EXP. Nro. 09-2504
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO SUPERIOR SEXTO DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE LA REGION CAPITAL
EN SU NOMBRE

En fecha 03-06-2009, se interpuso Acción de Amparo Constitucional, ante el Juzgado Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, correspondiéndole a este Juzgado por distribución de fecha 04-06-2009, recibido el 05-06-2009, interpuesta por el abogado Luís Orlando Téllez Cárdenas, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro 33.370, en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos Leobaldo Jesús Capote, Oscar Enrique Mezones, Henry José Chique Abad, Jorge Enrique Aranguren Moreno, Vicente Emilio González Gil, Mario Rojas, Feliberto Arquímedes Zolorsano Arasme, Víctor José Custode Vargas y Jesús Antonio Parada Rodríguez, titulares de la cédula de identidad Nros 642.491, 5.962.799, 4.810.129, 2.962.076, 6.451.210, 10.115.031, 5.192.776, 6.133.523 y 5.593.494 respectivamente, miembros de la Junta Directiva del Sindicato Bolivariano de Empleados Públicos de la Contraloría del Municipio Libertador del Distrito Capital (SIRBEC M.L. D.C.), y Nelson González Ulloa, portador de la cédula de identidad Nro. 4.854.563, quien actúa en nombre propio y en representación de la Junta Directiva del Sindicato Único Municipal de Empleados Públicos Municipio Libertador del Distrito (SUMEP-ML-DF), contra los ciudadanos Humberto Pisani Pérez y Rita Mariela Aliendres García, titulares de la cédula de identidad Nros 795.130 y 9.416.337, en su carácter de Contralor y Directora de Recursos Humanos de la Contraloría Municipal del Municipio Bolivariano Libertador, respectivamente; a fin de que se restablezcan sus derechos constitucionales y legales consagrados en los artículos 23 y 95 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debido al desconocimiento de los Convenios Nros. 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y los artículos 397 y 446 de la Ley Orgánica del Trabajo.

I
ANTECEDENTES

Por auto de fecha 09-06-2009, este Tribunal se aboco al conocimiento de la presente acción de amparo, la cual fue tramitada por el Juzgado Décimo Tercero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en virtud que en la audiencia de amparo de fecha 14-05-2009, dicho Juzgado se declaró incompetente y declinó la competencia a los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, lo cual fue vertido mediante decisión de fecha 20-05-2009; por lo cual ordenó este Tribunal la continuación del juicio en la oportunidad de fijar la audiencia oral y pública de amparo constitucional, previa notificación de las partes y del Fiscal del Ministerio Público, a fin de que las partes concurrieran al Tribunal, para que se informen el día y la hora en que tendrá lugar la audiencia constitucional oral y pública, la cual será fijada a realizarse dentro de las noventa y seis (96) horas siguientes a la última de las notificaciones.

En fecha 18-06-2009, el apoderado actor consignó escrito de reforma de la acción de amparo constitucional.

Por auto de fecha 22 de junio de 2009, se admitió la reforma de la acción de amparo constitucional y se ordenó iniciar el trámite previsto en la sentencia de fecha 01-02-2000, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ordenándose notificar a los presuntos agraviantes y al Fiscal del Ministerio Público, para que concurran al Tribunal y se informen el día y la hora en que tendrá lugar la audiencia constitucional oral y pública, la cual tendrá lugar dentro de las noventa y seis (96) horas siguientes a la última de las notificaciones que conste en autos.

Por auto de fecha 01-07-2009, se ordenó abrir una nueva pieza.

Notificadas las partes, por auto de fecha 06-07-2009, se fijó la audiencia constitucional oral y pública para el día miércoles 08-07-2009, a las once ante-meridiem (11:00 a.m.), a fin que comparezcan las partes o sus representantes legales a expresar sus argumentos. Siendo el día y la hora fijada por este Tribunal se llevó a cabo la audiencia constitucional oral y pública.

La Fiscal 31° del Ministerio Público a Nivel Nacional con competencia en materia Contencioso Administrativo y Tributario, en fecha 10-07-2009, consignó escrito de opinión constante de quince (15) folios útiles.

II
ALEGATOS DEL ACCIONANTE

El representante judicial de los accionantes en su escrito de reforma de la acción de amparo constitucional señaló, que interpone la presente acción de amparo constitucional a fin de que se les restablezca a sus representados sus derechos constitucionales y legales, consagrados en el artículo 23 y 95 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debido al desconocimiento de los Convenios N° 87 y N° 98, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y los artículos 397 y 446 de la Ley Orgánica del Trabajo, vulnerados por los ciudadanos Humberto Pisani Pérez y Rita Mariela Aliendres García, en su carácter de Contralor y Directora de Recursos Humanos de la Contraloría Municipal del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital.

