TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
JUZGADO SEXTO (6º) SUPERIOR DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE
LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
Caracas, veintidós (22) de julio de dos mil veintidós (2022)
212º y 163º

ASUNTO: AP21-O-2022-000011
ACCIONANTE: TERESA JOSEFINA ROJAS JIMÉNEZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-7.957.158.
APODERADOS JUDICIALES DEL ACCIONANTE: Actúa en su propio nombre.
ACCIONADA: REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA por Órgano del Ministerio del del Poder Popular para la Salud.
APODERADOS DE LA ACCIONADA: No consta a los autos.-
MOTIVO: AMPARO CONSTITUCIONAL EN CONSULTA.

-I-
ANTECEDENTES PROCESALES

Conoce este Tribunal Superior de la acción de Amparo Constitucional en consulta obligatoria, de la sentencia de fecha 11 de julio de 2022, dictada por el Juzgado Segundo (2°) de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la cual declaró Inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por la ciudadana TERESA JOSEFINA ROJAS JIMÉNEZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, abogada, titular de la cédula de identidad N° V-7.957.158, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 205.310, en fecha 04 de julio de 2022.
El 20 de julio de 2022, se distribuyó el presente expediente de forma manual debido a las fallas presentadas por el servidor de base de datos del sistema Juris 2000, correspondiéndole el conocimiento de la presente causa a este Juzgado.
En fecha 21 de julio de 2022, esta Alzada emitió auto dando por recibido el presente asunto.
Visto los autos del presente expediente, pasa este Juzgado a pronunciarse en los siguientes términos:

II
DE LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

El juzgado de primera instancia mediante sentencia de fecha 11 de julio de 2022, resolvió en su dispositivo lo siguiente “… PRIMERO: INADMISIBLE la Acción de Amparo Constitucional interpuesta en fecha 04 de julio de 2022, por la ciudadana TERESA JOSEFINA ROJAS JIMENEZ contra la entidad de trabajo MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas por no ser temeraria la presente acción de amparo, conforme a lo establecido en el artículo 33 ejusdem…”.

III
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

De la falta de notificación de la sentencia

Este Tribunal de una revisión exhaustiva del expediente pudo percatarse que no consta la notificación correspondiente de la decisión del Tribunal de Primera Instancia y que fue parcialmente transcrita supra, a la Procuraduría General de la República y Fiscalía General de la República; circunstancia la cual transgrede los Principios y Garantías de orden Constitucional como lo son: el Debido Proceso y el Derecho a la Defensa, garantías sobre las cuales debe estar fundamentado cualquier proceso judicial o administrativo, razón por la cual resulta ineludible para este Juzgador pronunciarse en relación al vicio detectado. Así se decide.-
Al respecto advierte esta alzada que la falta de la notificación de las partes debe considerarse como una violación al Derecho a la Defensa y al Debido Proceso, principios constitucionales que han sido establecidos por el legislador con la finalidad de proteger al individuo de los errores, omisiones o arbitrariedades, a fin de garantizar un juicio justo. Así se decide.-
Por otro lado tenemos lo establecido en el artículo 12 de la Ley Adjetiva Laboral, donde se le hace un llamado a los administradores de justicia a garantizar y proteger los intereses donde se vean involucrados bienes y derechos, de manera directa o indirecta, relacionados con la República, cónsono con lo estipulado en el artículo 77 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, ello obedece, a la garantía del derecho a la defensa que se le debe asegurar a la República.
De lo anterior, se puede evidenciar en las sentencias reiteradas y pacíficas del Tribunal Supremo de Justicia en sus diferentes Salas, trayéndose a colación las sentencias de fecha 25 de marzo de 2004, del expediente R.C. N° AA60-S-2004-000029, de la Sala de Casación Social y la N° 0890, de fecha 13 de diciembre de 2018, de la Sala Constitucional, donde, entre otros, establece la obligación que tienen los operadores de justicia de notificar a la Procuraduría General de la República, en aquellos asuntos donde se vean involucrados los derechos o bienes de la República, bien sea en forma directa o indirecta, motivo por el cual es de obligatorio cumplimiento la notificación del mismo de la sentencia que se pretende su consulta obligatoria y que guarda relación con el presente asunto, tal y como lo señaló la prenombrada decisión. Así se establece.-
Con relación a la Garantía Constitucional del Debido Proceso, ha señalado igualmente la jurisprudencia, mediante sentencia de fecha 02/05/2013 del Juzgado Superior Séptimo del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, lo siguiente:

