o se hubieran agotado (este último supuesto se refiere al amparo judicial), en el caso concreto y en virtud de la urgencia de la restitución, no diera satisfacción a la pretensión deducida.
Debe señalarse, que el ejercicio de la tutela constitucional por parte de todos los jueces de la República, a través de cualquiera de los canales procesales dispuestos por el ordenamiento jurídico, es una característica del sistema judicial venezolano, por lo que, en consecuencia, ante la interposición de una pretensión de amparo constitucional, los tribunales deberán revisar si fue agotada la vía ordinaria o fueron ejercidos los recursos, que de no constar tales circunstancias, la consecuencia será la inadmisión de la acción, salvo que se desprenda de las circunstancias fácticas o jurídicas que rodean la pretensión, que el uso de los medios procesales ordinarios resulta insuficiente para el restablecimiento del disfrute del bien jurídico lesionado...”.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencias números 5.133/05, 1.646/06 y 1.461/07, de manera pacífica y reiterada, ha establecido que:

“…el amparo constitucional como acción destinada al restablecimiento de un derecho o una garantía constitucional que ha sido lesionada, sólo se admite -para su existencia armoniosa con el sistema jurídico- ante la inexistencia de una vía idónea para ello, la cual por su rapidez y eficacia, impida la lesión de los derechos que la Constitución vigente garantiza”.

Precisado lo anterior, se evidencia de autos, que se interpuso acción de amparo constitucional dirigida a la búsqueda de un pronunciamiento judicial por parte de este juzgador, en el sentido de que se restituya la situación jurídica infringida por la presunta violación de derechos y garantías constitucionales al trabajo, al salario y a la estabilidad por incumplimiento del auto de fecha 11 de mayo de 2016, contentivo en el expediente N° 079-2016-01-01484, dictado por la Inspectoría del Trabajo “Pedro Ortega Díaz”, el cual ordeno el reenganche y restitución de la situación jurídica del ciudadano Jonathan José Gil Quijije, con la consecuente cancelación de los salarios caídos y demás beneficios dejados de percibir.

No obstante a ello, tanto la representación judicial de la parte accionada como el representante del Ministerio Público coincidieron en solicitar que la presente acción de amparo fuese declarada Inadmisible, de conformidad con lo establecido en el articulo 6 numeral 5 y 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, argumentando que ésta no es la vía idónea puesto que con la vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras; corresponde a la Inspectoría del Trabajo ejecutar sus propios actos administrativos y que así mismo si bien se cumplieron con algunos pasos del procedimiento administrativos el mismo no fue concluido en su totalidad, además de ello no está atribuida a éste Tribunal la competencia para ejecutar tales actos administrativos, de igual modo de que opero la Caducidad o en su defecto improcedente por falso supuesto de hecho, ya que CERVECERIA POLAR, C.A., no los habría despedido, sino que los habría suspendido temporalmente por razones de fuerza mayor, motivadas a una paralización de la producción de su planta ubicada en la Urbanización Los Ruices en el Área Metropolitana.

Al respecto, este Tribunal señala lo siguiente:
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia No.2308 dicta en fecha 14 de diciembre de 2006, caso Guardianes Vigimán, S.R.L., dejo establecido lo siguiente:

…Sic…
Como se observa, la Sala ha sido del criterio, reiterado en fecha reciente para el caso concreto de los actos emanados de las Inspectorías del Trabajo, de que la ejecución de las decisiones administrativas debe ser exigida primeramente en vía administrativa y, en caso de no ser fructífera la gestión, agotado como haya sido el procedimiento de multa previsto en la Ley Orgánica del Trabajo Título XI, podría recurrir a los mecanismos jurisdiccionales ordinarios de los que conocen los tribunales de lo contencioso administrativo.

