REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Décimo Quinto (15°) de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas 210º y 162º Caracas, ocho (08) de diciembre de 2020 ASUNTO NO. AP21-N-2017-000052 SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA -I- IDENTIFICACION DE LAS PARTES PARTE RECURRENTE: SERVICIOS GIES, C.A. sociedad mercantil domiciliada en la ciudad de Maracay, estado Aragua, inscrita en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Miranda en fecha 22 de octubre de 2003, bajo el número 87, tomo 822- A. APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE RECURRENTE: LUMAURY COLMENARES y KAMAR GALINDEZ, abogadas en ejercicio e inscritas en el Inpre-abogado bajo el N° 75.864 y 67.156, respectivamente.- PARTE RECURRIDA: INSPECTORÍA DEL TRABAJO/REGISTRO NACIONAL DE ORGANIZACIONES SINDICALES. APODERADO JUDICIAL: No tiene acreditado en autos. ACTO ADMINISTRATIVO RECURRIDO: Boleta de Registro No. 2016-5-00337 de fecha 23 de agosto de 2016, la cual cursa en el expediente administrativo Nº 027-2016-01-01480, correspondiente a la organización sindical SINDICATO BOLIVARIANO Y SOCIALISTA DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE SERVICIOS GIES, C.A. MOTIVO: Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad. Por cuanto en fecha 20 de febrero de 2020, fue acordada mi designación como Jueza Provisoria del Juzgado Décimo Quinto (15°) de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, según consta en el Oficio signado bajo el Nº. TSJ-CJ-0872/2020, así como Acta de Juramentación de la Rectoría Civil y Acta de entrega del Tribunal, ambos de fecha 08 de septiembre del año en curso, en virtud de ello, me ABOCO al conocimiento de la presente causa, en consecuencia pasa a realizar una revisión del presente asunto. -II- ANTECEDENTES En fecha 07/03/2017, se inicia el presente procedimiento, en virtud de la demanda Contenciosa Administrativa de Nulidad con solicitud de Medida Cautelar de suspensión de efectos, propuesta por la empresa SERVICIOS GIES, C.A., debidamente representada por las profesionales del derecho LUMAURY COLMENARES y KAMAR GALINDEZ, abogadas en ejercicio e inscritas en el Inpre-abogado bajo el N° 75.864 y 67.156, respectivamente, en contra del acto administrativo emanado de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO/REGISTRO NACIONAL DE ORGANIZACIONES SINDICALES, referente a Boleta de Registro No. 2016-5-00337 de fecha 23 de agosto de 2016, la cual cursa en el expediente administrativo Nº 027-2016-01-01480, correspondiente a la organización sindical SINDICATO BOLIVARIANO Y SOCIALISTA DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE SERVICIOS GIES, C.A. En fecha 13/03/2017 se da por recibido el presente asunto a los fines de su tramitación. Por auto de fecha 16/03/2017, se dicto auto mediante el cual este Tribunal admite el recurso de nulidad presentado y se ordena aperturar cuaderno de medida signado con el número AH22-X-2017-000021. En fecha 24/03/2017, este Tribunal declaró IMPROCEDENTE la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada por la parte recurrente en la presente causa. En fecha 29/06/2017, la parte recurrente presenta diligencia mediante la cual consigna 4 ejemplares de copias a los fines de notificar a las partes. En fecha 16/07/2017, este Tribunal dicta auto mediante el cual vista la consignación ordena librar las notificaciones correspondientes. En fecha 02/10/2017 y 23/11/2017, la parte recurrente presenta diligencias mediante las cuales solicita nuevamente medida cautelar de suspensión de efectos del acto administrativo. En fecha 13/10/2017 y 28/11/2017, este Tribunal dictó auto mediante el cual le informa a la parte accionante que con respecto a la diligencia presentada en donde solicita nuevamente la medida cautelar ya este Juzgado realizó su pronunciamiento. En fecha 01/02/2018, el ciudadano Joel López, obrero y trabajador de la entidad de trabajo SERVICIOS GIES, C.A., representado en ese acto por el profesional del derecho Yorgenis Paredes, inpreabogados No. 165.832, consigna diligencia mediante la cual solicita la intervención como tercero. En fecha 26/02/2018, este Tribunal niega lo solicitado en cuanto a la intervención como tercero solicitada. Establecida la anterior secuencia procesal, este Tribunal se pronuncia al respecto, tomando en cuenta las siguientes consideraciones: -III- CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Verificado entonces lo antes indicado, se observa que el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, dispone que toda instancia se extingue por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al Juez; las partes tienen la carga de impulsar el proceso, por lo tanto para que opere la perención debe haber habido una paralización efectiva de la causa imputable a las partes y no al juez durante al menos el lapso de un año. En el caso de autos la última actuación realizada por la parte fue en fecha 23/11/2017, la parte recurrente presenta diligencias mediante las cuales solicita nuevamente medida cautelar de suspensión de efectos del acto administrativo, por lo que ha transcurrido más de un año sin impulso procesal ni actividad alguna de las partes. En este sentido, resulta oportuno destacar lo dispuesto en la sentencia No. 2673 