TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO SUPERIOR QUINTO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL
ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

Expediente. Nº AP71-O-2022-000011

PARTE PRESUNTAMENTE AGRAVIADA: Abogado RAFAEL FELIPE SUAREZ ÑAÑEZ, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° V-10.095.099, inscrito en el inpreabogado bajo el N° 236.914, actuando en su propio nombre y representación.

PARTE PRESUNTAMENTE AGRAVIANTE: Tribunal Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

APODERADO JUDICIAL DE LA PRESUNTA AGRAVIANTE: No constituyó.

MOTIVO: AMPARO CONSTITUCIONAL (Directo).

I
DE LA ACCIÓN DEDUCIDA:

Cumplido el trámite administrativo de sorteo de expedientes, correspondió a este Tribunal Superior, conocer de la solicitud de amparo constitucional intentada por el abogado RAFAEL FELIPE SUAREZ ÑAÑEZ, actuando en su propio nombre y representación, contra la omisión en sentenciar la causa correspondiente al expediente signado con el N° AP11-V-FALLAS-2021-000723, de la nomenclatura interna de ese Juzgado, correspondiente a la demanda que por Intimación de Honorarios Profesionales, fuera incoada por la parte presuntamente agraviada, en contra de la Sociedad Mercantil INVERSIONES CACHIRI C.A. y el ciudadano GILBERTO EMIRO CORREA ROMERO.
El apoderado de la parte presuntamente agraviada adujo en su escrito de amparo, los siguientes hechos relevantes:
Que en fecha 01 de noviembre de 2021, ejerció demanda por Intimación de Honorarios Profesionales en contra de la Sociedad Mercantil INVERSIONES CACHIRI C.A., y el ciudadano GILBERTO EMIRO CORREA ROMERO, a la cual le fue asignada expediente N° AP11-V-FALLAS-2021-000721, correspondiente al Juzgado octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Argumenta que dicha demanda fue admitida en fecha 07 de diciembre de 2021, para ser sustanciada bajo el procedimiento especial de intimación de honorarios previsto en el artículo 22 de la Ley de abogados, por tratarse de un cobro de honorarios profesionales en un Juicio ventilado ante la Sala Constitucional, regulado por contratos de servicios profesionales, la cual cuenta con dos etapas, una destinada a declarar el derecho a cobrar los honorarios y la otra una fase ejecutiva, para hacer efectivos los derechos, alegando que la parte demandada en fecha 18 de febrero de 2022, se opuso al procedimiento de intimación y contesto la demanda en fecha 07 de marzo de 2022, de forma extemporánea sin oponerse a la validez de los contratos, debido a que la ley establece que el procedimiento es el breve, cuando trata de cobro de honorarios profesionales con contrato y han transcurridos más de treinta (30) días de despacho, por lo que, alegó que la demanda entro en estado de sentencia desde hace más de veinte (20) días, sin importar el criterio que se utilice respecto al procedimiento.

II
DE LA ADMISIBILIDAD DEL AMPARO.

Establecido lo anterior, corresponde en esta etapa procesal, analizar lo concerniente a la admisibilidad o no de la acción de amparo propuesta y a tales efectos, para decidir, se observa:
La acción de Amparo Constitucional ha sido definida por la doctrina como un derecho fundamental que se concreta en la garantía de acceder a los tribunales de justicia, mediante un procedimiento breve, gratuito, oral y sencillo, a los fines de restablecer urgentemente los derechos constitucionales que han sido vulnerados; constituye una garantía procesal desarrollada en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y reviste un carácter especial destinado a resolver controversias que se refieran a derechos constitucionales.
Para su admisibilidad, es necesario el cumplimiento de los requisitos establecidos por el legislador en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, siendo indispensable que exista un acto, hecho o lesión que vulnere de manera flagrante derechos fundamentales, y que no exista otro medio judicial efectivo para restablecer la situación jurídica infringida; así el referido artículo establece:
“Artículo 6: No se admitirá la acción de amparo:
1) Cuando hayan cesado la violación o amenaza de algún derecho o garantía constitucionales, que hubiesen podido causarla.
2) Cuando la amenaza contra el derecho o la garantía constitu¬cionales no sea inmediata, posible y realizable por el imputa¬do.
3) Cuando la violación del derecho o la garantía constituciona¬les, constituya una evidente situación irreparable, no siendo posible el restable¬cimiento de la situación jurídica infringi¬da.
Se entenderá que son irreparables los actos que, mediante el amparo, no puedan volver las cosas al estado que tenían antes de la violación.
4) Cuando la acción u omisión, el acto o la resolución que violen el derecho o la garantía constitucionales hayan sido consentidos expresa o tácitamente, por el agraviado, a menos que se trate de violaciones que infrinjan el orden público o las buenas costumbres.
Se entenderá que hay consentimiento expreso, cuando hubieren transcurrido los lapsos de prescripción establecidos en leyes especiales o en su defecto seis (6) meses después de la violación o la amenaza al derecho protegido.
El consentimiento tácito es aquel que entraña signos inequívo¬cos de aceptación.
5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes. En tal caso, al alegarse la violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, el Juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la presente Ley, a fin de ordenar la suspen¬sión provisional de los efectos del acto cuestio¬nado.
6) Cuando se trate de decisiones emanadas de la Corte Suprema de Justicia.
7) En caso de suspensión de derechos y garantías constituciona¬les conforme al artículo 241 de la Constitución, salvo que el acto que se impugne no tenga relación con la especificación del decreto de suspensión de los mismos.
8) Cuando esté pendiente de decisión una acción de amparo ejercida ante un Tribunal en relación con los mismos hechos en que se hubiese fundamentado la acción propuesta.”. (Negrita y Cursiva de este Tribunal).

