PODER JUDICIAL
Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial
del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, 06 de Mayo de 2021.
211º y 162º
ASUNTO: AP41-O-2021-000001. Sentencia Nº 1.789.-

En fecha quince (15) de Abril de 2021, los ciudadanos Ricardo Arturo Navarro Urbáez y Gladys María Rodríguez Bogady, titulares de las cédulas de identidad Nos. 5.306.442 y 19.125.398 e inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nos. 21.085 y 198.698 respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil “COMPLEJO INDUSTRIAL LICORERO DEL CENTRO, C.A.”, inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Bolivariano de Miranda, en fecha ocho (8) de Agosto de 2000, bajo el Nº 74, Tomo 135 A-Pro., siendo inscrita la última modificación a sus estatutos sociales ante la misma Oficina de Registro, en fecha diecinueve (19) de Junio de 2018, bajo el Nº 34, Tomo 88 A, y en el Registro de Información Fiscal (R.I.F.) bajo el Nº J-30727685-1, interpusieron acción de Amparo Constitucional de conformidad con lo establecido en los artículos 1, 2 y 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, debido a la presunta violación por parte de los ciudadanos Alexander de Jesús Román, actuando en su carácter de Gerente General de Control Aduanero y Tributario del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y Marisela Estrada La Riva, en su carácter de Gerente de Control Tributario de la referida Gerencia General, de los derechos constitucionales consagrados en los artículos 2, 21, 26, 27 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, derivado de la Providencia Administrativa (Fiscalización) Nº SNAT/GGCAT/GCT/DCPT/ISLR/IVA/2021/PA-0010 de fecha ocho (8) de Febrero de 2021, suscrita por el primero; y la comunicación Nº SNAT/GGCAT/GCT/DCPT/ISLR/IVA/2021 de fecha trece (13) de Abril de 2021, suscrita por la segunda, de los presuntos agraviantes.
En fecha dieciséis (16) de Abril de 2021 se le dio entrada a la referida acción y este Tribunal mediante sentencia interlocutoria Nº 02/2021 del veinte (20) de Abril de 2021, admitió a trámite la acción de amparo interpuesta.
Mediante diligencia presentada el veintisiete (27) de Abril de 2021, el ciudadano José Angel Sifontes Escorcha, venezolano, titular de la cédula de identidad Nº 11.634.419 e inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº 213.272, consignó documento poder que lo acredita como apoderado judicial de los ciudadanos Alexander de Jesús Román y Marisela Estrada La Riva, titulares de las cédulas de identidad Nos. 8.719.289 y 12.011.089 respectivamente, el primero en su carácter de Gerente General de Control Aduanero y Tributario del SENIAT y la segunda en su carácter de Gerente de Control Tributario del SENIAT. En la misma fecha, estando las partes a derecho, se procedió a fijar la audiencia oral y pública para el día Viernes (27) de Abril de 2021 a las diez de la mañana (10:00 a.m.), de conformidad con lo previsto en el artículo 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y la sentencia de fecha primero (01) de Febrero de 2000 (Exp. Nº 00-0010) caso: José Amado Mejía Betancourt, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
El veintiocho (28) de Abril de 2021, la apoderada judicial de la accionante consignó mediante diligencia, original de la Providencia Administrativa (Fiscalización) Nº SNAT/GGCAT/GCT/DCPT/ISLR/IVA/2020/PA-0029 de fecha veintiuno (21) de Abril de 2021, suscrita por el ciudadano Alexander de Jesús Román, en su carácter de Gerente General de Control Aduanero y Tributario del SENIAT, sosteniendo que la misma reedita la Providencia que dio origen a la acción de amparo incoada.
Celebrada la audiencia oral y pública en la oportunidad fijada al efecto, comparecieron tanto los apoderados judiciales de la empresa querellante, ya identificados, como los ciudadanos Ginette de Jesús García Trejo, Dennys Johana Alfonso Lenes y Carlos Chabel Escalona Tallaferro, venezolanos, titulares de las cédulas de identidad Nos. 7.942.974, 16.555.786 y 19.023.392 e inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nos. 61.470, 150.950 y 282.385 respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales de los presuntos agraviantes ya igualmente identificados, siéndole concedido a cada parte cinco (5) minutos para que hiciesen su exposición oral, y luego tres (3) minutos para la réplica y contra réplica, luego de lo cual los primeros consignaron escrito de conclusiones en nueve (9) folios útiles y quince (15) folios de anexos, y los segundos escrito de conclusiones en veinticuatro (24) folios útiles, los cuales fueron agregados a los autos. A continuación, intervino la ciudadana Minelma Paredes Rivera, titular de la cédula de identidad Nº 7.102.277 e inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nº 64.895, en su carácter de Fiscal Provisorio 31 Nacional de Derechos y Garantías Constitucionales, Contencioso Administrativo, Agrario, Tributario e Inquilinario, quien solicitó se declarase Parcialmente Con Lugar la acción de amparo constitucional, y se le concediese cuarenta y ocho (48) horas para presentar escrito de fundamentación de su opinión, lo cual le fue concedido, procediendo a consignarlo el día cuatro (4) de Mayo de 2021, a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana (9:35 a.m.).
Por lo que estando dentro de la oportunidad procesal para dictar sentencia, este Tribunal procede a ello previo análisis de los argumentos de las partes que se exponen de seguidas:
- I -
A N T E C E D E N T E S

