TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Décimo Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 25 de mayo de 2021
210º y 161º

Solicitantes: Rosalba Pernia Molina, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad númeroV-12.640.686, debidamente asistida este acto por el abogado Douglas Bodas, inscrito en el Inpreabogado bajo la matricula número148.011.
Motivo: Divorcio fundamentado en el 185-A del Código Civil
Sentencia: Definitiva
Caso: AP31-S-2018-006826

I
ANTECEDENTES
En fecha 18 de octubre de 2018, compareció la ciudadana Rosalba Pernia Molina, ut supra identificada, debidamente asistidos por el abogado Douglas Bodas,inscrito en el Inpreabogado bajo la matricula número148.011, presento por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) del Circuito Judicial Civil del Área Metropolitana de Caracas, con Sede Los Cortijos de Lourdes, escrito contentivo de solicitud de divorcio fundamentado en el artículo 185 del Código Civil en concordancia de las sentencias números 693 de fecha 2 de junio de 2015 y 446 de fecha 15 de mayo de 2014 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, cuyo conocimiento recayó en este Tribunal previa distribución en esa misma fecha.
Por auto de fecha 24 de octubre de 2018, el Tribunal instó a indicar el procedimiento por el cual se llevara la solicitud.
Por diligencia de fecha 22 de marzo de 2019, compareció el abogado Douglas Bodas, inscrito en el Inpreabogado bajo la matricula número 148.011, apoderado judicial de la ciudadana Rosalba Pernia Molina, ut supra identificada, consignó escrito de reforma relacionada con la solicitud.
Por auto de fecha 4 de abril de 2019, el Tribunal admitió la solicitud in comento por no ser contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley; ordenándose a instar a los solicitantes los fotostatos necesarios a los fines de proveer lo conducente y librar boleta de notificación al Fiscal del Ministerio Público.
Por diligencia de fecha 26 de abril de 2019, compareció el abogado Douglas Bodas, inscrito en el Inpreabogado bajo la matricula número148.011, apoderado judicial de la ciudadana Rosalba Pernia Molina, ut supra identificada, los fotóstatos necesarios para librar la boleta de notificación al Fiscal del Ministerio Público y boleta de citación al conyugue.
Mediante nota de secretario de fecha 29 de abril de 2019, se libró boleta de notificación al Fiscal del Ministerio Público y boleta de citación al conyugue.
En fecha 1° de julio de 2019, compareció el ciudadano Amilka Gómez, Alguacil Titular de la Unidad de Coordinación de Alguacilazgo de los Tribunales de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de esta misma Circunscripción Judicial, mediante la cual consignó boleta de notificación debidamente sellada y firmada en señal de haber sido recibida por la Fiscal del Ministerio Público.
En fecha 14 de agosto de 2019, compareció el ciudadano Horacio Ramos, Alguacil Titular de la Unidad de Coordinación de Alguacilazgo de los Tribunales de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de esta misma Circunscripción Judicial, mediante la cual consignó boleta de citación debidamente firmada en señal de haber sido recibida por el ciudadano Alexander Antonio Valera Rojas, titular de la cédula de identidad n° V-12.654.989.
En fecha 1° de octubre de 2019, compareció la abogada Luz Mary Barrera Ortiz, Fiscal Auxiliar Nonagésima Novena (99º) del Ministerio Público, para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Civil e Instituciones Familiares, mediante la cual solicito señalar la fecha exacta de separación.
Por auto de fecha 3 de octubre de 2019, el Tribunal instó a la solicitante a indicar la fecha exacta de separación.
En fecha 19 de febrero de 2020, compareció el abogado Douglas Bodas, inscrito en el Inpreabogado bajo la matricula número148.011, apoderado judicial de la ciudadana Rosalba Pernia Molina, ut supra identificada, quién señalo la fecha de separación.
Mediante nota de secretario de fecha 20 de febrero de 2020, se libró boleta de notificación a la abogada Luz Mary Barrera Ortiz, Fiscal Auxiliar Nonagésima Novena (99º) del Ministerio Público, para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Civil e Instituciones Familiares.
En fecha 9 de marzo de 2020, compareció el ciudadano Amilka Gómez, Alguacil Titular de la Unidad de Coordinación de Alguacilazgo de los Tribunales de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de esta misma Circunscripción Judicial, mediante la cual consignó boleta de notificación debidamente sellada y firmada en señal de haber sido recibida por la Fiscal del Ministerio Público.
Por lo tanto, siendo la oportunidad para decidir, el Tribunal lo hace sobre la base de las siguientes consideraciones:
II
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
La lectura del escrito libelar patentiza, que los solicitantes fundamentaron su petición en las siguientes argumentaciones:
Aducen, que en fecha 1° de diciembre de 2006, contrajeron matrimonio ante la Primera Autoridad Civil de la Parroquia San Juan, Municipio Libertador del Distrito Capital, acta nº 142 según se evidencia en el acta de matrimonio que en copia certificada acompañan a los autos a los fines legales consiguientes.
Expresan, que de dicha unión matrimonial procrearon tres (3) hijas que llevan por nombres Keyla Alejandra, Briggite Lorena y Katherine Rosaura, venezolanas, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad números V-24.723.409, V-25.409.007 y V-27.020.736, no adquirieron bienes dentro de la comunidad conyugal, asimismo, fijaron su último domicilio conyugal Sector Vista Hermosa, casa n°16, barrio nuevo horizonte, en jurisdicción de la Parroquia Sucre, Catia, Municipio Libertador del Distrito Capital.
Alegan, que su vida conyugal fue interrumpida desde el año 2012 y hasta la fecha han permanecido separados de hecho, sin haberse restablecido la convivencia, no existiendo vida en común bajo ninguna circunstancia ni vinculación personal, habiendo ruptura prolongada de sus vidas en común por más de cinco (5) años.
En este sentido, cabe considerar el precepto contenido en el artículo 185-A del Código Civil, cual es del siguiente tenor:

“Cuando los cónyuges han permanecido separados de hecho por más de cinco (5) años, cualquiera de ellos podrá solicitar el divorcio, alegando ruptura prolongada de la vida en común.
Con la solicitud deberá acompañar copia certificada de la partida de matrimonio.
...Admitida la solicitud, el Juez librará sendas boletas de citación al otro cónyuge y al Fiscal del Ministerio Público, enviándoles además, copia de la solicitud. El otro cónyuge deberá comparecer personalmente ante el Juez en la Tercera audiencia después de citado. Si reconociere el hecho y si el Fiscal del Ministerio Público no hiciere oposición dentro de las diez audiencias siguientes, el Juez declarará el divorcio en la Duodécima Audiencia siguiente a la comparecencia de los interesados...”.
La inteligencia de la referida norma jurídica pone de manifiesto, que para la declaratoria del divorció basada en la ruptura prolongada de la vida en común, el legislador patrio ha establecido un elenco de requisitos, entre ellos, la demostración de la existencia del vínculo conyugal cuya disolución se persigue; el reconocimiento de ambos cónyuges que han permanecido por más de cinco (5) años separados de hecho, y finalmente, que el Fiscal del Ministerio Público no haga oposición a la solicitud de divorcio.
Por otra parte, el profesor Dr. Raúl Sojo Bianco en su obra “Apuntes de Derecho de Familia, Caracas, 1985, p.p. 166-173, sostiene que “El divorcio es la disolución legal del matrimonio en vida de ambos cónyuges, como consecuencia de un pronunciamiento judicial dirigido precisamente a ese fin”. Y al referirse el mismo autor, al divorcio basado en la ruptura prolongada de la vida en común, asevera que “…se trata de una verdadera innovación en materia de divorcio, con la cual se viene a consagrar el mutuo consentimiento como causal de divorcio; puesto que bastará que los cónyuges estén de acuerdo en afirmar que han permanecido separados de hecho por más de cinco años, para que sea admitido y sustanciado el procedimiento, ya que no se exige prueba alguna…”.
En efecto, “el divorcio quoadvinculum es una institución de carácter absolutamente excepcional (…) contiene dos tendencias fundamentales de cómo se debe entender esa característica de institución, siendo una, la tendencia del divorcio-remedio: De acuerdo con esta, la disolución del matrimonio en vida de los cónyuges se explica en base a la necesidad de liberar a los esposos de un vínculo que, de hecho, ya no tiene sentido o resulta intolerable, independientemente de que esa situación pueda o no imputarse a alguna de las partes”. (Francisco López Herrera. Derecho de Familia. Tomo II, pp. 180-181-182).
Para este Tribunal, la tendencia del Código Civil venezolano corresponde a esa orientación, del divorcio-remedio. Sobre este particular, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia n° 192 del 26 de julio de 2001 (caso: Víctor José Hernández Oliveros contra Irma Yolanda Calimán Ramos) declaró que “el antiguo divorcio–sanción, que tiene sus orígenes en el Código Napoleón ha dado paso en la interpretación, a la concepción del divorcio como solución, que no necesariamente es el resultado de la culpa del cónyuge demandado, sino que constituye un remedio que da el Estado a una situación que de mantenerse, resulta perjudicial para los cónyuges, la sociedad en general”.
Dicho esto, en el caso concreto de autos, luego de revisadas las actas procesales que integran el expediente, observa el Tribunal que están satisfechas todas las formalidades previstas en el artículo 185-A del Código Civil para declarar el divorcio solicitado; en efecto, por una parte, los ciudadanos Rosalba Pernia Molina y Alexander Antonio Valera Rojas, ut supra identificados, cónyuges entre sí, contrajeron matrimonio civil en fecha 1° de diciembre de 2006, tal y como consta en el acta de la partida de matrimonio que acompañaron a los autos; asimismo, alegaron estar separados de hecho en forma ininterrumpida desde hace más de cinco (5) años, así se establece.
III
DECISIÓN
En virtud de lo antes expuesto, este Tribunal Décimo Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara con lugar el divorcio solicitado, de los ciudadanos Rosalba Pernia Molina y Alexander Antonio Valera Rojas, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidades números V-12.640.686 y V-12.654.989, respectivamente; por consiguiente disuelto el vínculo matrimonial contraído entre ellos en fecha 1° de diciembre de 2006, ante la Primera Autoridad Civil de la Parroquia San Juan, Municipio Libertador del Distrito Capital, inserta en el Libro de Registro Civil de matrimonios correspondiente al año 2006.
Ofíciese lo conducente a la Primera Autoridad Civil de la Parroquia San Juan, Municipio Libertador del Distrito Capital; al Registrador Principal del Distrito Capital y al Consejo Nacional Electoral, a los fines legales consiguientes.
Liquídese la comunidad de gananciales. Regístrese y publíquese la presente decisión, dejándose en el Tribunal copia certificada de la misma, a los fines del libro copiador llevado al efecto.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Décimo Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los 25 días del mes de mayo de 2021. Años: 211° años de la Independencia y 161° años de la Federación.
La Jueza

Abg. Damaris Ivone García
La Secretaria,
Abg. Keylin Johanna Viloria García
En esta misma fecha, siendo las 10:50 a.m., se registró y publicó la presente decisión.
La Secretaria,

Abg. Keylin Johanna Viloria García