EXPEDIENTE: AP71-R-2021-000027
AGRAVIADA:ISABEL MARCANO VASQUEZ, VALERIA ARACELIS CONTRERAS, ANA MARIA CASTILLO MEDINA, EVA MARIA GARCIA BILBAO, AURA MARINA COLMENARES MORENO, ZORAIDA COROMOTO CABRITA TORREALBA, HAIDEE COROMOTO SILVA RODRIGUEZ, ANGEL POOT, MARIA PORFIDIA PESTAÑA DE GONCALVES, MIGUEL ANGEL BRIGENO PIMENTEL, ABIGAIL COLMENARES GIMENEZ, LUIGI MANFREDI MARIGLIANO, EUSTOQUIO GOMEZ LOPEZ, ZOLY MERCEDES BRACHO, DANIEL ENRIQUE CHAVEZ CRUZ y SAKIA JULIAO RADULESCU, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nos. V-6.928.634, V-4.033.168, V-4.834.311, V-15.168.430, V-3.617.207, V-10.822.438, V-2.600.218, V-6.130.OOO, E-81.115.237, V-1.749.299, V-2.565.016, V-7.923.696, V-1.754.967, V-4.356.004, V-3.396.586. y V-12.070.708, respectivamente.
ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE AGRAVIADA: LUIS ENRIQUE PINZÓN QUIROZ, actuando en su carácter de Defensor Público Provisorio Tercero con competencia en materia Civil y administrativa especial Inquilinaria y para la Defensa del Derecho a la Vivienda.
AGRAVIANTE: ciudadana GLADYS MERCEDES RANGEL HERNANDEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. V-3.182.769 y de este domicilio.
APODERADO DE LA AGRAVIANTE: GABRIEL RUIZ, abogado en ejercicio, de este domicilio e inscrito en el Inpreabogado bajo el NºV-9.964.712 y de este domicilio.
MOTIVO: AMPARO CONTITUCIONAL.
SENTENCIA: INTERLOCUTORIA

-I-
Conoce este Tribunal Superior previa distribución de Ley, del recurso de apelación ejercido por la parte agraviante, contra el auto interlocutorio de fecha 2 de marzo de 2021, dictado por el Tribunal de Mérito Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante el cual niega la solicitud de suspensión de medida cautelar dictada en la presente ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL, incoada por los ciudadanos: ANA MARIA CASTILLO MEDINA, EVA MARIA GARCIA BILBAO, AURA MARINA COLMENARES MORENO, ZORAIDA COROMOTO CABRITA TORREALBA, HAIDEE COROMOTO SILVA RODRIGUEZ, ANGEL POO, MARIA PORFIDIA PESTAÑA DE GONCALVES, MIGUEL ANGEL BRIGENO PIMENTEL, ABIGAIL COLMENARES GIMENEZ, LUIGI MANFREDI MARIGLIANO, EUSTOQUIO GOMEZ LOPEZ, ZOLY MERCEDES BRACHO, DANIEL ENRIQUE CHAVEZ CRUZ y SAKIA JULIAO RADULESCU contra la ciudadana GLADYS MERCEDES RANGEL HERNANDEZ.
Previa distribución de Ley, el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, recibió la presente acción en fecha15 de marzo de 2021, siendo admitido mediante auto de fecha 16del mismo mes y año.
En fecha 12 de mayo de 2011, el Tribunal de instancia en el correspondiente cuaderno de medidas de la presente causa decreta cautelar de Prohibición de enajenar y gravar sobre un inmueble propiedad de la agraviante, constituido por el edificio llamado WANDA ubicado en la Calle Orinoco, Urbanización las Mercedes, Municipio Baruta del Estado Miranda.
Cumplidos y efectuados los trámites procesales, en la audiencia constitucional se declara con lugar la Acción de Amparo Constitucional, posteriormente en fecha 9 de junio de 2011, se dictó el extenso del dispositivo anteriormente señalado.
Mediante diferentes autos de fechas 15-12-2020, 26-01-2021 y 08-02-2021, la agraviante solicita la reactivación del proceso y suspensión de la medida cautelar de de prohibición de enajenar y gravar, decretada en la presente causa sobre el edificio objeto de la presente acción, propiedad de la agraviante, cursante en el cuaderno de medidas, siendo dictado el auto de certeza señalando que la causa se encuentra en estado de ejecución y ordeno la notificación de la parte agraviada para la reactivación solicitada y que respecto de la medida cautelar, se proveerá por auto separado en el cuaderno correspondiente.
En el cuaderno de medidas, la agraviante mediante escrito de fecha 8 de febrero de 2021solicita sea declarado el decaimiento de la acción de amparo por inactividad de la agraviada y solicita la suspensión de la medida cautelar anteriormente señalada.
Mediante auto de fecha 2 de marzo de 2021, el Tribunal de instancia niega lo solicitado, siendo recurrida tal actuación mediante diligencia digital, la cual fue recibida físicamente en fecha 3 de marzo de 2021, siendo oído el recurso y remitido a la oficina correspondiente para su distribución.
Previa distribución de Ley, efectuada el 15 de marzo de 2021, correspondió a esta Alzada el conocimiento del recurso ordinario de apelación ya señalado.
En fecha 16 de marzo de 2021, este Tribunal recibe el presente expediente y mediante auto de esa misma fecha le da entrada, y fija oportunidad para dictar el correspondiente fallo.
En fecha 26 de abril de 2021, la agraviante consigna mediante diligencia, actuaciones de notificación judicial practicada por Juzgado Undécimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, donde ofrece en venta WANDA a los inquilinos que allí habitan.

