REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, 29 de septiembre de 2022
212º y 163º
Asunto: AF47-U-1994-000037
Antiguo N° 769
Sentencia Interlocutoria con Fuerza Definitiva Nº 42/2022
En fecha 25 de agosto de 1994, los ciudadanos José Rafael Bermúdez y Arnoldo Troconis Herrera, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad números 3.277.354 y 6.120.020, respectivamente, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 10.613 y 31.347, respectivamente; actuando en su carácter de apoderados judiciales de la Sociedad Mercantil BRISTOL– MYERS SQUIBB DE VENEZUELA, S.A., domiciliada en Maracay y constituida inicialmente según documento registrado por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el día 8 de octubre de 1958, bajo el N° 130 tomo 77-A, e inscrita posteriormente en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en fecha 4 de enero de 1985, anotado bajo el N° 47, Tomo 141-B, inscrita en el Registro de Información Fiscal N° J-00076573-1; interpusieron Recurso Contencioso Tributario, contra la Resolución Nro. HJI-10000640 de fecha 16/12/1999, emanada de la Dirección Jurídico Impositivo del Ministerio de Hacienda.
En fecha 26 de agosto de 1.994, este Tribunal ordenó formar el asunto y notificar al Procurador General de la República, Contralor General de la República, a la Dirección Jurídico Impositivo del Ministerio de Hacienda,
En fecha 28 de octubre de 1994, este Tribunal, admitió el presente recurso en cuanto ha lugar en derecho y ordeno proceder a la tramitación y sustanciación correspondiente.
En fecha 01 de diciembre de 1994, el ciudadano Arnoldo Troconis Herrera, titular de la cedula de identidad N° 6.120.020, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 31.377, actuando en su carácter de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil BRISTOL – MYERS SQUIBB DE VENEZUELA S.A., consigno mediante diligencia escrito de promoción de pruebas.
En fecha 16 de enero de 1995, este tribunal deja constancia de la evaluación de las pruebas testimoniales promovidas y admitidas en la presente causa.
En fecha 07 de marzo de 1995, A través de diligencia ambas partes consignaron los escritos de informes.
En fecha 07 de marzo de 1995, este Tribunal recibió oficio N° HGJT-J-320-185 de fecha 24 de enero de 1995, emanado de la Gerencia Jurídica Tributaria Seniat del Ministerio de Hacienda, remitiendo a este órgano jurisdiccional expediente administrativo correspondiente a la Sociedad Mercantil BRISTOL – MYERS SQUIBB DE VENEZUELA S.A.
En fecha 20 de marzo de 1995, la representación de la Sociedad Mercantil BRISTOL – MYERS SQUIBB DE VENEZUELA S.A., consigno mediante diligencia los escritos de observaciones a los informes.
En fecha 21 de marzo de 1995, la representación del Fisco Nacional, consigno mediante diligencia los escritos de observaciones a los informes.
En fecha 26 de febrero de 1996, el ciudadano Arnoldo Troconis Herrera, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 313.377, actuando en carácter de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil BRISTOL – MYERS SQUIBB DE VENEZUELA S.A., mediante diligencia de fecha 13/01/1997; 27/05/1998; 25/11/1998; 27/07/1999; 09/06/2000; 30/05/2001; 18/03/2002; 10/0272003; 27/01/2004; 31/01/2005; 23/01/2006; 06/02/2007; 18/12/2007; 08/12/2008; 06/11/2009; 05/11/2010; 21/10/2011; 04/10/2012; 23/09/2013; 01/10/2014; 18/12/2014; 15/12/2015; 09/03/2017; 19/12/2017; 08/05/2018; solicito a este Tribunal se dicte sentencia en la presente causa.
En fecha 13 de agosto de 1997, el ciudadano Félix Hernández Richards, actuando en su carácter de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil BRISTOL – MYERS SQUIBB DE VENEZUELA S.A., mediante diligencia suscrita señalo el domicilio procesal de su representada.
En fecha 24 de abril de 2002, el ciudadano Félix Hernández Richards, actuando en su carácter de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil BRISTOL – MYERS SQUIBB DE VENEZUELA S.A., solicito a este tribunal mediante diligencia aplique retroactivamente las reformas del Código Orgánico Tributario y de las Ley Impuesto Sobre La Renta descritas por ser beneficiosas al contribuyente y declare nulos los reparos levantados con base en las normas derogadas.
En fecha 03 de julio de 2003, este tribunal dicto auto donde el Juez Accidental de este tribunal doctor Pedro Rodríguez, presento su renuncia a este órgano jurisdiccional donde hace entrega el presente expediente a esta jurisdicción y en consecuencia, la ciudadana doctora Navia Pérez Pardo que toma el cargo como Juez Provisora de este Tribunal se aboco al conocimiento de la causa.
