TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
JUZGADO OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS.
Caracas, 16 de diciembre de 2024
214º y 165º

ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2024-001290.
Parte Actora: OSWALDO JOSE CONFORTTI DI GIACOMO, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad No. V-4.170.625, e inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 20.424, quien actúa en su propio nombre y representación.
Parte Demandada: ROSA ADELAIDA PEÑA PARADAS, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad No. V-4.265.454.
Apoderados Judiciales: No constituido en autos.
Motivo: ESTIMACIÓN E INTIMACIÓN DE HONORARIOS PROFESIONALES (Tutela Cautelar)
Sentencia: Interlocutoria.
Capítulo I
ANTECEDENTES
Se inició el presente juicio mediante escrito libelar presentado ante este Tribunal -previa distribución de causas- contentivo de la demanda de Estimación e Intimación de Honorarios Profesionales, incoado por el ciudadano OSWALDO JOSE CONFORTTI DI GIACOMO, en contra de la ciudadana ROSA ADELAIDA PEÑA PARADAS, ambos plenamente identificados en el encabezado del presente fallo.
Mediante auto de fecha 20 de noviembre de 2024, se admitió la demanda ordenándose el emplazamiento de los demandados.
En fecha 2 de diciembre de 2024, compareció la parte actora y mediante diligencia consignó los fotostatos necesarios para librar las compulsas de citación a los demandados y la apertura del cuaderno de medidas.
En fecha 02 de diciembre de 2024, la parte actora confirió poder Apud Acta a los Abogados Carlos Ramón Martiní Meza, Pedro Enrique Aguerrevere de Marchena y Gervis Alexis Torrealba, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 49.428, 18.963 y 25.910, respectivamente.
Por auto de fecha 03 de diciembre de 2024, se ordenó librar la compulsa de citación a la parte demandada, asimismo, se ordenó la apertura del cuaderno de medidas.
Mediante diligencia de fecha 12 de diciembre de 2024, la parte actora consignó los emolumentos del alguacil a los fines de que practique la intimación de la parte demandada.
Ahora bien, encontrándose la presente causa en estado de emitir pronunciamiento con respecto a la medida solicitada en el libelo de demanda, se procede a decidir en base a las consideraciones que serán explicadas infra.
Capítulo II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
El juez previo al decreto debe establecer si se han cumplido los extremos de acuerdo a la cautela solicitada, para lo cual deberá verificar que exista una presunción grave de un estado objetivo de peligro que haga aparecer como inminente la realización del daño derivado de la insatisfacción del derecho, no debiendo sólo apreciar la apariencia de certeza o credibilidad del derecho invocado, sino que debe determinar si de las argumentaciones y recaudos acompañados por el solicitante se deduce el peligro de infructuosidad de ese derecho, pues si bien la medida se encuentran vinculada al juicio principal, ésta debe aguardar -en razón de su instrumentalidad - la decisión sobre el juicio final, en virtud de lo cual, el juez se ve impedido de extender su pronunciamiento en una incidencia cautelar sobre el thema decidendum en el juicio principal, puesto que sostener lo contrario, significaría atentar contra la naturaleza esencialmente cautelar y no sustitutiva de tales medidas.
Sobre este particular se pronunció la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del 29 de abril de 2008, caso: INVERSIONES LA ECONÓMICA C.A., y CONSTRUCTURA 325 C.A., contra las empresas DEL SUR BANCO UNIVERSAL C.A., WESTCHESTER INTERNATIONAL LIMITED y TERRENO NAVARRETE C.A., sentando al efecto el siguiente criterio:
“…En la esfera de las medidas cautelares, para decretar o no su procedencia, corresponde al juez verificar los extremos que la ley exige…Ahora bien, esa exigencia no puede llevarse hasta el extremo de que el material (alegaciones, pruebas) que el juez debe tomar en consideración para otorgar la medida, tenga que ser el mismo que se requiere para resolver sobre el juicio principal, y en consecuencia, deba ser tratado del mismo modo como se exige para el procedimiento principal. De ser así, no sólo se le estaría obligando al sentenciador a juzgar sobre el fondo de la controversia -aspecto que no es atinente a las medidas cautelares, sino que también se desnaturalizaría la función que tiene encomendada la cautelar, esto es, superar la demora que implica el proceso principal y el riesgo de que el demandado adopte conductas que dificulten la efectividad de la sentencia…”.
Ahora bien, las medidas cautelares tienen como objetivo evitar un daño en la esfera patrimonial o personal de los litigantes y nadie más que la parte afectada por la lesión para la indicación y demostración de los hechos que configuran su interés cautelar. Es por ello que, es el Juez de la causa el llamado a determinar la procedencia de la solicitud de medida en base a las razones de hecho y las pruebas promovidas por la parte solicitante de la protección cautelar, toda vez que los jueces están sometidos al principio dispositivo y de ninguna manera pueden actuar de oficio, salvo que se trate de orden público, moral y buenas costumbres, o de alguna disposición expresa de la ley, siendo una obligación para los jueces no permitir ni permitirse ellos mismos extralimitaciones de ninguna especie que coloquen a las partes en ventaja procesal con respecto a la otra, tratando de mantenerlas en igualdad de condiciones.
Planteado lo anterior, este sentenciador precisa que las medidas cautelares encuentran su fundamento en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, que prevé:
“Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama.”
Por su parte, el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, establece lo que sigue:
“En conformidad con el artículo 585 de este Código, el Tribunal puede decretar, en cualquier estado y grado de la causa, las siguientes medidas:
1° El embargo de bienes muebles;
2° El secuestro de bienes determinados
3° La prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles.
Podrá también el juez acordar cualesquiera disposiciones complementarias para asegurar la efectividad y resultado de la medida que hubiere decretado.
Parágrafo Primero: Además de las medidas preventivas anteriormente enumeradas, y con estricta sujeción a los requisitos previstos en el artículo 585, el Tribunal podrá acordar las providencias cautelares que considere adecuadas, cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra. En estos casos para evitar el daño, el Tribunal podrá autorizar o prohibir la ejecución de determinados actos, y adoptar las providencias que tengan por objeto hacer cesar la continuidad de la lesión…”