II
DE LA COMPETENCIA.

De la revisión de los autos, se constata que la acción de amparo fue incoada ante la jurisdicción del circuito judicial de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil Transito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, siendo declarada Con Lugar por el Juzgado Quinto perteneciente al señalado circuito judicial. Por otra parte, siendo que corresponde a los Tribunales Superiores en lo Civil, Mercantil Transito y Bancario de esta Circunscripción Judicial conocer en Alzada de las decisiones dictadas por los Tribunales de Instancia anteriormente señalados, este Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del área Metropolitana de Caracas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, este Órgano Jurisdiccional se declara competente para conocer de la apelación en referencia. Así se decide.

INCISO PREVIO:

Previamente debe destacarse que la presente acción de amparo se encuentra en estado de ejecución de sentencia, toda vez que el mismo fue decidido en fecha 9 de junio de 2011, por lo cual aquí se resuelve es una incidencia respecto a la solicitud efectuada por la agraviante, respecto de la suspensión de una cautelar de Prohibición de enajenar y gravar, recaída sobre un inmueble de su propiedad y el cual fuera objeto el amparo en cuestión.

DISPOSITIVO DEL FALLO DEFINITIVO:
En fecha 9 de junio de 2011, el Tribunal A quo en sede Constitucional emite la sentencia definitiva del caso que nos ocupa señalando:
“(…) el Derecho de Preferencia Ofertiva que les asiste de conformidad con el artículo 42 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Aunado a lo anterior es forzoso para esta sentenciadora declarar CON LUGAR la Acción de Amparo Constitucional. Y así se dispondrá en el dispositivo de esta decisión.
Ahora bien, dada la declaratoria con lugar del amparo, este Tribunal ordena de conformidad con lo acordado por las partes en el Acto oral y Público, a la Ciudadana GLADYS RANGEL HERNÁNDEZ proceda a Ofertar el inmueble a las familias inquilinas mediante documento auténtico, esto en aras a garantizar el derecho establecido en el artículo 82 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con el pautado en el artículo de la Ley de Arrendamiento Inmobiliarios, previo avalúo del mismo.
DISPOSITIVA
En virtud de todos y cada uno de los alegatos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, este Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil , Mercantil , Tránsito y Bancario de la circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, actuando en sede Constitucional Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad que le Confiere la Ley, declara: PRIMERO CON LUGAR los Acción de Amparo Constitucional ejercida por Ciudadanos ISABEL MARCANO VÁSQUEZ, VALERIA ARACELIS CONTRERAS, ANA MARÍA CASTILLO MEDINA, EVA MARÍA CARCÍA BILBAO, AURA MARINA COLMENARES MORENO, ZORAIDA COROMOTO CABRITA TORREALBA, HAIDEE COROMOTO SILVA RODRÍGUEZ, ÁNGEL POO, MARÍA PORFIDIA PESTAÑA DE GONCALVES, MIGUEL ÁNGEL BRICEÑO PIMENTEL, ABIGAILCOLMENAREZ GIMENEZ LUIGI MANFREDI MIRIGLIANO, EUSTOQUIO GOMÉZ LÓPEZ, ZOLY MERCEDES BRACHO, DANIEL ENRIQUE CHÁVEZ CRUZ, SARIA JULIAO RADULECU, debidamente asistidos por el ciudadano LUIS ENRIQUE PINZÓN QUIROZ; actuando en su carácter de Defensor Público Provisorio Tercero con Competencia en Materia Civil y Administrativa Especial Inquilinaria y para la Defensa del Derecho a la Vivienda, y representados en la Audiencia constitucional por la doctora ANA MARINA RODRÍGUEZ MONTERO, adscrita al mencionado ente, contra la ciudadana GLADYS RANGEL HERNÁNDEZ. SEGUNDO. - Se ordena mantener la vigencia de la Medida de Prohibición de Enajenar y Gravar sobre el Edificio Wanda, ubicado en la Calle Orinoco, Urbanización las Mercedes, Municipio Baruta estado Miranda , los cuales consta en Documento protocolizado por ante la Oficina Subalterna del Segundo Circuito del Distrito Sucre del Estado Miranda, de fecha 31 de Marzo de 1976, anotado bajo el NO 44, tomo 36, del Protocolo Primero de dicha Oficina Subalterna, hasta tanto no se materialice la oferta de compraventa del edificio antes nombrado a las 17 familias inquilinas previo avalúo del inmueble.” (Resaltado del Tribunal)


