IV MOTIVACIONES PARA DECIDIR El decreto de una medida cautelar exige para su procedencia, previa una sustanciación sumaria, la existencia de una probabilidad que tiene el derecho reclamado de ser reconocido en la sentencia definitiva, lo que debe ser evaluado con base, en el presente supuesto, de los documentos acompañados. Por ello, se requiere una técnica de valoración que no generalice, porque tal situación colocaría a la parte afectada por la medida en estado de indefensión, ante la incertidumbre de cuál fue la prueba que sirvió de sustento a la presunción grave del derecho que se reclama. La característica esencial de las medidas cautelares es su instrumentalidad. Su definición ha de buscarse más que sobre la base de criterio ontológico, en un criterio teleológico: no en la cualidad -declarativa a ejecutiva de sus efectos, sino en el fin, que es la anticipación de los efectos de una providencia principal al que su eficacia está pre-ordenada. La característica esencial de las providencias cautelares es su instrumentalidad. Instrumentalidad en el sentido que ellas no son nunca fines en sí mismas ni pueden aspirar a convertirse en definitivas; instrumentalidad también en el sentido de ayuda y auxilio a la providencia principal. La providencia-instrumento interviene el asunto, a la espera que definitivamente lo intervenga la providencia subsecuente. Y por eso, el concepto denota dos elementos, precaución y anticipación, aun cuando ya el primero de ellos entraña la significación, del segundo. El concepto de instrumentalidad de Calamandrei puede definirse en esta frase: ayuda de precaución anticipada y provisional. Así las cosas, el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, prevé dos requisitos de procedibilidad de las medidas preventivas nominadas, a saber: la presunción grave del derecho que se reclama (fumus boni iuris) y la presunción grave de que quede ilusoria la ejecución del fallo (fumus periculum in mora); y en las medidas cautelares innominadas aparte de los dos requisitos antes mencionados, debe concurrir un tercer supuesto de procedencia para el decreto de las medidas cautelares innominadas, relacionado con el daño de difícil reparación que se pudiere causar, si no se asegurasen las resultas de juicio (periculum in damni). Añádase la pendencia de una litis en la cual se decreta la medida, lo cual denota el carácter eminentemente judicial que caracteriza las medidas cautelares. La parte actora pretende con la demanda interpuesta el cobro de unos prestamos de dinero efectuados a la parte demandada, prestamos que se hicieron mediante dos (02) contratos, trayendo los mismos junto a la demanda como medio probatorio originales por los montos de Unidades de Valor de Crédito (UVC) 3.500.000,00 y 7.600.000,00, emitidas por el Banco de Venezuela y firmadas como recibido por los codemandados MAYRA ALEJANDRA RODRIGUEZ DELGADO, RICHARD JOSÉ MARTINEZ CAICEDO y MARY ANYELIT RODRIGUEZ DELGADO, folios 14 al 23 y 31 al 47, todos inclusive. Ahora bien, con respecto a la presunción grave del derecho que se reclama, la parte accionante señala que de la realización exhaustiva y análisis de los documentos fundamentales contentiva de los contratos de préstamos celebrados entre su representada y la parte demandada, que se evidencia las obligaciones contraídas por las partes y que por ende se desprende el derecho que tienen como accionantes de solicitar la respectiva medida cautelar dada la falta de pago por la demandada, ya que su principal obligación era el pago. Constituyendo prueba fehaciente de la existencia de las obligaciones no cumplidas (el pago). Que respecto al Periculum in mora, señalaron que la amenaza de que se produzca un daño irreparable a su representada por el retardo en obtener la sentencia definitiva. Que la sola existencia de las acreencias suficientemente alegadas y probadas por esa representación que tienen frente a la deudora dada la situación de su morosidad e insolvencia, concretamente la falta de pago o la espera indeterminada que se este se verifique, que obran ineludiblemente frente a los intereses patrimoniales del Banco de Venezuela S.A. Banco Universal lo cual incide o podría afectar, que consecuencia directa de lo anterior, en el interés colectivo, ya que esa entidad es la primera del Estado Venezolano y que apoya en el apalancamiento de