TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Tercero (3º) Superior Laboral del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, jueves siete (07º) de agosto dos mil veinticinco (2025)
215º y 165º

ASUNTO: AP21-R-2025-000285
Asunto Principal Nº AP21-L-2024-001302

PARTE ACTORA: NORELIS KATHERINE HERNÁNDEZ MARTÍNEZ y HÉCTOR LOZANO APARICIO, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nros. V-20.026.757 y 10.808.220, respectivamente.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: YAKEISY ODALIN SANTOS ANATO, Abogada en ejercicio, de este domicilio e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 226.901.

PARTE DEMANDADA: KIMYOPLAS, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 26 de junio de 1981, quedando anotada bajo el número 22, Tomo 49-A-PRO, cuya última modificación fue debidamente registrada en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 09 de agosto de 2001, quedando anotada bajo el número 95, Tomo 573-A-Qto.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: OSWALDO JOSÉ GARCÍA MATAMOROS y ANA BEATRIZ NAVARRO, Abogados en ejercicio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo los N°. 68.027 y 91.619, respectivamente.

SENTENCIA: Interlocutoria con Fuerza de Definitiva

I.- Vista la diligencia de fecha cuatro (04) de agosto de 2025, suscrita por el abogado OSWALDO GARCÍA, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el No. 68.027, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada, mediante la cual expone: “…DESISTO de la APELACIÓN ejercida contra el auto dictado por el juzgado Décimo Tercero (13°) de Juicio Laboral de esta Circunscripción Judicial fecha 06 de junio de 2025 mediante el cual NEGÓ la prueba de informes dirigida al Banco de Venezuela…”. Al respecto, este Tribunal considera oportuno realizar las siguientes consideraciones:

1.- Visto que en fecha 02 de julio de 2025, fue distribuida a este Juzgado, las presentes actuaciones en consideración del recurso de apelación interpuesto por el abogado OSWALDO GARCÍA, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el N° 68.027, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada, contra la decisión dictada en fecha 05 de junio de 2025, por el Juzgado Décimo Tercero (13°) de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

2.- Por auto de fecha 07 de julio de 2025, este Tribunal da por recibido el presente expediente conforme a lo establecido en el artículo 76 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se fija para la celebración de la audiencia oral y pública para el día viernes ocho (8) de agosto de dos mil veinticinco (2025) a las 11:00 AM.

3.- En tal sentido procede este Tribunal a pronunciarse sobre la diligencia presentada en fecha cuatro (4) de agosto de 2025, suscrita por el abogado OSWALDO GARCÍA, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el No. 68.027, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada, mediante la cual expone:

“…DESISTO de la APELACIÓN ejercida contra el auto dictado por el Juzgado Décimo Tercero (13°) de Juicio Laboral de esta Circunscripción Judicial en fecha 6 de junio de 2025 mediante la cual NEGÓ la prueba de informes dirigida al Banco de Venezuela, solicitada por esta representación en nuestro escrito de promoción de pruebas…”.

Por su parte, la Doctrina ha señalado que desistir, es la declaración de la voluntad de terminar o renunciar a la demanda, y a la pretensión, según sea el caso. El desistimiento es definido como el acto por el cual el actor retira la demanda, es decir, abandona la petición de otorgamiento de tutela jurídica, lo cual conlleva, sin mediar aceptación del demandado, a la extinción de la relación procesal por falta de impulso y la omisión de la consiguiente sentencia de fondo. Asimismo, ha indicado, que el desistimiento puede efectuarse en cualquier estado y grado de la causa, hasta tanto no se haya proferido sentencia firme o haya culminado el juicio por cualquier otro medio que tenga fuerza de tal. Su fundamento radica en el principio dispositivo del proceso civil, que impide la iniciación y continuación de un proceso sin instancia de parte, ya que el Estado no tiene en el proceso un interés superior a la suma de los intereses individuales que están en juego.

Con base en lo anterior, se puede concluir que el desistimiento depende directamente de la voluntad de la parte que lo exprese, constituyendo un acto jurídico unilateral de renuncia de la solicitud de tutela jurídica que ha planteado ante los órganos jurisdiccionales, el cual puede estar seguido con la aceptación de la otra parte, y que adquiere valor de cosa juzgada, posterior a su homologación. Ahora bien, considera necesario esta Alzada señalar que, el Código de Procedimiento Civil establece una serie de requisitos que deben cumplirse dentro del procedimiento, dependiendo de la etapa procesal en que haya ocurrido la manifestación, para que sea considerado como válido el desistimiento. A este respecto debemos señalar que, en nuestra legislación, existen dos tipos de desistimiento, cuyos efectos son distintos, a saber:

a) El desistimiento de la acción: el cual tiene sobre la acción, efectos preclusivos, y deja canceladas las pretensiones de las partes con autoridad de cosa juzgada, en forma tal que el asunto debatido ya no podrá plantearse en el futuro nuevamente; y

b) El desistimiento del procedimiento: en el cual sólo se hace uso de la facultad procesal de retirar la demanda, sin que tal actitud implique la renuncia de la acción ejercida. De tal forma, esa acción puede volver a ser intentada posteriormente, entre las mismas personas y por los mismos motivos, sin que pueda objetarse en contra de ellas la consolidación de la cosa juzgada. Es decir, cuando se habla de desistimiento de la “acción” propiamente, nos estamos refiriendo al desistimiento de la “pretensión”, mientras que cuando se habla de desistimiento del “procedimiento”, propiamente, estamos refiriéndonos al desistimiento de la “instancia

No obstante lo anterior, en virtud del Principio de Irrenunciabilidad de los Derechos Laborales, consagrado en el numeral 2 del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en los artículos 3 de la Ley Orgánica del Trabajo y 9 de su Reglamento, sólo se puede desistir del procedimiento, es decir, el trabajador sólo puede desistir del procedimiento mediante el cual reclama los derechos que pretende; pero en lo que respecta al desistimiento de la acción, el mismo resulta inadmisible, por ser la acción un derecho abstracto y de orden público de acudir a los órganos jurisdiccionales y obtener oportuna respuesta ante las pretensiones y solicitudes que se efectúen, sin importar o no su procedencia. En consecuencia, de conformidad con lo señalado en el mencionado numeral 2 del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, será nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de los derechos laborales. ASÍ SE ESTABLECE.

Precisado lo anterior, visto como ha sido el desistimiento planteado en el presente procedimiento por la representación judicial de la parte demandada recurrente, este Juzgado Tercero Superior del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, de una revisión exhaustiva realizada a las actas procesales que conforman el presente asunto, observa que el abogado OSWALDO GARCÍA, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el No. 68.027, TIENE FACULTAD EXPRESA PARA DESISTIR DEL PRESENTE RECURSO DE APELACION, motivo por el cual quien decide HOMOLOGA EL DESISTIMIENTO planteado por el referido abogado. ASI SE DECIDE

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE y DEJESE COPIA

Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En Caracas, a los siete (7) días del mes de agosto de dos mil veinticinco (2025).

ABG. ERADIS GENARA DÍAZ VELASQUEZ
LA JUEZ

SECRETARIA
ABG. GLENDYS SUÁREZ BARRETO

NOTA: En la misma fecha y previo el cumplimiento de las formalidades legales, se dictó, publicó y diarizó la anterior decisión.

SECRETARIA
ABG. GLENDYS SUÁREZ BARRETO