ALEGATOS DE LA AGRAVIANTE
De la lectura del escrito de solicitud de suspensión de la medida cautelar decretada en este procedimiento en fecha 12 de mayo de 2011, se lee lo siguiente:
“… En materia de amparo constitucional, y bajo la perspectiva del artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha estimado, que puede asumirse el decaimiento de la acción de amparo una vez transcurrido un lapso de seis (06) meses posteriores a la paralización de la causa por falta de interés procesal de la parte actora. Ello es producto del reconocimiento, a partir de signos inequívocos de que dicha parte ha renunciado, al menos respecto a esta causa y a este medio procesal, a la tutela judicial efectiva y al derecho a una pronta decisión que le confiere la Constitución; por otra parte, y desde otro punto de vista, el principio de tutela judicial efectiva no ampara la desidia o la inactividad procesal de las partes.
Tal inactividad, en la presente Acción del Amparo Constitucional, permite presumir que los querellantes han perdido interés en proteger sus derechos fundamentales por esta vía, lo que produce un decaimiento del interés procesal para que administre justicia acelerada y preferente que proporciona el Amparo Constitucional.
En efecto, el interés procesal es la posición del actor frente a la jurisdicción para obtener de ella la satisfacción de su necesidad de tutela; este interés subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso.
En efecto, si el legislador ha estimado que, como consecuencia de ese carácter de urgencia que distingue el Amparo, la tolerancia de una situación que se entiende lesiva de derechos fundamentales, por más de seis (06) meses, entraña el consentimiento de la misma y, por tanto la pérdida del derecho a obtener protección acelerada y preferente por esa vía, resulta lógico deducir que soportar, una vez iniciado el proceso, una paralización de la causa sin impulsarla por un espacio de tiempo semejante equivale al abandono del trámite que había sido iniciado con el fin de hacer cesar aquella situación lesiva o amenazadora de derechos fundamentales.
Ahora bien, ciudadano Juez, se desprende de las actas procesales que desde el día 12 de mayo de 2011, la fecha en que este Despacho recibe decreta la Medida Cautelar de PROHIBICION DE ENAJENAR Y GRAVAR, hasta la presente fecha, la parte recurrente no ha puesto de manifiesto interés alguno en la consecución del proceso, por consiguiente, tal conducta nos lleva a presumir que el interés procesal respecto de este medio particular de protección de los derechos fundamentales decayó y que la inactividad no debe premiarse manteniendo vivo un proceso especial en el cual las partes no manifiesten interés. En consecuencia' no quedando dudas en el caso concreto, de que la presente causa ha estado paralizada por un período de tiempo superior a seis (6) meses, y por cuanto no existen intereses de orden público inherentes a la misma, se constata la extinción de la instancia por decaimiento de la acción, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo y Garantías Constitucionales.