Manifiesta la accionante, que el dos (2) de Marzo de 2021 fue notificada de la Providencia Administrativa (Fiscalización) Nº SNAT/GGCAT/GCT/DCPT/ISLR/IVA/2021
/PA-0010 suscrita por el presunto agraviante, ciudadano Alexander de Jesús Román actuando en su carácter de Gerente General de Control Aduanero y Tributario del SENIAT, mediante la cual autorizó a los funcionarios actuantes Gregory José Pérez Chaparro, Steffanny Narlig Mujica Vallejo, Jissel Valentina Montoya Montoya, Julio Densi Quintero Gómez, Reinaldo Andrés Ramírez Rodríguez, y Gabriela Nohemí Chávez Velázquez, funcionarios adscritos a la División de Control Posterior Tributario, todos bajo la supervisión de la igualmente presunta agraviante ciudadana Marisela Estrada La Riva, actuando en su carácter de Gerente de Control Tributario de la Gerencia General antes mencionada, a fin de fiscalizar y determinar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la sociedad mercantil “COMPLEJO INDUSTRIAL LICORERO DEL CENTRO, C.A.”, “…en su condición de Contribuyente del Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado, correspondiente a los ejercicios fiscales comprendidos desde el 01/07/2014 al 30/06/2015 y desde el 01/07/2017 al 30/06/2018, (…) a los fines de detectar y sancionar los posibles ilícitos tributarios cometidos, dentro de los límites establecidos en el parágrafo único del artículo 197 del Código Orgánico Tributario”.
Como consecuencia de ello, en la misma fecha se levantó y notificó en la sede de la accionante ubicada en la Av. La Estancia, Edificio Centro Banaven, Torre B, Piso 3, Oficina B31 de la Urbanización Chuao, el Acta Constancia Nº SNAT/GGCAT/GCT/DCPT/ISLR/IVA/2021/PA-0010-02, a través de la cual los funcionarios dejaron expresa constancia de haber obtenido archivos digitales desde la oficina de la Gerencia General, de la Gerencia de Impuestos, desde la Oficina de Análisis de Compras, desde la Gerencia de Contraloría, desde la Coordinación de Impuestos, desde la Gerencia de Finanzas, y que “Adicionalmente se obtuvo documentación física, la cual se presume pueda (sic) estar incursos en algunos supuestos de hechos violatorios, además de ilícitos tributarios y aduaneros, otros consagrados en la legislación penal y administrativa; motivado a ello, se retiene preventivamente desde la oficina de la Gerencia de Finanzas, desde el escritorio de MARINELLA PINTO DE VILLEGAS (…) 1) cuatro (04) carpetas OSLO, cuya denominación expresa ‘EXPORTACIONES REALIZADAS 248.01 OCTUBRE 2014 ENERO 2015’ (…) ‘EXPORTACIONES REALIZADAS 248.01 MARZO 2016 OCTUBRE 2017’ (…) ‘FACTURAS EXPORTACIÓN’ (…) ‘DPTO. COMPRAS OC DE IMPORTACIÓN DESDE: 11/08/2020 HASTA 14/09/2020’ (…)”.
Simultáneamente, en la planta de producción de la querellante, ubicada en Ocumare del Tuy del Estado Bolivariano de Miranda, se levantó y notificó el Acta Constancia Nº SNAT/GGCAT/GCT/DCPT/ISLR/IVA/2021/PA-0010-03, en la cual se señala que los fiscales actuantes obtuvieron información digital del Computador del Gerente General de Planta, de la oficina de Control de Calidad, de la oficina de Control de Almacén, así como copia del inventario general hasta el dos (2) de Marzo de 2021 desde el computador asignado a ese Departamento, obtuvieron también la información sobre envasamiento y fabricación, así como información física, dejando constancia, entre otras cosas que “(…) en vista del hallazgo que hubo se amplía la búsqueda de información digital y física distinto a lo establecido en Providencia Administrativa Nº SNAT/GGCAT/GCT/DCPT/ISLR/IVA/2021/PA-0010, de fecha 08/02/2021 (…) obteniéndose además dos (02) carpetas físicas etiquetadas ‘facturas, guías (…)’ y ‘manifiestos Septiembre diciembre 2017’ contentivas con la siguiente información: (…) noviembre de 2019 y enero 2020, Relación de producción agosto 2018, enero 2019 y septiembre 2020 (…)”.
Sostiene la accionante en amparo constitucional que, en la citada la Providencia Administrativa (Fiscalización) que inició el procedimiento, no se específica ninguna información referente las actuaciones fiscales previas sometidas a control posterior, lo cual a su modo de ver, la coloca en una situación de indefensión, pues considera ha sido lesionado su derecho a la defensa y al debido proceso, al haber ejercido el Gerente de la Gerencia General de Control Aduanero y Tributario del SENIAT, facultades que no poseía.
Posteriormente la Gerencia de Control Aduanero del SENIAT, procedió a citar en fecha quince (15) de Marzo de 2021, a los ciudadanos Eduardo Loreto y Marinela Pinto, en su carácter de Gerente el primero, y Gerente de Finanzas la segunda de la sociedad mercantil “COMPLEJO INDUSTRIAL LICORERO DEL CENTRO, C.A.”, para el día Jueves dieciocho (18) de Marzo de 2021, con el fin de “tratar temas de interés tributario respecto al caso que se lleva en la investigación correspondiente”, presuntamente, sin la presencia ni asistencia de abogado de su confianza o apoderado y que tampoco le emitieron copias del acta de la deposición realizada; y el veintinueve (29) de Marzo de 2021, nuevamente la Gerencia de Control Tributario del SENIAT, procedió a citar a los ciudadanos María Hernández, y Franyexon Hospedales, en su carácter de Directivo la primera, y Tesorero el segundo de la accionante, para el día Viernes nueve (9) de Abril del mismo año, a los mismos fines anteriormente transcritos, siendo reprogramada la cita para el Viernes dieciséis (16) de Mayo de 2021.
