III MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO PARA LA DECISION La parte accionante procede a intimar al ciudadano DEVIES JAVIER REINA CASTRO, en aras del cobro del préstamo dinerario con garantía efectuado a la accionada, en fecha 20 de junio de 2023, conjuntamente con los intereses vencidos, basándose (elemento fundamental de la demanda) en el contrato suscrito entre ambas partes, estableciendo en el mismo lo siguiente: “…Entre ALONSO JOSE MORENO JAUREGUI, titular de la cedula de identidad N V-17.555.471, de estado civil soltero, con domicilio, en la Avenida Intercomunal el Valle, calle 9 con Tercera Transversal casa N° 12, Parroquia el Valle, Municipio Bolivariano Libertador, Distrito Capital Caracas, y DEVIES JAVIER REINA CASTRO titular de la cedula de identidad N° V- 22.034.134, con domicilio en La Tercera Transversal los Carmenes, cruce con avenida los Carmenes casa s/n. piso 2, Parroquia Santa Rosalía Municipio Bolivariano Libertador, Distrito Capital Caracas, como punto de referencia se encuentra al lado de la casa un local donde funciona una ferretería cerrajería, se acordó en consentimiento entre las parte celebrar un contrato de préstamo de índole Solemne tal y como lo establece el Vigente Código Civil Venezolano en sus artículos 1133, 1140,1141,1155, 1159, у 1160, condiciones para realizar prestamos tanto en moneda nacional como las autorizadas por el Banco Central de Venezuela, es importante acotar que el mencionado contrato tiene formalidad jurídica, tomando en cuenta el entendimiento y la armonía que debe reinar entre las partes asociadas, adquiere responsabilidad legal, aun siendo autónomas las decisiones tomadas. No obstante es necesaria que la voluntad de contratar revista una forma particular. El acuerdo este Contrato es el siguiente: se ha convenido celebrar el presente Contrato, para una condición de Préstamo, según el contenido de las cláusulas que se determinan a continuación: PRIMERA: EL monto solicitado de este préstamo es la cantidad de Dos Mil Dólares (2000,00$), iniciando este contrato a partir del día 20/06/2023 culminando el día 20/09/2023, con una tasa de interés del 16% contados a partir de la fecha en que inicia el contrato. Ahora bien de conformidad con lo establecido en el Decreto Constituyente Derogatorio del Régimen Cambiario y sus ilícitos, Publicados en Gaceta Oficial N° 41.452, de fecha 02 de Agosto de 2018, a efectos legales y de manera referencial establecido por el Banco Central de Venezuela en sus respectivos boletines. SEGUNDA: El pago de interés debe realizarse los 5 primeros días de cada mes es decir posterior a la fecha acordada, el pago correspondiente equivale a la cantidad de trescientos veinte dólares (320,00$). TERCERA: Si el Beneficiario incumple en el pago de intereses en la fecha acordada de cada mes y analizando lo antes expuesto, este incurre en mora y la misma tendrá un incremento de un 5% más de interés, el cual deberá cancelar para la fecha 20/09/2023, donde culmina este prestigioso contrato en acuerdo entre las partes. CUARTA: Como garantía quedara sujeto unas máquinas industriales para la carpintería con las siguientes características: Sierra Circular (Ref. 38005). Sierra Cinta (Ref. 2800$), Escopio (Ref. 4000S) Trompo Industrial (Ref. 35005), Trozadora (Ref. 2500$). QUINTA: Las precitadas maquinarias se encuentran en buen estado de uso y mantenimiento y no podrán ser objeto de venta o alquiler hasta que culmine et presente contrato SEXTA: La mencionada maquinaria propiedad del ciudadano DEVIES JAVIER REINA CASTRO, tienen un Avaluó Real de dieciséis mil seiscientos dólares (16.600$) SEPTIMA: Ambas partes se someten expresamente a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales cuya competencia territorial establezcan las leyes, para cuantas cuestiones e incidentes se deriven del presente contrato OCTAVA: Se hacen dos (02) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Caracas a la fecha de su presentación…” (Fin de la cita, negritas y subrayado del Tribunal) De la anterior