Por lo tanto ciudadano Juez, observándose como efectivamente se infiere que los querellantes, materializaron la perdida de interés procesal, y se verifica por la inactividad prolongada en el proceso, tanto del juez que no se pronuncia sobre algún requerimiento que por mandato de Ley está obligado a realizar (admisión de la demanda, pruebas, audiencia oral, notificaciones) como de las partes, quienes asumen una conducta indiferente, no instando al Tribunal a cumplir con su deber o, en su defecto, no denunciando la omisión o negación de justicia del juez a los órganos jurisdiccionales competentes. El decaimiento tiene como consecuencia jurídica la extinción del procedimiento y así solicito sea decretado por este Tribunal.
(…)
En atención a la norma antes señalada, en nombre de mi representada, solicito a este Tribunal en vista de la materialización de la perdida de interés procesal de los querellantes por la inactividad prolongada en el proceso, tenga a bien decretar de inmediato el DECAIMIENTO POR PERDIDA DE INTERES PROCESAL POR INACTIVIDAD PROLONGADA EN EL PROCESO de la irrita, temeraria e infundada acción de amparo constitucional interpuesta por los presuntos recurrentes, ciudadanos ISABEL MARCANO VASQUEZ, VALERIA ARACELIS CONTRERAS, ANA MARIA CASTILLO MEDINA, EVA MARIA GARCIA BILBAO, AURA MARINA COLMENARES MORENO, ZORAIDA COROMOTO CABRITA TORREALBA, 1-IAIDEE COROMOTO SILVA RODRIGUEZ, ANGEL POO, MARIA PORFIDIA PESTAÑA DE GONCALVES, MIGUEL ANGELBRIGENO PIMENTEL, ABIGAIL COLMENARES GIMENEZ, LUIGI MANFREDI MARIGLIANO, EUSTOQUIO GOMEZ LOPEZ, ZOLY MERCEDES BRACHO, DANIEL ENRIQUE CHAVEZ CRUZ y SAKIA JULIAO RADULESCU, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nos. V-6.928.634, V-4.033.168, V4.834.311, V-15.168.430, V-3.617.207, V-10.822.438, V-2.600.218, V-6.130.OOO, E81.115.237, v-1.749.299, v-2.565.016, v-7.923.696, v-1.754.967, v-4.356.004, v3.396.586. y V-12.070.708, asistidos por el abogado LUIS ENRIQUE PINZÓN QUIROZ, actuando en su carácter de Defensor Público Provisorio Tercero con competencia en materia Civil y administrativa especial Inquilinaria y para la Defensa del Derecho a la Vivienda contra mi representada, la ciudadana GLADYS MERCEDES RANGEL HERNANDEZ, titular de la Cédula de Identidad No. V-3.182.769; y como consecuencia de dicho desistimiento, se le restablezcan de inmediato todos sus derechos sobre el inmueble denominado Edificio WANDA y se aplique la sanción contemplada en el artículo 25 de la Ley in comento, así mismo solicito se revoque de inmediato la medida cautelar decretada por este Tribunal en fecha 12 de mayo de 2011, mediante Oficio 0389' contentiva de MEDIDA DE PROHIBICION DE ENAJENAR Y GRAVAR; y se libre nuevo Oficio, dirigido al Registro Inmobiliario del Primer Circuito del Municipio Baruta del estado Miranda (Resaltado del Tribunal)

