REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Décimo Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, de 5 de agosto de 2022 212º y 163º Parte demandante: Sociedad Mercantil Inversiones Helca S.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (hoy Distrito Capital) y estado Miranda, bajo en Nº 50, Tomo 83-A, de fecha 7 de abril de 2015; Asistida por el abogado: Aníbal Lairet, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo la matrícula número 19.882; con domicilio procesal en : Edificio Mayupan, piso 4, oficina 4-2, Urbanización San Luis, Municipio Baruta del estado Miranda. Parte Demandada: Sociedad Mercantil OPC Operadora C.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (hoy Distrito Capital) y estado Miranda, bajo en Nº 35, Tomo 61A, de fecha 3 de abril de 2007; sin representación judicial y con domicilio procesal en: Nivel D, denominada Local D2-B, que forma parte del Edificio Oficentro Los Ruices, situado en la Avenida Diego Cisneros de la Urbanización Los Ruices, Municipio Sucre del estado Miranda. Motivo: Resolución de Contrato de Sub- Arrendamiento. Sentencia: Interlocutoria con fuerza de definitiva (perención) Caso: AP31-V-2020-000153 -I- En fecha 9 de diciembre de 2020,el ciudadano Federico Winckelmann, titular de la cédula de identidad n° V-5.0113142, representante de Inversiones Helca S.A, ut- supra identificada, asistida por el abogadoAníbal Lairet , inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo la matrícula número 19.882, presentó ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) del Circuito Judicial de Juzgados de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, (sede Los Cortijos de Lourdes) escrito de Resolución de Contrato de Sub- Arrendamiento, junto con sus recaudos contra el ciudadanoFrancisco Assiso, venezolano, mayor de edad y titula de la cédula de identidad n° V-2.767.529, representante de OPC Operadora C.A ut- supra identificada. Previa distribución efectuada en esa misma fecha le correspondió conocer a este Juzgado. Mediante auto dictado en fecha 29 de enero de 2021, se admitió la demanda de conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Arrendamiento Inmobiliarios, en concordancia con el artículo881y siguientes del Código de Procedimiento Civil y se instó a la parte actora a consignar los fotostátos necesarios para la elaboración de la compulsa y el cuaderno de medida. Mediante diligencia de fecha 21 de mayo de 2021, compareció el abogado Aníbal Lairet , inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo la matrícula número 19.882, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, mediante el cual consignó los fotostatos para la elaboración de la compulsa y apertura del cuaderno de medida. Por auto de fecha 28 de mayo de 2021, se ordenó librar compulsa a la parte demandada Sociedad Mercantil OPC Operadora C.A ut- supra identificada, representada legalmente por su presidente el ciudadano Francisco Assiso, venezolano, mayor de edad y titula de la cédula de identidad n° V-2.767.529, remitiéndose a la Unidad de Actos de Comunicación (U.A.C.) de esta sede judicial, al cual pertenece este despacho. En fecha3 de agosto de 2021, compareció el ciudadano Miguel Villa, Alguacil Adscrito de la Unidad de Coordinación de Alguacilazgo de los Tribunales de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de esta misma Circunscripción Judicial, mediante la cual consignó compulsa sin firmar dirigida a la Sociedad Mercantil OPC Operadora C.A ut- supra identificada, representada legalmente por su presidente el ciudadano Francisco Assiso, antes mencionado. II Al respecto de los imperativos procesales, sostiene la doctrina que las cargas incumben solo al justiciable y no al juzgador, a diferencia de los deberes y las obligaciones que sí pueden referirse a ambos. En este sentido, la carga resulta una noción opuesta a las obligaciones procesales, y la diferencia sustancial radica en que, mientras en la obligación el vínculo está impuesto por un interés ajeno, en la carga el vínculo está impuesto por un interés propio. El maestro uruguayo Eduardo Couture considera que las cargas son imperativas que se determinan en razón del propio interés de las partes; es “…una situación jurídica instituida en la ley consistente en el requerimiento de una conducta de realización facultativa, normalmente establecida en interés del propio sujeto, y cuya omisión trae aparejada una consecuencia gravosa para él…”. En cambio, James Goldschmidt comprende a las cargas como ocupando en el proceso el lugar que la obligación ocupa en el derecho privado, y además estima que en el proceso solamente existen cargas, es decir situaciones de necesidad de realizar determinados actos para evitar que sobrevenga un perjuicio procesal. En todo caso, sea cual fuere la posición que se asuma, conforme a estos imperativos el sujeto procesal está recomendado por el ordenamiento, a la tarea de hacer progresar el proceso, a través de la ejecución de una conducta que a él es útil, y cuya infracción o desembarazamiento, que a su vez constituye el mecanismo de rebeldía, sólo afectará su propio interés. Ello porque la consecuencia será dependiente o provendrá de sí mismo que, en un primer momento será la preclusión y en último caso será la mayor posibilidad de la pérdida del litigio a través de una sentencia desfavorable. En cuanto a la institución de la