REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA





EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR SEXTO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS.


ASUNTO: AP71-S-2019-000035


PARTE SOLICITANTE: ciudadano JOHN AROSIO MAAL, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-3.667.487.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE SOLICITANTE: ciudadanos RICARDO ERNESTO CATTABRIGA LEÓN, JOSÉ IGNACIO ARCAYA DEGWITZ y LUIS FELIPE SORONDO HEREDIA, abogados en ejercicio, de este domicilio e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 133.177, 302.124 y 281.672, respectivamente.
PARTE CONTRA LA CUAL OBRA LA SOLICITUD: ciudadana RUTH OBADIA BIBAS, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad número V-6.822.529.
DEFENSORA JUDICIAL PARTE CONTRA LA CUAL OBRA LA SOLICITUD: ciudadana THAYLUMA PEREIRA GUTIÉRREZ, abogada en ejercicio e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 88.997.
MOTIVO: EXEQUÁTUR. (Divorcio de mutuo consentimiento).
ASUNTO EN REVISIÓN: Escritura de divorcio de mutuo acuerdo, número doscientos dos (202) otorgada ante el Notario José María Rivas Díaz, en fecha 25 de enero de 2019, en la ciudad de Madrid, España, que declaró disuelto por divorcio el vinculo matrimonial existente entre los ciudadanos JOHN AROSIO MAAL y RUTH OBADIA BIBAS.
SENTENCIA: DEFINITIVA.
-I-
Antecedentes

