REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, 13 de julio de 2022
212º y 163º
Asunto Nº AP41-U-2006-000775
Sentencia Interlocutoria con Fuerza Definitiva Nº 25/2022
En fecha 07 de noviembre de 2006, el ciudadano Manuel Da Silva Jorge, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de Identidad número 6.047.199, actuando en su carácter de Representante legal de la sociedad mercantil COMERCIAL JORMANO, C.A, debidamente asistido por la abogada Thais Yamila Parra Bermúdez, inscrita en el Inpreabogado bajo el número 60.401, se recibe por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario del Área Metropolitana Caracas, recurso Contencioso Tributario interpuesto contra la Resolución N° J-SEMAT-122-06 de fecha 25 septiembre de 2006 emanada de la Alcaldía del Municipio Baruta del estado Miranda.
En fecha 14 de noviembre de 2006, mediante diligencia suscrita por el ciudadano Manuel Da Silva Jorge en su carácter de representante judicial de la sociedad mercantil, debidamente asistido por el abogado Rafael Ali Garrido García, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 59.476, consignaron copia del documento constitutivo de estatutos sociales de la empresa, original de la Resolución N° J-SEMAT-122-06 de fecha 25 de septiembre de 2006, acta de requerimiento y acta de fiscalización.
En fecha 15 de noviembre de 2006, este Tribunal dictó auto entrada y se ordenaron las notificaciones de ley.
En fecha 12 de abril de 2007, previo cumplimientos de los requisitos legales correspondientes, se admite el Recurso Contencioso Tributario; abriéndose la causa a pruebas el primer día de despacho siguiente.
En fecha 30 de abril de 2007, mediante diligencia suscrita por la ciudadana Sofía Rojas Ayala, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 15.396.596, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 117.906, en su carácter de apoderado judicial del Municipio Baruta del estado Miranda, consignó escrito de Promoción de Pruebas.
En fecha 27 de julio de 2007, mediante diligencia suscrita por la ciudadana Jessica Carolina Dolores Serrano, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 16.887.021, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 123.249, en su carácter de representante judicial del Municipio Baruta, consignó Escrito de Informes.
En fecha 01 de febrero de 2008, el ciudadano Manuel Da Silva Jorge, titular de la cédula de identidad Nº 6.047.199, en su carácter de representante legal de la sociedad mercantil COMERCIAL JORMANO, C.A., mediante diligencia presenta documento que otorgando poder apud data al abogado Daniel Buvat De Virgini de la Rosa, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad 6.817.137, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 34.421.
En fecha 13 de febrero de 2008, el apoderado judicial de la recurrente presento escrito mediante el cual, plantea solicitud.
En fecha 22 de febrero de 2008, se consignó boleta de notificación de la recurrente COMERCIAL JORMANO, C.A, con resultado positivo.
En fecha 01 de julio de 2008, mediante diligencia suscrita por la abogada Desireé Costa, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 15.148.421 inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 112.039, en su carácter de apoderado judicial del Municipio Baruta solicitó en fechas 13/10/2008; 05/10/2010; 25/04/2011, 05/04/2013; 03/07/2013; 13/08/2013 y 13/01/2014 se dicte sentencia en la presente causa.
En fecha 21 de septiembre de 2009, el ciudadano Daniel Buvat de la Rosa, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 34.421, en su carácter de representante del apoderado judicial de la sociedad mercantil presenta mediante diligencia transcripción de la sentencia número 475 de fecha 29 de abril de 2009, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la que reitera la doctrina de la Inconstitucionalidad de un Clasificador de Actividades Económicas en el ejercicio de una actividad sometida en la Reserva Legal Nacional.
En fecha 27 de junio de 2011, la ciudadana Michelle Nataly King Aldrey, titular de la cédula de identidad Nº 16.900.239, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 138.285, en su carácter de representante judicial del Municipio Baruta del estado Miranda, mediante diligencia suscritas en fechas 26/06/2012; 10/08/2012; 20/12/2012; 05/04/2013; 03/07/2013, 13/08/2013; 23/11/2016, 28/09/2017, 12/12/2018; 06/11/2018; 07/05/2019 y 13/06/2022 consignó escrito solicitando se declare la extinción de la causa por perdida del interés procesal en la presente causa.
En fecha 07 de octubre de 2015, se dictó auto mediante el cual la ciudadana Lorena Jaquelin Torres Lentini, Juez de este Tribunal, se abocó al conocimiento de la presente causa.
