TSJ Regiones - Decisión

I
NARRATIVA

Se inicia este proceso mediante ASUNTO AP41-U-2022-00222 de fecha dos (11) de agosto de 2022, el cual, se recibió un Recurso Jerárquico y subsidiario del Contencioso Tributario, proveniente de la Gerencia General de la Aduana Principal de la Guaira, del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), mediante la cual remitió el expediente, constante de setenta y cinco (75) folios útiles, interpuesto por las ciudadanas ROSEMARY THOMAS RIVAS y FRANCESCA GUISEPPINA RIGIO CUSATI, titulares de las cédulas de identidad N° V- 7.191.475 y V-19.820.761, e inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado, (INPREABOGADO) bajo los N° 21.177 y 237.511 respectivamente, actuando en su carácter de apoderadas Judiciales de la sociedad mercantil DHL GLOBAL FORWARDING VENEZUELA, CA, e inscrita en el Registro Mercantil Segundo del Distrito Capital del Estado Miranda, bajo el N°20 Tomo 63-A-2006 SDO de fecha 21/04/2006, expediente N° 40720, reformados sus estatutos sociales en varias oportunidades siendo la última de ellas en la mencionada oficina de Registro e inscrita en el Registro de Información Fiscal (RIF) N° J000693250, contra la Resolución N° SNAT/GGSJ/GR/DRAAT/2022-1061 de fecha 02 de agosto de 2022 notificada el 03 de agosto, emanada del Servicio nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), mediante la cual se impuso a la contribuyente MULTA por cincuenta (50) unidades Tributarias.

Mediante auto dictado en fecha 21 septiembre de 2022, este Tribunal le dio entrada al presente Recurso Jerárquico y subsidiario al Recurso Contencioso Tributario (folio 77 y 78 Única Pieza) mediante el cual, ordenó librar boleta de notificación a los ciudadanos Procurador General de la República, Fiscal General de la República y al Gerente General de Servicios Jurídicos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), así mismo a la contribuyente, que en el quinto (5º) día de despacho siguiente a la consignación de la última de las boletas de notificación acordadas, el tribunal dictará la decisión respecto a la admisión o no del recurso. A tenor de lo dispuesto en el artículo 291 del Código Orgánico Tributario, en el mismo auto fue ordenado requerir al ciudadano Gerente General de Servicios Jurídicos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) el correspondiente expediente administrativo.

En fecha 27 de septiembre de 2022, este Tribunal libró las boletas de notificación dirigidas a la empresa contribuyente, Fiscal General de la República y al Gerente Regional Capital del Servicios Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).

En fecha 14 de marzo de 2023, el ciudadano Alguacil, dejó constancia de haber practicado la notificación de la empresa recurrente, agregadas a los autos tal y como consta en los folios 82 y 83 Única Pieza.

En fecha 26 de octubre de 2023, vista la diligencia de fecha 19 de octubre de 2023, manifestando interés procesal y solicita se sirva a practicar las notificaciones. Este juzgado, INSTÓ a la representación de la recurrente para que en un lapso perentorio no mayor de QUINCE (15) días de despacho, suministre los medios y recursos necesarios para la práctica de dichas notificaciones.

En fecha 21 de noviembre de 2023, compareció a este Juzgado, la ciudadana FRANCESCA GIUSEPPINA RIGIO CUSATI, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° 19.820.761, abogada e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (IPSA) bajo el N° 3237.511, actuando en su condición de apoderada judicial de la sociedad mercantil DHL GLOBAL FORWARDING VENEZUELA, C.A., mediante la cual, a través de diligencia consignó los fotostatos necesarios, a los fines de impulsar la notificación dirigida a la Procuraduría General de la Republica.

En fecha 12 de diciembre de 2023, se libró boleta de notificación dirigida al PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA.

En fecha 16 de mayo de 2024, el ciudadano Alguacil, dejó constancia de haber practicado las notificaciones dirigidas al Procurador y Fiscal General de la Republica, agregadas a los autos tal y como consta en los folios 88 y 89 Única Pieza.

En fecha 21 de noviembre de 2024, compareció ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD), la ciudadana FRANCESCA RIGIO CUSATI, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° 19.820.761, abogada e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (IPSA) bajo el N° 237.511, en su carácter de apoderada judicial de la recurrente DHL GLOBAL FORWARDING VENEZUELA, C.A, a los fines que se practiquen las notificaciones pendientes, asimismo, se sirva pronunciarse sobre la admisión de recurso contencioso tributario.

