REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Décimo Quinto (15°) de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas 210º y 162º Caracas, diez (10) de febrero de 2021 ASUNTO NO. AP21-N-2018-000006 SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA -I- IDENTIFICACION DE LAS PARTES PARTE RECURRENTE: INSTITUTO METROPOLITANO DE LA MUJER. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE RECURRENTE: JESUS GUZMAN abogado en ejercicio e inscrito en el Inpre-abogado bajo el N° 11.244.- PARTE RECURRIDA: INSPECTORIA DEL TRABAJO SEDE NORTE. APODERADO JUDICIAL: No tiene acreditado en autos. ACTO ADMINISTRATIVO RECURRIDO: Providencia Administrativa No.297-09, de feha 28 de mayo de 2009, mediante la cual declara CON LUGAR el reenganche, restitución de derechos y pago de salarios caídos de la ciudadana LISBETH ANGULO, en el expediente administrativo signado con el No. 023-07-01-02153. MOTIVO: Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad. Por cuanto en fecha 20 de febrero de 2020, fue acordada mi designación como Jueza Provisoria del Juzgado Décimo Quinto (15°) de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, según consta en el Oficio signado bajo el Nº. TSJ-CJ-0872/2020, así como Acta de Juramentación de la Rectoría Civil y Acta de entrega del Tribunal, ambos de fecha 08 de septiembre del año en curso, en virtud de ello, me ABOCO al conocimiento de la presente causa, en consecuencia pasa a realizar una revisión del presente asunto. -II- ANTECEDENTES En fecha 23/01/2018, se recibe mediante Oficio No. 2010-1068, de fecha 14 diciembre de 2017, emanado de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo expediente, expediente contentivo del Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo, demanda Contenciosa Administrativa de Nulidad y solicitud de medida cautelar, propuesta por el INSTITUTO METROPOLITANO DE LA MUJER, debidamente representada por el profesional del derecho JESUS GUZMAN abogado en ejercicio e inscrito en el Inpre-abogado bajo el N° 11.244, en contra de la Providencia Administrativa No.297-09, de fecha 28 de mayo de 2009, mediante la cual declara CON LUGAR el reenganche, restitución de derechos y pago de salarios caídos de la ciudadana LISBETH ANGULO, en el expediente administrativo signado con el No. 023-07-01-02153. En fecha 08/02/2018 se da por recibido el presente asunto a los fines de su tramitación. En fecha 16/02/2018, se dicto auto mediante el cual este Tribunal admite el recurso de nulidad presentado. Asimismo solicita la certificación de cumplimiento del acto administrativo e informa que hasta no sea consignado este Tribunal se abstiene de darle curso a la causa, ordena la apertura de un cuaderno de medidas a los fines de hacer su pronunciamiento con respecto a la medida solicitada y ordena la notificación de la Inspectoría de Trabajo para solicitar la certificación de reenganche mencionada. En fecha 28/02/2018, este Tribunal declara IMPROCEDENTE la medida cautelar de suspensión de efectos de la Providencia Administrativa No.297-09, de fecha 28 de mayo de 2009, solicitada por el INSTITUTO METROPOLITANO DE LA MUJER. Establecida la anterior secuencia procesal, este Tribunal se pronuncia al respecto, tomando en cuenta las siguientes consideraciones: -III- CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Verificado entonces lo antes indicado, se observa que el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, dispone que toda instancia se extingue por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al Juez; las partes tienen la carga de impulsar el proceso, por lo tanto para que opere la perención debe haber habido una paralización efectiva de la causa imputable a las partes y no al juez durante al menos el lapso de un año. En el caso de autos se evidencia que desde la fecha 08/02/2018 hasta la actualidad no existe actuación alguna por las parte, por lo que ha transcurrido más de un año sin impulso procesal ni actividad alguna. En este sentido, resulta oportuno destacar lo dispuesto en la sentencia No. 2673 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, del 14 de diciembre de 2001, en la cual precisó acerca de la mencionada institución, lo siguiente: “... Siendo así, estima esta Sala que en el proceso administrativo, al igual que ocurre en el proceso ordinario, mientras las partes estén legalmente facultadas para impulsar el curso del juicio, mediante actuaciones tendientes a lograr el desarrollo o la continuidad de la relación