REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Décimo Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 25 de mayo de 2021
211º y 162º

Parte demandante: Sociedad Mercantil Administradora Donoral C.A., domiciliada en Caracas, e inscrita por ante el Registro Mercantil II de la Circunscripción del Distrito Federal y estado Miranda en fecha 10 de julio de 1992, bajo el Nº 37, Tomo 21-A Sgdo y modificado sus estatutos mediante Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, registrada por ante la Oficina de Registro Bajo el Nº 24 Tomo 97-A Sgdo, de fecha 25 de marzo de 1994, debidamente representada por el abogado Eveliz Liendo, inscrito en el Inpreabogado bajo la matrícula n° 20.101.

Parte Demandada: Johansen Eduardo Barrios Díaz, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad n° V-11.164.971, sin representación judicial.

Motivo: Cobro de Bolívares.

Sentencia: Interlocutoria con fuerza de definitiva (perención)

Caso: AP31-V-2016-001155

-I-
En fecha 24 de noviembre de 2016, el ciudadano Eveliz Liendo, abogado, inscrito en el Inpreabogado bajo la matrícula n° 20.101, Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil Administradora Donoral C.A., domiciliada en Caracas, e inscrita por ante el Registro Mercantil II de la Circunscripción del Distrito Federal y estado Miranda en fecha 10 de julio de 1992, bajo el Nº 37, Tomo 21-A Sgdo y modificado sus estatutos mediante Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, registrada por ante la Oficina de Registro Bajo el Nº 24 Tomo 97-A Sgdo, de fecha 25 de marzo de 1994, presentó ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) del Circuito Judicial de Juzgados de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, (sede Los Cortijos de Lourdes) formal libelo de demanda contra el ciudadano Johansen Eduardo Barrios Díaz, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad n° V-11.164.971. Previa distribución efectuada en esa misma fecha le correspondió conocer a este Juzgado
Mediante auto dictado en fecha 9 de diciembre de 2016, se admitió la demanda de conformidad con lo establecido en el artículo 630 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.
En fecha 11 de enero de 2017, compareció la abogada Eveliz Liendo, abogado, inscrito en el Inpreabogado bajo la matrícula n° 20.101, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, mediante diligencia consignó copias simples para su certificación y compulsa dirigida a la parte demandada.
Por auto de fecha 16 de enero de 2017, la Abg. Dilcia Montenegro tomó posesión del cargo de Jueza Suplente de este Tribunal, abocándose formalmente al conocimiento de la causa, asimismo se ordena la apertura del cuaderno de medidas.
Por auto de fecha 18 de enero de 2017, se ordenó librar compulsa al ciudadano Johansen Eduardo Barrios Díaz, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad n° V-11.164.971, remitiéndose a la Unidad de Actos de Comunicación (U.A.C.) de esta sede judicial, al cual pertenece este despacho.
En fecha 23 de enero de 2017, compareció la abogada Eveliz Liendo, ut supra identificado, mediante diligencia dejó constancia de haber cancelado los emolumentos en la oficina de Alguacilazgo para la práctica de la citación.
En fecha 16 de febrero de 2017, el ciudadano Fibel Estacio, Alguacil adscrito a la Unidad de Alguacilazgo de este Circuito Judicial, consignó boleta de citación sin firmar por la parte demandada.

II
Al respecto de los imperativos procesales, sostiene la doctrina que las cargas incumben solo al justiciable y no al juzgador, a diferencia de los deberes y las obligaciones que sí pueden referirse a ambos. En este sentido, la carga resulta una noción opuesta a las obligaciones procesales, y la diferencia sustancial radica en que, mientras en la obligación el vínculo está impuesto por un interés ajeno, en la carga el vínculo está impuesto por un interés propio.
El maestro uruguayo Eduardo Couture considera que las cargas son imperativas que se determinan en razón del propio interés de las partes; es “…una situación jurídica instituida en la ley consistente en el requerimiento de una conducta de realización facultativa, normalmente establecida en interés del propio sujeto, y cuya omisión trae aparejada una consecuencia gravosa para él…”. En cambio, James Goldschmidt comprende a las cargas como ocupando en el proceso el lugar que la obligación ocupa en el derecho privado, y además estima que en el proceso solamente existen cargas, es decir situaciones de necesidad de realizar determinados actos para evitar que sobrevenga un perjuicio procesal.
En todo caso, sea cual fuere la posición que se asuma, conforme a estos imperativos el sujeto procesal está recomendado por el ordenamiento, a la tarea de hacer progresar el proceso, a través de la ejecución de una conducta que a él es útil, y cuya infracción o desembarazamiento, que a su vez constituye el mecanismo de rebeldía, sólo afectará su propio interés. Ello porque la consecuencia será dependiente o provendrá de sí mismo que, en un primer momento será la preclusión y en último caso será la mayor posibilidad de la pérdida del litigio a través de una sentencia desfavorable.
En cuanto a la institución de la perención, la doctrina ha sostenido que ella se verifica de derecho, vale decir, ope legis, independientemente del requerimiento de la parte interesada y la consiguiente declaratoria judicial, lo cual no vendría sino a ratificar lo que virtualmente estaba consumado, pues la perención se opera desde el momento mismo en que ha transcurrido el término previsto por la Ley, ya que, conforme a la enseñanza de la tradicional doctrina sobre ella existe aún con antelación a la solicitud de la parte interesada en hacerla valer.
Asimismo, según opinión de la mejor doctrina jurídica, la perención es una forma de terminación del proceso en forma normal. La perención es la extinción del proceso por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes; resulta de no haber ejecutado durante ese período de tiempo ningún acto procesal.
En efecto, la perención requiere de la inactividad de las partes, es decir, la no realización de ningún acto de procedimiento. Es una actitud negativa u omisiva de las partes, que debiendo realizar los actos de procedimiento, no los realiza. No es una inactividad del juez, porque si ésta pudiese producir la perención, equivaldría a dejar al arbitrio del Estado la extinción del proceso.
Por otra parte, en sentencia n° 910, dictada el 15 de mayo de 2007, en Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, expediente n° 04-1039, con ponencia de la Magistrada Dra. Carmen Zuleta de Merchán, se estableció:

“… La reseña de las actuaciones procedimentales permite constatar que no existió actividad procesal alguna entre el 4 de octubre de 2005, fecha en que la parte actora solicitó unas copias, y el 18 de octubre de 2006, oportunidad en que solicitó la remisión del expediente a la Sala.
El artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en su párrafo 16, dispone:
“La instancia se extingue de pleno derecho en las causas que hayan estado paralizadas por más de un (1) año, antes de la presentación de los informes. Dicho término empezará a contarse a partir de la fecha en que se haya efectuado el último acto procesal. Transcurrido dicho lapso, el Tribunal Supremo de Justicia deberá declarar consumada la perención de oficio o a instancia de parte, la cual deberá ser notificada a las partes, mediante un cartel publicado en un diario de circulación nacional. Luego de transcurrido un lapso de quince (15) días continuos se declarará la perención de la instancia”.
La Sala sostuvo, en su sentencia Nº 1466/2004, que constituye una actuación inútil la declaratoria previa de consumación de la perención de una causa, a objeto de ser notificada a las partes mediante cartel, como requisito para que se pueda declarar efectivamente su perención y posterior archivo del expediente., con fundamento en la aplicación supletoria del art. 267 del Código de Procedimiento Civil.
En criterio de esta Sala, a fin de evitar decisiones carentes de utilidad práctica, basta con que se determine que la causa ha estado paralizada por más de un año para que pueda declararse, sin necesidad de hacerlo en dos pasos, la perención.
En el presente caso ha podido constatarse que la causa estuvo efectivamente paralizada por un tiempo superior al año, por lo que procede declarar su perención, de conformidad con el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, tal como ha sido interpretado por esta Sala en la sentencia mencionada…”

En tal sentido, la norma jurídica contenida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil en su encabezado señala:

“Toda instancia se extingue por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez, después de vista la causa, no producirá la perención...”.

Al respecto de citada norma legal, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia nº 369 de fecha 15 de noviembre de 2000, indicó que “la regla general en materia de perención, expresa que el sólo transcurso del tiempo, sin que las partes hubiesen realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil”.
En el presente caso, la situación procesal permite considerar que ha habido una inactividad durante más de un (1) año, esto es desde el 16 de febrero 2017, fecha en la cual, compareció el ciudadano Fibel Estacio, Alguacil adscrito a la Unidad de Alguacilazgo de este Circuito Judicial, en la cual consignó boleta de citación sin firmar por la parte demandada
Por consiguiente, atendiendo a la norma jurídica invocada y a la posición doctrinal expuesta ut supra, inexorablemente debe llegarse a la conclusión de que ha operado de pleno derecho la perención de la instancia; así se establece.-

III
Por las consideraciones antes explanadas, este Juzgado Décimo Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara la perención de la instancia en la presente causa y, por ende, la extinción del proceso. Así se decide.
Dada la naturaleza del fallo, no hay condenatoria en costas.
Regístrese y publíquese la anterior decisión y déjese copia certificada de la misma en el copiador de sentencias interlocutorias llevado por este Juzgado, a tenor de lo previsto en el artículo 248 de la ley adjetiva civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Tribunal décimo Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los 25 días del mes de mayo de 2021, a 211° años de la Independencia y 162° de la Federación.
La Jueza

Abg. Damaris Ivone García
La Secretaria,

Abg. Keylin Johanna Viloria García
En esta misma fecha, siendo las se registró y publicó la presente decisión.
La Secretaria,

Abg. Keylin Johanna Viloria García