En fecha 18 de diciembre de 2024, el ciudadano alguacil, dejó constancia de haber practicado la notificación dirigida al Gerente General de Servicios Jurídicos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), agregadas a los autos tal y como consta en el folio 92 Única Pieza.

En fecha 08 de enero 2025, compareció ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD), la ciudadana FRANCESCA RIGIO CUSATI, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° 19.820.761, abogada e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (IPSA) bajo el N° 237.511, en su carácter de apoderada judicial de la recurrente DHL GLOBAL FORWARDING VENEZUELA, C.A, mediante la cual, consignó copia de acta de asamblea requerida por este Tribunal.

En fecha 11 de febrero de 2025, este Tribunal dictó Sentencia Interlocutoria N° 025-2025, mediante la cual, Admitió el presente Recurso Contencioso Tributario subsidiario del Recurso Jerárquico, y en consecuencia, ordenó librar boleta de notificación al ciudadano Procurador General de la Republica, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica.

Al respecto, este Tribunal en fecha 17 de febrero de 2025, libró boleta de notificación al Procurador General de la Republica.

II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Ahora bien, de la lectura efectuada a las actas procesales que conforman el presente expediente, este Juzgador observa que, han transcurrido más de tres (03) meses; desde la fecha en que este Tribunal Admitió el presente Recurso Contencioso Tributario, es decir, desde el 11 de febrero de 2025.

Por lo que siendo la oportunidad procesal para pronunciarse este Tribunal procede a ello, previa exposición de las consideraciones siguientes:
En el Código Orgánico Tributario con relación a la perención de la instancia, se señala lo estatuido en el artículo 292 que establece lo siguiente:
“Articulo 292. La instancia se extinguirá por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento. La inactividad del Juez, después de vista la causa, no producirá la perención”
Sin embargo, este Juzgador considera que el artículo 292 del Código Orgánico Tributario, parte de un supuesto distinto al estatuido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, ya que una vez que las partes estén a derecho en el proceso contencioso tributario, la única perención posible es la establecida en el artículo 292 del referido texto orgánico y por lo tanto, de esta disposición legal se desprende que el tribunal puede declarar la perención, en aquellos casos en que se observe la ocurrencia de los supuestos legales que den lugar a este modo de extinción de proceso.

De lo anterior se puede deducir, que procesalmente es cierto que existe la obligación del Juez de impulsar el proceso, pero las partes también tienen esa obligación, y se debe indicar que los jueces son legales y constitucionalmente responsables de sus actuaciones y las partes tienen igualmente obligaciones procesales que cumplir, fundamentalmente la de impulsar el proceso y que de no hacerlo se les sanciona con la perención de la instancia, ya que su falta de interés es violatoria, lesiva y atentatoria contra los postulados que hace alcanzable, factible y por lo tanto que sea posible la realización, materialización, defensa y eficacia de los derechos constitucionales procesales; el hecho de que una persona abandone el proceso hace que el sistema judicial se sature y que la Republica o cualquier otro ente acreedor de tributos esté en una pendencia indefinida con un proceso, lo cual contraría abiertamente los postulados de Estado Social y de Derecho.
Ahora bien, en el Código Orgánico Tributario, nada se señala en relación a la “perención breve” de la instancia, por lo que, con relación sobre esta particular figura procesal, forzosamente el Juez Contencioso Tributario debe aplicar las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, de conformidad con el artículo340 del texto orgánico el cual establece:
“Articulo 340.- En todo lo no previsto en este Título, y en cuanto sea aplicable, regirán supletoriamente las disposiciones del Código de Procedimiento Civil.”

De hecho, esta particular figura cuyo alcance se pretende a través del presente fallo, está contenida en los artículos 267 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y se puede evidenciar de su lectura, que la lógica apunta y tiene que ver con la falta de impulso y diligencia a cargo del contribuyente recurrente en su condición de parte actora de la relación procesal, aun sin que la parte demandada o accionada forme parte de la litis.
En el presente caso sub iudice observa este Operador Jurisdicente que es menester y pertinente señalar aspectos doctrinales que ayudan a establecer la naturaleza de esta particular figura procesal:
Según el autor ARISTIDES RENGEL ROMBERG, en su trabajo titulado “MANUAL DE DERECHO PROCESAL CIVIL VENEZOLANO” Universidad Católica Andrés Bello, (Caracas - 1979) describe a la perención de la instancia como una figura:
“… que extingue el proceso, no ya por un acto de parte, sino por la inactividad de las partes prolongada durante un cierto tiempo”