Se inicia la presente solicitud, mediante escrito libelar, presentado en fecha 20 de septiembre de 2019, ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de los Juzgados Superiores en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por el ciudadano John Arosio Maal, debidamente asistido por el abogado Ricardo Cattabriga León, correspondiéndole a este Tribunal, previa al trámite administrativo de distribución, conocer de la solicitud, siendo recibida por esta Alzada, en fecha 24 de septiembre de 2019.
Por auto de fecha 24 de septiembre de 2019, se le dio entrada a la presente solicitud, ordenándose hacer las anotaciones respectivas en el libro de solicitudes llevado por este Juzgado, y siendo que la parte interesada no acompaño a su solicitud los recaudos con los cuales fundamenta su acción, se le concedió un lapso de cinco (5) días de Despacho para que procediera a la consignación en autos de los anexos correspondiente.
En fecha 30 de septiembre de 2019, compareció por ante este Juzgado la parte solicitante, debidamente asistido por su abogado, y consignó mediante diligencia, los instrumentos mencionados en su solicitud, a fin de fundamentar la misma.
Por auto de fecha 02 de octubre de 2019, este Tribunal, conforme a lo dispuesto en los artículos 132 y 856 del Código de Procedimiento Civil, admitió la presente solicitud, ordenado la notificación del Fiscal de Ministerio Público y la citación de la parte contra la cual obra el procedimiento de exequátur, ciudadana Ruth Obadia Bibas.
En fecha 06 de diciembre de 2019, la parte solicitante compareció por ante este Juzgado, y mediante diligencia requirió se librara oficio dirigido al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), a los fines de que informe sobre el último domicilio registrado ante esa oficina por la ciudadana Ruth Obadia Bibas, así como sus movimientos migratorios, a los fines de proceder a la citación de la referida ciudadana; siendo acordado su pedimento por auto de fecha 09 de diciembre de 2019, ordenándose además, librar boleta de notificación dirigida al Fiscal de Ministerio Público de Guardia, para que emitiera su opinión con relación al presente procedimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 132 del Código de Procedimiento Civil. Librándose oficio Nº 166-2019, en esa misma fecha.
En fecha 18 de diciembre de 2019, la Alguacil de este Juzgado consignó diligencia mediante la cual dejó constancia de haber entregado con resultado positivo el oficio librado al Servicio Autónomo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), así como la boleta de notificación dirigida al Fiscal del Ministerio Público de Guardia.
En fecha 13 de marzo de 2020, compareció por ante este Despacho la ciudadana Alguacil de este Tribunal, y dejó constancia mediante diligencia de haber consignado ante Secretaria oficio 001271-20-CP de fecha 06 de marzo de 2020, emanado del Servicio Autónomo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), el cual le fuera entregado por dicho ente con anexo de los últimos movimientos migratorios y último domicilio registrado ante ese oficina, por la ciudadana contra la cual obra la presente solicitud ciudadana Ruth Obadia Bibas.
En fecha 16 de noviembre de 2020, compareció por ante este Juzgado la parte solicitante, debidamente asistido por su abogado, y mediante diligencia requirió se librara cartel de citación dirigido a la ciudadano Ruth Obadia Bibas; siendo acordado su pedimento por auto de fecha 17 de noviembre del mismo mes y año, de conformidad con lo establecido en el 224 del Código de Procedimiento Civil.
En fecha 18 de noviembre de 2020, el solicitante del exequátur debidamente asistido por al abogado Ricardo Cattabriga, procedió a retirar mediante diligencia el cartel de citación dirigido a la ciudadana Ruth Obadia Bibas, para su respectiva publicación.
En fecha 01 de diciembre de 2020, compareció por ante este Despacho el abogado Luis Felipe Sorondo Heredia, y mediante diligencia consignó poder de representación que les fuera otorgado a su persona y los abogados Ricardo Cattabriga León y José Ignacio Arcaya Degwitz, por el solicitante, ciudadano John Arosio Maal, ante la Notaría Pública Octava del Municipio Sucre del Estado Miranda.
En fecha 25 de enero de 2021, la representación judicial de la parte solicitante, compareció por ante este Juzgado y consignó separatas de prensa de las publicaciones del cartel de citación ordenado por este Juzgado mediante auto de fecha 17 de noviembre de 2020, y dirigido a la ciudadana Ruth Obadia Bibas, a los fines de que se diera por citada en la presente solicitud; ordenado este Despacho por auto agregar dichas publicaciones a los fines de que surtieran los efectos legales correspondientes.
En fecha 27 de enero de 2021, la Secretaria Titular de este Juzgado dejó constancia que en el presente proceso se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 224 del Código de Procedimiento Civil, indicando que a partir de la mencionada fecha (exclusive) comenzó a transcurrir el lapso de treinta (30) días continuos, concedidos a la ciudadana Ruth Obadia Bibas, para que se diera por citada del presente procedimiento, de forma personal o por medio de algún apoderado judicial.
En fecha 01 de marzo de 2021, compareció por ante este Despacho la representación judicial del ciudadano John Arosio Maal, y solicitó se designe defensor ad-litem para la ciudadana Ruth Obadia Bibas.
Por auto de fecha 02 de marzo de 2021, este Tribunal, una vez verificado el cumplimiento de lo establecido en el artículo 224 del Código de Procedimiento Civil, así como el vencimiento de lapso de los treinta (30) días continuos concedidos a la ciudadana Ruth Obadia Bibas, para que se diera por citada de la presente solicitud, se procedió a designar como defensora judicial de la mencionada ciudadana, a la abogada Thayluma Pereira Gutiérrez, a los fines de garantizar su derecho a la defensa y el debido proceso.
En fecha 08 de abril de 2021, la alguacil de este Juzgado, compareció por ante este Despacho y consignó con resultado positivo, boleta de notificación debidamente firmada, por la abogada Thayluma Pereira Gutiérrez, mediante la cual se le hizo saber de su designación como defensora judicial de la parte contra la cual obra la presente solicitud.
En fecha 12 de abril de 2021, la abogada Thayluma Pereira Gutiérrez, mediante diligencia consignada ante esta alzada, manifestó su aceptación al cargo de defensora judicial designada para la ciudadana Ruth Obadia Bibas, procediéndose en ese acto a su juramentación por parte de la Juez a cargo de este Juzgado, y la Secretaria titular del mismo, imponiéndole a la mencionada abogada los deberes inherentes al cargo para el cual fue designada, jurando la profesional del derecho cumplir bien y fielmente la labor que le fue encomendada.
En fecha 13 de abril de 2021, la representación judicial del ciudadano John Arosio Maal, solicitó se librara boleta de citación a la defensora judicial de la parte contra la cual obra el presente procedimiento de exequátur; siendo acordado por este Juzgado su pedimento, mediante auto de fecha 14 de abril de 2021, concediendo a la defensora un lapso de diez (10) días de Despacho a los fines de que diera contestación a la solicitud.
En fecha 16 de abril de 2021, la ciudadana alguacil de este Juzgado, dejó constancia mediante diligencia de haber practicado con resultado positivo, la citación de la abogada Thayluma Pereira Gutiérrez, a los fines de que diera contención a la presente solicitud en nombre de su representada.
En fecha 27 de abril de 2021, estando dentro de la oportunidad procesal correspondiente, compareció ante este Tribunal la abogada Thayluma Pereira Gutiérrez, actuando en su condición de defensora judicial designada de la ciudadana Ruth Obadia Bibas, y consignó escrito de contestación a la presente solicitud de exequátur.
-II-
De la solicitud de Exequátur