De ese modo, sólo en situación excepcional cuando el incumplimiento afecte un derecho constitucional, puede recurrirse al amparo constitucional, para exigir un mandamiento judicial que consista en una conducta que debió instarse directamente en sede administrativa, como en principio es el caso de autos. La naturaleza del amparo constitucional, tal como es la pacífica jurisprudencia de esta Sala, es la de un mecanismo extraordinario, que sólo procede cuando se han agotado las vías ordinarias o, en caso adicional, cuando no es posible exigir ese agotamiento en vista de las circunstancias del caso concreto y de la urgencia de resolución de la controversia.
En todo caso, sí procedería el amparo –sin lugar a dudas- en los supuestos en que, pese a la diligencia del interesado en solicitar la actuación de la Administración, no consiga satisfacción a su primigenia pretensión –el desalojo, el reenganche, por ejemplo-, pues es sabido que el poder de los órganos administrativos, a los efectos de la ejecución de cierto tipo de decisiones, es limitado, por lo que, en caso de desacato, apenas cuenta con instrumentos indirectos de presión, como las multas, las cuales en ocasiones se presentan como insuficientes para influir realmente en la conducta del obligado.
Se trata, pues, de un asunto que debe ser resuelto en atención a las circunstancias particulares del caso, teniendo como principio la necesidad, por un lado, de mantener los poderes de la Administración –la ejecutoriedad, en especial-y, por el otro, el respeto a los derechos de los particulares, que no pueden verse negados en caso de que las vías ordinarias demuestren su ineficacia.
Lo expuesto es común a cualquier demanda de amparo, al ser una acción judicial que, sin pretender sustituir a las vías ya existentes en el ordenamiento jurídico, está consagrada para proteger lo que, a veces, esas vías no son capaces de hacer. La valoración del caso concreto se hace indispensable, en consecuencia….
(Subrayado de este Tribunal).

De la revisión de las actas procesales se evidencia que, efectivamente nos encontramos con una acción de amparo constitucional restitutorio por la violación de derechos y garantías constitucionales por la presunta violación del Derecho Constitucional al Trabajo, al Salario y la Estabilidad Laboral, por el incumplimiento del auto de fecha 11 de mayo de 2016, contentivo en el expediente, N° 079-2016-01-001484, dictado por la Inspectoría del Trabajo “Pedro Ortega Díaz”, que inicio el ciudadano Jonathan José Gil Quijije, por solicitud de reenganche y pago de salarios caídos, tal como se puede constatar de la copia certificada cursante al folios 17, llevado en el expediente administrativo donde se ordeno el reenganche y restitución de derechos infringidos.

Ahora bien cursan a los folios 26 al 28, 30 al 31 de la pieza n°1, actas mediante las cuales el Inspector ejecutor se trasladó a la sede de la demandada con el objeto de dar cumplimiento al auto cautelar, y en vista de la contumacia y la actitud de la entidad de trabajo y ante el incumplimiento o desacato de ésta de reenganchar a los trabajadores procedieron a solicitar el inicio del procedimiento sancionatorio y se aplique la sanción prevista en el articulo 532 LOTTT y oficiar al Ministerio Público, de lo cual se le dio valor probatorio.

Riela a los autos notificaciones libradas a la sala de sanciones y sustanciación, mediante el cual ante los desacatos, se requirió de la referida sala se instruyeran los expedientes por sanción, conforme a lo establecido en el articulo 531, 532 de la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras, lo cual fueron decididos por dicha Sala en Providencia Administrativa por desacato o infracción cursantes a los folios 65 al 70 inclusive de la pieza n°1, en las cuales se declararon: infractora la entidad de trabajo, así mismo se impuso la multa respectiva, librándose planilla de liquidación, notificación a la entidad de trabajo CERVECERIA POLAR C.A.

De lo anterior se puede observar de las actas procesales los trámites realizados por la Inspectoría del Trabajo, por lo que del acervo probatorio se corroboró que efectivamente la accionada no cumplió con lo ordenado, como lo fue el reenganche de los trabajadores en su puesto de trabajo. Así se establece.