La querellante también señala ser contribuyente especial, según decisión Nº GCE-4721-A de fecha veinticinco (25) de Octubre de 2000, emanado de la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital, y que como tal, destaca, ha sido objeto de un trato desigual en relación al resto de los sujetos pasivos especiales, siendo lesionado su derecho a la defensa y el debido proceso, al haber iniciado la Gerencia General de Control Aduanero y Tributario del SENIAT, un procedimiento de fiscalización de prima fase, sin el respeto de uno previamente ejecutado y terminado por la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital del SENIAT, a la cual considera el órgano administrativo natural en prima fase, para el conocimiento previo de todo lo relativo a las obligaciones tributarias que deben cumplir los contribuyentes que son notificados como sujetos pasivos especiales de los tributos nacionales.
Denuncia adicionalmente la accionante, que la ciudadana Marisela Estrada La Riva, actuando en su carácter de Gerente de Control Tributario del SENIAT, mediante Oficio Nº SNAT/GGCAT/GCT/DCPT/ISLR/IVA/2021 de fecha trece (13) de Abril de 2021, notificado en la misma fecha, le negó la solicitud formulada el día anterior, de acceso al expediente administrativo y a sus debidas actuaciones previas, correspondiente al procedimiento de fiscalización y determinación, ya descrito, transcribiendo el artículo 161 del Código Orgánico Tributario; no obstante desconoce la razón de tal negativa, considerando que tal limitación lesiona lo establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República de Venezuela, entre otras cosas, al no tener acceso físico al expediente, a las pruebas y de disponer del tiempo y los medios para ejercer su defensa.
El veintiocho (28) de Abril de 2021, la apoderada judicial de la accionante consignó mediante diligencia original de la Providencia Administrativa (Fiscalización) Nº SNAT/GGCAT/GCT/DCPT/ISLR/IVA/2020/PA-0029 de fecha veintiuno (21) de Abril de 2021, suscrita por el ciudadano Alexander de Jesús Román, en su carácter de Gerente General de Control Aduanero y Tributario del SENIAT, sosteniendo que con ello continúan los actos lesivos a su representada, al reeditar la Providencia que dio origen a la acción de amparo incoada.
En la oportunidad de la audiencia constitucional los apoderados judiciales de la accionante en amparo, ratifican en todas y cada una de sus partes los argumentos esbozados en su escrito inicial, sosteniendo que la constitucionalidad de los actos administrativos no se limita al tema de la competencia del órgano que los dicte, sino también al cumplimiento de los procedimientos que se establezcan en la ley, ello en atención a lo previsto en el artículo 139 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Destacando que cuando el funcionario se excede en el ejercicio de sus funciones, perjudica al Fisco Nacional y al Contribuyente, cuando el presunto agraviante inicia un procedimiento sin antes haber realizado y concluido el primigenio, es responsable, por abuso de autoridad o desviación de poder conforme al artículo antes citado. Señalando por lo que respecta a la presunta agraviante, que negó el acceso al expediente administrativo y a sus debidas actuaciones previas, limitándose a transcribir el artículo 161 del Código Orgánico Tributario, pero desconociéndose la razón de tal negativa.
Refiriéndose a la nueva Providencia, consideran que adolece de los mismos vicios de inconstitucionalidad denunciados para la Providencia primigenia, hacen referencia a la reedición de acto, a la vaguedad con que se indica los ejercicios a investigar, a los correos electrónicos recibidos, y solicitan se declarada Con Lugar la acción de amparo interpuesta.
Por su parte la apoderada judicial de los presuntos agraviantes, como punto previo señala que del contenido de la Providencia Administrativa (Fiscalización) Nº SNAT/GGCAT/GCT/DCPT/ISLR/IVA/2021/PA-0010 de fecha ocho (8) de Febrero de 2021, no se desprende en modo alguno violación a garantía constitucional alguna, con ella se inicia la investigación Fiscal al contribuyente, en consecuencia afirma, no constituye violación alguna de garantía constitucional. Considera que las denuncias de la accionante generan una controversia de orden legal, la cual solo puede ser resuelta atendiendo a las normas contenidas en la Ley del SENIAT, Código Orgánico Tributario, Providencia Administrativa SNAT-2009-0015 de fecha veintiocho (28) de Enero de 2009, la Ley de Impuesto Sobre la Renta y la Ley de Impuesto al Valor Agregado, no representando a su modo de ver, un problema a ser dilucidado únicamente atendiendo a normas de carácter constitucional.
