TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
JUZGADO OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS.
Caracas, 19 de diciembre de 2023
213º y 164º

ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2023-001083.
Parte Demandante: NELSON RAMÍREZ TORRES, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad No. V-3.253.842, e inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 8.447, actuando en su propio nombre y como apoderado de la sociedad mercantil COMPAÑÍA ANÓNIMA LEVECA, S.A. (LEVECA), inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y estado Miranda el 11 de noviembre de 1954, bajo el No. 31, Tomo 03-E.
Apoderados Judiciales: Abogados Luis Alejandro Angulo Fontiveros, Sergy Martínez Morales, Nerio Martínez, Heriberto Durán Ortiz, Fernando Ovalles Rodríguez, Jesus Capote, Juan José Niño Silverio y Teresita Herrera López, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 8.545, 8.446, 17.572, 57.205, 18.676, 74.674, 113.995 y 27.126, respectivamente.
Parte Demandada: OMAR MARAMBIO CORTES, venezolano y chileno, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad No. V-6.605.529.
Apoderado Judicial: No consta en autos.
Motivo: Estimación e Intimación de Honorarios Profesionales (Tutela Cautelar)
Sentencia: Interlocutoria.
Capítulo I
ANTECEDENTES
Se inició el presente juicio mediante escrito libelar presentado ante este Tribunal, contentivo de la demanda de estimación e intimación de honorarios profesionales incoada por el ciudadano NELSON RAMÍREZ TORRES, actuando en su propio nombre y como apoderado de la sociedad mercantil COMPAÑÍA ANÓNIMA LEVECA, S.A. (LEVECA), en contra del ciudadano OMAR MARAMBIO CORTES, ambos identificados al inicio del presente fallo.
Mediante auto de fecha 30 de octubre de 2023, se admitió la demanda ordenándose el emplazamiento del ciudadano OMAR MARAMBIO CORTES.
En fecha 20 de noviembre de 2023, compareció el demandante y presentó escrito en el cual solicitó medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar, la cual ratificó el 12 de diciembre de 2023.
En fecha 18 de diciembre de 2023, compareció el demandante, y presentó diligencia consignando fotostatos.
Ahora bien, encontrándose la presente causa en estado de emitir pronunciamiento con respecto a la medida solicitada, se procede a decidir en base a las consideraciones que serán explicadas infra.
Capítulo II
DE LA SOLICITUD DE PROTECCIÓN CAUTELAR
La parte actora mediante escrito presentado el 20 de noviembre de 2023, solicitó a este Tribunal el decreto de la medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar sobre un inmueble propiedad de la parte demandada, de conformidad con lo establecido en los artículos 585 y 588.3° del Código de Procedimiento Civil, a los fines de garantizar las resultas del juicio, sobre un inmueble constituido por un (01) apartamento suite, identificado con el No. PH2 A, ubicado en el piso PH, planta que tiene un área cubierta aproximada de doscientos sesenta y cuatro metros cuadrados con cuarenta y ocho decímetros cuadrados (264,48 m2), el cual se encuentra alinderado de la siguiente manera: por el Norte con fachada Norte de la Torre A y escalera principal, por el Sur, con fachada Sur de la Torre A, por el este fachada este de la Torre A y oeste hall de servicio, escalera principal y apartamento suite PH1 A, señalando que se encuentran cumplidos todos los extremos exigidos por el legislador para el decreto de la medida.
Capítulo III
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
El juez previo al decreto debe establecer si se han cumplido los extremos de acuerdo a la cautela solicitada, para lo cual deberá verificar que exista una presunción grave de un estado objetivo de peligro que haga aparecer como inminente la realización del daño derivado de la insatisfacción del derecho, no debiendo sólo apreciar la apariencia de certeza o credibilidad del derecho invocado, sino que debe determinar si de las argumentaciones y recaudos acompañados por el solicitante se deduce el peligro de infructuosidad de ese derecho, pues si bien la medida se encuentran vinculada al juicio principal, ésta debe aguardar -en razón de su instrumentalidad - la decisión sobre el juicio final, en virtud de lo cual, el juez se ve impedido de extender su pronunciamiento en una incidencia cautelar sobre el thema decidendum en el juicio principal, puesto que sostener lo contrario, significaría atentar contra la naturaleza esencialmente cautelar y no sustitutiva de tales medidas.
Sobre este particular se pronunció la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del 29 de abril de 2008, caso: INVERSIONES LA ECONÓMICA C.A., y CONSTRUCTURA 325 C.A., contra las empresas DEL SUR BANCO UNIVERSAL C.A., WESTCHESTER INTERNATIONAL LIMITED y TERRENO NAVARRETE C.A., sentando al efecto el siguiente criterio: “…En la esfera de las medidas cautelares, para decretar o no su procedencia, corresponde al juez verificar los extremos que la ley exige…Ahora bien, esa exigencia no puede llevarse hasta el extremo de que el material (alegaciones, pruebas) que el juez debe tomar en consideración para otorgar la medida, tenga que ser el mismo que se requiere para resolver sobre el juicio principal, y en consecuencia, deba ser tratado del mismo modo como se exige para el procedimiento principal. De ser así, no sólo se le estaría obligando al sentenciador a juzgar sobre el fondo de la controversia -aspecto que no es atinente a las medidas cautelares, sino que también se desnaturalizaría la función que tiene encomendada la cautelar, esto es, superar la demora que implica el proceso principal y el riesgo de que el demandado adopte conductas que dificulten la efectividad de la sentencia…”’.
Ahora bien, las medidas cautelares tienen como objetivo evitar un daño en la esfera patrimonial o personal de los litigantes y nadie más que la parte afectada por la lesión para la indicación y demostración de los hechos que configuran su interés cautelar. Es por ello que, es el Juez de la causa el llamado a determinar la procedencia de la solicitud de medida en base a las razones de hecho y las pruebas promovidas por la parte solicitante de la protección cautelar, toda vez que los jueces están sometidos al principio dispositivo y de ninguna manera pueden actuar de oficio, salvo que se trate de orden público, moral y buenas costumbres, o de alguna disposición expresa de la ley, siendo una obligación para los jueces no permitir ni permitirse ellos mismos extralimitaciones de ninguna especie que coloquen a las partes en ventaja procesal con respecto a la otra, tratando de mantenerlas en igualdad de condiciones.
Planteado lo anterior, este sentenciador precisa que las medidas cautelares encuentran su fundamento en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, que prevé:

“Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama.”

Por su parte, el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, establece lo que sigue:

“En conformidad con el artículo 585 de este Código, el Tribunal puede decretar, en cualquier estado y grado de la causa, las siguientes medidas:
1° El embargo de bienes muebles;
2° El secuestro de bienes determinados
3° La prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles.
Podrá también el juez acordar cualesquiera disposiciones complementarias para asegurar la efectividad y resultado de la medida que hubiere decretado.
Parágrafo Primero: Además de las medidas preventivas anteriormente enumeradas, y con estricta sujeción a los requisitos previstos en el artículo 585, el Tribunal podrá acordar las providencias cautelares que considere adecuadas, cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra. En estos casos para evitar el daño, el Tribunal podrá autorizar o prohibir la ejecución de determinados actos, y adoptar las providencias que tengan por objeto hacer cesar la continuidad de la lesión…”

En atención a lo expuesto, pasa entonces quien decide a verificar si se cumplieron los requisitos de procedencia, y en tal sentido se hace necesario acotar que, en la doctrina se ha denominado al periculum in mora, como el simple retardo del proceso judicial, puesto que existe la expectativa cierta de que pueda quedar ilusoria la ejecución del fallo, o que aun cuando ésta pueda verificarse, no obstante, el transcurso del tiempo impongan una carga o gravamen no susceptible de ser restituido por la definitiva. Así pues, este requisito apunta a determinar una serie de hechos objetivos, que como han señalado Redenti, Podetti y Leo Rosemberg, son “…por los cuales se produce, al menos, una presunción de la necesidad de la medida y para evitar que la futura ejecución del fallo quede ilusoria…”. Por tanto, no se trata del hecho de que los procesos tengan retardo sino de que aunado a ello, una de las partes puede sustraerse del cumplimiento del dispositivo sentencial.
En cuanto a la apariencia del buen derecho, conocida en la doctrina como fumus boni iuris, se trata como decía Piero Calamandrei de un cálculo de probabilidades que el solicitante de la medida será, en definitiva, el sujeto del juicio de verdad plasmado en la sentencia; la apariencia de buen derecho es un juicio preliminar, que no toca el fondo, por el cual quien se presenta como titular del derecho tiene apariencias de que efectivamente lo es. No obstante a ello, en ocasiones es innecesaria la demostración de este requisito por ser común a todas las personas, verbigracia, el derecho a la defensa, el honor, reputación, etc., pero en otras ocasiones debe demostrarse prima facie que se es arrendador o arrendatario, propietario, comprador, entre otros.
En el caso sub examine, se observa que la parte actora solicitó el decreto de la medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar sobre un inmueble propiedad de la parte demandada, constituido por un (01) apartamento suite, identificado con el No. PH2 A, ubicado en el piso PH, planta que tiene un área cubierta aproximada de doscientos sesenta y cuatro metros cuadrados con cuarenta y ocho decímetros cuadrados (264,48 m2), indicando que el demandado es propietario del cinco punto cero diecinueve por ciento (5,019%) de los derechos pro-indivisos sobre el inmueble constituido por un (01) lote de terreno que ha sido identificado como subsector B1-2 en el “Documento de Usos y Condiciones de Desarrollo del Completo Turístico Tamanaco” sobre el cual se construyeron unas bienhechurías constituidas por un edificio denominado Edificio La Ceiba (Tamanaco Suite Etapa II Torres A y B); y en este sentido, de una apreciación in limine, salvo prueba en contrario y a los solos efectos de la presente medida, el fumus boni iuris, se desprende que la parte demandante fundamenta la presunción del buen derecho en las copias que consignara al presente expediente, de las cuales fundamenta se generaron sus honorarios profesionales, documentales y alegatos de los cuales se emerge, al menos en apariencia, la presunción del buen derecho que tiene la parte actora para solicitar la medida de prohibición de enajenar y gravar sobre el inmueble antes descrito - sin que tal consideración pueda entenderse como una aceptación de la acción propuesta ni mucho menos como adelantar opinión sobre el fondo de lo controvertido-, por lo que se encuentra así satisfecho el primero de los requisitos. Así se decide.
En cuanto al periculum in mora cabe advertir que, nos encontramos en presencia de una demanda de estimación e intimación de honorarios profesionales, por lo que pudiesen existir retardos de la actividad jurisdiccional que ocasionen un posible perjuicio, lo cual deber ser apreciado por el jurisdicente, pues la sola demora del pronunciamiento sobre la pretensión constituye en sí mismo un hecho notorio y constante que no amerita prueba, de donde debe deducirse el peligro de infructuosidad de ese derecho, en virtud del posible retardo de la actividad jurisdiccional, y también de los hechos que pudieran resultar atribuibles a la parte demandada, por lo que se encuentra satisfecho el segundo de los requisitos para el decreto de la medida solicitada. Así se decide.
Por tales motivos, como quiera que no es discrecional del Juez el otorgamiento de las medidas cautelares que contemplan los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, sino que, al verificarse el cumplimiento de los extremos por ellos exigidos, debe procederse al decreto, salvo que se trate de medidas ilegales, por lo que, en consecuencia, este Tribunal declarara procedente la solicitud de medida de prohibición de enajenar y gravar, tal como se declarara de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo de este fallo. Así finalmente se decide.