los planes sociales impulsados por el Ejecutivo Nacional, así como en la ejecución de las políticas de desarrollo industrial, comercial, agrario, entre otros. Asimismo, manifestó respecto al Periculum in Damni que conforme a los alegatos esgrimidos por esa representación, que la deudora (demandada) puede causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho patrimonial, debido a su negativa de pagar la obligación pecuniaria, que dicha situación ocasiona una lesión en los derechos subjetivos de su representada, dado que no solo se ha dejado de recibir los intereses convencionales que legalmente le correspondía percibir con ocasión al crédito comercial otorgado sino que además no ha recuperado el capital otorgado en calidad de préstamo, lo cual podría acarrear un desmejoramiento intrínseco en su patrimonio, ello en atención a la conducta desplegada por la demandada y solidariamente los fiadores en su actitud continua y contumaz de negarse al cumplimiento de su obligación principal, el pago del crédito adeudado, que con tales actuaciones ha dejado ilusoria la expectativa del cobro y evidentemente afectado el capital. En resumen, en cuanto al primero de los mencionados requisitos, el fumus boni iuris, su verificación consiste en la suposición de certeza del derecho invocado, como ha dicho la doctrina: “...basta que la existencia del derecho aparezca verosímil, o sea, para decirlo con mayor claridad, hasta que, según un cálculo de probabilidades, se pueda prever que la providencia principal declarará el derecho en sentido favorable a aquel que solicita la medida cautelar...” (Calamandrei Piero: “Providencias Cautelares”, Buenos Aires, 1984). De allí que, el juez cautelar está en la obligación de analizar los recaudos o elementos presentados junto con el libelo de la demanda, a los fines de indagar sobre el derecho que se reclama para determinar la procedencia o no de la tutela solicitada. En lo que respecta al periculum in mora, es decir, la otra condición de procedibilidad inserida en este artículo bajo análisis, es decir, el peligro en el retardo concierne a la presunción de existencia de las circunstancias de hecho que, si el derecho existiera, serían tales que harían verdaderamente temible el daño inherente a la no satisfacción del mismo. No establece la Ley supuestos de peligro de daño, tipificados en varios ordinales, como ocurría en los supuestos de embargo y prohibición de enajenar y gravar del Código derogado. Esta condición de procedibilidad de la medida ha quedado comprendida genéricamente en la frase “cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituye presunción grave de esta circunstancia”. El peligro en la mora tiene dos causas motivas: una constante y notoria, que no necesita ser probada, cual es la tardanza del juicio de conocimiento, el período de tiempo que necesariamente transcurre desde la admisión de la demanda hasta la sentencia ejecutoriada; otra causa son los hechos desplegados por el demandado durante ese tiempo para burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada. Dicho en otras palabras, el periculum in mora, tal y como la ha establecido la jurisprudencia, “su verificación no se limita a la mera hipótesis a suposición, sino a la presunción grave del temor al daño por violación a desconocimiento del derecho si éste existiese, bien por la tardanza de la tramitación del Juicio, bien por los hechos del demandado durante este tiempo tendentes a burlar o desmejorar la efectividad de la Sentencia esperada…”(Sentencia de fecha 17 de abril de 2001, Ponente Dr. Levis Ignacio Zerpa, Juicio Municipalidad San Sebastián de los Reyes del Estado Aragua, vs. Francisco Pérez de León y otro, Exp. No. 13.142). En cuanto al tercer supuesto antes mencionado, cuya concurrencia también ha de ser verificada, solo en los casos en que se solicite un requerimiento cautelar innominado (periculum in damni) el legislador venezolano, estableció que el solicitante de tal protección cautelar se encuentra obligado a demostrar cuál será el daño que pudiere causarse a sus derechos, sin el decreto de la referida medida cautelar. En lo que respecta a los requisitos mencionados y con vista a la pretensión cautelar solicitada, esta Juzgadora hace las siguientes consideraciones: De una revisión al escrito de solicitud de medida cautelar, tenemos que según la