transcripción, se desprenden diversas contradicciones a los ordenamientos jurídicos vigentes, puesto que el accionante pretende el cobro de su acreencia, a saber Dos Mil Dólares Americanos ($2.000,00), y abonado a ello, los intereses vencidos a la tasa del 16%, conforme se evidencia de la CLÁUSULA PRIMERA. Igualmente, en la CLÁUSULA TERCERA se estableció una sanción aparte en caso de mora, la cual conllevaría al incremento del 5% de los intereses previamente establecidos. Sobre el punto de los intereses, este Despacho Judicial estima pertinente analizar las normas que los regulan, a saber, por una parte el artículo 1.746 del Código Civil, que preceptúa: “El interés es legal o convencional. El interés legal es del tres por ciento anual. El interés convencional no tiene más límites que los que fueren designados por Ley especial; salvo que, no limitándola la ley, exceda de una mitad al que se probare haber sido interés corriente al tiempo de la convención, caso en el cual será reducido por el Juez a dicho interés corriente si lo solicita el deudor. El interés convencional debe comprobarse por escrito cuando no es admisible la prueba de testigos para comprobar la obligación principal. El interés del dinero prestado con garantía hipotecaria no podrá exceder en ningún caso del uno por ciento mensual.” De la norma reproducida se evidencia claramente que cuando no se haya pactado expresamente la rata con la cual deberán calcularse los intereses en materia civil, ellos deberán establecerse al tres por ciento (3%) anual. En asuntos mercantiles el artículo 108 del Código de Comercio, señala: “Las deudas mercantiles de sumas de dinero líquidas y exigibles devengan de pleno derecho el interés corriente en el mercado, siempre que éste no exceda del doce por ciento anual”. La norma trascrita, al igual que la citada supra, establece, sin dejar lugar a dudas, que en casos de deudas comerciales y si no se pacta otro, deberá el Juez ordenar el pago del interés corriente en el mercado, tomando en cuenta que éste no supere la rata del doce por ciento (12%) anual. Ambas disposiciones prescriben la forma en que han de calcularse los intereses legales, pero cada una de ellas debe aplicarse según sea el carácter de la relación jurídica que da lugar a su pago, vale decir, tomando en consideración si ella es civil o mercantil. Ahora bien, siendo que en el contrato de fecha 20 de junio de 2023, las partes inmersas en la litis suscribieron una relación de naturaleza civil; por lo tanto, los intereses moratorios (conforme a la ley) debieron ser establecidos a la rata del tres por ciento (3%) anual. Sin embargo, y muy por el contrario, se acordaron intereses a la rata del dieciséis por ciento (16%), más un cinco por cierto (5%) en caso de mora, lo cual, a todas luces es ilegal al contrariar las normas anteriormente citadas. Por otro lado, se observa que en la CLÁUSULA CUARTA se establecieron como garantía del préstamo realizado, las siguientes maquinas industriales: “Sierra Circular/ Sierra Cinta/ Escopio/ Trompo Industrial/ Trozadora”; concatenándose con ello (en virtud de la naturaleza del bien dado en garantía) en los supuestos dispuestos en el artículo 21 de la Ley de Hipotecas Mobiliaria y Prenda Sin Desplazamiento de Posesión, que a tal efecto señala: “Sólo podrán ser objeto de hipoteca (…)4. La maquinaria industrial.” En ese mismo orden de ideas, la Ley de Hipotecas Mobiliaria y Prenda Sin Desplazamiento de Posesión, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Número 1.575 Extraordinario de fecha 4 de abril de 1973, en su Capítulo II, pernota las normas o reglas que rigen el procedimiento para la ejecución de la hipoteca mobiliaria, normas estas que son de orden público, como lo son todas las normas que regulan los procedimientos tanto ordinarios como especiales. Además, el artículo 70 de la referida Ley, en sus reglas Primera, Segunda, y Tercera establece: “el procedimiento desde su inicio para la ejecución de la hipoteca mobiliaria, con la introducción de la demanda, la cual deberá ser