En fecha 07 de noviembre de 2018, se dictó auto mediante el cual el ciudadano Yamil Antonio Cham Duque Juez de este Tribunal, se abocó al conocimiento de la presente causa.
En fecha 15 de noviembre de 2018, este Tribunal dictó Sentencia Interlocutoria Nº 125/2018, a través de la cual se ORDENÓ NOTFICAR a la sociedad mercantil COMERCIAL JORDANO, C.A.", con el fin de que manifestara si mantenía el interés en que se dictara sentencia en la presente causa.
En fecha 06 de marzo de 2019, el ciudadano Jhon Monsalve, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 12.057.977, en su carácter de Alguacil de los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario del Área Metropolitana de Caracas, consignó la boleta de notificación de la contribuyente.
En fecha 28 de junio de 2022, se deja constancia que la ciudadana Marilenne Sofia Do Paco Serrano, convocada para ejercer funciones como Jueza de este Tribunal Séptimo de lo Contencioso Tributario, se abocó al conocimiento de la presente causa, se ordenó notificar a ambas partes.
I
MOTIVACION PARA DECIDIR
Correspondería a este Tribunal pronunciarse sobre el recurso contencioso tributario, interpuesto por el ciudadano Manuel Da Silva Jorge, titular de la cédula de Identidad número 6.047.199, actuando en su carácter de representante legal de la sociedad mercantil COMERCIAL JORMANO, C.A, debidamente asistido por la abogada Thais Yamila Parra Bermúdez, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 60.401, contra la Resolución N° J-SEMAT-122-06 de fecha 25 septiembre de 2006 emanada de la Alcaldía de Baruta del estado Miranda.
Así mismo, se evidencia que la última actuación de la sociedad mercantil COMERCIAL JORMANO, C.A., el 21 de septiembre de 2009, fecha en la cual el abogado Daniel Buvat de la Rosa, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 34.421, en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil consignó, trascripción de la decisión número 475 de fecha 29 de abril de 2009 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, hasta la presente fecha no ha realizado acto alguno de procedimiento a los fines de impulsar y mantener el curso del proceso, habiendo transcurrido doce (12) años y nueve (09) meses aproximadamente, por lo que se presume la pérdida del interés procesal en que se dicte sentencia en la presente causa.
En este sentido, resulta pertinente traer a colación el criterio establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 416 de fecha 28 de abril de 2009, caso: CIUDADANIA ACTIVA, Carlos Vecchio y otros en el cual se estableció lo siguiente:
“…El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión.
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: “MT1 (Arv) Carlos José Moncada”).
El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: “Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero”).
En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice “visto” y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia.
(Destacado de la Sala)
Dicho criterio fue asentado en el fallo Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: “DHL Fletes Aéreos, C.A.”), en el que se señaló lo siguiente:
“(...) En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales:
a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.
b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido”.
En el presente caso se está claramente en presencia de la primera de las situaciones: no hubo pronunciamiento respecto de la admisión de la demanda y, sin embargo, los demandantes dejaron de instar para que ello se produjese. De este modo, siendo que a partir del el 7 de febrero de 2008, los recurrentes dejaron de manifestar interés, la Sala en atención a su propia jurisprudencia, declara la pérdida del interés. Así se decide…” (Resaltado del Tribunal).
En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia (vid., entre otras sentencias de la Sala Político-Administrativa Nos. 00781, 00193, 00271 y 00826 de fechas 28 de julio de 2010, 10 de febrero, 2 de marzo y 22 de junio de 2011, casos: Corporación Raymiven Internacional, C.A., Inversiones La Planicie, C.A., Resimon, C.A y Federación de Cooperativas de Transporte de Venezuela, respectivamente; así como las decisiones de la Sala Constitucional Nos. 667, 668, 922 y 1274 de fechas 12 de mayo de 2011 las dos primeras, y del 8 de junio y 26 de julio de 2011 las dos últimas, casos: Marco Aurelio Quiñones Gómez y Gabriel Alejandro Alfonso Romero, Carlos Vecchio, Elie Habilian Dumat, y FEDECÁMARAS, respectivamente).
Conforme a lo anterior, este Tribunal observa que en el presente caso estamos en presencia del segundo supuesto, en virtud de que la causa ha entrado en estado de sentencia y hasta la presente fecha la parte actora no ha realizado actuación procesal alguna tendente a mantener el curso del proceso.