solicitud efectuada por la parte actora, la protección cautelar consiste en lo siguiente: MEDIDA DE EMBARGO PREVENTIVO sobre bienes propiedad de la parte demandada. Para ello, corresponde hacer el pronunciamiento respecto a los requisitos de procedencia de todas las medidas cautelares, en lo relacionado a la presunción grave del derecho que se reclama (fumus boni iuris), emana de los recaudos y documentales traídos a los autos junto al escrito libelar, especialmente del contrato de préstamo de fecha 04 de noviembre de 2021, estados de cuenta Distribuidora Refrescando R.M Sector la Hacienda, Gaceta oficial de fecha 19 de enero de 2021, documento de declaración de conocimiento sobre condiciones de financiamiento en unidad de valor de crédito (UCV), copia de Asamblea Extraordinaria de ls Empresa Distribuidora Refescando RM, C.A, requisitos exigidos por el artículo 548 del Código Civil, y documentos que además fungen como fundamentos de la controversia planteada, el cual admiculado con los alegatos en la demanda de Cobro de Bolivares via ordinaria, permiten verosímilmente a este Tribunal inferir que se encuentran llenos los requisitos de procedencia para considerar la existencia del fumus boni iuris, o humo de buen derecho. En cuanto al requisito del periculum in mora, la notoria tardanza de los juicios de Ejecución del Laudo Arbitral, pudiera resultar insuficiente a los fines de resarcir patrimonialmente a la accionante, cuyo retraso podría producir al menos a criterio de esta Juzgadora, que la parte demandada pueda burlar o desmejorar el cumplimiento de la sentencia ya dictada, haciendo irrisoria la ejecución del fallo. Adicionalmente, debe este Juzgado hacer mención que mediante sentencia de fecha 21 de junio de 2005 la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrada Dra. ISBELIA PÉREZ DE CABALLERO negó la discrecionalidad del juez para otorgar medidas cautelares conforme a lo establecido en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, exigiéndose de esa manera una valoración meramente objetiva de los argumentos y pruebas aportadas por el actor, de modo que si se verifican los extremos exigidos en la citada norma, el Juez está obligado a decretar la medida solicitada. En base a lo anterior llega este Juzgado al convencimiento que la medida cautelar peticionada, a saber: embargo preventivo sobre bienes propiedad del demandado, con quien pretende la accionante garantizar las resultas del juicio, que dicha solicitud se encuentra sustentada en fundamento jurídico suficiente que hacen idóneo el obtener, a través de esta vía, la garantía que no quede ilusoria la ejecución del fallo, y por ello considera que se encuentran presentes los requisitos de procedencia para el decreto de la medida cautelar indicada y en tal sentido se ordena en la parte dispositiva de la presente decisión decretar la providencia cautelar mencionada. Y toda vez que en el expediente cursan los contratos de préstamos firmados por la parte demandada es por lo que se tienen llenos los extremos señalados en el artículo anteriormente transcrito. Por lo anteriormente expuesto este Tribunal, sin prejuzgar sobre el mérito de la controversia, DECRETA MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO a ser practicada sobre bienes muebles propiedad de la parte demandada, en ese sentido tenemos que la pretensión de la parte accionante consiste en el cobro de la cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN BOLIVARES CON SESENTA Y CUATROS (Bs. 939.781,64), todo lo cual implica que si la medida recae sobre bienes muebles deberá abarcar la cantidad de UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES BOLIVARES CON VEINTIOCHO CENTIMOS (Bs. 1.879.563,28) cantidad que corresponde al doble de la cantidad estimada en la demanda, más las costas prudencialmente calculadas en un treinta por ciento (30%), y las cuales serían de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO BOLIVARES CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS (Bs. 281.934,49). En caso que la medida fuese practicada sobre cantidades liquidas de dinero la misma deberá cubrir la cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS DIECISEIS BOLIVARES CON TRECE CENTIMOS (Bs. 1.221.716,13) cantidad que corresponde al monto demandado, más las costas prudencialmente calculadas en un treinta por ciento (30%).