ASUNTO Nº AP71-R-2020-000038(1186).-
PARTES Y SUS APODERADOS
PARTE DEMANDANTE: Guillermo Barroso y Edgar Raúl Leoni, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, abogados, casados, con cedula de identidad Nro. V-6.970.207 y V- 11.935.441, respectivamente, e inscritos en el inpreabogado Nro. 56.137 y 62.580, actuando en nombre propio, así como en carácter de directores y accionista de la totalidad del capital social de la empresaEnpiso S.A, sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha treinta (30) de marzo de 2007, bajo el Nr 37, Tomo 1546-A.
PARTE DEMANDADA: José Antonio Oliveros y Zonia Coromoto Olivero Mora, venezolano, mayores de edad y titulares de la cedula de identidad Nro. V- 11.307.248 y 4.082.344, respectivamente.
MOTIVO:DAÑO MORAL.
DECISION RECURRIDA: Sentencia de fecha 20 de noviembre de 2019, dictada por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

ACTUACIONES EN PRIMERA INSTANCIA.
Previa distribución de ley ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conoce la acción el Juzgado Octavo primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de esa misma Circunscripción Judicial.
En fecha 13 de noviembre de 2019 la representación judicial de la parte demandada consigna escrito de contestación y reconvención.
Escrito presentado igualmente por la representación judicial de la parte demandada denominado como contestación y reconvención (no se observa fecha de su presentación).
Seguidamente, el Tribunal de instancia en fecha 20 de noviembre de 2019 dicto sentencia en la cual declaro inadmisible la reconvención propuesta por los ciudadanos José Antonio Oliveros y Zonia Coromoto, asimismo, negó el llamado de tercero formulado por la parte demandada.
El 21 de noviembre de ese mismo año, la representación judicial de la parte demandada apela de la sentencia, siendo oída en un solo efecto el 29 de noviembre de 2019. Cuyas copias fueron remitidas mediante oficio signado bajo el Nro. 018-2020 del 16 de enero de 2020.
CONOCIMIENTO EN ESTA ALZADA
Una vez cumplido el respectivo sorteo de ley, le correspondió al juzgado undécimo superior el conocimiento de la presente apelación, no obstante a la recusación interpuesta por ciudadano Guillermo Barroso, quien actúa en su propio nombre y en representación de la sociedad mercantil Enpiso, y correspondió el conocimiento de la apelación a este Órgano Jurisdiccional, siendo recibido el expediente el 05 de marzo de 2020, dándole entrada en fecha 09 de marzo de 2020, fijándose el décimo (10°) día de despacho siguiente para presentación de informes por las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 517 del Código de Procedimiento Civil.
En fecha 20 de octubre de 2020, este Tribunal dictó auto de certeza.
Seguidamente, la representación judicial de la parte demandada en fecha 04 de noviembre de 2020 consigna escrito de informes, el cual había sido enviado previamente por correo electrónico.
El 11 de noviembre de 2020, este Tribunal dictó auto mediante el cual ordena la notificación de la parte demandada José Antonio Oliveros y Zonia Oliveros ambos identificados en autos, cuya boleta fue librada en esa misma fecha.
El 20 de noviembre de 2020, comparece el alguacil de este Tribunal y consigna resultas de la notificación de la parte demandada en la cual expone no haber tenido respuesta alguna por lo cual consigna la boleta original y en copia sin firma.
Este Tribunal en fecha 28 de enero del año que discurre, dicta auto mediante el cual ordena la notificación mediante cartel a la parte demandada. En esta misma data se libró el cartel de notificación.
En fecha 23 de febrero del año que discurre la representación judicial de la parte demandada consigna publicación del cartel de notificación.
Mediante nota de secretaria este Tribunal dejo constancia que se cumplieron las formalidades de ley respecto a la notificación del cartel publicado en prensa, ello de conformidad con el art. 233 del Código de Procedimiento Civil.
En fecha 18 de marzo del año que discurre el apoderado judicial de la parte actora consigna nuevamente informe ante esta alzada.
Mediante auto de fecha 12 de abril de 2021, este tribunal dictó auto mediante el cual, fijo treinta días para dictar la sentencia correspondiente.
Estando en la oportunidad procesal para decidir, este Juzgador de alzada pasa a sentenciar la apelación ejercida por la defensora judicial bajo las siguientes consideraciones:
ALEGATOS DE LA PARTE ACTORA EN EL LIBELO.
Que en julio del 2015 losdemandantes fueron invitados a una reunión por parte de los ciudadanos José Antonio Oliveros quien es venezolano mayor de edad de este domicilio titular de la cédula identidad 11.307.248 en lo adelante el demandado y Zonia Coromoto Oliveros Mora quien es venezolana mayor de edad de este domicilio y titular de la cédula identidad V- 4.082.344, en lo adelante los demandados.
Que la reunión tuvo lugar en las oficinas principales del Banco Activo Banco universal ubicados en avenida Francisco de Miranda torre Europa piso 12 del Rosal Municipio Chacao del estado Miranda el motivo de esta reunión fue explicarles que los accionistas mayoritarios del activo Internacional Bank, en lo adelante AIB, con sede en Puerto Rico (los demandados son accionistas del banco activo banco universal así como del AIB) estaban realizando unas inversiones manufactureras e inmobiliarias en la isla de curazao. El demandado nos indico que estaban adelantando las negociaciones con una empresa en la isla de Curazao que fungía de fondo de inversión en donde una vez acumulado una cifra cercana a los Tres millones de dólares de EstadosUnidos de América se procedía a realizar grandes inversiones inmobiliarias y del sector manufacturero (ropa y accesorios). Estas reuniones en la isla las llevaban principalmente el señor José Antonio Oliveros, Director del activo internacional Bank y una alta ejecutiva del mismo grupo la abogada Zonia Oliveros ambos suficientemente identificados con anterioridad.
Que los demandados les hicieron una oferta a participar en una inversión que consistía en que a través de un Enpisosu empresa, AIB les otorgaría un crédito en dólares de los Estados Unidos de América y la utilización de dichos recursos se usaría para invertirlos en negocio relacionado con empresa textil que fungía también como receptora de fondos para las inversiones en la isla de Curazao; Que ellos iban a invertir también una suma considerable en dicha empresa. Que lesdarían más detalles con posterioridad a esta primera reunión porque según los demandados no tenían aún ciertos elementos definitivos de porcentaje de ganancias aseguradas sin embargo dentro de su marco económico había una expectativa de rendimiento muy alta cercana al 10%.
Se les hizo saber que dicha negociación debería realizarse a través de la sociedad mercantil que representan, ya que la misma cumplía con las características financieras y crediticias para la solicitud y de otorgamiento de dicho crédito aunado a que la empresa poseía bienes y movimientos financieros impecables, los demandados conocían muy bien su sociedad por cuanto habían realizado antiguamente varias negociaciones,así como existe una historia tanto nacional como internacionalmente con ambos bancos de los cuales los demandados son accionistas y directores así como existe una confianza real y moral entre ellos y los demandados de más de cinco años.
Que cumplido con los requisitos establecidos por el banco en fecha 2 de septiembre de 2015 al día siguiente de haber sido aprobada la solicitud de crédito el banco procedió a otorgar y liquidar un Millón Cuatrocientos Cincuenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 1.450.000,00) en la cuenta de la empresa Enpiso en esa misma institución número de cuenta 130001193, como se demuestra el ingreso según estado de cuenta que agregaron a la presente marcada con la letra B.