Asimismo, el abogado ALEJANDRO RAMIREZ VAN DER VELDE, en su trabajo titulado “APLICABILIDAD DE LA PERENCIÓN BREVE AL PROCESO CONTENCIOSO TRIBUTARIO” sostiene que se obtiene bajo la coacción de la perención breve:
“… una más activa realización de los actos del proceso y una disminución de los casos de paralización de la causa durante un periodo de tiempo muy largo, (…) de tal modo que el proceso adquiere una continuidad que favorece la celeridad procesal por el estímulo en que se encuentran las partes para realizar aquellos actos y evitar la extinción del proceso…”

En tal sentido, esta particular figura procesal de perención breve está prevista en los ordinales 1º y 2º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil que establece lo siguiente:
“ARTICULO 267. Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención.
También se extingue la instancia:
1º Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.
2º Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de la reforma de la demanda, hecha antes de la citación, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado. (…)” RESALTADO DE ESTE TRIBUNAL.

Aunado a las consideraciones anteriores, destaca el artículo 269 del citado Código de Procedimiento Civil que:
“La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente”

Siguiendo este orden de ideas, este decidor comparte el criterio establecido con relación a la PERENCION BREVE establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia Nro. 50 del 13 de febrero del 2012, caso: INVERSIONES TUSMARE C.A., la cual señala lo siguiente:
“…La perención breve de la instancia es una sanción que se aplica a la parte actora que no ha impulsado la citación de la parte demandada para que, de contestación a la demanda, impidiendo de esta manera la continuación de una causa en la que no hay interés. De allí que surge para la demandante la obligación de cumplir con dos obligaciones básicas: la de proveer de las copias de la demanda y del auto de admisión de la misma, así como garantizar los emolumentos u otros medios para que el alguacil practique la citación (cfr. Decisión de la Sala de Casación Civil No. 000077/2011).
En tal sentido, de no verificarse dicha actividad en el plazo concedido por el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, el demandante negligente se sanciona con la terminación del procedimiento, en aras de garantizar los principios de celeridad y economía procesal.
Ahora bien, es importante destacar que el fin último de esta carga del demandante es que se verifique la citación de la parte demandada para que concurra al tribunal a participar en el proceso incoado en su contra, en ejercicio de sus derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso, entre otros.
En este orden de ideas, el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil dispone que:
“… Los jueces procuraran la estabilidad de los juicios, evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal. Esta nulidad no se declarará sino en los casos determinados por la ley, o cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial a su validez.
En ningún caso se declarará la nulidad si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado…”
Sobre este particular, la Sala ha referido en su sentencia No. 889/2008, lo que sigue:
“Por otra parte, en lo que respecta, específicamente a la nulidad y reposición de actos procesales, el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil preceptúa (…)
De allí, que, en materia de reposición y nulidad de los actos procesales, el vigente Código de Procedimiento Civil, acorde con los principios de economía y celeridad que deben caracterizar todo proceso, incorporó el requisito de la utilidad de la reposición en el sistema de nulidades procesales; precepto que, aunque preconstitucional, se adapta en un todo a los principios que recogieron los artículos 26 y 257 de la Constitución de 1999.
(…)
En el mismo sentido, pero desde otra perspectiva, los preceptos a que se hizo referencia con anterioridad, 206 del Código de Procedimiento Civil y 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, llevan a la ineludible conclusión de que, en todo caso y en todos los casos, la nulidad y reposición a que se refiere el artículo 320 del Código Adjetivo no podrán ser pronunciadas “ si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado”- en este supuesto, la sentencia que hubiere compuesto la controversia entre las partes en forma ajustada a derecho-, apreciación que debe hacerse en estricto respeto al derecho de los justiciables a una justicia “equitativa”, “expedita”, “sin dilaciones indebidas” y “sin formalismos o formalidades no esenciales” (ex artículos 26 y 257 C.R.B.V); así se declara….”