Expone que el Sindicato Bolivariano de Empleados Públicos de la Contraloría del Municipio Libertador del Distrito Capital (SIRBEC M.L. D.C.) fue registrado, debido al cumplimiento de lo pautado en la Ley Orgánica del Trabajo, sobre la constitución y funcionamiento de los Sindicatos, evidenciado en el Acta N° 254, de fecha 02-05-2002, de la Oficina de Registro de Sindicatos de Funcionarios Públicos, en la cual certifica la constitución del mismo; igualmente el Sindicato Único Municipal de Empleados Públicos del Municipio Libertador del Distrito Federal (SUMEP-MP-DF), debidamente Registrado por ante esa misma oficina, mediante Acta N° 152, de fecha 15-12-1993.

Indica que luego de celebrados varios procesos electorales del Sindicato en fecha 27-02-2007 el Consejo Nacional Electoral, publica Gaceta Electoral N° 360, donde certifica el proceso electoral y el reconocimiento de las autoridades de la organización Sindical.

Aduce que en fecha 19-03-2007, el ciudadano abogado Herbert Ortiz, en su condición de Inspector Jefe del Trabajo (E) en el Distrito Capital, Municipio Libertador, Sede Norte, hace conocimiento al ciudadano Contralor Municipal del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital el resultado de las elecciones del Sindicato Bolivariano de Empleados Públicos de la Contraloría del Municipio Libertador del Distrito Capital (SIRBEC M.L. D.C.) y la composición de la Junta Directiva.

Expone que fecha 07-05-2008, se consignó por ante la Inspectoría del Trabajo, solicitud de reclamo contra la Contraloría del Municipio Libertador del Distrito Capital, al que se le asignó expediente N° 023-08-03-00156RC, por considerar que las autoridades de ese órgano Contralor, no cumplían con preceptos establecidos en nuestra legislación laboral, violando ciertos derechos establecidos en el ordenamiento jurídico, generados por la relación laboral entre la Contraloría y sus funcionarios, por lo que se presentó pliego de peticiones con carácter conciliatorio.

Arguye que durante la mesa de trabajo del pliego de peticiones de carácter conciliatorio, la directiva de la Contraloría se burlaron de las autoridades del Ministerio del Trabajo y de la Organización Sindical, al no presentarse con verdadera disposición de solventar todos los pedimentos del pliego, sino por el contrario enturbiaron las relaciones y se encaminaron a una persecución y acoso de integrantes de la Directiva Sindical, y del personal que los apoyan, realizando toda clase de procedimientos administrativos disciplinarios sancionatorios.

Indica que en el mes de diciembre de 2008, se realizó una jornada de afiliación al Sindicato Bolivariano de Empleados Públicos de la Contraloría del Municipio Libertador del Distrito Capital (SIRBEC M.L. D.C.), encontrándose con que la Contraloría amenazaba a los trabajadores para que no se afiliaran al Sindicato ni a ningún otro.

Expresa que por las afiliaciones de los trabajadores al Sindicato (SIRBEC M.L. D.C.), y que fueron tramitadas por la Contraloría, venían recaudando la cantidad de Bs. 245,19 quincenales, por cuotas que eran descontadas por nómina, a los trabajadores afiliados, a través de la clave 36.

Señala que en fecha 04-02-2009, los trabajadores de la Contraloría del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, recibieron la ingrata sorpresa por parte de la ciudadana Rita Mariela Aliendres García, Directora de Recursos Humanos, por instrucciones del Contralor Humberto Pisani Pérez, suspendió el descuento de las cuotas sindicales y distribuyó una circular en la cual informó que: “… A PARTIR DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, EL APORTE SINDICAL QUE SE LE DESCUENTA A TRAVÉS DE LA NOMINA QUEDA SUSPENDIDO”. Tal actuación tiene como propósito desconocer la aplicación de la legislación laboral, como es el artículo 446 de la Ley Orgánica del Trabajo, y por ende es contrario a los derechos garantizados en el artículo 95 de la Constitución.

Manifiesta en relación a los hechos sobrevenidos, que fue solicitada ante la jurisdicción competente la nulidad de la Resolución N° 0006-2009 de fecha 14-01-2009, que establece que todos los funcionarios de la Contraloría, sin excepción son de confianza, y por lo tanto de libre nombramiento y remoción, y que por haber ejercido la presente acción de amparo, como represalia pretenden la destitución de la mayoría de los dirigentes sindicales, tanto del Sindicato Bolivariano de Empleados Públicos de la Contraloría del Municipio Libertador del Distrito Capital (SIRBEC M.L. D.C.), como del Sindicato Único Municipal de Empleados Públicos del Municipio Libertador del Distrito Federal (SUMEP-ML-DF).