Una vez liquidado el crédito en la cuenta de la sociedad Enpiso S.A como ya demostraron a través del estado de cuenta agregado, los demandados coordinaron la transferencia de los fondos recibidos en créditos en una empresa denominada Curazao FashionGroup (CFG) representada por el ciudadano René Lourent con sede en la isla de Curazao y con la cual nunca tuvieron los demandantes ningún tipo de relación, por cuanto todas las negociaciones las habían hecho los demandados. Para esta fecha los demandados ya tenían avanzadas las conversaciones con el señor Lourent y establecida la estrategia de inversión de los fondos que ellos sabían serian liquidados en la cuenta de los accionantes todo lo cual y según les fue informado debían estar destinados a inversiones en el área textil e inversiones inmobiliarias en la isla de Curazao. Los demandados procedieron a enviarles un contrato de préstamo con fecha 2 de septiembre de 2015 para soportar el monto de la transferencia que la empresa había obtenido vía el crédito que se les había otorgado a mi representado contrato y solicitud de transferencia de fondo que adjuntamos a la presente marcada en la letra C.
Que en fecha 3 de septiembre de 2015, a tan sólodos (2) días de solicitar el crédito y sólo uno después de haber sido otorgado, AIB procedió a debitar de la cuenta de la sociedad mercantil Enpiso a la suma de un millón trescientos cuarenta y ocho mil trescientos quince dólares de los EstadosUnidos de América (US$ 1.348.315,00) acreditados en la cuenta de Curazao FashionGroup en el banco del Caribe Curazao NV, cuenta 30363250000110003, soporte de transferencia ya adjudicado con la letra “C”.
Que los demandados les aconsejaron que el saldo que quedaría en cuenta luego del débito realizado para el CFG deberían mantenerlo en la cuenta para poder cubrir las primeras cuotas mensuales para pagar el crédito por cuanto el retorno iba a ser no mayor a seis (6) y/o doce (12) meses tiempo en el cual se recibiría la cantidad transferida ya señalada con un porcentaje de ganancia de aproximado de 10%.
Que para el mes de diciembre del año 2015 el demandado invitó a uno de ellos Edgar León para reunirse en su casa y hablar de la inversión que estaban realizando en Curazao, y en esa ocasión se le indico que pronto habrían resultados en la inversiones realizadas y que habría que esperar un par de meses más para terminar de definir algunos puntos y aspectos que ellos estaban negociando con la empresa de Curazao. Esto nos tomó por sorpresa toda vez que la información inicial era que el rendimiento de la empresa en el área textil sería más rápido,menor a los seis meses, máximos doce meses y más aún les preocupaba que el crédito estaba corriendo y era una cantidad elevada con la que se debía cumplir en capital y en interés.
En efecto en el transcurso del año 2016 la cuenta corriente mantuvo un saldo positivo con el cual se podían cubrir las cuotas del crédito, pero llego el punto de no quedar dinero que se había apartado para tal fin en la cuenta para cubrir las cuotas mensuales. Aunado a eso los demandados mantuvieron distancia con ellos ya se había sobrepasado el tiempo de seis, doce meses que les habían indicado como punto de partida para la devolución de la inversión dejándolos solos con la preocupación y el compromiso real con la compañía u con el de pagar el crédito y sus intereses.
No obtenían respuesta de ninguno de los demandados sobre los fondos producto de la inversión realizada y ante el riesgo de incumplimiento en el pago de las cuotas, lo que indudablemente afectaría las operaciones de la empresa Enpisopor lo que tuvieron que proceder a cumplir con las mensualidades del crédito disponiendo de fondos propios no sin antes participárselo al demandado señor José Antonio Oliveros quien sólo les atendió el teléfono después de haber proveído la cuenta de fondos y se comprometió telefónicamente a retornar ese dinero a la brevedad posible junto con la inversión realizada por cuanto el acuerdo alcanzado no se había establecido que los demandantes iban a correr con dicha cuota por cuanto el retorno iba a ser menor a los seis meses máximodoce meses y en ese periodo se iba poder cancelar el crédito y obtener la ganancia.
Que en fecha 15 de enero de 2018, recibieron en los respectivos domicilios de cada uno, una citación emanada de División de Interpol del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalistas (CICPC) para rendir declaraciones sobre una solicitud de rogatoria enviada por la fiscalía de Curazao adjunto a la presente la rogatoria marcada letra “D” dicha declaración se llevó acabo el 17 de enero de 2018. Es importante destacar que la notificación les tomó por sorpresa pues no entendían por quéestaban siendo citados ni cuáles eran las razones de dichas notificaciones.
Entretanto, visto que se vencía el plazo para el pago total de la deuda los demandantes solicitaron a los demandados depositar en la cuenta de la empresa Enpiso, en activo internacional Bank, es decir, su propio banco la cantidad suficiente para reembolsar los fondos propios depositados para cubrir las mensualidades del crédito y que les permitía sustentar el refinanciamiento de la deuda. Vista la desaparición y el desconocimiento para esa fecha de los hechos en Curazao los demandados nunca respondieron a esta solicitud por lo cual tuvieron que transferir más fondos específicamente la cantidad de $280.000 mil dólares de los Estados Unidos de Norte América, para cubrir cuotas e intereses del pagaré, así como deudas contraídas con el banco por asesoría relacionada con el crédito.
En esta oportunidad nuevamente se le pidió al demandado el señor Oliveros que por favor cumpliera con el compromiso y devolviera el fondo de la inversión, así como los intereses sin obtener respuesta alguna.
Que en el mes de marzo del año 2018 sus representados recibieron una citación para declarar esta vez emanada del Ministerio Público Venezolano con ocasión a una rogatoria enviada por la fiscalía de Curazao.
Que al acudir a rendir declaraciones en la sede del Ministerio Publico, fueron informados sus representados que en Curazao cursaba una investigación por corrupción y otros delitos, encontra de un alto ejecutivo del Banco Central de Curazao específicamente por presuntas negociaciones y pago de comisiones para la obtención del voto favorable en la compra un banco local, se menciona en dicha rogatoria que el vehículo utilizado en una sociedad curazoleña el nombre Curazao FashionGroup cuyo representante legal el señor René Laurent presuntamente una persona llegada y de extrema confianza a este alto funcionario en ese momento los demandantes entendieron que la negociación que le habían planteado los demandados no se trató nunca de una inversión en una empresa que fungía de fondo de inversiones de ramo textil o inversiones inmobiliarias por el contrario se enteraron que no había ninguna inversión sino que los demandados los señores José Antonio Oliveros y Zonia Oliveroslos habían utilizado para realizar el pago de una comisión y cometer un presunto delito en la isla a funcionarios públicos que era el encargado para la adquisición del banco en la isla de Curazao exponiéndolos a ser cómplices para cometer un presunto delito y manchar su reputación y honorabilidad y de la sociedad mercantil Enpiso. Adicionalmente, sin tomar en cuenta que ya la cantidaddel préstamo no iba a ser respetado, se dieron cuenta que el dinero no iba a ser devuelto y que estaba en presencia entre otras cosas de una posible o presunta estafa, bajo una estructura bien diseñada en donde incluso la sociedad mercantil Enpiso tiene en riesgo su activo así como la de sus accionistas y en caso de no honrar las obligaciones crediticias ante el banco acreedor cuyos titulares accionistas directores son los mismos demandados también seremos despojados de sus propios bienes. Ante estos descubrimientos, contrataron un abogado en la isla de Curazao para representar a la empresa ante dichas autoridades, pero especialmente para verificar a ciencia cierta su situación en investigación adelantada en dicha isla que para ese momento era confusa.
En dicha investigación en Curazao el abogado contratado descubrió entre otras cosas que la empresa Curazao Fashiongroup estaba en vías de disolución y ya para ese momento no tenía sede física. Se pudo constatar que en el mes de junio del año 2011 un año antes, el ciudadano René Lourent representante legal de Curazao FashionGroup y quien fue la persona referida a los demandantes por los demandados ya había renunciado a su cargo de la mencionada empresa quedando esta sin actividad comercial y sin ningún tipo de representación ya que estas personas estaban bajo investigación y el dinero no se encontraba más en la cuenta de dicha empresa.