procesal, la perención de la instancia ha de transcurrir, aun en aquellos casos en que el proceso se hallase detenido a la espera de una actuación que corresponde exclusivamente al juez. Sin embargo, considera esta Sala que distinta es la situación cuando no pueden las partes realizar actuación alguna encaminada a impulsar el proceso, puesto que su intervención en el mismo ha cesado, no teniendo en lo adelante la obligación legal de realizar actos de procedimiento. Tal situación ocurre en el proceso administrativo con la presentación de informes que, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 96 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, constituye la última actuación de las partes en relación con la controversia, puesto que, cuando estos han sido presentados y el tribunal dice vistos, el juicio entra en etapa de sentencia y ningún otro sujeto procesal distinto del juez, tiene la posibilidad de actuar. ...(omissis)... En efecto, esta Sala Constitucional, en ejercicio de su labor interpretativa de la Constitución, se pronunció sobre la imposibilidad de declarar la perención de la instancia ante la inactividad del órgano jurisdiccional después de vista la causa, cuando no cumpliera con su obligación de sentenciar en los términos señalados en las leyes, paralizando con ello la causa, pues, sólo cuando la paralización sea incumbencia de las partes, podrá ocurrir la perención....”. De lo anterior, observa quien sentencia que la perención de la instancia sanciona la inactividad de las partes, siempre y cuando éstas estén legalmente facultadas para impulsar el curso del juicio y no lo hagan, aun en aquellos casos que el proceso se encuentre paralizado en espera de una actuación que corresponda únicamente al juez, salvo en los asuntos en que el Tribunal haya dicho “vistos” y el juicio entre en etapa de sentencia. Ahora bien, en el caso de marras, es claro que se produjo una paralización en su trámite que de no interrumpirse podría generar la perención de la instancia, circunstancia ante la cual es forzoso declarar cumplido el primero de los requisitos de la perención en el caso bajo análisis. Con respecto con que la inercia procesal, sea extendida, en el tiempo por un lapso de un (1) año contado a partir de la fecha de inicio de la paralización, vale decir, desde el día siguiente a aquel en que conste en autos la última actuación de impulso procesal, este Tribunal advierte que en el caso in comento, no se evidencia solicitud o diligencia alguna por parte de la accionante a los fines de impulsar el presente procedimiento, en tal sentido considera quien sentencia que en el presente caso, ha transcurrido con creces el lapso de un año (1) a que hace referencia la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa para que haya operado la perención de la instancia. Así se decide. En tal sentido y por todos los motivos señalados anteriormente, resulta forzoso para este Tribunal, declarar de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en concordancia con el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en la presente causa, por haber transcurrido un lapso superior al año, sin que durante ese lapso las partes hubieren realizado acto posterior alguno del procedimiento. Así se decide. III DISPOSITIVA Con base a todos los razonamientos de hecho y derecho que han sido expresados oralmente en este acto, el Juzgado Décimo Quinto (15°) de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana De Venezuela y por Autoridad de la Ley, Declara: PRIMERO: Perimida La Instancia en la demanda Contenciosa Administrativa de Nulidad propuesta por el INSTITUTO METROPOLITANO DE LA MUJER, debidamente representada por el profesional del derecho JESUS GUZMAN abogado en ejercicio e inscrito en el Inpre-abogado bajo el N° 11.244, en contra de la Providencia Administrativa No.297-09, de fecha 28 de mayo de 2009, mediante la cual declara CON LUGAR el reenganche, restitución de derechos y pago de salarios caídos de la ciudadana LISBETH ANGULO, en el expediente administrativo signado con el No. 023-07-01-02153. SEGUNDO: En apego al principio de igualdad no hay condena en costas. Publíquese, Regístrese y déjese Copia.- LA JUEZ. Abg. MAGJOHLY FARIAS. EL SECRETARIO Abg. Juan Carlos Cipriani En esta misma fecha, previo cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior decisión, siendo las once y treinta horas de la mañana (11:30 a.m). EL SECRETARIO Abg. Juan Carlos Cipriani EXP. AP21-N-2018-000006 MF.-