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, del 14 de diciembre de 2001, en la cual precisó acerca de la mencionada institución, lo siguiente: “... Siendo así, estima esta Sala que en el proceso administrativo, al igual que ocurre en el proceso ordinario, mientras las partes estén legalmente facultadas para impulsar el curso del juicio, mediante actuaciones tendientes a lograr el desarrollo o la continuidad de la relación procesal, la perención de la instancia ha de transcurrir, aun en aquellos casos en que el proceso se hallase detenido a la espera de una actuación que corresponde exclusivamente al juez. Sin embargo, considera esta Sala que distinta es la situación cuando no pueden las partes realizar actuación alguna encaminada a impulsar el proceso, puesto que su intervención en el mismo ha cesado, no teniendo en lo adelante la obligación legal de realizar actos de procedimiento. Tal situación ocurre en el proceso administrativo con la presentación de informes que, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 96 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, constituye la última actuación de las partes en relación con la controversia, puesto que, cuando estos han sido presentados y el tribunal dice vistos, el juicio entra en etapa de sentencia y ningún otro sujeto procesal distinto del juez, tiene la posibilidad de actuar. ...(omissis)... En efecto, esta Sala Constitucional, en ejercicio de su labor interpretativa de la Constitución, se pronunció sobre la imposibilidad de declarar la perención de la instancia ante la inactividad del órgano jurisdiccional después de vista la causa, cuando no cumpliera con su obligación de sentenciar en los términos señalados en las leyes, paralizando con ello la causa, pues, sólo cuando la paralización sea incumbencia de las partes, podrá ocurrir la perención....”. De lo anterior, observa quien sentencia que la perención de la instancia sanciona la inactividad de las partes, siempre y cuando éstas estén legalmente facultadas para impulsar el curso del juicio y no lo hagan, aun en aquellos casos que el proceso se encuentre paralizado en espera de una actuación que corresponda únicamente al juez, salvo en los asuntos en que el Tribunal haya dicho “vistos” y el juicio entre en etapa de sentencia. Ahora bien, en el caso de marras, es claro que se produjo una paralización en su trámite que de no interrumpirse podría generar la perención de la instancia, circunstancia ante la cual es forzoso declarar cumplido el primero de los requisitos de la perención en el caso bajo análisis. Con respecto con que la inercia procesal, sea extendida, en el tiempo por un lapso de un (1) año contado a partir de la fecha de inicio de la paralización, vale decir, desde el día siguiente a aquel en que conste en autos la última actuación de impulso procesal, este Tribunal advierte que en el caso in comento, desde el 23/11/2017, no se evidencia solicitud o diligencia alguna por parte de la accionante de impulsar el presente procedimiento, en tal sentido considera quien sentencia que en el presente caso, ha transcurrido con creces el lapso de un año (1) a que hace referencia la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa para que haya operado la perención de la instancia. Así se decide. En tal sentido y por todos los motivos señalados anteriormente, resulta forzoso para este Tribunal, declarar de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en concordancia con el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en la presente causa, por haber transcurrido un lapso superior al año, sin que durante ese lapso las partes hubieren realizado acto posterior alguno del procedimiento. Así se decide. III DISPOSITIVA Con base a todos los razonamientos de hecho y derecho que han sido expresados oralmente en este acto, el Juzgado Décimo Quinto (15°) de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana De Venezuela y por Autoridad de la Ley, Declara: PRIMERO: Perimida La Instancia en la demanda Contenciosa Administrativa de Nulidad propuesta por la empresa SERVICIOS GIES, C.A., debidamente representada por las profesionales del derecho LUMAURY COLMENARES y KAMAR GALINDEZ, abogadas en ejercicio e inscritas en el Inpre-abogado bajo el N° 75.864 y 67.156, respectivamente, en contra del acto administrativo emanado de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO/REGISTRO NACIONAL DE ORGANIZACIONES SINDICALES, referente a Boleta de Registro No. 2016-5-00337 de fecha 23 de agosto de 2016, la cual cursa en el expediente administrativo Nº 027-2016-01-01480, correspondiente a la organización sindical SINDICATO BOLIVARIANO Y SOCIALISTA DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE SERVICIOS GIES, C.A.. SEGUNDO: En apego al principio de igualdad no hay condena en costas. Por ultimo se ordena oficiar a la Procuraduría General de la República y a la Inspectoría del Trabajo/Registro Nacional de Organizaciones Sindicales. Publíquese, Regístrese y déjese Copia.- LA JUEZ. Abg. MAGJOHLY FARIAS. EL SECRETARIO Abg. Juan Carlos Cipriani En esta misma fecha, previo cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior decisión, siendo las once y treinta horas de la mañana (11:30 a.m). EL SECRETARIO Abg. Juan Carlos Cipriani EXP. AP21-N-2017-000052 MF.-