Que a la par de esos descubrimientos insólitos, estando en el mes de julio del año 2018, ya se había consumido el dinero que habían depositado en febrero del 2018 para hacer frente a las cuotas del crédito con AIB. por tal razón solicitaron reuniones con los demandados para dar cuenta de todas las gestiones que se habían adelantado en los meses previos y se le increpó en torno al verdadero motivo propósito de la negociación, que estaba haciéndose una investigación por las autoridades policiales y la fiscalía de Curazao los cuales desconocían al momento de suscribir la negociación, en esa reuniones manifestaronsu molestia y reclamaron enfáticamente que no se había cumplido con la promesa de reintegrarles el dinero aportado para cancelar la deuda ni que la empresa que fungía como fondo de inversión era tal y que se les había inmiscuido en un problema hasta de índole penal en la isla de Curazao cuando la versión y la documentación que siempre se les presentó y que habíamos conversado fue siempre una empresa relacionada con el área textil y en el área inmobiliaria le reclamaron a los demandados y que por tal motivo aparte de haber perdido el dinero de la inversión por falsedad de promesas y documentos también habían sido manchados en nuestra moral integridad de actuación causando no sólo daños patrimoniales emergentes sino también daños irreparables en la imagen y moral de la empresa y de sus accionistas directores, es decir, sus nombres Edgar Raúl Leoni Moreno y Guillermo Barroso Duarte.
Es importante destacar que el 24 de enero de 2018 posterior a la primera cita a la que fueron citados ante el CICPC/ Interpol se realizó una reunión con la demandada ciudadana Zonia Oliveros, a su solicitud. La misma se llevó a cabo en la sede principal del Banco Activo Internacional Bank, y dentro de las fórmulas que les presentaron estaba que la misma se resolvía a través de crédito en Bolívares y otra vez deberían los demandantes solicitar para tener más créditoscon los demandados y su empresas financieras y que serían otorgados por el banco en Venezuela Banco Activo Banco Universal de forma expedita y extraordinaria, dejando en manos de los accionantes el acudir a los mecanismos legales o ilegales de divisas para comprar las mismas y así honrar los compromisos contraídos con el activo banco internacional.
Que los demandadosles sugirieronque una vez realizado dicho cambio fueran depositados o transferidos a la cuenta empresa Enpiso, S.A en activo Bankinternacional y así pasarían a honrar el crédito que poseía su empresa no sólo se les inmiscuyó en un asunto ilegal en la isla, sino también querían que se cometieran ilegalidades en la República Bolivariana de Venezuela.
La demandada siempre quiso convencerlos que el Banco de Activo de Venezuela se encontraba en la capacidad de entregar grandes sumas de dinero en bolívares para garantizar el pago de las cuotas mensuales indicando que el efecto inflacionario, así como la devaluación enbolívares con respecto al dólar americano diluiría la deuda en Bolívares a una suma insignificante y se podría de esta manera cumplir con la obligación a través de créditos en bolívares pagar el crédito en dólares de los Estados Unidos de su propio banco activo Internacional Bank. Les sugirieron repetir la operación el número de veces que fuese necesaria hasta la cancelación total de la deuda y que ella, la demandada en conjunto con el demandado, se haríancargo de la documentación para obtener dichos créditos.
Se negaron rotundamente a los planteamientos realizados por los demandados en vista que dicha actuación podría constituir otro posible delito cambiario además que no querían estar implicados en ninguna negociación del asunto en Curazao en la que engañosamente se les había involucrado en la que disgustosamente tuvieron que enterarse a través de una visita a nuestras propias casas de funcionariosdel CICPC quienes además de haber perturbado nuestra paz les causaron un daño asu imagen ennuestras respectivas residencias y ante nuestros familiares y vecinos sino además agregar que quedaron en estado de shock ante tales visitas inesperadas ademásde enterarse del engaño, dela estafa en la cual habían sido envueltos.
Que hasta la presente fecha, julio de 2019 y después en innumerables reuniones con los demandados siguen sin obtener respuesta satisfactoria para la devolución de los fondos, así como todas las cantidad de dinero que hemos tenido que costear incluidos los gastos legales para ser representados en Venezuela en Curazao incluso en los Estados Unidos de América sin mencionar la situación crediticia que los deja en una posición de deudoresen la entidad financiera de las mismas personas que los involucraron en esta operación fraudulenta.
Además, los ejecutivos del activo internacional Bank, permanentemente les envían a través de su respectivo empleado gestores de cuenta de correo electrónico indicando que deben cancelar las cuotas mensuales sopena de que al no hacerlo el crédito se considere de plazo vencido y procederán a ejecutar las garantías que dieron. Por lo que además de involucrarlos en distintos delitos en la isla de Curazao, de intentar inducirlos en delitos en la República de Venezuela, de dañar su imagen personal y empresarial, así como causarles daños y perjuicios económicos también se atrevena amenazar quede no cumplir con el pago de las cuotas mensuales les serían arrebatados sus bienes propios que fungen de garantía en el crédito anteriormente descrito, es decir a esta fecha los daños que les han ocasionados son los siguientes:
La suma de un millón Trescientos Cuarenta y Ocho Mil Trescientos Quince Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 1.348.315,00) monto que todavía se debe al crédito.
La suma de Doscientos Cincuenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América (Us$ 250.000,00) por pago de honorarios profesionales y gastos legales para la defensa de sus derechos en la República Bolivariana de Venezuela, la Isla de Curazao y los Estados Unidos de América.
Producto del revés financiero, sus clientes han perdido dos negociaciones para la administración de inmuebles e inversiones en el área inmobiliaria con una empresa americana con quienes ya habían firmado un primer pre acuerdo que ascendía a la suma de CIEN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$100.000) y
Se siguen ocasionando daños y pérdidas para la empresa y por lo tanto intentos y negociaciones para la devolución del dinero perdido cuyos daños ascienden a CIEN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($100.000,00)
Siendo así los daños y perjuicios ascienden a la cantidad de Dos Millones Setenta y Ocho Mil Trescientos Quince Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 2.078.315,00) por todas estas razones han sufrido pérdidas y daños al funcionamiento normal de la empresa Enpiso, como a los ciudadanos Edgar Raúl Leoni Moreno y Guillermo Barroso en forma personal quienes además, exigen el resarcimiento por concepto moral que cuantificamos en QUINIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$500.000).
Por todos los hechos narrados y sobre la base de la normativa legal expuesta es por lo que los ciudadanos Guillermo Barroso y Edgar Leoni actuando en nombre propio así como en nombre y representación en su carácter de director y accionista de la totalidad del capital social de la empresa Enpiso acuden a demandar como en efecto demandan a los ciudadanos José Antonio Oliveros y Zonia Coromoto Oliveros ambos plenamente identificados en autos para que convengan o sean condenados por este tribunal a:
Primero: Por concepto de daño moral que han sufrido, procedan a cancelar como justa indemnización la cantidad de QUINIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($ 500.000,00).
Segundo: Por concepto de daños patrimoniales y perjuicios expresados en el presente libelo de la demanda, procedan a cancelar como justa indemnización la cantidad de DOS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS QUINCE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($ 2.078.315, 00).
Tercero: Solicitan que los montos que han de cancelar los demandados por efecto de la declaratoria con lugar de la presente demanda, sea objeto de indexación determinándose por medio de experticia Complementaria del Fallo, de conformidad con los dispuesto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil venezolano vigente, a practicarse desde la fecha de interposición de la demanda hasta que quede firme la sentencia de condena que ha de dictarse.
Cuarto: En cancelar previo a su vencimiento total, las costas y actos del procesales de así decidirlo…omissis.