Capítulo IV
DECISIÓN
En mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, este Tribunal Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara:
Primero: PROCEDENTE la solicitud de tutela cautelar efectuada por la parte demandante NELSON RAMÍREZ TORRES, actuando en su propio nombre y como apoderado de la sociedad mercantil COMPAÑÍA ANÓNIMA LEVECA, S.A. (LEVECA), en el juicio de estimación e intimación de honorarios profesionales que incoara en contra del ciudadano OMAR MARAMBIO CORTES, ambos identificados al inicio del presente fallo, en consecuencia, se decreta MEDIDA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR sobre el siguiente bien inmueble:
 El cinco punto cero diecinueve por ciento (5,019%) de los derechos pro-indivisos sobre el inmueble constituido por un (01) lote de terreno que ha sido identificado como subsector B1-2 en el “Documento de Usos y Condiciones de Desarrollo del Completo Turístico Tamanaco” sobre el cual se construyeron unas bienhechurías constituidas por un edificio denominado Edificio La Ceiba (Tamanaco Suite Etapa II Torres A y B), en el cual se le adjudico en propiedad al demandado un (01) apartamento suite, identificado con el No. PH2 A, ubicado en el piso PH, planta que tiene un área cubierta aproximada de doscientos sesenta y cuatro metros cuadrados con cuarenta y ocho decímetros cuadrados (264,48 m2), el cual se encuentra alinderado de la siguiente manera: por el Norte con fachada Norte de la Torre A y escalera principal, por el Sur, con fachada Sur de la Torre A, por el este fachada este de la Torre A y oeste hall de servicio, escalera principal y apartamento suite PH1 A. Dicho inmueble pertenece al ciudadano OMAR ANTONIO MARAMBIO CORTES, según consta de documento protocolizado por ante el Registro Público del Primer Circuito del Municipio Baruta del estado Miranda, en fecha 23 de junio de 2011, bajo el No. 2011.6943, Asiento Registral 1 del inmueble matriculado con el No. 241.13.16.1.7673, y correspondiente al libro de folio real del año 2011.
Segundo: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 600 de la Ley Adjetiva Civil, particípese lo conducente al Registrador correspondiente, para lo cual se designa como correo especial al Abogado Juan José Niño Silverio, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 113.995.
Tercero: Déjese copia certificada de la presente decisión, para darle cumplimiento a lo establecido en el artículo 248 Código de Procedimiento Civil
PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Octavo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de 2023. Años 213º de la Independencia y 164º de la Federación.
EL JUEZ,

Dr. JULIAN TORREALBA GONZALEZ

LA SECRETARIA

VANESSA PEDAUGA
En esta misma fecha, siendo las dos de la tarde (02:00 p.m.) se registró y público la anterior sentencia.
LA SECRETARIA

VANESSA PEDAUGA

JT/vp.
Asunto: AP11-V-FALLAS-2023-001083.