REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Duodécimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, veintiocho de febrero de dos mil veinte
209º y 161º
ASUNTO : AP31-S-2019-003523
SOLICITANTE: ROSA VIRGINIA URBINA, venezolana, mayor de edad, domiciliada en Guarenas y titular de la cédula de identidad No. V-14.972.694.
APODERADOS JUDICIALES: ROBERT ENRIQUE SALDINA y COROMOTO PONCHO, inscritos en el I.P.S.A. bajo los Nros. 185.920 y 203.319.
MOTIVO: RECTIFICACION ACTA DE NACIMIENTO.-
SENTENCIA: DEFINITIVA.-
I
ANTECEDENTES
Visto el escrito de solicitud de RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, presentado por los abogados ROBERT ENRIQUE SALDINA y COROMOTO PONCHO, inscritos en el I.P.S.A. bajo los Nros. 185.920 y 203.319, quienes actúan en su carácter de apoderados judiciales de la ciudadana ROSA VIRGINIA URBINA, venezolana, mayor de edad, domiciliada en Guarenas y titular de la cédula de identidad número 14.972.694, así como, los documentos consignados, este Tribunal previo al pronunciamiento correspondiente, observa:
Alega la solicitante en el escrito que en fecha 03 de junio de 2005, ante la Primera Autoridad Civil del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital presentó a su menor hijo BRANDOR ALEXANDER, según consta de acta de nacimiento No. 5410, expedida por el Registro Civil de la Parroquia San Juan, Municipio Libertador del Distrito Capital, consignada en copia simple marcada con la letra “A”, el caso es que la mencionada acta presenta un error de omisión que afecta el contenido de fondo de la misma, que al momento del levantamiento no se colocó el número de cédula de identidad de la ciudadana ROSA VIRGINIA URBINA, la cual para ese momento no portaba la cédula de identidad.
Así las cosas, encontrándose involucrado un menor, debe necesariamente este Juzgado analizar el ámbito de competencia de los Tribunales de Municipio. En tal sentido, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 de la resolución No. 2009-0006, de fecha 18 de marzo de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 39.152, en fecha 2 de abril de 2009, emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, a los Juzgados de Municipio de la República se les asignó el conocimiento de los asuntos no contenciosos, en materia civil, mercantil y familia, en los que no participen niños, niñas y adolescentes. En efecto, el artículo mencionado señala textualmente lo siguiente:

Artículo 3: Los Juzgados de Municipio conocerán de forma exclusiva y excluyente de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa en materia civil, mercantil, familia sin que participen niños, niñas y adolescentes, según las reglas ordinarias de la competencia por el territorio, y en cualquier otro de semejante naturaleza. En consecuencia, quedan sin efecto las competencias designadas por textos normativos preconstitucionales. Quedando incólume las competencias que en materia de violencia contra la mujer tienen atribuida. (Negrillas del Tribunal).

De la norma antes transcrita se desprende claramente que los Juzgados de Municipio del país deberán conocer de los asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa en materia civil, mercantil y familia sin que participen niños, niñas y adolescentes.

Asimismo, el literal K del Parágrafo Segundo del artículo 177 de la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niñas y el Adolescente, establece lo siguiente:

Literal “K: Justificativo para perpetua memoria y demás diligencias dirigidas a la comprobación de algún hecho o algún derecho propios del interesado o interesada en ellas, siempre que en el otorgamiento de los mismos se encuentren involucrados derechos de niños, niñas y adolescente.”

Según el artículo expuesto por la citada Ley Especial, se deduce claramente la competencia que se atribuye a los Juzgados de Protección del Niño y el Adolescente, ello con la finalidad de brindar una protección especial y garantizar el interés del menor.

En el presente caso, el Tribunal comprueba que según el acta de nacimiento cursante al folio nueve (09) del presente expediente, existe en acta, un menor de edad involucrado y beneficiado en la presente solicitud, y por tanto, no es este órgano jurisdiccional, el competente para conocer de la petición planteada.

En virtud de los argumentos anteriores, este Juzgador considera que la presente solicitud debe ser conocida por un Tribunal de Protección del Niños, Niñas y el Adolescentes, por cuanto, el Tribunal no es competente funcionalmente para conocer y decidir la misma, razón por la cual, DECLINA la competencia ante el Juzgado de Protección de Niños, Niñas y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal Duodécimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medinas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, se declara INCOMPETENTE POR RAZON A LA MATERIA para conocer de la presente solicitud y como consecuencia de ello, DECLINA LA COMPETENCIA para conocer del presente asunto ante las Salas de Juicio de los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que resulte asignado, previo el cumplimiento del trámite administrativo de distribución de expedientes. Remítase la presente causa, mediante oficio, a la unidad de Recepción y Distribución de los Juzgados de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Dada la naturaleza del presente fallo no hay especial condenatoria en costas.-

PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE.

Dado, firmado y sellado en el despacho del Juzgado Duodécimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en la ciudad de Caracas a los veintiocho (28) días del mes de febrero de dos mil veinte (2020).- Años 209º de la Independencia y 161º de la Federación.-
LA JUEZ,

DRA. ANABEL GONZALEZ GONZALEZ
LA SECRETARIA,

ABG. LIGIA ELENA ELIAS

En la misma fecha que antecede, se publicó y registró la presente sentencia dejándose copia debidamente certificada en el copiador de sentencias interlocutorias e interlocutorias con fuerza de definitiva, llevado por este Tribunal, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
LA SECRETARIA,

ABG. LIGIA ELENA ELIAS

AGG/LEE/nelly