Cumplidas las formalidades de Ley, llega la oportunidad procesal para que este Tribunal emita su pronunciamiento en la presente solicitud, en los siguientes términos:
Mediante escrito presentado en fecha 20 de septiembre de 2019, para su respectiva distribución, el ciudadano John Arosio Maal, debidamente asistido por su abogado, fundamentó su solicitud alegando que contrajo matrimonio con la ciudadana Ruth Obadia Bibas, ante el Jefe Civil del Municipio Chacao del Estado Miranda, el día 15 de junio de 2016, y que de la unión no se procreó descendencia alguna, pero si hubo celebración de capitulaciones matrimoniales, por lo cual el matrimonio quedó sujeto al régimen de separación absoluta de bienes otorgada ante el Registro Público del Municipio Chacao del Estado Miranda, en fecha 30 de mayo de 2016, quedando registradas bajo el Nro. 34, Folio 218, del Tomo 17, del Protocolo de Transcripción del año 2016.
Alega el solicitante, que las partes comparecieron ante un Notario, funcionario competente de acuerdo a la Ley del lugar de celebración de los actos en la ciudad de Madrid, quien mediante la escritura de divorcio de mutuo acuerdo, otorgada en fecha 25 de enero de 2019, decretó la disolución del matrimonio celebrado entre él y la ciudadana Ruth Obadia Bibas, el cual tuvo lugar en la ciudad de Caracas, el día 15 de junio de 2016, quedando anotado según acta de matrimonio Nº 439, Tomo 02, Folio 189 del año 2016, en los libros correspondientes al Registro Civil del Municipio Chacao.
Indica el interesado en su escrito de solicitud, que el procedimiento de divorcio, se llevó desprovisto de toda contención, en virtud de haber sido una solicitud de mutuo acuerdo, encontrándose la decisión que decreto el divorcio definitivamente firme.
Arguye el accionante, que en virtud de la ausencia de un tratado entre Venezuela y España, que regule de manera específica la eficacia de las sentencias extranjeras, se debe utilizar las disposiciones contempladas en el Capitulo X de la Ley de Derecho Internacional Privado, y particularmente, el artículo 53 de ese texto legal, que derecho parcialmente el contenido de los artículos 850 y 851 del Código de Procedimiento Civil; mencionando el solicitante que del escrito de divorcio que pretende hacer valer, se desprende: i) que no versa sobre la reclamación de derechos reales referidos a bienes inmuebles situados en la República Bolivariana de Venezuela; ii) que no le fue arrebatado a Venezuela la jurisdicción exclusiva, iii) Que la pretensión en la demanda fue de mutuo acuerdo, ya existiendo separación de cuerpos de manera voluntaria, entre las partes, lo cual se encuentra establecido en el Código Civil de Venezuela; iv) Que el derecho a la defensa de ambas partes fue garantizado, toda vez que durante el procedimiento los interesados manifestaron voluntariamente su intensión de divorciarse; v) Que no existe decisión anterior que tenga autoridad de cosa Juzgada, dictada por algún Tribunal venezolano, ni existen juicios pendiente sobre el mismo objeto y entre las mismas partes; y vi) Que la escritura de divorcio que se pretende hacer valer en el territorio venezolano, se encuentra debidamente apostillada en fecha 27 de marzo de 2019.
Por último, indica el solicitante que por todas las consideraciones de hecho y derecho expuestas, solicita formalmente al Tribunal, declare el pase de autoridad de cosa juzgada a la escritura de divorcio de mutuo acuerdo, otorgada ante Notario en la ciudad de Madrid-España, en fecha 25 de enero de 2019, que decreto disuelto el vinculo matrimonial existente entre los ciudadanos John Arosio Maal y Ruth Obadia Bibas, y del mismo modo lo solicitado sea admitido, sustanciado y declarado con lugar.
-III-
De la Contestación a la Solicitud