La norma transcrita, consagra las causales de inadmisibilidad de la acción de amparo constitucional, las cuales fueron previstas por el legislador para evitar cualquier procedimiento en vano.
Ahora bien, en lo que respecta al citado artículo en su ordinal 5º, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 30 de enero del 2017, expediente número 16-0533, con ponencia de la magistrada LOURDES BENICIA SUAREZ ANDERSON, expuso lo siguiente:
“…En este sentido, estima la Sala conveniente reiterar el criterio jurisprudencial sentado en fallo Nº 963 del 5 de junio de 2001 (caso: José Ángel Guía), con relación a la interpretación de la norma que rige la admisibilidad de la acción de amparo, según lo establecido en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, expresado en los siguientes términos:
“...es criterio de esta Sala, formado al hilo de los razonamientos precedentes, que la acción de amparo constitucional, opera en su tarea específica de encauzar las demandas contra actos, actuaciones, omisiones o abstenciones lesivas de derechos constitucionales, bajo las siguientes condiciones:
a) Una vez que los medios judiciales ordinarios han sido agotados y la situación jurídico constitucional no ha sido satisfecha; o
b) Ante la evidencia de que el uso de los medios judiciales ordinarios, en el caso concreto y en virtud de su urgencia, no dará satisfacción a la pretensión deducida.
La disposición del literal a), es bueno insistir, apunta a la comprensión de que el ejercicio de la tutela constitucional por parte de todos los jueces de la República, a través de cualquiera de los canales procesales dispuestos por el ordenamiento jurídico, es una característica inmanente al sistema judicial venezolano; por lo que, en consecuencia, ante la interposición de una acción de amparo constitucional, los tribunales deberán revisar si fue agotada la vía ordinaria o fueron ejercidos los recursos, que de no constar tales circunstancias, la consecuencia sea la inadmisión de la acción sin entrar a analizar la idoneidad del medio procedente, pues el carácter tuitivo que la Constitución atribuye a las vías procesales ordinarias le impone el deber de conservar o restablecer el goce de los derechos fundamentales; por lo que bastaría con señalar que la vía existe y que su agotamiento previo es un presupuesto procesal a la admisibilidad de la acción de amparo”. (Negritas de la Sala)
Con fundamento en lo establecido en el fallo supra transcrito, debe precisarse que el empleo de la acción de amparo constitucional con el fin de satisfacer las pretensiones del accionante que no ha agotado los recursos previstos en el procedimiento ordinario, omitiendo el derecho de ejercer el recurso de apelación contra el fallo que presuntamente ha vulnerado sus derechos constitucionales, no sólo desnaturalizaría la finalidad propia del amparo cual es solventar la situación que tiende a hacerse irreparable, protegiendo el goce y el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales cuando éstos han sido violados, sino que quebranta el carácter extraordinario que caracteriza a la acción de amparo, impidiéndosele a este Supremo Tribunal cumplir con los requisitos de admisibilidad previstos en la ley que deben ser verificados en cada caso concreto a fin de determinar la procedencia de la tutela contra una determinada actuación judicial.
Respecto a lo anterior, cabe señalar que conforme a la norma rectora y la jurisprudencia, se requiere de la inexistencia de otro medio de defensa eficaz e inmediato que permita precaver la ocurrencia del perjuicio irremediable, de donde se desprende que sea un deber ineludible del accionante el agotamiento previo de todos los recursos judiciales ordinarios para la defensa de sus derechos fundamentales.
Se concluye que el accionante disponía del recurso de apelación para agotar la vía ordinaria que ha de preceder a la acción de amparo a los fines de hacer valer sus derechos que no activó, en consecuencia, resulta forzoso para esta Sala declarar inadmisible la acción intentada, a tenor de lo previsto en el numeral 5 artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales”. (Negritas del Tribunal).

