En fecha catorce (14) de diciembre de 2000, el Tribunal Distribuidor Superior Primero de lo Contencioso Tributario del Área Metropolitana de Caracas, le asignó conocer a este Juzgado Superior conocer del Recurso Contencioso Tributario, interpuesto por los ciudadanos RONALD COLMAN V., EDGAR COLMAN V., y JESUS ALBERTO DIAZ PEÑA, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-6.897.351, V-9.968.166, y V-11.410.357, e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo los Nros. 37.594, 44.426 y 70.823, actuando como apoderados judiciales de la contribuyente “H.L. INGENIEROS, S.A.”, inscrita por ante el Registro Mercantil IV de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (hoy Distrito Capital) y Estado Miranda, el 28 de abril de 1999, bajo el N° 19, Tomo 17-A-Cto; contra el acto administrativo de contenido tributario denominado Resolución N° 10-2000, de fecha 11 de octubre del 2000 emanada por el Síndico Procurador Municipal del Municipio Zamora del Estado Falcón.
En fecha 15 de diciembre del 2000, se da ENTRADA (folio 148 Pieza 1), en consecuencia, se ordenó librar las boletas de notificación al Contralor General de la República, al Síndico Procurador Municipal del Municipio Zamora del Estado Falcón y al Alcalde del Municipio Zamora del Estado Falcón, por lo que se fijó que el décimo (10°) día de despacho, siguiente a la consignación de la última de las boletas de las notificaciones acordadas, el Tribunal dictará la decisión prevista en el artículo 192 del Código Orgánico Tributario vigente a la fecha, respecto a la ADMISIÓN O NO del citado recurso y su posterior sustanciación. Igualmente, a tenor de lo dispuesto en el artículo 191 ejusdem, se ordenó librar oficio al Alcalde del Municipio Zamora del Estado Falcón, a los fines de que remita a este Órgano Jurisdiccional el correspondiente expediente Administrativo. Las notificaciones y el oficio bajo el N° 3.238, fueron practicadas e incorporadas al asunto tal y como consta en los folios del 150 al 153. (Pieza 1).
De igual forma, en fecha 02 de marzo del 2001, este tribunal Admitió en cuanto ha lugar en derecho el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por la recurrente y ordeno proceder a la tramitación y sustanciación del mismo, de conformidad en lo establecido en los artículos 193 y siguientes del Código Orgánico Tributario vigente para la fecha, como se evidencia en el folio 180, por lo cual, en fecha 29 de marzo del 2001, se dictó auto en el cual la causa quedó abierta a pruebas, según lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Código Orgánico Tributario vigente para la fecha, (folio 183 pieza 1).-
En fecha 10 de abril de 2001, la Síndico Procurador Municipal del Municipio Zamora del Estado Falcón, presentó su Escrito de Promoción de Pruebas; Igualmente, en fecha 18 de abril de 2001, la representación de la contribuyente, presentó Escrito de Promoción de Pruebas, los cuales fueron agregados a los rieles del expediente, mediante auto de fecha 20 de abril de 2001.
En fecha 27 de abril de 2001, fueron admitidas las pruebas presentada por la representación de la recurrente, a saber: CAPITULO I (MÉRITO FAVORABLE); CAPITULO II (INSTRUMENTALES); CAPITULO III (INSPECCIÓN JUDICIAL), se ordenó Librar Comisión al Juzgado Primero del Municipio Iribarren del Estado Lara; CAPITULO IV (PRUEBA DE TESTIGOS) y CAPITULO V (PRUEBA DE INFORMES), Cementos Caribe, C.A. y Galvanizadora Nacional, C.A. (folios 317 y 318 pieza 1); en esta misma fecha, fueron admitidas las pruebas presentadas por le Sindicatura del Municipio Zamora del Estado Falcón, a saber: CAPITULOS I Y II (DOCUMENTALES). (folio 319 pieza 1).
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Iniciado y culminado todo el proceso Judicial del Recurso Contencioso Tributario, en fecha 11 de marzo del 2002, tuvo lugar la presentación de informes por ambas partes y en fecha 22 de abril del 2002, presento escrito de Observaciones a los Informes, por parte de la recurrente, vencido el plazo para las observaciones a los informes, quedo la presente causa en la oportunidad procesal para dictar sentencia. (folios del 391 al 636 pieza 2).