En fecha 27 de abril de 2021, compareció por ante este Juzgado la abogada Thayluma Pereira Gutiérrez, actuando en su condición de defensora judicial de la ciudadana Ruth Obadia Bibas, y mediante escrito procedió a dar contestación a la presente solicitud en los siguientes términos:
Indicó con relación a las gestiones de localización de su defendida, que las mismas han sido infructuosas, en virtud de haberse dirigido a los entes pertinentes y contactarla a través de la red social instagram, donde procedió a enviarle un mensaje informándole del presente asunto, sin recibir respuesta alguna por parte de la ciudadana Ruth Obadia Bibas.
Menciona la auxiliar de justicia en su contestación, que el vínculo matrimonial que existió entre las partes inmersas en la solicitud, fue disuelto en la ciudad de Madrid a través de organismo notarial, por lo que considera que el mismo de acuerdo a nuestras leyes no tiene facultad plena para disolver el matrimonio, por tal razón hace oposición al presente procedimiento, por considerar que no se encuentran llenos los requisitos exigidos en el artículo 851 del Código de Procedimiento Civil, concatenado con el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, específicamente en su ordinal 4º; motivo por el cual niega, rechaza y contradice todos los hechos alegados en la presente solicitud de exequátur.

-IV-
De la Opinión del Fiscal del Ministerio Público

En relación a este punto, este Tribunal deja expresa constancia, que por auto de fecha 02 de octubre de 2019 (F.23), se ordenó librar boleta de notificación al Fiscal de Ministerio Público de Guardia, conforme a lo establecido en el artículo 132 del Código de Procedimiento Civil, la cual fue debidamente practicada por la ciudadana Alguacil de este Despacho, quien dejó constancia de su actuación, mediante diligencia de fecha 18 de diciembre de 2019, cumpliéndose de esta manera las formalidades establecidas en nuestro Código Procedimental, sin que hasta la presente de fecha, haya comparecido por ante este Juzgado, representación alguna del Ministerio Público a consignar en las actas del proceso su opinión con relación al presente procedimiento.
Siendo así, este Tribunal aun y cuando observa que la representación Fiscal no emitió opinión alguna para el presente proceso, pasa a decidir el mismo, atendiendo a los postulados constitucionales, establecidos en el artículo 26 de nuestra carta magna, referentes al acceso a los órganos de administración de justicia, tutela judicial efectiva y obtención con prontitud por parte de los Tribunales de la República, a una decisión que satisfaga los intereses del solicitante, ello en virtud de que ha transcurrido tiempo suficiente para la consignación en el expediente para la mencionada opinión Fiscal, sin que la misma haya sido efectuada. Así se establece.
-V-
Pruebas aportadas a la solicitud.

1. Riela a los folios 07 al 17, copia certificada emanada por el Notario José María Rivas Díaz, de la escritura de divorcio de mutuo acuerdo, número doscientos dos (202) otorgada ante su autoridad de fecha 25 de enero de 2019, en la ciudad de Madrid, del Reino de España, que declaró disuelto por divorcio el vinculo matrimonial existente entre los ciudadanos JOHN AROSIO MAAL y RUTH OBADIA BIBAS, siendo además, dicho documento debidamente apostillado, en fecha 27 de marzo de 2019, bajo el Nº N7201/2019/020343, evidenciándose de dicha documental la disolución del matrimonio celebrado entre las partes inmersas en la presente solicitud, en fecha 15 de junio de 2016, ante el Jefe Civil del Municipio Chacao del Estado Miranda; y siendo que dicho documento no fue desconocido ni tachado por la representación judicial de la parte contra la cual obra la solicitud, encontrándose el mismo revestido de las formalidades de Ley, este Tribunal le da pleno valor probatorio al mismo de conformidad con lo previsto en el Artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 1.360 del Código Civil, evidenciándose del mismo la disolución del vinculo matrimonial que unió a los ciudadanos arriba mencionados. Así se establece.
2. Riela a los folios que van del 18 al 23, copia certificada expedida por la Oficina de Registro Civil del Municipio Chacao del Estado Miranda, en fecha 13 de agosto de 2019, del acta de matrimonio Nº 439, celebrado ante la referida autoridad por los ciudadanos John Arosio Maal y Ruth Obadia Bibas, en fecha 16 de junio de 2016; con relación a este instrumento al ser el mismo de carácter público, no siendo desconocido ni tachado durante la secuela del proceso, este Tribunal le otorga el pleno valor probatorio que de él emana, de conformidad con lo previsto en el Artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 1.360 del Código Civil, quedando demostrado con dicha instrumental, el vínculo matrimonial que existió entre las partes inmersas en el proceso. Así se establece.