Por otra parte, se evidencia que este Tribunal mediante Sentencia Interlocutoria número 125/2018 de fecha 15 de noviembre de 2018, ordenó la notificación de la contribuyente COMERCIAL JORMANO C.A., para que en el lapso de treinta (30) días continuos siguientes a su notificación manifestara su interés en la decisión de la presente causa, so pena de considerar extinguida la acción por pérdida sobrevenida del interés procesal, en concordancia con el criterio vinculante establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencias Nros. 1153 de fecha 08/06/2006, caso: “Andrés Velásquez y Otros”; 4294 de fecha 12/12/2005, caso: Asociaciones Civiles “EL PODER ES EL PUEBLO y FUERZA BOLIVARIANA METROPOLITANA F.B.M.”; 4618 de fecha 14/12/2005, caso: “THE NEWS CAFÉ & BAR, C.A.”; 4623 de fecha 14/12/2005, caso: “MILAGROS SÁNCHEZ DE LÓPEZ Y EVENCIO GARCÍA BARRIOS”; entre otras. Ahora bien, aún cuando se notificó a la Contribuyente de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, sin embargo, no consta la manifestación de su interés en la presente causa, razón por la cual resulta forzoso concluir que están dados los extremos legales para declarar la pérdida del interés en la presente proceso, Y así se declara.
En este sentido, es conveniente citar parcialmente el contenido de la sentencia Nº 1153 de fecha 08 de junio de 2006, caso: “Andrés Velásquez y Otros”, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la cual se dejó sentado lo siguiente:
“(…)
“…En efecto, es jurisprudencia de esta Sala la improcedencia de la perención de la instancia en las causas en las que se ha dicho ‘vistos’ –como lo es la presente-, pero sí se ha admitido la posibilidad de extinción de la acción por pérdida del interés. Así, se ha dejado sentado que el interés no sólo es esencial para la interposición de una demanda, sino que debe permanecer a lo largo de todo el proceso, por lo que resulta inútil y gravosa la continuación de un juicio en el que no exista interesado.
Ahora bien, el tribunal no puede presumir la pérdida del interés procesal –ni siquiera en casos como el presente, en el que ha transcurrido largo tiempo sin sentencia definitiva- pero sí puede suponer, salvo prueba en contrario, que haya desaparecido el interés procesal cuando no hay constancia en el expediente de la comparecencia de las partes, que es precisamente el caso de autos.
En consecuencia, esta Sala ordena la notificación a la parte actora, bien en su sede procesal o por cartel, en caso de que no lo haya indicado, para que informe, en un plazo máximo de treinta días continuos desde su notificación, si conserva el interés para la continuación este proceso. Si no hay respuesta de la parte actora dentro del plazo que ha sido fijado, la Sala considerará extinguida la acción por pérdida sobrevenida del interés procesal, sin que ello comprometa la responsabilidad de las partes. Así se decide. (Negritas del Tribunal).
Siendo así, en el presente caso, este Tribunal considera que existió inactividad de la parte actora en manifestar el interés en que se dictara sentencia en la presente causa, por lo tanto, se declara extinguido el recurso, por lo que se presume la pérdida del interés procesal quedando así extinguida la presente causa, Así se declara.
II
DECISIÓN
Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara la EXTINCION DEL PROCESO POR PÉRDIDA DEL INTERÉS el recurso contencioso tributario, interpuesto por la sociedad mercantil COMERCIAL JORMANO, C.A.”, contra la Resolución N° J-SEMAT-122-06 de fecha 25 septiembre de 2006 emanada de la Alcaldía de Baruta del estado Miranda.
Publíquese, regístrese y notifíquese a las partes.
Se advierte a las partes que, de conformidad con el único aparte del artículo 305 del Código Orgánico Tributario vigente, esta sentencia no admite apelación, por cuanto que el quantum de la causa no excede de más de quinientas (500) veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, publicado por el Banco Central de Venezuela, para las personas jurídicas.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario, en Caracas, a los trece (13) días del mes de julio del año dos mil veintidós (2022). Años 212º de la Independencia y 163º de la Federación.
La Juez,
Marilenne Sofia Do Paco Serrano.
La Secretaria
Yaritza Gil Bermúdez
En la fecha de hoy, trece (13) días del mes de julio de dos mil veintidós (2022), se publicó la anterior Sentencia Interlocutoria Nº 25 /2022, siendo las diez y veinte minutos de la mañana
(10:20 p.m.).
La Secretaria,
Yaritza Gil Bermúdez
ASUNTO: AP41-2006-000775
MSDPS/YGB/amtt
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