TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Décimo Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 10 de marzo de 2020
209º y 160º

Solicitantes: Luís Orlando Sánchez Ramírez y Judith María Muñoz de Sánchez, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidades números V-10.475.708 y V-11.937.188, respectivamente, asistidos en este acto por el abogado en ejercicio Harold Velásquez, inscrita en el Inpreabogado bajo la matrícula número 54.497, adscrita a la Coordinación de Asistencia Jurídica Gratuita, Dirección General de Justicia, Instituciones Religiosas y Cultos, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
Motivo: Divorcio fundamentado en el 185-A del Código Civil
Sentencia: Definitiva
Caso: AP31-S-2016-009655

I
ANTECEDENTES
En fecha 18 de noviembre de 2016, los Luís Orlando Sánchez Ramírez y Judith María Muñoz de Sánchez, ut supra identificados, respectivamente, asistidos en este acto por la abogada en ejercicio Harold Velásquez, inscrita en el Inpreabogado bajo la matrícula número 54.497, adscrita a la Coordinación de Asistencia Jurídica Gratuita, Dirección General de Justicia, Instituciones Religiosas y Cultos, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, presentaron por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) del Circuito Judicial Civil del Área Metropolitana de Caracas, con Sede Los Cortijos de Lourdes, escrito contentivo de solicitud de divorcio fundamentado en el artículo 185-A del Código Civil, cuyo conocimiento recayó en este Tribunal previa distribución en esa misma fecha.
Por auto de fecha 23 de noviembre de 2016, el Tribunal admitió la solicitud in comento por no ser contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley; ordenándose a instar a los solicitantes los fotostatos necesarios a los fines de proveer lo conducente y librar boleta de notificación al Fiscal del Ministerio Público.
Por diligencia de fecha 27 de julio de 2017, compareció la ciudadana Judith María Muñoz de Sánchez, ut supra identificada, consignando los fotostátos necesarios para librar la boleta de notificación al Fiscal del Ministerio Público.
En fecha 2 de agosto de 2017, quien suscribe se abocó al conocimiento de la presente causa.
Mediante nota de secretaria de fecha 2 de agosto de 2017, se dejó constancia de haberse librado boleta de notificación al Fiscal del Ministerio Publico.
En fecha 25 de octubre de 2017, compareció la abogada Gerardo Enrique Salas, Fiscal Provisorio Centésimo Decimo (110º) del Ministerio Público, Para La Protección de Niños, Niñas y Adolecentes, Civil e Instituciones Familiares, mediante la cual señala que no tiene nada que objetar a la presente solicitud.
En fecha 1 de noviembre de 2019, compareció el ciudadano José Feliz Duran, Alguacil Titular de la Unidad de Coordinación de Alguacilazgo de los Tribunales de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de esta misma Circunscripción Judicial, mediante la cual consignó boleta de notificación debidamente sellada y firmada en señal de haber sido recibida por la Fiscal del Ministerio Público.
Por lo tanto, siendo la oportunidad para decidir, el Tribunal lo hace sobre la base de las siguientes consideraciones:
II
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
La lectura del escrito libelar patentiza, que los solicitantes fundamentaron su petición en las siguientes argumentaciones:
Aducen, que en fecha 4 de febrero de 1992, contrajeron matrimonio ante La Primera Autoridad Civil la Parroquia El Valle, Municipio Libertador del Distrito Capital, Acta nº 16 según se evidencia en el acta de matrimonio que en copia certificada acompañan a los autos a los fines legales consiguientes.
Expresan, que de dicha unión matrimonial procrearon tres (3) hijos, y no adquirieron bienes dentro de la comunidad conyugal, asimismo, fijaron su último domicilio conyugal en EL Valle, barrio San Andrés, calle principal de los Cardenes, casa nº 75, jurisdicción de la Parroquia El Valle, Municipio Libertador del Distrito Capital.
Alega, que su vida conyugal fue interrumpida desde el día 22 de junio del año 2010 y hasta la fecha han permanecido separados de hecho, sin haberse restablecido la convivencia, no existiendo vida en común bajo ninguna circunstancia ni vinculación personal, habiendo ruptura prolongada de sus vidas en común por más de nueve (9) años.
En este sentido, cabe considerar el precepto contenido en el artículo 185-A del Código Civil, cual es del siguiente tenor:
“Cuando los cónyuges han permanecido separados de hecho por más de cinco (5) años, cualquiera de ellos podrá solicitar el divorcio, alegando ruptura prolongada de la vida en común.
Con la solicitud deberá acompañar copia certificada de la partida de matrimonio.
...Admitida la solicitud, el Juez librará sendas boletas de citación al otro cónyuge y al Fiscal del Ministerio Público, enviándoles además, copia de la solicitud. El otro cónyuge deberá comparecer personalmente ante el Juez en la Tercera audiencia después de citado. Si reconociere el hecho y si el Fiscal del Ministerio Público no hiciere oposición dentro de las diez audiencias siguientes, el Juez declarará el divorcio en la Duodécima Audiencia siguiente a la comparecencia de los interesados...”.