En atención a lo expuesto, pasa entonces quien aquí decide a verificar si se cumplieron los requisitos de procedencia, y en tal sentido se hace necesario acotar que, en la doctrina se ha denominado al periculum in mora, como el simple retardo del proceso judicial, puesto que existe la expectativa cierta de que pueda quedar ilusoria la ejecución del fallo, o que aun cuando ésta pueda verificarse, no obstante, el transcurso del tiempo impongan una carga o gravamen no susceptible de ser restituido por la definitiva. Así pues, este requisito apunta a determinar una serie de hechos objetivos, que como han señalado Redenti, Podetti y Leo Rosemberg, son “…por los cuales se produce, al menos, una presunción de la necesidad de la medida y para evitar que la futura ejecución del fallo quede ilusoria…”. Por tanto, no se trata del hecho de que los procesos tengan retardo sino de que aunado a ello, una de las partes puede sustraerse del cumplimiento del dispositivo sentencial.
En cuanto a la apariencia del buen derecho, conocida en la doctrina como fumus boni iuris, se trata como decía Piero Calamandrei de un cálculo de probabilidades que el solicitante de la medida será, en definitiva, el sujeto del juicio de verdad plasmado en la sentencia; la apariencia de buen derecho es un juicio preliminar, que no toca el fondo, por el cual quien se presenta como titular del derecho tiene apariencias de que efectivamente lo es. No obstante a ello, en ocasiones es innecesaria la demostración de este requisito por ser común a todas las personas, verbigracia, el derecho a la defensa, el honor, reputación, etc., pero en otras ocasiones debe demostrarse prima facie que se es arrendador o arrendatario, propietario, comprador, entre otros.
En el caso sub examine, se observa que el demandante solicitó el decreto de la medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar sobre un inmueble constituido por una parcela de terreno, donde se encuentra construido dos galpones adecuados para terminal de pasajeros, el cual tiene una superficie de TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE METROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMETROS CUADRADOS (3.659,64 Mts2), cuyos linderos son los siguientes: Norte: Calle Sucre, antigua Calle Uruguay, Sur: Con la autopista de Caricuao, Este: Con la quebrada la Quebradita, y Oeste: Terrenos del Metro de Caracas. Cuyo documento de propiedad esta Protocolizado ante la Oficina Subalterna del Tercer Circuito de Registro del Departamento Libertador (hoy Distrito Capital), en fecha 25 de noviembre de 1975, bajo el No. 14, Folio 32 vuelto, Protocolo Primero, Tomo 7 adc; y en este sentido, de una apreciación in limine, salvo prueba en contrario y a los solos efectos de la presente medida, se desprende de los documentos acompañados por la parte actora junto a su libelo de demanda, específicamente del poder otorgado por la ciudadana ROSA ADELAIDA PEÑA PARADAS, plenamente identificada en autos, a los Abogados Oswaldo José Confortti Di Giacomo, Odalys Anahir López Giménez y Luis Farías Altuve, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 20.424, 69.569 y 20.048, respectivamente, en fecha 04 de septiembre de 2018, ante el Notario Público del estado de Florida de los Estados Unidos de América, debidamente apostillado en esa misma fecha, bajo el No. 2018-104582; así como las actuaciones cursantes ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Función de Ejecución del Circuito Judicial con Competencia en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, donde se evidencia la representación del Abogado Oswaldo José Confortti Di Giacomo, a la ciudadana ROSA ADELEIDA PEÑA PARADAS, cuyo pago de los honorarios profesionales pretende el hoy accionante con la interposición de la presente demanda, de los cuales emergen en apariencia la presunción del buen derecho que tiene el demandante para solicitar la medida de prohibición de enajenar y gravar sobre el inmueble perteneciente a la demandada - sin que tal consideración pueda entenderse como una aceptación de la acción propuesta ni mucho menos como adelantar opinión sobre el fondo de lo controvertido-, por lo que se encuentra así satisfecho el primero de los requisitos. Así se decide.