De la jurisprudencia transcrita, se colige que la causal de inadmisibilidad dispuesta en el numeral 5º del artículo ut supra mencionado, no sólo se refiere al uso de los medios ordinarios preexistentes, para la resolución de la situación jurídica infringida y luego la utilización de la acción de amparo constitucional, sino que también es aplicable como motivo de inadmisibilidad, en aquellos casos en los cuales la parte presuntamente agraviada acude directamente a la acción de amparo constitucional, omitiendo el uso de la vía ordinaria, que previamente se encontraba a su disposición.
Así las cosas, en el caso de marras, la parte presuntamente agraviada interpone la presente Acción de Amparo Constitucional, en virtud de la supuesta violación por falta de pronunciamiento de la sentencia definitiva en el expediente signado con el N° AP11-V-FALLAS-2021-000721.
Al respecto observa esta alzada que, si bien el artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, establece que en caso de abstenciones u omisiones de pronunciamiento, se pudiera interponer la acción de Amparo Constitucional, a fin de subsanar dicha falta, pero no es menos cierto que, para la utilización de la vía extraordinaria como lo es el Amparo Constitucional, deben haberse agotado las vías ordinarias preexistente, tal y como lo establece el ordinal 5° del artículo 6 de la antes mencionada ley especial, sin que ello ocurriera, estando a la disposición de la parte accionante de amparo, entre otros, el Recurso de Queja, el cual es un medio ordinario que pueden intentar las partes cuando un Juez, en el ejercicio de sus funciones, le haya causado un daño o perjuicio valorable económicamente, por haber infringido las leyes, sea por negligencia, imprudencia o ignorancia inexcusables, pero sin dolo.
Para incoar tal procedimiento contra un Juez, es necesario que incurra en alguna de las causales, que taxativamente establece el Código de Procedimiento Civil en el artículo 830 del Código Procedimiento Civil, el cual establece:
“Artículo 830 CPC.- Habrá lugar a la queja:
1° En todos los casos en que la ley declare que no queda a la parte otro recurso sino el de queja, si se hubiere faltado a la ley.
2° Cuando el Juez o Tribunal haya librado decreto ilegalmente sobre punto en que no concede la ley apelación.
3° Por abuso de autoridad, si se atribuyen funciones que la ley no les confiere.
4° Por denegación de justicia, si omiten providencias en el tiempo legal sobre alguna solicitud hecha o niegan ilegalmente algún recurso concedido por la ley.
5° Por cualquier otra falta, exceso u omisión indebidas contra disposición legal expresa de procedimiento o por infracción de ley expresa en cualquier otro punto.
6° Por no haber el Superior reparado la falta del inferior, cuando se le hubiere pedido en un recurso legal y no le estuviere prohibido hacerlo.” (Resaltado nuestro)

Por tal razón, el caso bajo estudio, se subsume en la causal de inadmisibilidad supra descrita, por cuanto la parte presuntamente agraviada, no ejerció los recursos ordinarios de que disponía, como lo es el recurso de apelación o en su defecto el recurso de hecho, lo cual conlleva a este Juzgador, a declarar inadmisible la presente acción de amparo constitucional, por estar incursa en la causal de inadmisibilidad, prevista en el numeral 5º del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Aunado a lo anteriormente descrito, se evidencia del oficio N° 2022-0307, emanado de la parte presuntamente agraviante, Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, de fecha 26 de septiembre de 2022, mediante la cual informó que la causa se encuentra paralizada en virtud del abocamiento realizado por el Juez de ese Juzgado, en fecha 23 de septiembre de 2022, donde se ordenó notificar a las partes, motivo por el cual, hasta tanto no se encuentren las partes a derecho, no puede el Juez de la causa emitir pronunciamiento de fondo. Así se decide.-

III
DECISIÓN

Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, actuando en sede constitucional y por la autoridad que le confiere la Ley, declara:
PRIMERO: INADMISIBLE la presente acción de Amparo Constitucional, interpuesta por el abogado RAFAEL FELIPE SUAREZ ÑAÑEZ, actuando en su propio nombre y representación, contra la omisión en sentenciar la causa correspondiente al expediente signado con el N° AP11-V-FALLAS-2021-000723, de la nomenclatura interna de ese Juzgado, correspondiente a la demanda que por Intimación de Honorarios Profesionales, fuera incoada por la parte presuntamente agraviada, en contra de la Sociedad Mercantil INVERSIONES CACHIRI C.A. y el ciudadano GILBERTO EMIRO CORREA ROMERO, la cual se dirime por ante el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Dada la naturaleza de la presente acción, no hay condenatoria en costas, por tratarse de un amparo contra decisión judicial.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en la ciudad de Caracas, a los tres (03) días del mes de octubre del 2022. Años: 212º y 162°.
EL JUEZ,

Dr. MIGUEL ANGEL FIGUEROA.
LA SECRETARIA,

ABG. AIRAM CASTELLANOS.
En la misma fecha se registró y publicó la anterior decisión siendo las _____________________________________.-
LA SECRETARIA,

ABG. AIRAM CASTELLANOS.
Exp. Nº AP71-O-2022-000011
Amparo Constitucional
Directo/Inadmisible “D”