ALEGATO DEL DEMANDADO EN SU CONTESTACIÓN Y ESCRITO DE RECONVENCION
De la reconvención o mutua petición estando en la oportunidad procesal correspondiente y de acuerdo al artículo 361 del Código Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 365 reconvienen a los ciudadanos Guillermo Barroso y Edgar Raúl Leoni y ambos plenamente identificados en autos, y a la sociedad mercantil Enpiso S.A, para que convenga o en su defecto sean condenados al resarcimiento de daños morales causado a sus representados José Antonio Oliveros Febres-Cordero y Zonia Oliveros Mora de conformidad con lo establecido en el artículo 1.185 del Código Civil en concordancia con el artículo 1.196.
De los hechos que resultan relevantes a la reconvención interpuesta.
En fecha 3 de agosto de 2018 los ciudadanos Guillermo Barroso y el ciudadano Edgar Raúl Leoni, actuando en nombre propio así como en su carácter de director y presidente de la sociedad mercantil Enpiso interpusieron querella penal en contra de su representado por la supuesta comisión del delito deestafa continuada previsto en los artículos 462 y 99 del Código Penal e igualmente endilgaron la comisión de un delito de asociación para delinquir previsto y sancionado el artículo 37 de la Ley Contra La Delincuencia Organizada Y Financiamiento al Terrorismo. Todo ello de forma temeraria e infundada a los fines de lograr un acuerdo económico para los demandantes reconvenidos.
Que como causa principal de dicha querella, el Juzgado Trigésimo Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas procedió sorprendentemente en la misma fecha de recepción de la actuación y con escasa motivación, a admitir la querella decretando, previa solicitud de parte varias medidas cautelares de naturaleza civil así como medidas cautelares de provisión de salida del país en contra de su representado todo ello con conocimiento que les ocasionaría un perjuicio en su imagen y reputación para tratar de lograr un acuerdo económico que pusiera fin a la temeraria e infundada acción.
Que previa oposición a la medida por parte de José Antonio Oliveros, solo fue suspendida la medida de prohibición de salida del país, por lo tanto con ocasión del proceso penal derivado de la querella falsa y temeraria, se les ha causado un perjuicio a su representado consistente en señalarles como victimarios de un delito de estafa, además de haber creado supuestamente una red para pagar una comisión a un ejecutivo en el extranjero, cuestión que es radicalmente falso y expone el honor y reputación de sus representados frente al sistema bancario, a banqueros y a la colectividad en general, siendo banqueros de una amplia trayectoria.
En vista que el tribunal, dados los alegatos falsos de los querellantes procedió oficiar a todo el sistema bancario nacional, esto claramente generó que todos aquellos vinculados directamente a la actividad financiera y bancaria venezolana tuvieran conocimiento de tales medidas lo cual amplió el espectro de daño causado pues no basto alegar mediante una querella penal hechos claramente falsos y luego proceder civilmente a reclamar unos inexistentes daños bajo fraude procesal sino que a través de las medidas impuestas se mancilló la reputación de sus representados ante terceros (banqueros, autoridades bancarias, clientes, entre otros) que tienen vinculación directa o indirecta con el sistema bancario nacional.
Una vez conocido públicamente los hechos falsos expuestos por los demandados reconvenidos en su querella y en la presente demanda civil; se publicó en la redes sociales, información acerca de una supuesta investigación, todo ello con ocasión de la querella infundada y temeraria, que dio origen a la existencia de tan gravosas medidas, lo cual amplió el daño causado por estas, cuyo conocimiento ha sido expuesto a terceros que no están vinculados a la banca, sino a la sociedad en general (todo ello por cuanto las medidas del citado juicio reposan autoridad del banco y registro) Dicho de otro modo: a través de artículos en redes sociales, a saber, Autoridades de Estados Unidos, investigan abanquero José Antonio Oliveros Febres-Cordero de Banco Activo, Oliveros el dueño del banco activo tiene investigaciones abiertas en República Dominicana, Puerto Rico y la fiscalía de Curazao en colaboración directa con FBI según los medios venezolanos se agravaron los daños en cuanto a la falsedad de los hechos que rodean tales medidas.
Esto abre un espectro indeterminado de personas que tuvieron conocimiento de esa información, creándose un juicio de valor negativo sobre sus mandantes, en los cuales amigos, familiares, socios, así como un círculo laboral y social han llamado por todos los hechos falsos y contradictorios que han expuesto en diferentes autoridades y tribunales los demandantes-reconvenido; quienes dudan de susmandantes realmente cometieron un hecho punible. Ello contribuyó a que se creara la matriz de opinión dañosa sobre su representado, por los hechos falsos alegados en la querella y en esta demanda civil sin haber posibilidad de mitigar el daño por cuanto ya la información se hizo de conocimiento del colectivo.
Por último pero no menos importante se escala un peldaño un daño superior cuando se constata que el hoy demandante reconvenido alega hecho dañosos radicalmente distintos en procedimientos civiles y penales con la maquinación de perjudicar la reputación de sus mandantes y, aprovechando esta situación proceder a requerir el pago de sumas de dinero en dólares a fin de poder de desistir de los procedimientos penales y civiles instaurado contra ellos.
Se evidencia que todo ello es parte de una maquinación, por parte de los demandantes reconvenidos para generar un daño reputacional y de esta forma aprovechar la publicidad dañosa que se generó sobre tales juicios, y el desmedro del buen nombre, fama y reputación de sus representados para lograr un acuerdo mediante el pago de una suma de dinero en moneda extranjera. Que lógicamente ningún documental o procedimiento puede falsear la verdad yhe allí el porqué de tantas contradicciones en la querella penal, en la presente demanda civil en los documentos que prueban el refinanciamiento, en los correos electrónicos y en las declaraciones por autoridades y asesores extranjeros.
Que, por tanto, visto los hechos falsos, contradictorios y las pruebas que se presentaran en la oportunidad procesal correspondiente que ocasionaron y ocasionanun daño en la reputación de ambos banqueros, que al haberse mancillado su buen nombre, reputación y famamediante acusaciones falsas y temeraria han devenido un hecho ilícito generador del daño moral a favor de ellos que debe ser resarcido por lo cual la petición de daño moral se centrará en el derecho que a continuación se expone.
Del derecho aplicable: Consagra la norma la obligación de indemnizar cuando una persona bien actuando con negligencia imprudencia o bien excediendo en el ejercicio de su derecho causan daño a otro en este sentido resulta imprescindible señalar que el caso de marras a través de una querella penal los ciudadanos Guillermo Barroso y Edgar Leoni hicieron uso de aparataje jurisdiccional para solicitar su tutela judicial efectiva en un procedimiento, sin embargo excedió el mismo al mancillar el buen nombre y la reputación de su representado además de aprovechar el procedimiento penal para solicitar y lograr que se acordasen medidas sobre su fuero patrimonial que fueron de conocimiento público y que fue difuminado en toda la banca en todas las regiones del país; siendo que mis mandantes han ejercido la actividad bancaria con el fin de desprestigiarlos ante la colectividad.
Que si bien es cierto que los demandantes reconvenidos tienen derecho a la tutela judicial efectiva la misma debe ejercerse sobre derechos ciertos verificables y no mediante suposiciones y hechos falsos por lo que tal actuación de interponer una querella penal con hechos falsos para lograr medidas que lesionaron a su mandante tanto interna como externamente va mas allá sin duda, que la intención de los demandantes está dirigida a presionar indebidamente a su mandante mediante lo que se conoce bajo el nombre hostigamiento judicial bastando con señalar que tal intención se patentiza cuando no sólo fueron solicitados medidas ante la jurisdicción penal, sino además, a pesar de la existencia de dichas medida, continuaron interponiendo solicitudes en materia civil, omitiendo proporcionar información a los tribunales sobre la existencia de las medidas en materia penal para obtener medidas de la más variable índole.