En fecha 02 de febrero de 2004, la ciudadana Yasminy Rodríguez Campos, actuando en su carácter de Juez Temporal de este Tribunal, se aboco al conocimiento de la causa y ordeno librar las notificaciones de Ley.
En fecha 06 de diciembre de 2006, la ciudadana Lilia María Casado Balbás, actuando en su carácter de Juez Suplente de este Tribunal, se aboco al conocimiento de la causa y ordenando librar las notificaciones de Ley.
En fecha 25 de julio de 2013, la ciudadana Yasmin Teresa Méndez Echegaray, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 11.619.040, inscrita en el instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 77.831, actuando en su carácter de abogada sustituta de la ciudadana Procuradora General de la República, solicito a este Tribunal mediante diligencia de fecha 20/01/2014; 22/10/2014; 19/01/2015; 12/01/2017; 07/02/2018; 13/02/2019; se dicte sentencia en la presente causa.
En fecha 10 de febrero de 2020, el ciudadano Yamil Cham Duque, actuando en su carácter de Juez Provisorio de este Tribunal, se aboco al conocimiento de la presente causa.
En fecha 10 de febrero de 2020, este Tribunal, mediante sentencia interlocutoria N° 44/2020 mediante la cual se ORDENA NOTIFICAR a la Sociedad Mercantil BRISTOL – MYERS SQUIBB DE VENEZUELA S.A., si mantiene el interés en que se dicte sentencia en la presente causa.
En fecha 26 de septiembre de 2022, se deja constancia que la ciudadana Marilenne Sofía Do Paco Serrano, convocada para ejercer funciones como Jueza de este Tribunal Séptimo de lo Contencioso Tributario, se abocó al conocimiento de la presente causa, se ordenó notificar a ambas partes.
I
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Correspondería a este Tribunal pronunciarse sobre el recurso contencioso tributario, interpuesto En fecha 25 de agosto de 1994, por los ciudadanos José Rafael Bermúdez y Arnoldo Troconis Herrera, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad Nos. 3.277.354 y 6.120.020, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 10.613 y 31.347, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales del contribuyente BRISTO – MYERS SQUIBB DE VENEZUELA, S.A., inscrito en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en fecha 4 de enero de 1985, anotado bajo el N° 47, Tomo 141-B, contra la Resolución Nro. HJI-10000640 de fecha 16/12/1999, emanada de la Dirección Jurídico Impositivo del Ministerio de Hacienda.
Así mismo, se evidencia que la última actuación de la sociedad mercantil BRISTO – MYERS SQUIBB DE VENEZUELA, S.A, fue el 08 de mayo de 2018, fecha en la cual la Representante Judicial de la Contribuyente, mediante diligencia suscrita solicitó a este Juzgado se sirva dictar sentencia en el presente juicio, hasta la presente fecha no ha realizado acto alguno de procedimiento a los fines de impulsar y mantener el curso del proceso, habiendo transcurrido cuatro (04) años y cuatro (04) meses aproximadamente, por lo que se presume la pérdida del interés procesal en que se dicte sentencia en la presente causa.
En este sentido, resulta pertinente traer a colación el criterio establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 416 de fecha 28 de abril de 2009, caso: CIUDADANIA ACTIVA, en el cual se estableció lo siguiente:
“…El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión.
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: “MT1 (Arv) Carlos José Moncada”).
El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: “Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero”).
En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice “visto” y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia.
Dicho criterio fue asentado en el fallo Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: “DHL Fletes Aéreos, C.A.”), en el que se señaló lo siguiente:
“(...) En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales:
a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.
b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido”.
En el presente caso se está claramente en presencia de la primera de las situaciones: no hubo pronunciamiento respecto de la admisión de la demanda y, sin embargo, los demandantes dejaron de instar para que ello se produjese. De este modo, siendo que a partir del el 7 de febrero de 2008, los recurrentes dejaron de manifestar interés, la Sala en atención a su propia jurisprudencia, declara la pérdida del interés. Así se decide…” (Resaltado del Tribunal).
En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia (vid., entre otras sentencias de la Sala Político-Administrativa Nos. 00781, 00193, 00271 y 00826 de fechas 28 de julio de 2010, 10 de febrero, 2 de marzo y 22 de junio de 2011, casos: Corporación Raymiven Internacional, C.A., Inversiones La Planicie, C.A., Resimon, C.A y Federación de Cooperativas de Transporte de Venezuela, respectivamente; así como las decisiones de la Sala Constitucional Nos. 667, 668, 922 y 1274 de fechas 12 de mayo de 2011 las dos primeras, y del 8 de junio y 26 de julio de 2011 las dos últimas, casos: Marco Aurelio Quiñones Gómez y Gabriel Alejandro Alfonso Romero, Carlos Vecchio, Elie Habilian Dumat, y FEDECÁMARAS, respectivamente).