perención, la doctrina ha sostenido que ella se verifica de derecho, vale decir, opelegis, independientemente del requerimiento de la parte interesada y la consiguiente declaratoria judicial, lo cual no vendría sino a ratificar lo que virtualmente estaba consumado, pues la perención se opera desde el momento mismo en que ha transcurrido el término previsto por la Ley, ya que, conforme a la enseñanza de la tradicional doctrina sobre ella existe aún con antelación a la solicitud de la parte interesada en hacerla valer. Asimismo, según opinión de la mejor doctrina jurídica, la perención es una forma de terminación del proceso en forma normal. La perención es la extinción del proceso por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes; resulta de no haber ejecutado durante ese período de tiempo ningún acto procesal. En efecto, la perención requiere de la inactividad de las partes, es decir, la no realización de ningún acto de procedimiento. Es una actitud negativa u omisiva de las partes, que debiendo realizar los actos de procedimiento, no los realiza. No es una inactividad del juez, porque si ésta pudiese producir la perención, equivaldría a dejar al arbitrio del Estado la extinción del proceso. Por otra parte, en sentencia n° 910, dictada el 15 de mayo de 2007, en Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, expediente n° 04-1039, con ponencia de la Magistrada Dra. Carmen Zuleta de Merchán, se estableció: “… La reseña de las actuaciones procedimentales permite constatar que no existió actividad procesal alguna entre el 4 de octubre de 2005, fecha en que la parte actora solicitó unas copias, y el 18 de octubre de 2006, oportunidad en que solicitó la remisión del expediente a la Sala. El artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en su párrafo 16, dispone: “La instancia se extingue de pleno derecho en las causas que hayan estado paralizadas por más de un (1) año, antes de la presentación de los informes. Dicho término empezará a contarse a partir de la fecha en que se haya efectuado el último acto procesal. Transcurrido dicho lapso, el Tribunal Supremo de Justicia deberá declarar consumada la perención de oficio o a instancia de parte, la cual deberá ser notificada a las partes, mediante un cartel publicado en un diario de circulación nacional. Luego de transcurrido un lapso de quince (15) días continuos se declarará la perención de la instancia”. La Sala sostuvo, en su sentencia Nº 1466/2004, que constituye una actuación inútil la declaratoria previa de consumación de la perención de una causa, a objeto de ser notificada a las partes mediante cartel, como requisito para que se pueda declarar efectivamente su perención y posterior archivo del expediente., con fundamento en la aplicación supletoria del art. 267 del Código de Procedimiento Civil. En criterio de esta Sala, a fin de evitar decisiones carentes de utilidad práctica, basta con que se determine que la causa ha estado paralizada por más de un año para que pueda declararse, sin necesidad de hacerlo en dos pasos, la perención. En el presente caso ha podido constatarse que la causa estuvo efectivamente paralizada por un tiempo superior al año, por lo que procede declarar su perención, de conformidad con el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, tal como ha sido interpretado por esta Sala en la sentencia mencionada…” En tal sentido, la norma jurídica contenida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil en su encabezado señala: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez, después de vista la causa, no producirá la perención...”. Al respecto de citada norma legal, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia nº 369 de fecha 15 de noviembre de 2000, indicó que “la regla general en materia de perención, expresa que el sólo transcurso del tiempo, sin que las partes hubiesen realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil”. En el presente caso, la situación procesal permite considerar que ha habido una inactividad durante un (1) año, esto es desde el 3 de agosto de 2021, fecha en la cual el alguacil consigno compulsa sin firmar por la parte demandada. Por consiguiente, atendiendo a la norma jurídica invocada y a la posición doctrinal expuesta ut supra, inexorablemente debe llegarse a la conclusión de que ha operado de pleno derecho la perención de la instancia; así se establece.- III Por las consideraciones antes explanadas, este Juzgado Décimo Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara el Resolución de Contrato de SUB-Arrendamiento en la presente causa y, por ende, la extinción del proceso. Así se decide. Dada la naturaleza del fallo, no hay condenatoria en costas. Regístrese y publíquese la anterior decisión y déjese copia certificada de la misma en el copiador de sentencias interlocutorias llevado por este Juzgado, a tenor de lo previsto en el artículo 248 de la ley adjetiva civil. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Tribunal décimo Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los cinco (5) días del mes de agosto de dos mil veintidós (2022), a 212° años de la Independencia y 163° de la Federación. La Jueza Abg. Damaris Ivone García. La Secretaria, Abg. Keylin Johanna Viloria García. En esta misma fecha, siendo las 9:00 A.M., se registró y publicó la presente decisión. La Secretaria, Abg. Keylin Johanna Viloria García.