En cuanto al periculum in mora cabe advertir que, nos encontramos en presencia de un juicio de Estimación e Intimación de Honorarios Profesionales, en el cual pudiesen existir retardos de la actividad jurisdiccional que ocasionen un posible perjuicio, lo cual deber ser apreciado por el jurisdicente, pues la sola demora del pronunciamiento sobre la pretensión constituye en sí mismo un hecho notorio y constante que no amerita prueba, de donde debe deducirse el peligro de infructuosidad de ese derecho, en virtud del posible retardo de la actividad jurisdiccional, y también de los hechos que pudieran resultar atribuibles a la parte demandada en disponer del inmueble, por lo que se encuentra satisfecho el segundo de los requisitos para el decreto de la medida solicitada. Así se decide.
Por tales motivos, como quiera que no es discrecional del Juez el otorgamiento de las medidas cautelares que contemplan los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, sino que, al verificarse el cumplimiento de los extremos por ellos exigidos, debe procederse al decreto, salvo que se trate de medidas ilegales, por lo que, en consecuencia, este Tribunal declarara procedente la solicitud de medida de prohibición de enajenar y gravar, tal como se declarara de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo de este fallo. Así se decide.
Capítulo III
DECISIÓN
En mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, este Tribunal Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara:
Primero: PROCEDENTE la solicitud de tutela cautelar efectuada por el ciudadano OSWALDO JOSÉ CONFORTTI DI GIACOMO, en el juicio que por Estimación e Intimación de Honorarios Profesionales, incoara en contra de la ciudadana ROSA ADELAIDA PEÑA PARADAS, ambos identificados al inicio del presente fallo, en consecuencia, se decreta MEDIDA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR sobre el siguiente bien inmueble:
 1) Una parcela de terreno, donde se encuentra construido dos galpones adecuados para terminal de pasajeros, el cual tiene una superficie de TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE METROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMETROS CUADRADOS (3.659,64 Mts2), cuyos linderos son los siguientes: Norte: Calle Sucre, antigua Calle Uruguay, Sur: Con la autopista de Caricuao, Este: Con la quebrada la Quebradita, y Oeste: Terrenos del Metro de Caracas. Cuyo documento de propiedad esta Protocolizado ante la Oficina Subalterna del Tercer Circuito de Registro del Departamento Libertador (hoy Distrito Capital), en fecha 25 de noviembre de 1975, bajo el No. 14, Folio 32 vuelto, Protocolo Primero, Tomo 7 adc.
Segundo: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 600 de la Ley Adjetiva Civil, particípese lo conducente al Registrador correspondiente.
Tercero: Déjese copia certificada de la presente decisión, para darle cumplimiento a lo establecido en el artículo 248 Código de Procedimiento Civil
PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Octavo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los dieciséis (16) días del mes de diciembre de 2024. Años 214º de la Independencia y 165º de la Federación.
EL JUEZ

Dr. JULIAN TORREALBA GONZALEZ
LA SECRETARIA

VANESSA PEDAUGA
En esta misma fecha siendo las nueve de la mañana (09:00 a.m.) se registró y público la anterior sentencia.
LA SECRETARIA,

VANESSA PEDAUGA