Continúa en sus alegatos señalando que, la presunta agraviada debe esperar a que la Administración Tributaria culmine su investigación y concluya con un acto administrativo recurrible para hacer uso de los recursos ordinarios a los cuales tiene derecho, en virtud de la naturaleza de sus argumentos, citando jurisprudencia y doctrina sobre la cual basa su apreciación.
Para el caso que sean desechados los anteriores alegatos, la apoderada judicial de los presuntos agraviantes, solicita que la acción de amparo interpuesta sea declarada improcedente, al afirmar que para que haya lugar a un amparo constitucional, debe estar planteada la violación directa de derechos o garantías constitucionales por la actuación que se pretende lesiva, y que además no exista otro medio procesal breve, sumario y eficaz, acorde con la protección constitucional, por lo que al considerar que la presunta infracción consiste en la aplicación de normas de rango legal como lo son los artículos 34; 131 numeral 2, 4 y 5; 137; 138; 139; 142 y 187 al 204 del Código Orgánico Tributario, la lleva a concluir que en el caso bajo análisis no se cumple con el requisito de infracción de normas constitucionales.
A continuación, indica que la controversia se reduce al aspecto de una alegada inconstitucionalidad de una disposición legal y que por tanto la competencia para conocer del presente asunto le correspondería a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
Sostiene además que la acción incoada debe ser declarada inadmisible por contener una pretensión contraria a la naturaleza extraordinaria de dicho medio procesal.
Insiste en señalar que la Providencia Administrativa (Fiscalización) Nº SNAT/GGCAT/GCT/DCPT/ISLR/IVA/2021/PA-0010 de fecha ocho (8) de Febrero de 2021, es un acto administrativo de mero trámite que dio comienzo a dicho procedimiento, siendo notificada el dos (2) de Marzo de 2021, y que el inicio o no de un procedimiento varía de acuerdo a las políticas y estrategias que pueda aplicar la Administración Tributaria, transcribiendo al efecto los artículos 188 y 137 del Código Orgánico Tributario, concluyendo que el ejercicio de la facultad de fiscalización dentro de este procedimiento, constituye la fase preparatoria a la determinación de la obligación tributaria, refiriéndose a su desarrollo y duración en el tiempo; de lo que deduce no existe violación de derechos o garantías constitucionales.
Por su parte la representante del Ministerio Público manifestó que en el caso que nos ocupa, la violación constitucional deviene en virtud de haberse iniciado un procedimiento de control posterior y negado de manera expresa el acceso al expediente contentivo del procedimiento administrativo iniciado en contra de la accionante; y que en ese sentido, resulta necesario señalar que la acción de amparo constitucional no debe ser considerada como un remedio genérico protector de todo el que cree que sus derechos han sido lesionados.
Que la Sala Constitucional del Máximo Tribunal, de manera reiterada ha señalado que la acción de amparo constitucional procede únicamente cuando se han verificado una serie de condiciones, esto es, que los medios judiciales ordinarios hayan sido agotados y la situación jurídico constitucional no ha sido satisfecha o ante la evidencia de que el uso de los medios ordinarios para el caso concreto y en virtud de su urgencia, no daría satisfacción a la pretensión deducida por vía excepcional procede el amparo cuando el accionante justifique las situaciones descritas.
Hace referencia a las nociones de los derechos constitucionales denunciados como conculcados por los presuntos agraviantes, citando y transcribiendo parcialmente sentencias emanadas tanto de la Sala Constitucional como de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia; y concluye que al constatar que la denunciada violación del debido proceso y del derecho a la defensa lo constituye el hecho de haberse iniciado un procedimiento de control posterior sin haber sido objeto de un procedimiento previo por fiscalización o verificación, el cual se encuentra en la fase de inicio, es por lo que estima, no tener duda que se trata de un procedimiento en trámite, y así señala quedó reconocido por las parte en la audiencia, en tal sentido, la referida defensa no puede prosperar a través de la vía de amparo constitucional.
Por otra parte, y con relación a la negativa de acceso al expediente administrativo derivada de la comunicación Nº SNAT/GGCAT/GCT/DCPT/ISLR/IVA/2021 de fecha trece (13) de Abril de 2021, suscrita por la ciudadana Marisela Estrada La Riva, en su carácter de Gerente de Control Tributario adscrita a la Gerencia General de Control Aduanero y Tributario del SENIAT, concluye que no se puede ni siquiera inferir las razones que tuvo la Gerencia de Control Tributario para impedir el acceso al expediente a la accionante, pues, sólo se limitó a transcribir el contenido del artículo 161 del Código Orgánico Tributario, para luego, inmediatamente negar el acceso al expediente sin justificación alguna, lo que a su modo de ver, resulta violatorio del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo cual estima procedente la denuncia de violación al debido proceso y al derecho a la defensa.