-VII-
Motivaciones para decidir.

Ahora bien, establecidos como fueron los antecedentes del caso, previo a cualquier pronunciamiento sobre el fondo de lo solicitado, pasa quien aquí decide, a pronunciarse con relación al alegato efectuado por la defensora judicial designada en autos, para la ciudadana Ruth Obadia Bibas, quien indicó que la escritura de divorcio fue otorgada ante notario, quien a su decir, no se encuentra facultado para disolver el matrimonio, siendo así, este Tribunal de alzada pasa a citar el contenido del artículo 82 del Código Civil Español el cual reza textualmente lo siguiente:
Artículo 82. 1. Los cónyuges podrán acordar su separación de mutuo acuerdo transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio mediante la formulación de un convenio regulador ante el Secretario judicial o en escritura pública ante Notario, en el que, junto a la voluntad inequívoca de separarse, determinarán las medidas que hayan de regular los efectos derivados de la separación en los términos establecidos en el artículo 90. Los funcionarios diplomáticos o consulares, en ejercicio de las funciones notariales que tienen atribuidas, no podrán autorizar la escritura pública de separación. Los cónyuges deberán intervenir en el otorgamiento de modo personal, sin perjuicio de que deban estar asistidos por Letrado en ejercicio, prestando su consentimiento ante el Secretario judicial o Notario. Igualmente los hijos mayores o menores emancipados deberán otorgar el consentimiento ante el Secretario judicial o Notario respecto de las medidas que les afecten por carecer de ingresos propios y convivir en el domicilio familiar. 2. No será de aplicación lo dispuesto en este artículo cuando existan hijos menores no emancipados o con la capacidad modificada judicialmente que dependan de sus progenitores.
(Negritas y Subrayado de este Tribunal.)

Tal como se desprende del citado artículo, resulta evidente para este Juzgado, que según la legislación española, los notarios, si se encuentran facultados para el otorgamiento de las escrituras que los cónyuges les presenten, con la intención de manera voluntaria de disolver el vinculo matrimonial que los unía, en tal sentido, siendo que el solicitante del presente procedimiento consigno en autos, la escritura a la cual hace referencia el mencionado artículo, este Tribunal, declara improcedente el alegado de la defensora judicial, ello en virtud de haberse solicitado el divorcio conforme a las legislación española. Así se establece.
Resuelto lo anterior, pasa este Juzgado a decidir el fondo de lo debatido observando que, el requerimiento en autos, versa sobre la solitud del reconocimiento por parte de las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, de la escritura de divorcio de mutuo acuerdo, número doscientos dos (202) otorgada ante el Notario José María Rivas Díaz, en fecha 25 de enero de 2019, en la ciudad de Madrid, España, que declaró disuelto por divorcio el vinculo matrimonial existente entre el solicitante, ciudadano John Arosio Maal y la ciudadana Ruth Obadia Bibas, quedando así disuelto el matrimonio por ellos contraído ante la Oficina de Registro Civil del Municipio Chacao del Estado Miranda, en fecha 13 de agosto de 2019, según acta de matrimonio Nº 439.
Dicho lo anterior, es de resaltar que lo solicitado por el ciudadano John Arosio Maal, a través de sus apoderados judiciales, se debe hacer dentro del marco del Derecho Procesal Civil Internacional; lo que impone al órgano jurisdiccional competente observar necesariamente las fuentes en materia de Derecho Internacional Privado, el cual establece en su artículo 1° lo siguiente:

“…Los supuestos de hecho relacionados con los ordenamientos jurídicos extranjeros se regularán, por las normas de Derecho Internacional Público sobre la materia, en particular, las establecidas en los tratados internacionales vigentes en Venezuela; en su defecto, se aplicarán las normas de Derecho Internacional Privado Venezolano; a falta de ellas, se utilizará la analogía y, finalmente, se regirán por los principios de Derecho Internacional Privado generalmente aceptados…”