En lo sucesivo y de la revisión de actas procesarles que conforman el presente expediente; se denota que la última vez que los Apoderados Judiciales de la Contribuyente suficientemente identificada, impulsaron la causa fue en fecha 22 de abril del 2002, con el fin de presentar escrito de observaciones a los informes.
Finalmente, el 02 de mayo de 2024, se abocó al conocimiento de la presente causa, el Abg. JOSÉ ANDRÉS FAJARDO PÉREZ, en su carácter de Juez Provisorio; designado por la comisión Judicial en reunión de fecha 16/08/2022 y Juramentado en la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 18/08/2022 (folio 637 pieza 2). –
Al respecto, en fecha 08 de mayo de 2024, este Tribunal mediante auto ordenó librar CARTEL DE NOTIFICACIÓN, dirigido a la parte recurrente de conformidad con lo establecido en el Articulo 174 del Código de Procedimiento Civil, el cual, en esta misma fecha, el Secretario dejó constancia de dicha fijación en la Cartelera de este Tribunal, otorgándosele un plazo de diez (10) días de despacho, con el objeto de que manifieste el interés procesal en que se dicte sentencia en la presente causa. (folio 638 al 640 pieza 2). -
I
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
Correspondería a este Tribunal Superior pronunciarse sobre el Recurso Contencioso Tributario ejercido en contra del Acto Administrativo anteriormente identificado.
Ahora bien, de la lectura efectuada a las actas procesales que conforman el presente expediente, este Juzgador observa que, ha transcurrido veintidós (22) años, desde la última actuación efectuada por la representación judicial de la contribuyente, es decir, desde el 22 de abril de 2002, no ha realizado ninguna actuación, ni siquiera ha manifestado interés en que se dicte Sentencia Definitiva.
Al respecto, antes de entrar a decidir, sobre el caso que nos ocupa conviene hacer alusión al criterio fijado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia N°1153 de fecha 08 de junio de 2006, en la cual esta Sala estableció que: “…el interés no sólo es esencial para la interposición de una demanda, sino que debe permanecer a lo largo de todo proceso, por lo que resulta inútil y gravosa la continuación de un juicio en el que no exista interesado…” Resaltado de este Tribunal. En el mismo orden de ideas, acota la referida sentencia que: “…Ante esa situación, se hace imprescindible requerir a la parte recurrente que manifieste su interés en la continuación del proceso…”. Por consiguiente:
(Omisiss)
“…el tribunal no puede presumir la pérdida del interés procesal– omissis - pero sí puede suponer, salvo prueba en contrario, que haya desaparecido el interés procesal cuando no hay constancia en el expediente de la comparecencia de las partes…”
Dentro del contexto de la jurisprudencia antes mencionada, se infiere claramente del extracto tomado como referencia, que el recurrente debe manifestar su interés de continuar durante el proceso de la demanda, accionando en cada etapa que corresponda, ya que el juzgador no puede suponer que la causa a perimido o el recurrente a perdido el interés procesal. (Véase también sentencias: Sala Constitucional Nº 04294 de fecha 12 de diciembre de 2005; 1.153 del 8 de junio de 2006 y 1.097 del 5 de junio de 2007 y fallo de la Sala Político-Administrativa Nº 180 del 7 de marzo de 2012).
En este orden de ideas, resulta necesario traer a colación la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia número 00416 del 28 de abril de 2009 en la que se estableció la diferencia entre pérdida de interés procesal y la perención, así como la oportunidad en que deben dictarse en su respecto. En tal sentido, señala en su texto que la pérdida de interés puede ser declarada por el órgano jurisdiccional en dos momentos: 1) cuando la inactividad procesal se produce antes de la admisión; 2) o después de que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia se produce cuando la paralización se verifique después de la admisión hasta oportunidad en que se dice “vistos” (Vid., decisión de esta Sala Nº 00170 del 4 de marzo de 2015).