“El debido proceso conlleva a la exigencia de un proceso legal en el cual se garantiza a los particulares, en las oportunidades previstas por la ley, ejercer plenamente su defensa, a los fines de su efectividad. Vista la anterior decisión, deduce este Juzgador que el debido proceso satisface una serie de derechos y principios que tienden a proteger al individuo frente al error o arbitrariedad, con miras a posibilitar el reconocimiento de un juicio justo; y en este sentido, tanto la doctrina como la jurisprudencia han dejado por sentado que la única forma para la violación del debido proceso produzca nulidad absoluta de un acto administrativo es que con tal violación se vulnere el derecho a la defensa, impidiéndole al administrado esgrimir sus alegatos y presentar pruebas en defensa de sus derechos o intereses. De acuerdo a ello, es menester indicar que el derecho al debido proceso ha sido entendido como un conjunto de garantías que se traducen en una diversidad de derechos para el interesado, a objeto de realizar en igualdad de condiciones todas aquellas actuaciones tendientes a la defensa de los derechos e intereses; de este modo, debe entenderse el debido proceso consustanciado con el derecho a la defensa, pues ambos forman un todo, cuyo fin último es garantizar el acceso a la justicia y la obtención de tutela judicial efectiva. En efecto, el debido proceso se encuentra estrechamente vinculado al derecho a la defensa; así cada vez que sea irrespetado el derecho a la defensa se producirá necesariamente una violación al debido proceso y, por su parte, cada vez que sea irrespetado el debido proceso se lesionará el derecho a la defensa.”

En vista de lo anteriormente descrito, y analizando las actuaciones que se desprenden del expediente, una vez que esta Superioridad, se ha percatado el vicio del cual adolece la presente causa, resulta necesario pronunciarse en relación al mismo, ya que mal podría darle curso a un procedimiento viciado y el cual sería violatorio de garantías constitucionales pudiendo provocar que todas las actuaciones subsiguientes resulten anulables por encontrarse viciadas. Todo ello con miras de sanear el proceso y lograr una justicia más efectiva.
Así mismo, se tiene lo señalado en el último aparte del artículo 98 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el cual establece que: “La falta de notificación es causal de reposición y ésta puede ser declarada de oficio por el Tribunal o a instancia del Procurador o Procuradora General de la República”; es decir, que el interés procesal en dicha reposición está del lado de la Procuraduría o del Juzgado que administra la justicia, y siendo que estamos en presencia de una norma de orden público, cuyo incumplimiento viola el principio del debido proceso, motivo por el cual es forzoso para quien aquí decide, reponer la causa al estado de la notificación de la Procuraduría General de la República, de conformidad con el artículo in comento. Así se establece.-
En razón de las consideraciones anteriormente explanadas, y tomando en consideración la sentencia Nº 353 de fecha 31 de Mayo de 2013, de la Sala de Casación Social, con ponencia del Magistrado Carmen Elvigia Porras de Roa señala:

“La Reposición sólo puede ser decretada si se cumplen determinados extremos, entre otras: a) Que efectivamente se haya producido el quebrantamiento u omisión de formas sustanciales de los actos que menoscaben el derecho de defensa; b) Que la nulidad esté prevista en la ley, o que se haya dejado de cumplir en el acto alguna formalidad esencial a su validez; c) Que el acto no haya logrado el fin al cual estaba destinado; y, d) Que contra quien obre la falta no haya dado causa a ella, o que sin haber dado causa a ella, no la haya consentido expresa o tácticamente, a menos que se trate de normas de orden público.” Negrilla y subrayado propio.

Precisado lo anterior, esta Alzada concluye que el A-quo a quien corresponde la presente causa, debe adherirse a la notificación efectiva, es decir, la correspondiente a la sentencia de fecha 11 de julio del 2022, con el objeto de resarcir la violación al derecho a la defensa, al debido proceso, y la igualdad procesal de las partes. Así se establece.-
Así las cosas, por las razones de hecho y derecho expuestas supra, se debe reponer la presente causa a los fines que el Juzgado Segundo (2º) de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, proceda a la notificación de la sentencia ordenada en autos y consolide la comunicación válida de los entes correspondientes, una vez conste en autos la misma, y previamente de haber transcurrido el lapso de Ley, en su oportunidad procesal correspondiente, se pronuncie lo que considere pertinente, todo a los fines de evitar se cercene el derecho a la defensa, el debido proceso y la igualdad procesal de las partes. Así se decide.-

-III-
DISPOSITIVO

En virtud de los razonamientos anteriormente expuesto, este Juzgado Sexto (6°) Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SE REVOCA el auto de fecha 15 de julio de 2022, mediante el cual se ordena la remisión de la presente causa por consulta obligatoria, así como; SEGUNDO: Se REPONE la causa al estado que el Juez de Primera Instancia de Juicio correspondiente, practique la notificación a la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de la República, de su sentencia de fecha 11 de julio de 2022; TERCERO: No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del fallo; CUARTO: Se ordena notificar de la presente decisión, mediante oficio a la Fiscalía General de la República y Procuraduría General de la República, anexándole copia certificada de la misma.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE y DÉJESE COPIA

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Sexto (6°) Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, a los veintidós (22) días del mes de julio del año dos mil veintidós (2022). Años: 212º de la Independencia y 163º de la Federación.
EL JUEZ,

ABG. HÉCTOR MUJICA RAMOS
EL SECRETARIO,

ABG. JOHNNY HERNÁNDEZ

En la misma, previo el cumplimiento de las formalidades de ley, se dicto, diarizó y público la anterior decisión.
EL SECRETARIO,

ABG. JOHNNY HERNÁNDEZ