En tal sentido, de la citada norma, se colige que en primer lugar, deben aplicarse las normas de Derecho Internacional Público sobre la materia, en particular las establecidas en los tratados internacionales vigentes en la República Bolivariana de Venezuela; en segundo lugar, las normas de derecho internacional privado; en tercer lugar, se aplica la analogía, y en defecto de lo anterior, deben ser aplicados los principios generales del derecho generalmente aceptados.
En el presente caso, como ya fue señalado, se solicitó por el procedimiento de exequátur, se declare la fuerza ejecutoria en el territorio nacional, a una escritura de divorcio de mutuo acuerdo, otorgada ante el Notario José María Rivas Díaz, en fecha 25 de enero de 2019, en la ciudad de Madrid, España; razón por la cual conforme a lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley de Derecho Internacional Privado, se plantea en el caso de marras, la aplicación de las normas internacionales de derecho privado, consagradas en la mencionada ley especial, que en su CAPÍTULO X “De la eficacia de las sentencias extranjeras”, derogó parcialmente las disposiciones contenidas en los artículos 850 y 851 del Código de Procedimiento Civil, relativa al proceso de exequátur.
Ahora bien, analizadas las actas que conforman el presente expediente, se desprende del documento del cual se solicita el pase de exequátur, que los ciudadanos John Arosio Maal y Ruth Obadia Bibas, en fecha 25 de enero de 2019, comparecieron ante el notario José María Rivas Díaz, debidamente asistidos de sus abogados y otorgaron con capacidad legal y legitimación necesaria, escritura de divorcio de mutuo acuerdo; observándose de lo expuesto sin lugar a dudas que, la resolución de divorcio, a la cual se solicita se le conceda fuerza ejecutoria dentro de la República Bolivariana de Venezuela, se realizó por medio de un procedimiento no contencioso, donde ambos cónyuges manifestaron su deseo de no continuar unidos en matrimonio, al señalar en su convenio regulador lo siguiente: “…ambas partes acuerdan poner fin a su relación matrimonial de común acuerdo, relevándose mutuamente de cuantos derechos y obligaciones recíprocos les impone la ley por razón de su matrimonio…”, por su parte el Notario ante quien se presento el convenio regulador, estableció en el punto sexto del documento, lo que de seguidas se transcribe...“…Por virtud de todo lo anteriormente expuesto, queda decretado el DIVORCIO DE COMÚN ACUERDO existente entre doña RUTH OBADIA BIBAS Y DON JOHN AROSIO MAAL…”, con lo cual quedó evidenciado de manera indiscutible que ambas partes estaban de acuerdo con la disolución del vinculo que los unía, estando el procedimiento desprovisto de contención, razón por la cual, quien aquí se pronuncia considera que las partes tuvieron pleno conocimiento del procedimiento, respetándose las garantías procesales correspondiente. Así se declara.
Así las cosas, observa quien aquí se pronuncia, que el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, norma específica aplicable a este caso, contiene los requisitos que deben concurrir para que las sentencias extranjeras tengan efectos legales en Venezuela, en virtud de lo cual, se pasa a mencionar y analizar si en el caso de autos se encuentra cumplido lo exigido por la Ley, teniendo entonces que la mencionada norma establece que para conceder fuerza ejecutoria de las sentencias extranjeras dentro de la República, se requiere:

1°.- Que hayan sido dictadas en materia civil, mercantil o, en general, en materia de relaciones jurídicas privadas: siendo así, se evidencia que la escritura analizada, versa sobre materia civil, por cuanto la misma aprueba la disolución del vinculo matrimonial que existía entre los ciudadanos John Arosio Maal y Ruth Obadia Bibas; en virtud de lo cual, la sentencia cumple con este primer ordinal al versar sobre relaciones jurídicas privadas. Así se decide.
.2°.- Que tenga fuerza de cosa juzgada de acuerdo con la ley del Estado en el cual han sido pronunciadas: respecto a este punto, observa este Juzgado que en el convenio regulador las partes manifestaron: “…En definitiva, ambos cónyuges dicen nada deberse entre si, por ningún concepto, renunciando en consecuencia al ejercicio de toda acción que les pudiera corresponder en cualquier orden y jurisdicción respecto a toda controversia que pudiere existir entre ellos. Asimismo, reconocen que no ha lugar a pensión compensatoria, ni pensión de otra naturaleza o indemnización alguna…”. En este sentido, observa quien aquí se pronuncia, que las partes renunciaron a cualquier recurso al momento de manifestar su voluntad de divorciarse, motivo por el cual se considera que la decisión de la cual se solicita su reconocimiento por parte de las autoridades venezolanas, tiene el efecto de cosa Juzgada, cumpliéndose así el segundo de los requisitos de Ley del ordenamiento Jurídico vigente. Así se decide.
3°.- Que no versen sobre derechos reales respecto a bienes inmuebles situados en la República o que no se haya arrebatado a Venezuela la jurisdicción exclusiva que le correspondiere para conocer del negocio: De la decisión cuyo pase de exequátur se pretende, así como de los acuerdos firmados por las partes durante el procedimiento de divorcio, se evidencia, que no versa sobre derechos reales respecto a bienes inmuebles situados en la República Bolivariana de Venezuela. Teniéndose entonces, para esta Juzgadora como cumplido este requisito, por no encontrarse en el estudio de los documentos consignados, alguna disposición o acuerdo que arrebatara jurisdicción a la República Bolivariana de Venezuela. Así se establece.
4°.- Que los Tribunales del Estado sentenciador tengan jurisdicción para conocer de la causa de acuerdo con los principios generales de jurisdicción consagrados en el capitulo IX de esta Ley: con relación a este particular la representación judicial de la parte contra la cual obra la solicitud, alegó que no se encuentra cumplido este requisito, es por ello que esta Jurisdicente pasa a citar el contenido de los artículos 11, 15 y 23 de La Ley de Derecho Internacional Privado, los cuales determinan el domicilio de la persona física en materia de divorcio, y establecen lo siguiente:

“…Artículo 11: El domicilio de una persona física se encuentra en el territorio del Estado donde tiene su residencia habitual…”
“…Artículo 15: Las disposiciones de este capítulo se aplican siempre que esta Ley se refiera al domicilio de una persona física y, en general, cuando el domicilio constituye un medio de determinar el Derecho aplicable o la jurisdicción de los tribunales…”
“…Artículo 23: El divorcio y la separación de cuerpos se rigen por el Derecho del domicilio del cónyuge que intenta la demanda…”
(Negrillas y subrayado del Tribunal).