- II -
M O T I V A C I Ó N P A R A D E C I D I R

Vista la narrativa anterior, este Tribunal actuando en sede constitucional primeramente debe precisar, que la apoderada judicial de los presuntos agraviantes, en la audiencia oral y pública llevada a cabo en este proceso, se refirió única y exclusivamente a la Providencia Administrativa (Fiscalización) Nº SNAT/GGCAT/GCT/DCPT/ISLR/IVA/2021/PA-0010 de fecha ocho (8) de Febrero de 2021, suscrita por el ciudadano Alexander de Jesús Román, en su carácter de Gerente General de Control Aduanero y Tributario del SENIAT, notificada el dos (2) de Marzo de 2021, la cual fue sustituida mediante la Providencia Administrativa (Fiscalización) Nº SNAT/GGCAT/GCT/DCPT/ISLR/IVA/2020/PA-0029 de fecha veintiuno (21) de Abril de 2021, suscrita por el presunto agraviante, consignada en original por la apoderada judicial de la accionante en fecha veintiocho (28) de Abril de 2021, a la cual se refirió la defensa de la quejosa en la mencionada audiencia, al afirmar que el presunto agraviante había reeditado el acto lesivo de sus derechos constitucionales, continuando con el nuevo acto conculcando los mismos; sin embargo nada dijo de este último acto la defensa de los querellados, por tanto todos sus alegatos fueron destinados a defender un acto inexistente en el mundo jurídico, producto de haber sido dejado sin efecto al ser sustituido en su lugar por uno nuevo.
Igualmente, nada dijo la defensa de los presuntos agraviantes con respecto a la comunicación Nº SNAT/GGCAT/GCT/DCPT/ISLR/IVA/2021 de fecha trece (13) de Abril de 2021, suscrita por la ciudadana Marisela Estrada La Riva, en su carácter de Gerente de Control Tributario adscrita a la referida Gerencia General, debiendo acarrear con las consecuencias negativas de tal actuar, pues no puede este juzgador suplir defensas de las partes.
Precisado lo anterior pasa este juzgado a analizar si en efecto ocurrió la reedición denunciada por la quejosa, en este sentido consideramos pertinente transcribir parcialmente la sentencia Nº 833 publicada en fecha diecisiete (17) de Julio de 2018, Caso: Julio César Rojas Velásquez, emanada de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, la cual dejo sentado lo siguiente:

“Por otra parte, también planteó la parte recurrente que en el presente caso se verificó una “reedición” del acto por el cual se ordenó el inicio de la averiguación disciplinaria en su contra, siendo necesario para esta Sala señalar respecto a la aludida figura, lo siguiente:
“…La reedición de un acto es un mecanismo que se ubica dentro de la esfera de la desviación de poder, por cuanto a través del mismo se dicta un nuevo acto por una autoridad pública que se presenta idéntico en su contenido y finalidad a uno precedentemente dictado por la misma autoridad, o por otra de su propia esfera de competencias, cuyo objetivo se presume constituido por la intención del órgano autor del acto de reafirmar el contenido de su decisión originaria, cuando ya han operado los mecanismos para el ejercicio del control de la legitimidad ante el órgano competente.
Los supuestos generales para que se realice la reedición del acto están constituidos por: 1. Es dictado un acto idéntico o semejante en sus elementos esenciales a un acto precedente, que ha sido impugnado o cuya eficacia ha sido suspendida o se encuentra en curso de serlo; 2. A través del nuevo acto se trata de eludir el control del juez sobre el acto originario o desconocer la protección que el mismo le ha otorgado o puede otorgarle al administrado.
En general se estima en la doctrina de avanzada que se tendrá como el mismo acto objeto de un recurso contencioso-administrativo originario que hubiese sido objeto de suspensión o de nulidad, a los actos posteriores de la Administración, que conserven en esencia su mismo contenido, objeto y finalidad y se destinen a los mismos sujetos…’ (negrillas de este fallo) (vid, sentencia de Sala Nro. 00993 del 9 de agosto de 2017).”