Asimismo, este decidor comparte el criterio reiterado, pacifico, y constante dictaminado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia al señalar lo siguiente:
“…no opera la perención breve de la instancia prevista en el artículo 267 ordinal 1º y 2º del Código de procedimiento Civil, cuando en las actuaciones procesales se verifique la presencia de la parte demandada en todas las etapas del proceso, la cual debe ser traducida como el cumplimiento cabal de las obligaciones legales, ya que la realización de cualquier acto procesal debe estar destinado a un fin útil.
Es por ello, que la parte actora tiene como obligación exclusiva, de lograr el llamado a juicio del demandado para el desenvolvimiento de juicio, con el fin de garantizar a los sujetos procesales el derecho a una tutela efectiva de sus derechos e intereses, todo ello, cónsona satisfacción de las exigencias de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, conforme a los artículos 26, 49 y 257, pues su desarrollado contexto persigue flexibilizar el formalismo que soporta el proceso civil, siendo este el “ …instrumento fundamental para la realización de la justicia…”

Por lo que en razón de lo anteriormente expuesto y en criterio de este operador de justicia, esta particular figura de la PERENCION BREVE adquiere especial relevancia ya que constituye una forma de sanción legal que se impone a la parte actora para punir la inacción o falta de impulso procesal, cuando el demandante no impulsa la citación de los demandados dentro de los treinta (30) días siguientes a la admisión de la demanda. Su consecuencia jurídica inmediata es la extinción del proceso, lo cual redunda de modo positivo en la realización y construcción permanente de la justicia como valor superior y supremo de nuestro ordenamiento jurídico, al buscar procurar y promover la depuración de las causas, dar celeridad procesal a las mismas y estimular los juicios, puesto que obliga a los litigantes a impulsarlos bajo la coacción de la perención, ordenando el proceso a través de ciertas formalidades objetivas establecidas en garantías de derechos e intereses legítimos de las partes, promoviendo así la transparencia, celeridad, eficiencia y eficacia de la administración de justicia y el acceso “real” y “efectivo” del justiciable a la tutela judicial y a la protección de sus derechos y garantías constitucionales que se encuentran consagradas y enaltecidas en los artículos 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Por lo que, en atención al presente caso de autos, resulta evidente que han transcurrido más de tres (03) meses; desde la fecha en que este Tribunal admitió el presente recurso contencioso tributario, es decir, el 11 de febrero de 2025, y posteriormente en fecha 17 de febrero de 2025, se libró boleta de notificación dirigida al ciudadano Procurador General de la Republica, razón por la cual, resulta SUFICIENTE en criterio de quien suscribe la presente decisión, ya que la contribuyente, en razón del carácter que tiene como parte actora, debe dejar constancia a través de diligencia suscrita conjuntamente con el ciudadano alguacil dentro de los treinta (30) días siguientes, contados desde la fecha de la admisión, con el objeto de dar fiel cumplimiento a las obligaciones que le impone la ley, lo cual, resulta de carácter IMPRETERMITIBLE proporcionar y facilitarle al ciudadano alguacil, los medios y recursos necesarios, esenciales, tendientes, a los fines de que se practiquen debidamente las citaciones y/o notificaciones de ley correspondientes y coadyuvar en el logro de la eficiencia, eficacia y celeridad del gobierno judicial, permitiendo y facilitando el acceso a la justicia al justiciable, cuestión esta que no ha ocurrido ni acontecido en el presente caso de autos, evidenciando un presunto desinterés, apatía, dejadez y comportamiento negligente de la contribuyente recurrente en su condición de parte accionante y litigante en lograr que la parte demandada o accionada concurra al Tribunal para que participe en el proceso incoado en su contra, en ejercicio de sus derechos constitucionales.
En razón de ello, quien suscribe la presente decisión, actuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267, ordinal 1º y 206 del Código de Procedimiento Civil y muy especialmente actuando en resguardo y protección de las derechos y garantías constitucionales contenidas en los artículos 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, declara la procedencia de la PERENCION BREVE de la instancia al caso de autos, operando consecuencialmente la extinción del presente proceso. ASI SE DECIDE.
III
DECISIÓN

Por las razones precedentemente expuestas, este TRIBUNAL SUPERIOR TERCERO DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara consumada la PERENCIÓN BREVE y en consecuencia, extinguido el presente proceso.

Publíquese, regístrese y notifíquese a las partes.

Déjese Copia Certificada de la presente sentencia en el copiador de sentencias llevado por este Tribunal, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada y sellada, en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Tercero de lo Contencioso Tributario, en la ciudad de Caracas, a los Diecinueve (19) días del mes de mayo del 2025. Años 215 de la Independencia y 166 de la Federación.
El Juez Superior,

Abg. José Andrés Fajardo Pérez

La Secretaria Acc.

Abg. Aura M. Torres Torres

La anterior sentencia se publicó en su fecha, siendo las nueve y cincuenta minutos de la mañana (9:50 a .m.)

La Secretaria Acc.

Abg. Aura M. Torres Torres

EXPEDIENTE: AP41-U-2022-000222