AUTO RECURRIDO:
“(…)Visto el auto dictado en fecha 25/02/2021, en la pieza principal del expediente, mediante el cual se indicó que el pronunciamiento referido a la solicitud del levantamiento de la medida cautelar decretada en el presente juicio, se realizaría por auto separado, este Tribunal pasa a emitir pronunciamiento en los siguientes términos:
Al respecto observa este despacho, que mediante sentencia definitiva proferida en fecha 09 de junio de 2011, se declaró con lugar la acción de Amparo Constitucional, y hasta la presente fecha no consta en autos el cumplimiento de lo ordenado en el particular Segundo del dispositivo del fallo, motivo por el cual este Tribunal niega el requerimiento efectuado por la parte agraviante en fecha 08/02/2021. Y así se establece.”

PUNTO PREVIO:
Pasa el Tribunal como punto previo al fallo, a destacar el alegato esgrimido por la representación judicial de la agraviante, en el que señala:
“… tenga a bien decretar de inmediato el DECAIMIENTO POR PERDIDA DE INTERES PROCESAL POR INACTIVIDAD PROLONGADA EN EL PROCESO de la irrita, temeraria e infundada acción de amparo constitucional interpuesta por los presuntos recurrentes, ciudadanos…

Ahora bien, como ya quedó sentado en el texto del presente fallo, la presente acción de amparo se encuentra en estado de ejecución de sentencia, toda vez que el mismo fue decidido en fecha 9 de junio de 2011, por lo cual aquí se resuelve es una incidencia respecto a la solicitud efectuada por la agraviante, respecto de la suspensión de una cautelar de prohibición de enajenar y gravar. En este orden de ideas, se constata que la Acción de Amparo Constitucional fue declarada con lugar, encontrándose la misma definitivamente firme, de lo que se evidencia:
1- Habiéndose declarado con lugar el amparo y encontrándose definitivamente firme, ciertamente existió un agravio constitucional.
2- Que la persona imputada como presunta agraviante, resulto ser ciertamente la “agraviante” y como tal es identificada en el presente fallo como “parte agraviante”.
3- Se constató que los accionantes del amparo, no son “supuestos recurrentes”, sino ciertamente “agraviados” como tal, toda vez que fue reconocido la conculcación de sus derechos constitucionales.
4- El lenguaje expresado en la solicitud de levantamiento de medida, desconoce el mérito tanto de la sentencia dictada, así como de la institución judicial que la dictó, toda vez que a pesar de que la acción fue declarada con lugar y que se encuentra definitivamente firme, la agraviante la sigue tratando como “…irrita, temeraria e infundada acción de amparo constitucional…”.
En tal sentido, las partes deben ser consecuentes con las actuaciones que realizan con respecto a la realidad procesal que dimana de las actuaciones que constan a los autos a los fines de mantener el orden y respecto de las instituciones judiciales y así se declara.
Pasa este Juzgador a revisar las actuaciones que dieron pie a esta incidencia en estado de ejecución, para lo cual nuevamente observa el contenido de la decisión definitivamente firme que señala en su particular “Segundo” lo siguiente:
“(…) SEGUNDO. - Se ordena mantener la vigencia de la Medida de Prohibición de Enajenar y Gravar sobre el Edificio Wanda, ubicado en la Calle Orinoco, Urbanización las Mercedes, Municipio Baruta estado Miranda , los cuales consta en Documento protocolizado por ante la Oficina Subalterna del Segundo Circuito del Distrito Sucre del Estado Miranda, de fecha 31 de Marzo de 1976, anotado bajo el NO 44, tomo 36, del Protocolo Primero de dicha Oficina Subalterna, hasta tanto no se materialice la oferta de compraventa del edificio antes nombrado a las 17 familias inquilinas previo avalúo del inmueble.”(Destacado de esta Alzada).