De la sentencia citada se desprende que, para considerarse reeditado el acto, este debe ser dictado por la misma autoridad que lo emitió o por alguna otra competente; y su objeto, contenido y finalidad deben ser semejantes en su esencia, vale decir, debe existir identidad entre los actos de que se trate, así como la presunta intención de reafirmar el contenido del acto originario.
En este contexto, nuevamente se observa que el Gerente General de Control Aduanero y Tributario del SENIAT, a través la Providencia Administrativa (Fiscalización) Nº SNAT/GGCAT/GCT/DCPT/ISLR/IVA/2020/PA-0029 de fecha veintiuno (21) de Abril de 2021, sustituyó la Providencia Administrativa (Fiscalización) Nº SNAT/GGCAT/GCT/DCPT/ISLR/IVA/2021/PA-0010 de fecha ocho (8) de Febrero de 2021, que autorizaba a los funcionarios actuantes Gregory José Pérez Chaparro, Steffanny Narlig Mujica Vallejo, Jissel Valentina Montoya Montoya, Julio Densi Quintero Gómez, Reinaldo Andrés Ramírez Rodríguez, y Gabriela Nohemí Chávez Velázquez, funcionarios adscritos a la División de Control Posterior Tributario, todos bajo la supervisión de la igualmente presunta agraviante ciudadana Marisela Estrada La Riva, actuando en su carácter de Gerente de Control Tributario de la Gerencia General antes mencionada, a fin de fiscalizar y determinar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la sociedad mercantil “COMPLEJO INDUSTRIAL LICORERO DEL CENTRO, C.A.”, “…en su condición de Contribuyente del Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado, correspondiente a los ejercicios fiscales comprendidos desde el 01/07/2014 al 30/06/2015 y desde el 01/07/2017 al 30/06/2018, (…) a los fines de detectar y sancionar los posibles ilícitos tributarios cometidos, dentro de los límites establecidos en el parágrafo único del artículo 197 del Código Orgánico Tributario”; por aquella, que igualmente “autorizó a los funcionarios actuantes ORIANA DANIELA PÉREZ RUMBOS, titular de la cédula de identidad Nº V-24.998.116, JISSEL VALENTINA MONTOYA MONTOYA, titular de la cédula de identidad Nº V-24.337.360, JESMAR ENRIQUE CONTRERAS GUTIERREZ, titular de la cédula de identidad Nº V-15.621.741, y a YORMAN JOSÉ MONTANA MARTÍNEZ, titular de la cédula de identidad Nº V-16.096.193; bajo el apoyo técnico en el seguimiento y revisión de MARY ASTRID BELLORÍN PALMA, titular de la cédula de identidad Nº V-17.950.431, funcionarios adscritos a la División de Control Posterior Tributario de la Gerencia de Control Tributario de la Gerencia General de Control Aduanero y Tributario del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria y bajo la supervisión de MARISELA ESTRADA LA RIVA, titular de la cédula de identidad Nº V-12.011.089, Gerente de Control Tributario de la Gerencia General de Control Aduanero y Tributario del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, a los fines de fiscalizar y determinar el cumplimiento de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo arriba identificado [COMPLEJO INDUSTRIAL LICORERO DEL CENTRO, C.A.], en su condición de Contribuyente del Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado, correspondiente a los ejercicios fiscales 2018 y 2019, con el objeto de fiscalizar y determinar el cumplimiento de las obligaciones tributarias; a los fines de detectar y sancionar los posibles ilícitos tributarios cometidos, dentro de los límites establecidos en el parágrafo único del artículo 197 del Código Orgánico Tributario” (Corchetes del Tribunal).
En atención a lo anterior tenemos que la nueva providencia fue emitida por el mismo funcionario que emitió la primigenia, es semejante a aquella pues está destinada a fiscalizar y determinar el cumplimiento de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo “COMPLEJO INDUSTRIAL LICORERO DEL CENTRO, C.A.”, en su condición de contribuyente del Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado, correspondiente a los ejercicios fiscales 2018 y 2019, y detectar y sancionar los posibles ilícitos tributarios cometidos, dentro de los límites establecidos en el parágrafo único del artículo 197 del Código Orgánico Tributario, fue dictada y notificada con posterioridad a la interposición de la acción de amparo incoada por la quejosa, de lo cual pudiera presumirse que con el nuevo acto se trata de eludir el control del juez sobre el acto originario o desconocer la protección que se pudiese otorgar a la accionante; por tanto estima quien aquí decide que, la Providencia Administrativa (Fiscalización) Nº SNAT/GGCAT/GCT/DCPT/ISLR/IVA/2020/PA-0029 de fecha veintiuno (21) de Abril de 2021, se tendrá como el mismo acto objeto de la acción de amparo interpuesta, por conservar en esencia el mismo contenido, objeto y finalidad del acto originario, que dejó de existir en el mundo jurídico. Así se declara.
Ahora bien, en un Estado social de derecho y de justicia (Artículo 2° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), que garantiza una justicia expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles (artículo 26 ejusdem), “la interpretación de las instituciones procesales debe ser amplia, tratando de que si bien el proceso sea una garantía para que las partes puedan ejercer su derecho de defensa, no por ello se convierta en una traba que impida lograr las garantías que el Constitucional 26 instaura.” (Sentencia Nº 708 emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 10 de Mayo de 2001).
Consideramos que la quejosa ha justificado con razones suficientes y valederas la escogencia de la vía de amparo constitucional para denunciar los actos, y no normas, que han conculcado sus derechos constitucionales, pues no es válido argumentar que puede la accionante en el curso del proceso tener la oportunidad de hacer valer sus denuncias de inconstitucionalidad, y que deba esperar a que el procedimiento concluya con un acto administrativo susceptible de ser recurrido por los medios procesales ordinarios, máxime cuando en esta fase del proceso, que es la investigativa de fiscalización, el legislador no previó una limitación temporal dentro de la cual la Administración Tributaria deba desarrollar su labor investigativa o pesquisitoria, siendo en todo caso el único límite el de la prescripción (vid. Sentencia Nº 01251 publicada el 12 de Agosto de 2009, emanada de la Sala Político Administrativa. Caso: Zaramella y Paván Construction Company, S.A.). Es por ello que el artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, es claro cuando señala que: “La acción de amparo procede contra todo acto administrativo: actuaciones materiales, vías de hecho, abstenciones u omisiones que violen o amenacen violar un derecho o una garantía constitucionales, cuando no exista un medio procesal breve, sumario y eficaz acorde con la protección constitucional.” (Negrillas del Tribunal), tal como sucede en el caso de autos. Así se declara.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia Nº 765 del cuatro (4) de Julio de 2014, concluyó que:
“el artículo 49 de la Constitución determina las garantías mínimas que deben informar a los procedimientos administrativos y jurisdiccionales, a saber: que las partes gocen de la presunción de inocencia, así como del derecho a ser notificadas de los hechos que dan lugar al proceso de que se trate, acceder a las actas del expediente, la garantía de racionalidad de los lapsos, la garantía de exclusión de las pruebas ilícitas, la posibilidad de impugnar el acto que declare su culpabilidad, el derecho al juez natural, la interdicción de la confesión coaccionada, el principio de legalidad sancionatoria, el principio non bis in idem, el principio de responsabilidad del Estado, así como el derecho a ser oído y, en consecuencia, a alegar y probar todo cuanto considere necesario para la defensa de su situación jurídica. Tales actuaciones deben ser cumplidas conforme a las disposiciones que regulan los procedimientos (administrativos o judiciales) generales o especiales, de forma que su desarrollo sea la garantía constitucional del derecho al debido proceso.”