Aunado a lo anterior, es imperativo destacar la reciente sentencia dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia Nº 572, de fecha 27 de junio de 2023, la cual modificó la interpretación que se ha venido realizando respecto a la notificación que debe efectuarse para que las partes manifiesten interés en obtener respuesta por parte del sentenciador sobre la causa. Del dispositivo normativo citado, se desprende que mediante el prudente arbitrio del Juez, aplicando cualquier mecanismo de notificación establecidos en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil concatenado con el artículo 93 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, éste puede declarar de oficio la falta de interés en la causa, debido a que no existe razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si una vez transcurrido un (1) año o más, el impulso procesal no es manifiestamente demostrado por la parte accionante.
Bajo estas consideraciones y de acuerdo a lo contenido en el citado fallo, alusivo a la base jurídica señalada, se extrae textualmente que la notificación podrá realizarse: “…por notificación personal en la dirección o domicilio del accionante, o bien mediante una boleta publicada en la cartelera de esta Sala o del Órgano Jurisdiccional que se trate, así como en el portal electrónico de este Tribunal Supremo de Justicia, sin que sea necesario previamente la notificación personal o que se ejecuten varios mecanismos de manera simultánea y sucesiva (Subrayado del Tribunal) a los efectos de la consecución de dicha notificación. Así mismo, se deja constancia que el lapso para solicitar el referido impulso procesal será de (1) año o más de inactividad de la parte accionante en el juicio, tiempo que el Juez deberá ponderar atendiendo a las particularidades de cada caso…”
A tal efecto, es preciso indicar, que en fecha 08 de mayo de 2024, este Tribunal, mediante auto ordeno librar CARTEL DE NOTIFICACIÓN, dirigido a la parte recurrente de conformidad con lo establecido en el Articulo 174 del Código de Procedimiento Civil, el cual, en esta misma fecha, el Secretario dejó constancia de dicha fijación en la Cartelera de este Tribunal, otorgándosele un plazo de diez (10) días de despacho, con el objeto de que manifieste el interés procesal en que se dicte sentencia en la presente causa, por lo que la recurrente no compareció en el lapso anteriormente establecido, con el objeto de manifestar dicho interés.
En el caso concreto y luego de la revisión exhaustiva de las actas procesales que conforman el presente expediente, este Juzgador observa que, han transcurrido más de veintidós (22) años, desde la última actuación efectuada por la representación judicial de la contribuyente, es decir, desde el 22 de abril del 2002, no ha realizado ninguna actuación, ni siquiera ha manifestado interés en que se dicte Sentencia Definitiva. Razón por la cual, este Tribunal Superior considera que el caso bajo análisis de estudio se verifico la inactividad procesal, en consecuencia, se declara EXTINGUIDO EL RECURSO POR PERDIDA DE INTERÉS PROCESAL. Así se decide.
II
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas, este Tribunal Superior Tercero de lo Contencioso Tributario, administrando justicia, en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara la EXTINCIÓN POR DECAIMIENTO DEL INTERÉS PROCESAL del Recurso Contencioso Tributario interpuesto por los abogados RONALD COLMAN V., EDGAR COLMAN V. y JESÚS ALBERTO DÍAZ PEÑA, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad Nros. V- 6.897.351, V-9.968.166 y V-11.410.357 e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo los Nros. 37594, 44.426 y 70.823, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la contribuyente “H.L. INGENIEROS, S.A.”, en contra del Acto Administrativo identificado.
Publíquese, Regístrese y Notifíquese. Cúmplase lo ordenado.
En este sentido, se ordena notificar de la presente decisión al Síndico Procurador Municipal del Municipio Zamora del Estado Falcón, remitiendo copia certificada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 155 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Así como al Alcalde del Municipio Zamora del Estado Falcón, al Fiscal General de la República, Contralor General de la República, según lo establecido en el artículo 304 del Código Orgánico Tributario en el segundo aparte del Parágrafo Primero y Parágrafo Segundo; y a la contribuyente “H.L. INGENIEROS, S.A.”, mediante cartel, según lo establecido en el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil. Líbrense Boletas y Cartel de Notificación.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Tercero de lo Contencioso Tributario, en la ciudad de Caracas, a los treinta y un (31) días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro (2024). Año 214° de la Independencia y 165° de la Federación.
EL JUEZ.
JOSÉ ANDRÉS FAJARDO PÉREZ
EL SECRETARIO,
OSCAR ARMANDO DELGADO M.
JAFP/OAD/dp
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