Conforme a lo anterior, este Tribunal observa que en el presente caso estamos en presencia del segundo supuesto, en virtud de que la causa ha entrado en estado de sentencia y hasta la presente fecha la parte actora no ha realizado actuación procesal alguna tendente a mantener el curso del proceso.
Por otra parte, se evidencia que este Tribunal mediante Sentencia Interlocutoria Nº 44/2020 de fecha 10 de febrero de 2020, ordenó la notificación de la contribuyente “BRISTO – MYERS SQUIBB DE VENEZUELA, S.A..”, para que en el lapso de treinta (30) días continuos siguientes a su notificación manifestara su interés en la decisión de la presente causa, so pena de considerar extinguida la acción por pérdida sobrevenida del interés procesal, en concordancia con el criterio vinculante establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencias Nros. 1153 de fecha 08/06/2006, caso: “Andrés Velásquez y Otros”; 4294 de fecha 12/12/2005, caso: Asociaciones Civiles “EL PODER ES EL PUEBLO y FUERZA BOLIVARIANA METROPOLITANA F.B.M.”; 4618 de fecha 14/12/2005, caso: “THE NEWS CAFÉ & BAR, C.A.”; 4623 de fecha 14/12/2005, caso: “MILAGROS SÁNCHEZ DE LÓPEZ Y EVENCIO GARCÍA BARRIOS”; entre otras. Ahora bien, aún cuando se notificó a la Contribuyente de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, sin embargo, no consta la manifestación de su interés en la presente causa, razón por la cual resulta forzoso concluir que están dados los extremos legales para declarar la pérdida del interés en el presente proceso, Y así se declara.
En este sentido, es conveniente citar parcialmente el contenido de la sentencia Nº 1153 de fecha 08 de junio de 2006, caso: “Andrés Velásquez y Otros”, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la cual se dejó sentado lo siguiente:
“(…)
“…En efecto, es jurisprudencia de esta Sala la improcedencia de la perención de la instancia en las causas en las que se ha dicho ‘vistos’ –como lo es la presente-, pero sí se ha admitido la posibilidad de extinción de la acción por pérdida del interés. Así, se ha dejado sentado que el interés no sólo es esencial para la interposición de una demanda, sino que debe permanecer a lo largo de todo el proceso, por lo que resulta inútil y gravosa la continuación de un juicio en el que no exista interesado.
Ahora bien, el tribunal no puede presumir la pérdida del interés procesal –ni siquiera en casos como el presente, en el que ha transcurrido largo tiempo sin sentencia definitiva- pero sí puede suponer, salvo prueba en contrario, que haya desaparecido el interés procesal cuando no hay constancia en el expediente de la comparecencia de las partes, que es precisamente el caso de autos.
En consecuencia, esta Sala ordena la notificación a la parte actora, bien en su sede procesal o por cartel, en caso de que no lo haya indicado, para que informe, en un plazo máximo de treinta días continuos desde su notificación, si conserva el interés para la continuación este proceso. Si no hay respuesta de la parte actora dentro del plazo que ha sido fijado, la Sala considerará extinguida la acción por pérdida sobrevenida del interés procesal, sin que ello comprometa la responsabilidad de las partes. Así se decide. (Negritas del Tribunal).
Siendo así, en el presente caso, este Tribunal considera que existió inactividad de la parte actora en manifestar el interés en que se dictara sentencia en la presente causa, por lo tanto, se declara extinguido el recurso, por lo que se presume la pérdida del interés procesal quedando así extinguida la presente causa, Así se declara.
II
DECISIÓN
Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara la EXTINCION DEL PROCESO POR PÉRDIDA DEL INTERÉS el recurso contencioso tributario, interpuesto por la sociedad mercantil BRISTO – MYERS SQUIBB DE VENEZUELA, S.A., contra la Resolución Nro. HJI-10000640 de fecha 16/12/1999, emanada de la Dirección Jurídico Impositivo del Ministerio de Hacienda.
Publíquese, regístrese y notifíquese a las partes.
Se advierte a las partes que, de conformidad con el único aparte del artículo 305 del Código Orgánico Tributario vigente, esta sentencia no admite apelación, por cuanto que el quantum de la causa no excede de más de quinientas (500) veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, publicado por el Banco Central de Venezuela, para las personas jurídicas.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario, en Caracas, a los veintinueve (29) días del mes de septiembre del año dos mil veintidós (2022). Años 212º de la Independencia y 163º de la Federación.
La Juez,
Marilenne Sofia Do Paco Serrano.
La Secretaria
Yaritza Gil Bermúdez
ASUNTO: AF47-U-1994-000035
ANTIGUO N° 769
MSDPS/YGB
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