Del destacado anterior, se evidencia lo siguiente:
1- El Tribunal de Instancia al declarar con lugar la acción de Amparo Constitucional, mantuvo en vigencia la medida cautelar decretada con ocasión a este procedimiento, la cual fue sometida a una condición futura a cargo de la agraviante, esto es: “…Se ordena mantener la vigencia de la Medida de Prohibición de Enajenar y Gravar sobre el Edificio Wanda … hasta tanto no se materialice la oferta de compraventa del edificio antes nombrado a las 17 familias inquilinas previo avalúo del inmueble…”.
2- No puede adjudicársele a los agraviados la falta de interés alegada por la agraviante, cuando esta fue la que produjo la violación denunciada y que fue la parte perdidosa a quien se le obliga a efectuar las obligaciones de hacer contenidos en el fallo constitucional.
4- Al no cumplirse con el fallo constitucional, la violación de las garantías constitucionales allí restablecidas siguen en constante peligro de ser violentadas nuevamente, por lo que la contención ideada por el Sentenciador de Instancia fue la de mantener una medida cautelar, hasta tanto efectivamente la agraviante cumpla con lo ordenado en el fallo.
Así las cosas, la figura del decaimiento, no puede ser aplicable a los agraviados, quienes llevaron a feliz término para ellos el procedimiento de Acción de Amparo Constitucional, siendo la encargada y la obligada a cumplir lo ordenado la parte agraviante. En tal sentido, el levantamiento de la medida cautelar, retrotraería la causa al estado en que se encontraba el juicio antes de su admisión, por lo cual la autoridad judicial no puede hacerse eco de posibles violaciones constitucionales futuras, amén de que la agraviante pudiera estar además incursa en desacato de la decisión constitucional y así se declara.
Ahora bien, no obstante, lo anterior, observa esta Alzada que la agraviante consigna notificación judicial practicada por Juzgado Undécimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, donde ofrece en venta el edificio denominado WANDA a los inquilinos que allí habitan. En este orden de ideas, se constata que tal actuación efectuada posteriormente a los hechos que dieron pie al recurso que nos ocupa, marca la pauta en el cumplimiento de lo ordenado en la Decisión de fecha 9 de julio de 2011.
Así las cosas, siendo que la actuación señalada corresponde a actuaciones de cumplimiento de ejecución de sentencia, sus efectos y consecuencias, solo pueden ser apreciadas y decididas por el Tribunal de la causa, encargado de la ejecución, por lo cual, debiendo ser este quien revise si se dio cumplimiento o no al dispositivo de la sentencia de amparo que nos ocupa cualquier situación que surja deberá ser resuelta con base al principio de la doble instancia por el Tribunal de la causa, para que en caso de presentarse algún recurso que deba resolverse eventualmente,pueda ser revisado por un Tribunal Superior Jerárquico, por lo que respecto del ofrecimiento en venta realizado por la agraviante, este Tribunal nada tiene que proveer, ordenándose la remisión del presente expediente al Tribunal de la causa a fin de que se pronuncie sobre dicho ofrecimiento y en dado caso proceda o no al levantamiento de la medida de prohibición de enajenar y gravar solicitada, y en tal sentido continúen las actuaciones de ejecución de sentencia y así se declara.
En consecuencia, por las razones aquí esgrimidas forzoso es para este Tribunal Superior declarar SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por la parte agraviante, contra el auto interlocutorio de fecha 2 de marzo de 2021, dictado por el Tribunal de Mérito instancia Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante el cual niega la solicitud de suspensión de medida cautelar dictada en la presente ACCIÓN DE AMPARO CONTITUCIONAL, incoada por los ciudadanos: ANA MARIA CASTILLO MEDINA, EVA MARIA GARCIA BILBAO, AURA MARINA COLMENARES MORENO, ZORAIDA COROMOTO CABRITA TORREALBA, HAIDEE COROMOTO SILVA RODRIGUEZ, ANGEL POO, MARIA PORFIDIA PESTAÑA DE GONCALVES, MIGUEL ANGEL BRIGENO PIMENTEL, ABIGAIL COLMENARES GIMENEZ, LUIGI MANFREDI MARIGLIANO, EUSTOQUIO GOMEZ LOPEZ, ZOLY MERCEDES BRACHO, DANIEL ENRIQUE CHAVEZ CRUZ y SAKIA JULIAO RADULESCU contra la ciudadana GLADYS MERCEDES RANGEL HERNANDEZ, y visto el ofrecimiento de venta consignado en esta instancia realizado mediante notificación judicial practicada por el Juzgado Undécimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, donde ofrece en venta el edificio denominado WANDA a los inquilinos que allí habitan, se ordena al Juzgado Quinto de Primera Instancia a que se pronuncie nuevamente sobre la procedencia del levantamiento de la medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar, y así se decide.