La conducta se viene de señalar a todas luces es culposa, más exactamente dolosa por ser intencional conforme a los parámetros del derecho civil y produce un daño a su mandante que ha consistido en los efectos propios inherentes a la indisponibilidad de su dinero incluso sin poder movilizar dinero en su cuenta ni firmar documento alguno y el nexo de causalidad entre la conducta culposa o dolosa de los demandantes reconvenidos y el daño producido a su mandante resulta evidente porque sin la demanda interpuesta jamás se habrían producido las medidas en cuestión, resulta claro que al haber empleado la querella un procedimiento penal y hasta la solicitud de medida acordada en tiempo récord excede el sentido de alcance de su derecho constitucional jurídico del daño indemnizar.
Por lo que en el presente caso está plenamente probado tanto la ocurrencia del hecho ilícito previsto en el encabezamiento del artículo 1.185 del Código Civil como el abuso de derecho contemplado en su único aparte y esto impone que sin lugar a dudas en el presente caso tiene aplicación del daño moral previsto en el artículo 1.196 ejusdem, todas lasdisposiciones de responsabilidad civil extracontractual. Todo ello por la falsedad para la obtención y ejecución de distintas medidas preventivas a pesar de no estar cumplidos los extremos de la ley como conductas enmarcadas en el supuesto de hecho del único aparte del citado artículo 1.185 esto es el abuso del derecho en que incurre al solicitar las medidas en contravención a la buena fe y el acceso al objeto para el cual goza ese derecho.
Que mediante la querella y el procedimiento penal lato sensu, se reproducen una serie de argumentos que además de ser completamente falsos coloca en una situación demeritoria y desventajosa a su representado al verse expuestos al escarnio de ser tachados como delincuentes que actúan en concierto con otros ciudadanos, esto sin duda excede el derecho a la tutela judicial efectiva destacando además que estas personas participaron en los hechos que hoy pretenden señalar como constitutivos de delito y que dista su relevancia penal aprovecha la oportunidad para difamar e injuriar solicitando conjuntamente con ello medidas seriamente gravosas, queriendo adquirir una cualidad de víctima cuando son realmente los victimarios en la difamación y mala reputación que le atribuyen a su representado, la única intención de tal querella, además de conseguir el acuerdo económico, es dañar y manchar la opinión y percepción de terceros en su círculo personal, así como el sistema bancario de José Antonio Oliveros y Zonia Oliveros Mora. Y esto último lo lograron, cuando lograron que tales medidas trascendieran a terceros vinculados directa e indirectamente con el sistema bancario nacional, en vista de que se hizo de conocimiento de esos terceros, la prensa y otro grupo indeterminado de personas que existía esa medida.
Que ha sido de gravedad el daño que las medidas cautelares infundadas han causado, que el sector bancario se ha hecho escarnio de la situación personal de José Antonio y de Zonia Oliveros quienes han sido expuestos injustamente a estos señalamientos de estafa claramente infundados y falsos, afectando ello claramente las operaciones bancarias dado a que se ha creado una imagen perjudicial y negativa de ellos, generando sentimientos adversos psicológicamente y además causando que su buen nombre y su reputación se viesen afectados cuando ellos no han tenido absolutamente nada que ver con las operaciones descritas por los actores.
Que es claro que, si bien existe un derecho a la tutela judicial efectiva, su exceso consistiría en la difusión e interpretación de acciones judiciales con base a hechos inexactos e injuriosos con el único ánimo de dañar un tercero.
Solicita la indemnización del daño moral según los daños causados y sus secuelas en la cantidad deTRECIENTOS MIL MILLONES EXACTOS ( $300.000.000.000,00) para cada uno de sus mandantes y así piden sea acordado por el juez.
De la tercería propuesta por ser común al tercero de la causa pendiente.
Señala el artículo 370 del Código Procedimiento Civil y arguye que la parte actora en el libelo señalo que fueron inducidas a engaño por parte de sus representados para obtener un crédito bancario con institución financiera ACTIVO INTERNATIONAL BANK, domiciliada en el extranjero. De igual manera consta en varios documentos acompañados a su contestación – reconvención, en lo que Activo Internacional Bank tiene directa vinculación a esta controversia, debido: 1)a que es mencionado como vehículo para la supuesta comisión de un delito por parte de mi mandante, hecho en el auto falso; 2) por haber refinanciado en febrero de 2018 la deuda sobre el crédito antes mencionado con la sociedad mercantil Enpiso a través de unos directores hoy demandantes Edgar Raúl Leoni y 3)Por ser acreedor de los hoy demandantes, quienes por diversos medios intentan impedir que Activo Internacional Bank pueda resarcir el monto del crédito otorgado. Que como quiera que a través de la reconvención se pretende resarcimiento de los daños morales cometidos contra sus representados y habida cuenta de que existen documentos que claramente vinculan a ACTIVO INTERNATIONAL BANK con los demandantes, no en la forma fraudulenta en que ellos lo relatan, sino en la forma en la que ellos solicitaron un crédito que hoy dilatan a su pronto pago, conforme a lo previsto en el ordinal 4 del artículo 370 del Código de Procedimiento Civil, llaman a ACTIVO INTERNATIONAL BANK en tercería, para que a través de sus representantes, puedan aclarar la situación que le concierne respecto de los hoy demandantes, e igualmente certifique y valide la naturaleza de los documentos acompañados al procedimiento.
En cuanto al petitorio solicitan:
Se admita la tercería propuesta conforme el artículo 370 del Código de Procedimiento Civil, y en consecuencia, se emplace a la institución Bancaria ACTIVO INTERNATIONAL BANK, una entidad bancaria internacional, organizada y que existe bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En la persona de su presidente Alejandro Joel Valencia Hurtado, de nacionalidad americana, mayor de edad, domiciliado en el Estado de la Florida de los Estados Unidos de Norte América, y titular del Pasaporte Nro. 59.8172976.
Sin Lugar la demanda intentada por los ciudadanos GUILLERMO BARROSO Y EDGAR LEONI, identificados en autos, quienes actúan en su propio nombre y en representación de la sociedad mercantil ENPISO S.A.
CON LUGAR la reconvención interpuesta en contra de GUILLERMO BARROSO Y EDGAR LEONI, ya identificados, y seles condene al pago del resarcimiento por daño moral, por la cantidad de TRECIENTOS MIL MILLONES EXACTOS ($300.000.000.000,00) para cada uno de sus mandante.
Estima la reconvención en la cantidad de BOLIVARES SEISCIENTOS MIL MILLONES EXACTOS (BS. 600.000.000.000,00), equivalentes a DOCE MIL MILLONES DE UNIDADES TRIBUTARIAS (12.000.000.000U.T).
SENTENCIA RECURRIDA:
El Tribunal de Instancia señaló en su decisión de fecha 20 de noviembre de 2019, lo siguiente:
“(…)Al realizar un análisis de los alegatos expuestos por los demandadosreconvinientes juzga quien suscribe que la reconvención por ellos propuesta se encuentra sustentada en la interposición de una acción penal que en contra de estos intentaron los demandantes reconvenidos.
A este respecto es preciso establecer que la Querella penal, tal como lo motiva la reconvención ejercida, corresponde a un acto procesal de manifestación de voluntad que pone en conocimiento del juez penal de un presunto hecho punible. La querella es un derecho, que poseen todos los ciudadanos, que hayan sido ofendidos por delitos cometidos contra su persona o bienes.
Una vez ejercido ese derecho en defensa de los intereses presuntamente violentados el órgano de justicia en representación del Estado protector y garante del orden público da inicio a una fase investigativa para determinar la veracidad de los hechos que fueron denunciados para luego a través de su decisión administrar justicia.