Ahora bien, la nueva Ley Orgánica del Trabajo otorga amplias facultades para que, el Inspector del trabajo o en su defecto el Inspector ejecutor lleve a cabo con efectividad las ejecuciones de sus propias decisiones, facultades establecidas en los artículos 508 y 512, así lo dejó establecido la Sala Constitucional mediante sentencia número 428 de fecha 30 de abril de 2013; Ahora bien, en el caso que nos ocupa, la Inspectoría del Trabajo “Pedro Ortega Díaz”, en ejercicio de sus funciones realizo y practico todo lo relativo conforme a las facultades atribuidas por la Ley Orgánica del Trabajo, utilizando los medios y procedimientos concedidos por la referida Ley, para que, la entidad de trabajo CERVECERIA POLAR, C.A., diere cumplimiento en virtud del procedimiento de solicitud de reenganche y pago de salarios caídos que iniciara el accionante ante identificado contra CERVECERIA POLAR C.A., en donde el ente administrativo condeno a dicha entidad de trabajo, que tales actuaciones cumplidas en su integridad no fueron suficientes para influir en la conducta contumaz, de desacato u obstaculización de la entidad de trabajo, con el objeto de que diere cumplimiento a las órdenes de reenganche, tal y como se evidencia de la actuaciones realizadas por el órgano administrativo, es decir, se traslado a ejecutar, simultáneamente aplico todos los procedimientos y solicitudes establecidos en los artículos 547, 532, 432 de la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras, como lo son el procedimiento de sanción por desacato, por obstaculización de ejecución, con providencia respectiva y la imposición de multas, solicitud de revocatoria de solvencia laboral y se ordenó oficiar al Ministerio Público, por lo que la entidad de trabajo se encuentra incursa en la violación de los derechos constitucionales invocados, como lo son el Derecho Constitucional al Trabajo, al Salario y la Estabilidad Laboral, por lo que de manera excepcional se puede conocer de la presente acción de Amparo Constitucional. Así se decide.-

Ahora bien, con lo aquí establecido no pretende este Tribunal en sede Constitucional; usurpar las funciones de la Inspectoría del Trabajo tal como lo alegó la accionada, ya que conforme a las amplias facultades conferidas en la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y las Trabajadoras ellas pueden ejecutar sus propias decisiones, sino ir más allá y que ante la situación planteada por los accionantes debemos hacer que se cumplan las decisiones para que prevalezca la justicia, más cuando se trate de Derechos Sociales y en este caso no se pudo lograr el cumplimiento efectivo, aún cuando se cumplieron con todos los procedimientos a seguir sin que se pudiera lograr el objetivo o sean que los mismos son insuficientes para que el obligado cumpla. En tal sentido debe acotarse, que frente a la evidente ineficacia del procedimiento administrativo de multas mediante el cual ejecutar forzosamente la voluntad de reenganche y restitución de derechos económicos, el legislador laboral instituyó otro modo de ejecución forzosa a través de la pena de arresto, lo cual no responde sino a la necesidad de sancionar, cosa que no ha sido posible en el caso de marras por aplicación de la nueva ley sustantiva, y en donde se evidencia, que la justicia penal en lo particular junto al procedimiento legal administrativo, han quedado ineficaces en la materialización de la “Justicia”, por lo que en el caso concreto existe una grave anomalía que no puede pasar desapercibida, y por lo tanto se desestiman la defensa de inadmisibilidad, conforme al articulo 6 numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. ASI SE ESTABLECE.

En cuanto a la Caducidad opuesta por CERVECERIA POLAR, C.A, como alteración del Orden Publico, según lo previsto en el artículo 6 numeral 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales la cual consagra el lapso de caducidad de 6 meses después de la alegada violación o amenaza al derecho protegido; y en tal sentido, establece dicha disposición:

“Artículo 6.- No se admitirá la acción de amparo:

…OMISSIS....

4.-cuando la acción u omisión, el acto o la resolución que violen el derecho o la garantía constitucionales hayan sido consentidos expresa o tácitamente por el agraviado, a menos que se trate de violaciones que infrinjan el orden público o las buenas costumbres.

Se entenderá que hay consentimiento expreso, cuando hubieren transcurrido los lapsos de prescripción establecidos en leyes especiales, o en su defecto, seis (6) meses después de la violación o la amenaza al derecho protegido.