-III-

Por todos los anteriores razonamientos, este Juzgado Séptimo Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: Declara SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por la parte agraviante, contra el auto interlocutorio de fecha 2 de marzo de 2021, dictado por el Tribunal de Mérito instancia Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante el cual niega la solicitud de suspensión de medida cautelar dictada en la presente ACCIÓN DE AMPARO CONTITUCIONAL, incoada por los ciudadanos: ANA MARIA CASTILLO MEDINA, EVA MARIA GARCIA BILBAO, AURA MARINA COLMENARES MORENO, ZORAIDA COROMOTO CABRITA TORREALBA, HAIDEE COROMOTO SILVA RODRIGUEZ, ANGEL POO, MARIA PORFIDIA PESTAÑA DE GONCALVES, MIGUEL ANGEL BRIGENO PIMENTEL, ABIGAIL COLMENARES GIMENEZ, LUIGI MANFREDI MARIGLIANO, EUSTOQUIO GOMEZ LOPEZ, ZOLY MERCEDES BRACHO, DANIEL ENRIQUE CHAVEZ CRUZ y SAKIA JULIAO RADULESCU contra la ciudadana GLADYS MERCEDES RANGEL HERNANDEZ, todos plenamente identificados en del texto del presente fallo.
SEGUNDO: Respecto del ofrecimiento en venta realizado por la agraviante, en aras del principio de la doble instancia este Tribunal nada tiene que proveer, ordenándose la remisión del presente expediente al Tribunal de la causa a fin de que se pronuncie sobre el mismo y en dado caso proceda o no al levantamiento de la medida de prohibición de enajenar y gravar solicitada, continuando las actuaciones de ejecución de sentencia.
TERCERO:
Por la naturaleza del fallo no hay condenatoria en costas.
CUARTO: Publíquese, Regístrese, y déjese copia.
Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Juzgado Séptimo Superior en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los trece (13) de mayo de dos mil veintiuno (2021). Años 210° de la Independencia y 162° de la Federación.
EL JUEZ,

Dr. LUÍS TOMÁS LEÓN SANDOVAL
EL SECRETARIO,


ABG MUNIR SOUKI URBANO


En esta misma fecha, siendo las 11:00 a.m. previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia.
EL SECRETARIO

ABG. MUNIR SOUKI

EXPEDIENTE: AP71-R-2021-000027