IV MOTIVACIONES PARA DECIDIR El decreto de una medida cautelar exige para su procedencia, previa una sustanciación sumaria, la existencia de una probabilidad que tiene el derecho reclamado de ser reconocido en la sentencia definitiva, lo que debe ser evaluado con base, en el presente supuesto, de los documentos acompañados. Por ello, se requiere una técnica de valoración que no generalice, porque tal situación colocaría a la parte afectada por la medida en estado de indefensión, ante la incertidumbre de cuál fue la prueba que sirvió de sustento a la presunción grave del derecho que se reclama. La característica esencial de las medidas cautelares es su instrumentalidad. Su definición ha de buscarse más que sobre la base de criterio ontológico, en un criterio teleológico: no en la cualidad -declarativa a ejecutiva de sus efectos, sino en el fin, que es la anticipación de los efectos de una providencia principal al que su eficacia está pre-ordenada. La característica esencial de las providencias cautelares es su instrumentalidad. Instrumentalidad en el sentido que ellas no son nunca fines en sí mismas ni pueden aspirar a convertirse en definitivas; instrumentalidad también en el sentido de ayuda y auxilio a la providencia principal. La providencia-instrumento interviene el asunto, a la espera que definitivamente lo intervenga la providencia subsecuente. Y por eso, el concepto denota dos elementos, precaución y anticipación, aun cuando ya el primero de ellos entraña la significación, del segundo. El concepto de instrumentalidad de Calamandrei puede definirse en esta frase: ayuda de precaución anticipada y provisional. La parte actora pretende con la demanda interpuesta el cobro de un préstamo de dinero efectuado a la parte demandada, préstamo que hizo mediante un (01) contrato, traído junto a la demanda como medio probatorio por el monto de Unidades de Valor de Crédito (UVC) 7.582.121, emitida por el Banco de Venezuela y firmada como recibido por las ciudadanas JULLIENY BITRIAGA RODRIGUEZ Y HEREIDA JOSEFINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, folios 13 al 21, ambos inclusive. Ahora bien, señala el artículo 644 del Código de Procedimiento Civil lo siguiente: “Son pruebas escritas suficientes a los fines indicados en el artículo anterior: los instrumentos públicos, los instrumentos privados, las cartas, misivas, admisibles según el Código Civil, las facturas aceptadas, las letras de cambio, pagarés, cheques y cualesquiera otros documentos negociables.” Igualmente establece el artículo 124 del Código de Comercio, y el cual trae a colación el accionante: “Artículo 124. Las obligaciones mercantiles y su liberación se prueban: Con documentos públicos Con documentos privados (…) Con cualquier otro medio de prueba admitido por la ley civil” Este Tribunal a los fines de decretar la medida solicitada hace necesario señalar lo establecido en el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil: “Si la demanda estuviere fundada en instrumento público, instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, facturas aceptadas o en letras de cambio, pagarés, cheques, y en cualquiera otros documentos negociables, el Juez, a solicitud del demandante, decretará embargo provisional de bienes muebles, prohibición de enajenar y gravar inmuebles o secuestro de bienes determinados. En los demás casos podrá exigir que el demandante afiance o compruebe solvencia suficiente para responder de las resultas de la medida. La ejecución de las medidas decretadas será urgente. Quedan a salvo los derechos de terceros sobre los bienes objeto de las medidas.” Y toda vez que en el expediente cursa el contrato de préstamo firmado por la parte demandada es por lo que se tienen llenos los extremos señalados en el artículo anteriormente transcrito. En base a lo anterior llega este Juzgado al convencimiento que la medida cautelar peticionada, a saber: Medida de prohibición de enajenar y gravar con quien pretende la accionante le sirva de garantía en la ejecución del cobro de bolívares, se encuentra sustentada en fundamento jurídico suficiente que hacen idóneo el obtener, a través de esta vía, la garantía que no quede ilusoria la ejecución del fallo, y por ello considera que se encuentran presentes los requisitos de procedencia para el decreto de la medida cautelar indicada y en tal sentido se ordena en la parte dispositiva de la presente decisión decretar la providencia cautelar mencionada. Por lo anteriormente expuesto este Tribunal, sin prejuzgar sobre el mérito de la controversia, DECRETA MEDIDA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR para practicarse sobre el siguiente bien inmueble: “Un inmueble constituido por tres locales comerciales, los cuales son de las siguientes características: paredes de bloque frisados, piso de granito, techo de platabanda y yeso, cada uno con baños internos, cuarto de depósito, con zona común de carga y descarga con puertas de escape, con instalaciones eléctricas internas, incluida red de alarma contra incendio, tubería empotrada de aguas blancas y aguas negras, con tres puertas de temple y vidrio de seguridad y tres puertas Santamaría. Que el referido inmueble se encuentra totalmente cercado con paredes de bloque de concreto y está ubicado en el sector “Guaicaipuro” Puerto Ayacucho estado Amazonas, enclavado dentro de un lote de terreno de propiedad municipal, constante de 1.275,66mts2, del cual ocupa la cantidad de 900 mts2 siendo sus linderos los siguientes: Norte: Zona rocosa; SUR: Calle; ESTE: Calle y OESTE: Casa de familia Cruz. Y le pertenece a la ciudadana HEREDIA JOSEFINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, identificada al inicio, según titulo supletorio Otorgado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Amazonas, en fecha 12 de mayo de 2008, debidamente inscrito ante el Registro Inmobiliario del Municipio Atures estado Amazonas, Puerto Ayacucho en fecha 07 de octubre de 2008, inscrito bajo el N° 23, folios 98 al 102 del protocolo Primero Principal y duplicado Tomo N° 1, cuarto trimestre del año 2008.”