Es el caso que, los reconviniente alegan que el ejercicio de ese derecho por parte de los aquí demandante reconvenido les ha causado perjuicios a su reputación toda vez que su decir los hechos narrados en la querella son temerarios infundados
Ante ello, considera este tribunal que justamente antes durante y a través de ese proceso penal es que podrían ser verificadas la veracidad de los alegatos que tenga bien imprimir las partes. No es ni la presunta víctima, ni el presunto victimario quienes han de determinarlas resultas de ese proceso. Es decir, no son las partes quienes determinan la realidad de los hechos o de los delitos que se imputa, si no el juez penal.
Precisado lo anterior, este sentenciador considera que los aquí demandantes tienen el derecho constitucional de solicitar el amparo de la tutela judicial efectiva ante cualquier tribunal de nuestro país según sea el caso sin que ello implique un daño contra quien se acciona.
De manera que, a criterio de este sentenciador mal pudiera dársele tramite a una acción como la interpuesta por vía de reconvención, ya que a través de ella pudiera generarse una especie de caos judicial en virtud que con esta los reconvinientes persiguen darle condición dolosa al ejercicio de un derecho constitucional, como lo es el acceso a la justicia. El simple ejercicio de este derecho ilógicamente podría sustentar el ejercicio de una acción, mucho menos causar los daños reclamados por los demandados reconviniente. Así se establece.
Dicho lo anterior tomando en cuenta que los supuestos daños reclamados a través de la demanda de reconvención fueron causados según los reconvinientepor el ejercicio de un derecho constitucional a saber, el acceso a la justicia quien a que decide debe determinar qué mal pudiera dársele cabida esta acción toda vez que la misma atenta contra el orden público ya que su proposición entraña un ataque al principio de la tutela judicial efectiva en virtud que cualquier ciudadano tiene libre acceso a cuidar órgano judicial para la protección de su integridad personal y patrimonial así se establece.
Como consecuencia el anterior por el imperio lo establecido en el 341 del código procedimiento civil este tribunal debe declarar como en efecto así será declarado en el dispositivo del presente fallo, la inadmisibilidad de la reconvención propuesta por resultar la misma contraria al orden público y así se decide
De la de la tercería:
fundamentan los demandados la tercería solicitada en el hecho que según su dicho la institución financiera activa internacional tiene vinculación directa a esta causa debido a que según su dicho es mencionado en los alegatos esgrimido entre las partes en su escrito.
Conforme lo establecido ordinal 4°del artículo 370 del código procedimiento civil solicitaron el llamamiento del banco activo internacional van a la presente causa para que aclare la situación que le concierne respecto a los demandantes y certifique y valide la naturaleza de los documentos acompañados en este procedimiento.
En lo que esto concierne, cabe señalar que la figura procesal de tercería es el derecho que el legislador ha dado a los terceros para proteger sus intereses amenazados por un juicio dentro del cual no tienen cabida por no ser partes, bien sea porque en dichos juicios se embargan bienes suyos o bienes en los cuales tienen derechos, o porque tengan derecho preferente o derechos a concurrir en la solución de un crédito cuya existencia se ventila en juicio.
En el presente caso, la parte demandada solicita la intervención como tercero de la entidad bancaria mercantil Activo Internacional Bank en virtud que según su decir la presente causa le es común y para quécertifique y valide los documentos que cursan a los autos.
De la revisión efectuada a las actas procesales del presente expediente si bien se verifican los instrumentos donde se hace referencia a Activo internacional Bank, ello acarrea que exista por parte de la mencionada entidad financiera una relación de hecho derecho que deba ser tutelada, es decir, no existe una situación o interés que afecta a Activo Internacional Bank por el fallo que aquí se produzca.
Aunado a ello, de admitir el llamado de tercero propuesto por los demandados a los fines de la certificación y verificación de documentos que reposan en los autos, se estaría convirtiendo la tercería en una especie de prueba de ratificación de documentos artículo 431 del código de procedimiento civil lo cual desnaturaliza la esencia de la figura procesal de la tercería así se establece.
En virtud de lo anterior, es evidente que la institución financiera activo internacional bank carece de interés procesal para intervenir en la presente causa, y el llamado a tercero no puede ser utilizado para la simple ratificación de documentos pretendida por los demandados razones estas por las cuales este tribunal juzga que la tercería en cuestión debe ser negada tal y como será establecido en el dispositivo del presente fallo.
Dispositiva:
Con fundamento en los razonamientosanteriormente expuestos, este Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del área metropolitana de Caracas administrando justicia en nombre de la República de Venezuela y por autoridad de la ley declara: Primero:inadmisible la reconvención propuesta por los ciudadanos José Antonio Oliveros y Zonia Coromoto Oliveros Mora contra los demandante Guillermo Barroso y Edgar Leoni ambas partes identificadas en autos. Segundo: Se niega el llamamiento del tercero formulado por la parte demandada (…)

DEL INFORME PRESENTADO ANTE ESTA ALZADA. -
En la oportunidad procesal correspondiente la representación judicial de la parte actora consigna escrito de informe en el cual señala lo siguiente:
Que la sentencia emitida por el Tribunal de instancia es acertada, pues la parte demandada en la querella y la demanda civil no están relacionados en sus objetos y sus consecuencias, puesto que lo se busca con la acción civil es la reparación del daño moral y patrimonial mientras que en la querella se busca la calificación de un delito.
Que la reconvención es contraria a derecho a los postulados del artículo 341 del código de procedimiento civil, puesto que como bien lo indico el Juzgado sentenciador, atenta contra el orden público al inferirse que la misma viola la tutela judicial efectiva de las parte actora, y por ende es sujeto de inadmisibilidad, razón por la cual, el juez declaro por auto expreso la inadmisibilidad de la reconvención.
En cuanto al llamamiento de tercero, señala que si bien se hace referencia en el material probatorio consignado con la demanda a la institución bancaria Activo International Bank, su presencia en este proceso es impertinente para dilucidar el fondo de la pretensión de la parte actora, la cual es el pago de una suma de dinero en ocasión de un daño moral, así como de daños patrimoniales y perjuicios por los hechos en los cuales estuvieron involucrados los ciudadanos José Antonio Oliveros Febres y Zonia Coromoto.
Que la parte demandada pretende traer al tercero a incorporarse al presente proceso judicial sin que dicha persona jurídica cumpla con los requisitos que indica el artículo 370 del Código De Procedimiento Civil, y mucho menos el alegado por la parte demandada, es decir, por ser común a la causa pendiente. Es relevante que se analice detenidamente el libelo de la demanda para poder verificar que las menciones que se hace a dicha institución bancaria son meramente referenciales para poder apuntar a lo realmente importante en esta causa como lo es las actuaciones de los ciudadanos José Antonio Oliveros Febres y Zonia Coromoto, ambos identificados y que generaron los daños morales y patrimoniales a la parte actora.
Señala que el juzgado sentenciador fue acertado al establecer que la institución financiera Activo International Bank carece de interés procesal para intervenir en la presente causa, por otra parte, no puede pretenderse la utilización de la figura jurídica del llamado de tercero para la ratificación de documentales, pues esto corresponde ser analizado en la etapa probatoria establecida en el Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, solicito sea declarada sin lugar la apelación ejercida.
DE LA APELACIÓN INTERPUESTA.
Conoce este órgano jurisdiccional de la apelación interpuesta por la parte demandada de la sentencia interlocutoria dictada en fecha 20 de noviembre de 2019 por el Tribunal Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas,en la cual declaro inadmisible la reconvención interpuesta y negó el llamamiento del tercero formulado por la parte demandada, ahora bien, este Tribunal superior procede a dictar la sentencia correspondiente bajo las siguientes consideraciones y como quiera que la sentencia recurrida se contrae a dos puntos, es decir, a la inadmisibilidad de la reconvención y a la negativa del llamamiento del tercero este Tribunal procede primigeniamente a pronunciarse respecto a la reconvención y luego a la negativa del llamamientos del tercero esto meramente por motivos estructurales.