Tal y como se desprende, de las citadas normas, el divorcio se rige por el Derecho del domicilio del cónyuge que lo solicita, y siendo que en caso de autos, se evidencia de la escritura de divorcio suscrita por los ciudadanos John Arosio Maal y Ruth Obadia Bibas, que los mencionados ciudadanos, manifestaron estar residenciados el primero en: “Madrid, C/ Don Ramon de La Cruz Nº 53,3º Prta 3. “, y la segunda en: “Madrid, C/ Genova, Nº 25”; resultando de esta manera concluyente, que la escritura de divorcio fue pronunciada por un ente con jurisdicción para conocer de la causa, de conformidad con lo previsto en la Ley de Derecho Internacional Privado, en virtud que para la fecha de la presentación de la solicitud de divorcio, ambos cónyuges tenían fijado su domicilio en la ciudad de Madrid, teniendo el mencionado Organismo competencia para conocer del convenio regulador presentado por el hoy solicitante y la ciudadana Ruth Obadia, de conformidad con los artículos 11, 15 y 23 de la Ley de Derecho Internacional Privado, quedando así demostrado el cumplimiento del cuarto requisito exigido en nuestra Ley, declarándose además improcedente el alegado de la representación judicial de la defensora judicial, con relación a la falta del cumplimiento de este requisito. Así se establece.
5°.- Que el demandado haya sido debidamente citado, con tiempo suficiente para comparecer, y que se le hayan otorgado en general, las garantías procesales que aseguren una razonable posibilidad de defensa: Se aprecia de la sentencia de la cual se solicita se le conceda fuerza ejecutoria dentro de la República Bolivariana de Venezuela, que el divorcio de mutuo acuerdo fue presentado por los ciudadanos, John Arosio Maal y Ruth Obadia Bibas, donde manifestaron de manera escrita su intención de no seguir unidos en matrimonio, siendo indiscutible que ambas partes estaban de acuerdo con la disolución del vinculo que los unía, estando el procedimiento desprovisto de contención, razón por la cual, quien aquí se pronuncia considera que las partes tuvieron pleno conocimiento del procedimiento, respetándose las garantías procesales correspondiente. Teniéndose así, para esta Juzgadora como cumplido este requisito. Así se establece.
6°.- Que no sean incompatibles con sentencias anteriores que tenga autoridad de cosa juzgada; y que no se encuentre pendiente, ante los Tribunales venezolanos, un juicio sobre el mismo objeto y entre las mismas partes, iniciado antes que se hubiere dictado la sentencia extranjera: Al respecto, observa quien aquí se pronuncia, que la sentencia cuyo pase se requiere, no colinda con sentencia alguna dictada en Venezuela; por lo que al no constar en autos que la sentencia en cuestión, sea incompatible con alguna decisión anterior que tenga autoridad de cosa juzgada en nuestro territorio y dictada por tribunal venezolano, así como tampoco se evidencie la existencia de juicio pendiente ante los tribunales venezolanos que verse sobre el mismo objeto y la misma identidad de las partes, iniciado antes de que se hubiere dictado la sentencia extranjera; se tiene por cumplido el referido requisito. Así se establece.
Siendo así, analizados como fueron los anteriores requisitos de Ley y los recaudos acompañados a la presente solicitud, a los cuales se les otorgó pleno valor probatorio en acápites anteriores, considera quien aquí se pronuncia, que la sentencia extranjera objeto del presente análisis, se encuentra en armonía con lo establecido en el orden público venezolano, teniéndose entonces que el vínculo matrimonial resultó disuelto conforme a derecho, razón por la cual, la decisión escritura de divorcio de mutuo acuerdo, número doscientos dos (202), otorgada ante el Notario José María Rivas Díaz, en fecha 25 de enero de 2019, en la ciudad de Madrid, del Reino de España, que declaró disuelto por divorcio el vinculo matrimonial existente entre los ciudadanos John Arosio Maal y Ruth Obadia Bibas, celebrado el día 15 de junio de 2016, por ante el Registro Civil del Municipio Chacao, según acta de matrimonio Nº 439, debe concedérsele el pase legal solicitado, pudiendo entonces la escritura surtir todos los efectos legales en la República Bolivariana de Venezuela, tal como se declarará de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo del presente fallo. Así se establece.
-VII-
Dispositiva

Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, conforme a lo establecido en los artículos 12, 243, 244, 254 del Código de Procedimiento Civil, 26 y 257 de la Carta Magna, declara:
Primero: SE CONCEDE FUERZA EJECUTORIA en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, a la escritura de divorcio de mutuo acuerdo, número doscientos dos (202), otorgada ante el Notario José María Rivas Díaz, en fecha 25 de enero de 2019, en la ciudad de Madrid, del Reino España, que declaró DISUELTO POR DIVORCIO el vinculo matrimonial que existió entre los ciudadanos JOHN AROSIO MAAL y RUTH OBADIA BIBAS, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cedulas de identidad Nº V- V-3.667.487 y V-6.822.529, respectivamente, el cual fuera celebrado ante el Registrador Civil del Registro Civil del Municipio Chacao del Estado Miranda, en fecha 15 de junio de 2016, quedando anotado bajo el acta de matrimonio Nº 439, Tomo 02, Folio 189 del año 2016.
Segundo: Dada la naturaleza del presente fallo no hay especial condenatoria en costas.
Tercero: Por cuanto la presente decisión se dicta dentro de los lapsos legales previstos para ello, no es necesaria la notificación de las partes del proceso.
Regístrese, publíquese y déjese copia certificada de la presente decisión en la sede del Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En Caracas, a los cuatro (04) días del mes de mayo del año dos mil veintiuno (2021). Año 211º de la Independencia y 162º de la Federación.
LA JUEZ,





BELLA DAYANA SEVILLA JIMÉNEZ.
LA SECRETARIA,





JENNY VILLAMIZAR

En esta misma fecha, siendo las 10:00 a.m., se publicó y registró la anterior decisión.


LA SECRETARIA,





JENNY VILLAMIZAR

BDSJ/JV/Oscar.
AP71-S-2019-000035