Los mencionados derechos a la defensa y al debido proceso, implican los derechos a ser oído u oída, puesto que no podría hablarse de defensa alguna, ni de proceso cabal, si el administrado o administrada no cuenta con esta posibilidad; a ser notificado o notificada de la decisión administrativa, a los efectos de que le sea posible esgrimir los alegatos que en su defensa pueda aportar al procedimiento, más aún si se ha iniciado de oficio; a tener acceso al expediente, con el propósito de examinar en cualquier estado del procedimiento las actas que lo componen; a promover pruebas que permitan desvirtuar los hechos establecidos por la Administración; a ser informado o informada de los recursos y medios de defensa; y finalmente, a recibir oportuna respuesta a sus solicitudes (vid, entre otras, sentencias de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia Nos. 00102 del 22 de Enero de 2009, 01393 del 7 de Diciembre de 2016 y 00833 publicada el 17 de Julio de 2018).
En el caso bajo análisis, si bien es cierto para la procedencia de la acción de amparo se exige el carácter manifiesto de la pretendida lesión denunciada, “Conforme a ello, la acción de amparo es admisible cuando tiene origen en un acto, hecho u omisión del cual derive la violación actual o inminente, de un derecho o garantía constitucionales, siempre que la referida violación pueda deducirse de la comparación entre el hecho o acto que presuntamente le da origen y la norma constitucional que la consagra, sin que sea necesario acudir a normas complejas.” (Sentencia de fecha 06 de Mayo de 1993, caso: Oscar S. Urquinza, emanada de la Sala Político Administrativa).
Hemos de observar, que contrariamente a lo señalado tanto por la apoderada judicial de los presuntos agraviantes como la representante del Ministerio Público, no le esta vedado al juez constitucional referirse a normas de rango legal en el estudio y comprensión de las actuaciones denunciadas como lesivas de derechos constitucionales, tal como señala la última cita jurisprudencial, siempre y cuando no entre a realizar interpretaciones complejas que impliquen el análisis y discernimiento del fin de la norma.
De manera que, basta una simple lectura al numeral 4 del artículo 4 de la Providencia Administrativa Nº SNAT/2009/0015 de fecha veintiocho (28) de Enero de 2009, publicada en igual fecha en la Gaceta Oficial Nº 39.108 de la República Bolivariana de Venezuela, por medio de la cual se crea la Gerencia General de Control Aduanero y Tributario del SENIAT, para evidenciar que la norma es perfectamente clara, al establecer que “La Gerencia General de Control Aduanero y Tributario, sin perjuicio de las competencias asignadas a otras unidades del servicio, tiene las siguientes atribuciones: …omissis… 4. Ejercer el procedimiento de fiscalización y determinación (…) a los sujetos pasivos que hayan sido sometidos a actuaciones previas”.
De la comunicación Nº SNAT/GGCAT/GCT/DCPT/ISLR/IVA/2021/PA-0010-10 de fecha dieciséis (16) de Abril de 2021, suscrita por la ciudadana Marisela Estrada La Riva, Gerente de Control Posterior Tributario (folios 141 y 142), y dirigida al “COMPLEJO INDUSTRIAL LICORERO DEL CENTRO, C.A.”, se puede leer:

“se le solicitó suministrar las copias de las actas de reparo notificadas por la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales, Región Capital para los ejercicios fiscales correspondientes desde el 01/07/2014 al 30/06/2015 y desde el 01/07/2017 al 30/06/2018, a lo que nos responden no encontrar información sobre dichas actas, (…) En virtud de la negativa (…) se solicitó ante la Gerencia Regional de Contribuyentes Especiales la providencia administrativa emitida bajo el Nº SNAT/INTI/GRTI/CE/RC/DF/2019/IVA/01435 de fecha 17/09/2019 (…) y acta de reparo número SNAT/INTI/GRTI/CE/RC/DF/2019/IVA/01435-03, de fecha 26/02/2020”