DE LA RECONVENCIÓN.
La parte demandada mediante escrito presentado ante el Tribunal de instancia reconviene a los demandantes por daño moral y estima para el resarcimiento de los daños causados la indemnización del daño moral según los daños causados y sus secuelas en la cantidad TRECIENTOS MIL MILLONES EXACTOS ($300.000.000.000,00) para cada uno de los demandados.
La reconvención o mutua petición es un recurso que la ley confiere al demandado por razones de celeridad procesal, en virtud del cual se le permite plantear a su vez, en el acto de la litis contestación, cualquier pretensión que pueda tener contra el actor primitivo, incluso, referidas a situaciones diferentes de las que se plantean en el juicio principal. Se diferencia del llamado de terceros a la causa, en que única y exclusivamente existe reconvención cuando el sujeto pasivo de la pretensión aducida es el propio demandante originario, de tal manera, no es reconvención y por lo tanto no puede admitirse como tal, la propuesta de demanda contra un tercero ajeno a la relación procesal originaria.
Por otra parte debe señalarse que la reconvención o mutua petición es una demanda incoada por el demandado contra la parte actora con la finalidad de hacer valer una pretensión que aquél tiene contra éste, la cual, por razones de celeridad y economía procesal la ley permite acumular a la contestación para que a través de un sólo trámite procesal se dicte una sentencia que resuelva de una vez ambas pretensiones, la que hace valer el actor en su demanda y la propia del demandado propuesta junto con la contestación.
Efectivamente, la reconvención constituye una demanda autónoma, y por ende, debe cubrir las exigencias establecidas en el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil para ser admitida, tal cual se desprende del texto del artículo 365 eiusdem y así lo señalo la Sala de Casación Civil de la entonces Corte Suprema de Justicia, que al analizar el tema, señaló lo siguiente:
“…Es oportuno destacar textualmente lo que establece el artículo 365 del Código de Procedimiento Civil y analizar, su contenido, así tenemos:
‘Podrá el demandado intentar la reconvención o mutua petición expresando con toda claridad y precisión el objeto y sus fundamentos. Si versare sobre objeto distinto al del juicio principal, lo determinará como se indica en el artículo 340’. A la luz de la presente disposición es evidente que el legislador estimó necesario que la reconvención precisara claramente el objeto y sus fundamentos, esto en virtud de que la reconvención es una acción autónoma que tiene hasta su propia cuantía. Asimismo, quiso el legislador que la acción de reconvención cumpliera con los requisitos del artículo 340, es decir, con los elementos esenciales de un libelo…” (Sent. N° 935/88 del 30 de noviembre, caso: José Agustín Cuadros contra Enrique Bonilla).
En igual sentido se pronunció la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 0065, del 29 de enero de 2002 (caso: Carmen Sánchez de Bolívar), en la cual señaló lo siguiente:
“…Otra característica que pone de manifiesto que la reconvención constituye una nueva pretensión deducida en un mismo proceso por razones de economía procesal, es que el desistimiento de la demanda no produce el fenecimiento de la reconvención, la cual subsiste por el carácter autónomo del interés que la sustenta. Por esa razón, la reconvención debe reunir los requisitos previstos en el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil.
Este criterio ha sido expresado por la Sala de forma reiterada, entre otras, en sentencia de fecha 30 de noviembre de 1988, en la cual dejó sentado que (…)
Acorde con ello, la Sala Político-Administrativa ha indicado que ‘...La reconvención, según la definición de Voet, es la petición por medio de la cual el reo reclama, a su vez, alguna cosa al actor, fundándose en la misma o en distinta causa que él... La reconvención, independientemente de la defensa o reforzándola por medio de un ataque que sirva para hacerla más eficaz, es una nueva demanda, el ejercicio de una nueva acción y constituye una segunda causa, que, aunque deducida en el mismo juicio que la primera, tiene vida y autonomía propia, y pudo haber sido intentada en juicio separado...”(Subrayado de este Tribunal)
En el presente caso observa este Tribunal Superior que los demandados fundamentan la reconvención bajo los siguientes argumentos:
“Que los actores de la presente causa, es decir, el ciudadano Guillermo Barroso y Raúl Leoni interpusieron Querella Penal actuando en nombre propio y en representación de la sociedad mercantil Enpiso contra los ciudadanos José Antonio Oliveros y Zonia Coromoto Oliveros, todos identificados en autos.Que, en virtud de esa Querella penal interpuesta en contra de su representados, el tribunal de primera instancia actuando en funciones de control admitió la misma y procedió al dictamen de unas medidas cautelares de naturaleza civil, así como la prohibición de salida del país en contra de su representados, todo lo cual le ocasiono un perjuicio a su imagen y a su reputación”
En tal sentido, una vez analizados los argumentos que fundamentan la reconvención propuesta señala quien suscribe que los ciudadanos Zonia Oliveros y José Antonio Oliveros fundamentan el daño moral en el hecho que la parte actora interpuso una querella penal, es decir, que el supuesto daño moral es en ocasión a que la parte actora introduce ante la jurisdicción penal una acción por una presunta estafa continuada la cual fue admitida por el Tribunal Penal de Primera Instancia en funciones de control y fueron dictadas las medidas cautelares que el órgano jurisdiccional considero procedentes.
De la simple lectura del escrito contentivo de la reconvención planteada, se desprende que la parte accionada pretende el resarcimiento de daños en ocasión a que la actora en este juicio interpuso en su contra una querella penal.
Así pues, señala quien aquí suscribe que la acción es un derecho que tienen los particulares de solicitar ante los órganos jurisdiccionales la tutela de sus derechos e intereses, por lo cual, cualquier sujeto de derecho puede, según la naturaleza jurídica de la pretensión que estime, ejercer el derecho a la acción, ello mediante demanda que ponga en movimiento al órgano jurisdiccional para obtener con ella respuesta con base a la situación de hecho y de derecho esgrimido.
Que justamente en ejercicio de ese derecho y ante la interposición de una demandada, en este caso de una Querella ante un Tribunal penal es a este quien le corresponde verificar la veracidad de los tipos penales presentados para su conocimiento. Por lo cual, el acceso a la justicia se logra justamente mediante el ejercicio de la acción, por tanto, acudir ante un órgano jurisdiccional a solicitar que sean tutelados los derechos no puede traer consigo un daño implícito contra quien se interpone; así pues que, el hecho que los ciudadanos Edgar Leoni y Guillermo Barroso hayan interpuesto en los Tribunales Penales una Querella Penal en ejercicio de la acción que el Estado le provee a todos los particulares no puede ocasionar los daños reclamados por los demandados reconvinientes. Y así se declara.
En consecuencia, y como quiera que la reconvención planteada resulta a toda luces contrariaal orden público toda vezque se contrapone al ejercicio de un derecho constitucional como la acción, este órgano jurisdiccional necesariamente debe confirmar la inadmisibilidad de la reconvención declarada por el Tribunal de instancia tal como se hará en el dispositivo de la presente sentencia y así expresamente se declara.
DE LA TERCERÍA.-
Planteada la controversia incidental sometida a conocimiento de esta superioridad en los términos expuestos, referido específicamente al llamamiento del tercero, en este caso la institución financiera International Bank, fundamentado legalmente en el artículo 370 ordinal 4 del Código de Procedimiento Civil, en la que el Tribunal de instancia negó el llamamiento del tercero, corresponde pronunciarnos al respecto, en este sentido se observa:
La presente demanda en principio es seguida por los ciudadanos Edgar Leoni, Guillermo Barroso, y la sociedad mercantil Enpiso contra José Antonio Oliveros y Zonia Oliveros los primeros entablan un supuesto daño moral contra la parte demandada, como se observa las dos partes presentes se hacen reclamos recíprocos, no obstante, la parte demandada en la oportunidad de dar contestación a la demanda solicita el llamamiento de un tercero a la disputa original.