La inteligencia de la referida norma jurídica pone de manifiesto, que para la declaratoria del divorció basada en la ruptura prolongada de la vida en común, el legislador patrio ha establecido un elenco de requisitos, entre ellos, la demostración de la existencia del vínculo conyugal cuya disolución se persigue; el reconocimiento de ambos cónyuges que han permanecido por más de cinco (5) años separados de hecho, y finalmente, que el Fiscal del Ministerio Público no haga oposición a la solicitud de divorcio.
Por otra parte, el profesor Dr. Raúl Sojo Bianco en su obra “Apuntes de Derecho de Familia, Caracas, 1985, p.p. 166-173, sostiene que “El divorcio es la disolución legal del matrimonio en vida de ambos cónyuges, como consecuencia de un pronunciamiento judicial dirigido precisamente a ese fin”. Y al referirse el mismo autor, al divorcio basado en la ruptura prolongada de la vida en común, asevera que “…se trata de una verdadera innovación en materia de divorcio, con la cual se viene a consagrar el mutuo consentimiento como causal de divorcio; puesto que bastará que los cónyuges estén de acuerdo en afirmar que han permanecido separados de hecho por más de cinco años, para que sea admitido y sustanciado el procedimiento, ya que no se exige prueba alguna…”.
En efecto, “el divorcio quoad vinculum es una institución de carácter absolutamente excepcional (…) contiene dos tendencias fundamentales de cómo se debe entender esa característica de institución, siendo una, la tendencia del divorcio-remedio: De acuerdo con esta, la disolución del matrimonio en vida de los cónyuges se explica en base a la necesidad de liberar a los esposos de un vínculo que, de hecho, ya no tiene sentido o resulta intolerable, independientemente de que esa situación pueda o no imputarse a alguna de las partes”. (Francisco López Herrera. Derecho de Familia. Tomo II, pp. 180-181-182).
Para este Tribunal, la tendencia del Código Civil venezolano corresponde a esa orientación, del divorcio-remedio. Sobre este particular, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia n° 192 del 26 de julio de 2001 (caso: Víctor José Hernández Oliveros contra Irma Yolanda Calimán Ramos) declaró que “el antiguo divorcio–sanción, que tiene sus orígenes en el Código Napoleón ha dado paso en la interpretación, a la concepción del divorcio como solución, que no necesariamente es el resultado de la culpa del cónyuge demandado, sino que constituye un remedio que da el Estado a una situación que de mantenerse, resulta perjudicial para los cónyuges, la sociedad en general”.
Dicho esto, en el caso concreto de autos, luego de revisadas las actas procesales que integran el expediente, observa el Tribunal que están satisfechas todas las formalidades previstas en el artículo 185 del Código Civil para declarar el divorcio solicitado; en efecto, por una parte, los ciudadanos Luís Orlando Sánchez Ramírez y Judith María Muñoz de Sánchez, ut-supra identificados, cónyuges entre sí, contrajeron matrimonio civil en fecha 4 de febrero de 1992, tal y como consta en el acta de la partida de matrimonio que acompañaron a los autos; asimismo, alegaron estar separados de hecho en forma ininterrumpida desde hace más de nueve (9) años, así se establece.
III
DECISIÓN
En virtud de lo antes expuesto, este Tribunal Décimo Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara con lugar el divorcio solicitado los ciudadanos Luís Orlando Sánchez Ramírez y Judith María Muñoz de Sánchez, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidades números V-10.475.708 y V-11.937.188, respectivamente; por consiguiente disuelto el vínculo matrimonial contraído entre ellos en fecha 4 de febrero de 1992, ante la Primera Autoridad Civil la Parroquia El Valle, Municipio Libertador del Distrito Capital, según consta en acta nº 16, inserta en el Libro de Registro Civil de matrimonios correspondiente al año 1992.
Ofíciese lo conducente a la Primera Autoridad Civil la Parroquia El Valle, Municipio Libertador del Distrito Capital; al Registrador Principal del Distrito Capital y al Consejo Nacional Electoral, a los fines legales consiguientes.
Liquídese la comunidad de gananciales. Regístrese y publíquese la presente decisión, dejándose en el Tribunal copia certificada de la misma, a los fines del libro copiador llevado al efecto.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Décimo Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los 10 días del mes de marzo de 2020. Años: 209° años de la Independencia y 160° años de la Federación.
La Jueza
Abg. Damaris Ivone García
El Secretario Acc,
Geovany Alexander González Pérez
En esta misma fecha, siendo las 10:35 a.m., se registró y publicó la presente decisión.
El Secretario Acc,
Geovany Alexander González Pérez