El consentimiento tácito es aquel que entraña signos inequívocos de aceptación.”

De acuerdo a la disposición parcialmente transcrita la acción de amparo constitucional, será incoada en un lapso de seis (06) meses después de la violación delatada, la cual, a los efectos del procedimiento de reenganche laboral se empezara a computar a partir de la notificación de la Providencia sancionatoria, conforme a la sentencia Nro. 1347 del 16 de octubre de 2014, caso: Fidel Bloedoom, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, lo cual en la presente acción ha superado los 6 meses.

Ahora bien, de esa violación al Orden Público, opuesta por la accionada, subsiste otra lesión del Orden Público de conformidad a lo previsto en el artículo 93 de la Carta Magna, a los fines de hacer una ponderación.

Artículo 93. La ley garantizará la estabilidad en el trabajo y dispondrá lo conducente para limitar toda forma de despido no justificado. Los despidos contrarios a esta Constitución son nulos

No se evidencio del acervo probatorio prueba alguna que corrobore que CERVECERIA POLAR, C.A., haya obtenido el permiso de ley para suspender en sus labores al querellante, conforme al articulo 72 de la LOTTT, y en caso de que existiera dicha autorización no podría superar los sesenta (60) días, mientras que el querellante ha permanecido sin trabajar por aproximadamente tres (03) años y tres (03) meses, razón por la cual se nos presenta una antinomia jurídica, y si bien es cierto que se ha opuesto la caducidad, estamos en presencia de una flagrante violación del Orden Publico por quebrantamiento del derecho constitucional a una estabilidad laboral a la que se refiere el artículo 93 de la Carta Magna; se antepone y se aplica preferentemente al presente caso.

En base a las anterior exposición por parte de este juzgador se declara la violación directa y flagrante del derecho fundamental al trabajo, por transgresión grave de los dispositivos constitucionales previstos en los artículos 89 y 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y más aun siendo que lo decidido en la providencia no cumplida no han sido objeto de suspensión de efectos o anulación la presente acción de amparo constitucional debe ser declarada con lugar. ASI SE DECIDE.

Por los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Décimo Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en sede Constitucional, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara: PRIMERO: CON LUGAR, la Acción de Amparo Constitucional, intentada por el ciudadano JONATHAN JOSE GIL QUIJIJE, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 17.384.571, contra la CERVECERIA POLAR, C.A. En consecuencia, SE ORDENA, a la referida empresa, a reestablecer la situación jurídica infringida de manera inmediata por lo cual deberá restituir al ciudadano JONATHAN JOSE GIL QUIJIJE, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 17.384.571,a su puesto de trabajo en las mismas condiciones o a las más similares que tenían antes de la suspensión laboral, así como la consecuente cancelación de los salarios caídos y demás beneficios dejados de percibir, dando cumplimiento al presente mandato constitucional aquí expreso el cual también deberá ser acatado por todas las autoridades de la República, so pena de incurrir en desobediencia a la autoridad. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas vista la naturaleza del fallo y tomando en cuenta que CERVECERIA POLAR, C.A., ha tenido razones para litigar en oposición a la presente pretensión de tutela constitucional.-

Por aplicación analógica de acuerdo a lo dispuesto en la norma del artículo 11 de Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en concordancia con el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, se ordena dejar copia certificada de la presente decisión.

Se ordena la publicación de la presente sentencia en la página electrónica del Tribunal Supremo de Justicia en el sitio denominado Regiones Área Metropolitana de Caracas http://caracas.tsj.gov.ve/. Cúmplase

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA

Dada, firmada y sellada, en la sala del Despacho del Juzgado Décimo Tercero de Primera Instancia de Juicio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En Caracas, a los diez (10) días del mes de julio de 2019. Años: 208° y 160°.

EL JUEZ
MARCIAL MECIA
LA SECRETARIA
JULIE PEÑA

En la misma fecha y previa las formalidades de ley, se registró y publicó la presente decisión.

LA SECRETARIA
JULIE PEÑA