Del párrafo parcialmente transcrito se puede extraer que tanto Providencia de fecha 17/09/2019 y el Acta de Reparo de fecha 26/02/202 identificadas en la última transcripción, en nada se relacionan con los períodos fiscales objeto de investigación señalados al principio de la comunicación de fecha dieciséis (16) Abril de 2021, sino que además visto que la contribuyente tiene un ejercicio irregular, se constata la indeterminación en la Providencia reeditada al señalar que la investigación abarcará los ejercicios fiscales 2018 y 2019.
De las Actas Constancia que cursan insertas en autos (folios 28 29, 30 y 31), identificadas en la narrativa del presente fallo, de la Providencia Administrativa (Fiscalización) reeditada (folio 128), como de las defensas esbozadas a lo largo del procedimiento por los apoderados judiciales de la quejosa fácilmente se puede evidenciar, que lo mas grave, es que el ciudadano Alexander de Jesús Román, en su carácter de Gerente General de Control Aduanero y Tributario del SENIAT, incurrió en una extralimitación de funciones consistente en la realización de un acto para el cual no tiene competencia expresa, como lo es la emisión de la Providencia Administrativa (Fiscalización) Nº SNAT/GGCAT/GCT/DCPT/ISLR/IVA/2020/PA-0029 de fecha veintiuno (21) de Abril de 2021, vulnerando los derechos constitucionales de la agraviada al autorizar un procedimiento para el cual no está facultado, lesionando la garantía de igualdad ante la ley, del derecho a la defensa y al debido proceso, reflejadas en el artículo 21 y 49 Constitucional.
La accionante en amparo durante el iter procesal administrativo y luego judicial puso en conocimiento a la agraviante, que no existían actuaciones previas de fiscalización y determinación, que la facultasen a iniciar y continuar con el procedimiento ordenado mediante la Providencia Administrativa (Fiscalización) reeditada, de la cual se destaca, no señala información alguna referente a las actuaciones fiscales previas sometidas a control posterior.
Los actos de un procedimiento, no son elementos aislados, los mismos siguen un orden consecutivo legal con etapas de preclusión, de manera que tanto la solicitud de acceso al expediente administrativo, como su negativa, son consecuencia el acto que dio inicio al Procedimiento, materializado a través de la Providencia Administrativa (Fiscalización) Nº SNAT/GGCAT/GCT/DCPT/ISLR/IVA/2021/PA-0010 de fecha ocho (8) de Febrero de 2021, y continuado por la Providencia Administrativa (Fiscalización) Nº SNAT/GGCAT/GCT/DCPT/ISLR/IVA/2020/PA-0029 de fecha veintiuno (21) de Abril de 2021, por tanto la declaratoria de inconstitucionalidad declarada del acto originado por la extralimitación de funciones del ciudadano Alexander de Jesús Román, en su carácter de Gerente General de Control Aduanero y Tributario del SENIAT, alcanza al resto de las actuaciones llevadas a cabo en el transcurso del procedimiento. Así se declara.
No obstante la declaratoria anterior, por lo que respecta a la negativa de acceso al expediente administrativo derivada de la comunicación Nº SNAT/GGCAT/GCT/DCPT/ISLR/IVA/2021 de fecha trece (13) de Abril de 2021, suscrita por la ciudadana Marisela Estrada La Riva, en su carácter de Gerente de Control Tributario adscrita a la Gerencia General de Control Aduanero y Tributario del SENIAT, se insiste nuevamente en que la apoderada judicial de la presunta agraviante, nada dijo, por lo que este Tribunal interpreta que su silencio equivale a la aceptación de los hechos incriminados; estimándose conveniente destacar que efectivamente, tal como reseñó en su oportunidad la Fiscal del Ministerio Público, dicho acto de trámite, contra el cual no cabe recurso ordinario, limitó el derecho constitucional a la defensa de la querellante, al verse impedida sin justificación alguna a acceder al expediente administrativo y sus debidas actuaciones previas, dado que no se indicó la razón, de los varios supuestos establecidos en la norma, que dio como resultado tal negativa; lo cual resulta violatorio del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, siendo procedente la denuncia de violación al debido proceso y al derecho a la defensa. Así se declara.
- III -
D E C I S I Ó N

Por las razones que anteceden, este Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, actuando en sede constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara CON LUGAR la acción de acción de amparo constitucional interpuesta por los ciudadanos Ricardo Arturo Navarro Urbáez y Gladys María Rodríguez Bogady, ya identificados, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil “COMPLEJO INDUSTRIAL LICORERO DEL CENTRO, C.A.”, y en consecuencia se ordena el restablecimiento de la situación jurídica infringida, por tanto carecen de legitimidad y efectos todas las actuaciones y actos administrativos derivados como consecuencia de la Providencia Administrativa (Fiscalización) Nº SNAT/GGCAT/GCT/DCPT/ISLR/IVA/2021/PA-0010 de fecha ocho (8) de Febrero de 2021 (dejada sin efecto por el órgano emisor), incluida la Providencia Administrativa (Fiscalización) Nº SNAT/GGCAT/GCT/DCPT/ISLR/IVA/2020/PA-0029 de fecha veintiuno (21) de Abril de 2021, notificada el veintiséis (26) de Abril de 2021, ambas suscritas por el ciudadano Alexander de Jesús Román, en su carácter de Gerente General de Control Aduanero y Tributario del SENIAT; como también la comunicación Nº SNAT/GGCAT/GCT/DCPT/ISLR/IVA/2021 de fecha trece (13) de Abril de 2021, suscrita por la ciudadana Marisela Estrada La Riva, en su carácter de Gerente de Control Tributario adscrita a la referida Gerencia General.
De conformidad con lo previsto en el artículo 29 de la Ley Orgánica sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se ordena que el presente mandamiento de amparo sea acatado por todas las autoridades de la República, so pena de incurrir en desobediencia a la autoridad.
Publíquese, regístrese y notifíquese al ciudadano Procurador General de la República.
Dada, firmada y sellada en horas de despacho del Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, a los seis (6) días del mes de Mayo de dos mil veintiuno (2021). Años 211º de la Independencia y 162º de la Federación.-
El Juez,

Gabriel Ángel Fernández Rodríguez.
La Secretaria Suplente,

Patricia del Carmen Lara Marcano.

La anterior sentencia se publicó en su fecha, siendo las nueve y diez minutos de la mañana (9:10 a.m.).----------------La Secretaria Suplente,

Patricia del Carmen Lara Marcano.

ASUNTO: AP41-O-2021-000001.
GAFR.-