acompañada con el título o títulos donde el actor fundamente su derecho de crédito, y el documento donde conste la constitución de la garantía hipotecaria, adjuntando certificación registral justificativa de la inscripción y subsistencia del derecho de hipoteca, la cual tiene un lapso de caducidad de quince (15) días consecutivos anteriores a la presentación de la demanda, a contar de su expedición. Al admitirse la demanda, el Juez acordará la intimación del deudor, del hipotecante no deudor y del tercero poseedor según el caso, para que paguen dentro de los ocho (8) días siguientes a la notificación; esta intimación de pago se hará saber también mediante cartel que se publicará en un periódico de mayor circulación en la localidad sede del Tribunal y otro ejemplar se fijará en la cartelera del Tribunal, ordenándose en el mismo auto de admisión el secuestro del bien o bienes hipotecados y su entrega en depósito al acreedor o la persona que este señale. Transcurridos como fueren los ocho días desde la última de las notificaciones sin haberse realizado el pago, el Juez, a instancia del acreedor, del hipotecante o del tercero poseedor, ordenará la subasta de los bienes hipotecados, para lo cual debe publicarse el cartel del anuncio con ocho días de anticipación. Las reglas subsiguientes desde la CUARTA a la UNDÉCIMA ambas inclusive, contemplan lo referente al procedimiento de subasta.” De la lectura de las disposición transcritas, se infiere que las mismas consagran el procedimiento de ejecución de hipoteca mobiliaria, el cual se inicia por demanda acompañada con los documentos acreditativos del carácter con que se presente, el título o títulos que fundamenten su derecho de crédito, así como la certificación registral justificativa de la inscripción y subsistencia del derecho. Esta Juzgadora considerando que el procedimiento especial de ejecución de hipoteca mobiliaria anteriormente citada, desde su inicio para la ejecución de la hipoteca mobiliaria, prevé que con la introducción de la demanda, se deberá acompañar con el título o títulos donde el actor fundamente su derecho de crédito, y el documento donde conste la constitución de la garantía hipotecaria, adjuntando certificación registral justificativa de la inscripción y subsistencia del derecho de hipoteca, la cual tiene un lapso de caducidad de quince (15) días consecutivos anteriores a la presentación de la demanda, a contar de su expedición, es decir, que antes de admitirse la demanda, el Juez deberá observar las normas especiales que regula el procedimiento y con sujeción a las normas que regulan el caso particular procederá de conformidad. Ahora bien, se evidencia en el presente caso que la demanda se interpuso en fecha 10 de diciembre de 2024, adjuntándose como recaudo fundamental para la admisión de la demanda, el contrato en donde se constituyó la garantía, obviando la consignación de la certificación registral justificativa de la inscripción y subsistencia del derecho de hipoteca, siendo dicha documental uno de los requisitos fundamentales para la admisión de la demanda. Ello así, debe este Tribunal señalar que de acuerdo a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Posesión, es carga de la parte consignar la certificación de gravamen librada quince (15) días antes de la presentación de la demanda. En tal sentido y como quiera que no consta en la actas procesales del expediente que la parte actora haya dado cumplimiento a la norma especial transcrita, quien aquí suscribe debe concluir que la presente causa no cumple con lo establecido en el señalado artículo 70 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Posesión. Por tales motivos, y al evidenciarse de autos que la presente demanda se encuentra incursa en una causal de inadmisibilidad, al contrariar disposiciones expresas en la ley, en consecuencia, es forzoso para quien aquí decide declarar su INADMISIBILIDAD IN LIMINE LITIS la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil. Y así será establecido en la dispositiva del presente fallo.