Ahora bien, todo tercero debe tener al igual que las partes un interés actual en el proceso, y ese interés actual no puede salir de otra parte que de las relaciones materiales debatidas, en efecto el tercero puede intervenir en el proceso ya en defensa de sus derechos, incluso de manera excluyente con respecto de una de las partes, ya como ayudante en una causa, o, cuando por imperio de la ley debe intervenir en la causa, intervenciones denominadas doctrinariamente voluntaria y forzosa.
Al respeto, el art. “Artículo 370. Señala: Los terceros podrán intervenir, o ser llamados a la causa pendiente entre otras personas, en los casos siguientes:
…Omissis…
4º) Cuando alguna de las partes pida la intervención del tercero por ser común a éste la causa pendiente.

Este tipo de intervención constituye una figura procesal que se caracteriza principalmente porque a diferencia de la tercería y de la intervención adhesiva, ésta tiene lugar por la voluntad de una de las partes y no por la del tercero.
La doctrina tradicional patria ha definido la intervención forzada en los siguientes términos:
En nuestro derecho, la intervención forzada puede definirse como la llamada de un tercero a la causa, por voluntad de una de las partes, por ser común al tercero la causa pendiente, o bien porque la parte pretenda un derecho de saneamiento o de garantía respecto del tercero.
La intervención voluntaria de un tercero que tiene interés legítimo en las resultas de un juicio, puede realizarse en cualquier estado o grado de la causa a favor de cualquiera de las partes, no sucede lo mismo sin embargo con la intervención forzosa que tiene un lapso preclusivo para su llamamiento a la causa, estableciendo, además, ineludiblemente, el cumplimiento de ciertos requisitos que determinan su admisibilidad.
Observa esta Alzada que en el presente caso, los demandados llaman a la entidad Bancaria Activo International Bank porque a su decir consta en varios documentos acompañados en esta contestación-reconvención que la referidaentidad bancaria tiene directa vinculación a esta controversia, debido: A “Que como quiera que a través de la reconvención se pretende resarcimiento de los daños morales cometido contra mis representados y habida cuenta de que existen documentos que claramente vinculan a ACTIVO INTERNATIONAL BANK con los demandantes, no en la forma fraudulenta en que ellos lo relatan, sino en la forma en la que ellos solicitaron un crédito que hoy dilatan a su pronto pago, conforme a lo previsto en el ordinal 4 del artículo 370 del Código de Procedimiento Civil, llamamos a ACTIVO INTERNATIONAL BANK en tercería, para que atreves de su representantes, pueda aclarar la situación que le concierne respecto de los hoy demandantes, e igualmente certifique y valide la naturaleza de los documentos acompañados al procedimiento”
Como se puede observar los demandados solicitan sea llamado como tercero a la entidad Bancaria Activo International Bank sin tomar en cuenta que en este tipo de intervención la causa debe ser común al tercero, y a juicio de quien aquí decide no se evidencia elemento probatorio alguno que determine o permita deducir efectivamente la causa común, toda vez que ciertamente se hace referencia a Activo internacional Bank, no obstante, dicha mención no acarrea la existencia de una relación de hecho que deba ser tutelada, es decir, no existe una situación o interés que afecta a Activo Internacional Bank por el fallo que aquí se produzca, toda vez que en la presente causa no está en discusión el crédito otorgado por la referida entidad bancaria a los demandantes.
En este mismo orden de ideas, y para quien aquí suscribe la parte demandada no logró demostrar que el tercero llamado a la causa aparezcavinculado en forma directa y precisa con ninguna de las partes intervinientes en la relación material debatida, por lo que las resultas del presente juicio no los pueden afectar directa o indirectamente. Y así se declara. -
A mayor abundamiento, la parte demandada al solicitar el llamamiento del tercero señala “llamamos a ACTIVO INTERNATIONAL BANK en tercería, para que a través de sus representantes, pueda aclarar la situación que le concierne respecto de los hoy demandantes, e igualmente certifique y valide la naturaleza de los documentos acompañados al procedimiento” (subrayado de este Tribunal)
Como se puede observar, los demandados pretenden que con el llamado a tercero se certifiquen y verifiquen de documentos que reposan en los autos, lo cual es a todas luces inadmisible, toda vez que se estaría convirtiendo la tercería en una especie de prueba de ratificación de documentos artículo 431 del Código de Procedimiento Civil lo cual, como acertadamente lo señalo el tribunal de instancia estaría desnaturalizando la esencia de la figura procesal de la tercería así se establece.
En consecuencia y siendo que la entidad Bancaria no es común a la causa pendiente, por tanto, este llamado a terceros es improcedente por no estar ajustado a la normativa contenida en el articulado antes referido. Quien decide considera improcedente el llamado del tercero interviniente y así será declarado en el dispositivo de la presente sentencia.
Conforme a los señalamientos aquí esgrimidos es forzoso declarar SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por la parte demandante, contra la decisión de fecha 20 de noviembre de 2019, dictada por el Tribunal Octavo de Primera Instancia, en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en el juicio que por DAÑO MORAL sigue los Ciudadanos GUILLERMO BARROSO Y EDGAR RAÚL LEONI, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, abogados, casados, con cedula de identidad Nro. V-6.970.207 y V- 11.935.441, respectivamente, e inscritos en el Inpreabogado Nro. 56.137 y 62.580, actuando en nombre propio, así como en carácter de directores y accionista de la totalidad del capital social de la empresa Enpiso S.A, sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha treinta (30) de marzo de 2007, bajo el Nr 37, Tomo 1546-A contra JOSÉ ANTONIO OLIVEROS Y ZONIA COROMOTO OLIVERO MORA, venezolano, mayores de edad y titulares de la cedula de identidad Nro. V- 11.307.248 y 4.082.344, respectivamente., por lo cual se CONFIRMA la sentencia apelada. Y así se declara.
-III-
Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: SIN LUGAR, la apelación ejercida por la parte demandada contra la sentencia de fecha 20 de noviembre de 2019, que declaró inadmisible la reconvención y negó el llamamiento al tercero.
SEGUNDO: SE CONFIRMA la sentencia dictada por el Tribunal Octavo de Primera Instancia, en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en consecuencia, se declara:
TERCERO: INADMISIBLE LA RECONVENCION PROPUESTA, por los ciudadanos José Antonio Oliveros y Zonia Coromoto Olivero Mora, venezolano, mayores de edad y titulares de la cedula de identidad Nro. V- 11.307.248 y 4.082.344, respectivamente.
CUARTO: SE NIEGA EL LLAMAMIENTO DEL TERCERO.
QUINTO: Se condena en costas a la parte demandada a tenor de lo señalado en los artículos 274 y 276 del Código de Procedimiento Civil.
La presente sentencia se dicta dentro del lapso legal correspondiente, no obstante, se ordena su notificación de conformidad con la resolución 2020-05 emana de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DEJESE COPIA.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En Caracas, a los trece (13) días del mes de mayo del año dos mil veintiuno (2021). 210° de la Independencia y 160° de la Federación.
EL JUEZ,

LUÍS TOMAS LEON SANDOVAL.

EL SECRETARIO,

MUNIR SOUKI URBANO.

En esta misma fecha, siendo las 11:00 a.m. previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia.
EL SECRETARIO,

MUNIR SOUKI
Nº AP71-R-2020-000038 (1186).-