Arguye que la pretendida destitución de la dirigencia sindical, en una actitud contumaz y temeraria debido al abierto y descarado desacato a la decisión de la Inspectoría del Trabajo, que declaró sin lugar la solicitud de calificación de falta, interpuesta por los querellados para que se declarara el desafuero.

Señala que se tiene conocimiento, que están preparadas las Resoluciones de destitución del resto de los dirigentes sindicales, lo que constituye una amenaza cierta de violentar derechos y garantías de rango constitucional, asimismo pretenden destituir a todos los funcionarios que solicitaron la nulidad de la Resolución N° 6.

Indica que la temeraria actitud de los ciudadanos Humberto Pisani Pérez y Rita Mariela Aliendres García, en su carácter de Contralor y Directora de Recursos Humanos de la Contraloría, es contraria a lo previsto en el artículo 95 de la Constitución, teniendo como finalidad la de desconocer de hecho toda actividad sindical, toda organización sindical que agrupe a los funcionarios de ese organismo; dado a que se han realizado varias denuncias por ante la Fiscalía y la Contraloría General de la República, así como diversos procesos de reclamo por el incumplimiento de los derechos laborales a todos los trabajadores, entre ellos la negativa de suscribir el Contrato Colectivo, alegando que no tienen autonomía financiera ni presupuestaría, tal como lo señalan en el Acta de fecha 22-05-2008, levantada en la Inspectoría del Trabajo, expediente N° 023-08-03-01564RC.

Manifiesta que como consecuencia del desconocimiento de los sindicatos no es reconocida la licencia sindical de la Directiva del Sindicato Bolivariano de Empleados Públicos de la Contraloría del Municipio Libertador del Distrito Capital (SIRBEC M.L. D.C.), ni al Sindicato Único Municipal de Empleados Públicos del Municipio Libertador del Distrito Federal (SUMEP-ML-DF), pretendiendo la amedrentación de todos los trabajadores, no solo amenazando a muchos de ellos, sino al someterlos a procesos disciplinarios por realizar sus gestiones sindicales en protección de todos los trabajadores, dándose el caso que ellos tengan dos procedimientos, uno por ante la Inspectoría del Trabajo, solicitando la calificación de falta, alegando unas supuestas inasistencias a su sitio de trabajo, cuando venían gozando de la licencia sindical desde hace más de tres (03) años, de igual forma se iniciaron procedimientos administrativos sancionatorios disciplinarios por las mismas causas, contra los directivos sindicales, desconociendo de hecho la responsabilidad para con los trabajadores de la Contraloría Municipal del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, afiliados o no a una organización sindical, contraviniendo todas las normas que rigen la materia, llegando al colmo de pretender retirarlos haciendo caso omiso de la decisión de la Inspectoría del Trabajo, tal como se evidencia en las publicaciones de destitución.

Explana que la actitud omisiva y lesiva de la parte accionada vulnera derechos laborales y sindicales, establecidos y garantizados en el artículo 95 de la Constitución, como lo es el derecho a la estabilidad de los funcionarios de carrera, contrariando lo pautado en los artículos 93 y 146 ejusdem, y al negar toda organización sindical legalmente establecida, así como negar las organizaciones sindicales, no se le efectúa los descuentos de los salarios de los trabajadores afiliados a ninguna organización sindical, así como tratar de impedir nuevas afiliaciones, lo cual contraria los derechos y garantías establecidos en el artículo 95 ibidem, y los tratados internacionales, como el Convenio N° 87, artículo 3 y 8, y el Convenio N° 98 de la OIT, de igual forma contraria el artículo 23 de la Constitución.

Alega que cuando los presuntos agraviantes desconocen las organizaciones sindicales y a sus Directivos, y la no aplicación del artículo 446 de la Ley Orgánica del Trabajo, al no descontar de los salarios de los trabajadores afiliados las cuotas ordinarias del Sindicato, consecuencialmente viola el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e independiente de los derechos laborales y sindicales, reconocidos en el ordenamiento jurídico como un derecho humano, por lo tanto es contrario al artículo 19 y 23 de la Constitución, en razón a que desconoce que los tratados, pactos y convenios relativos a derechos humanos, suscrito y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional, y el Convenio N° 87 de la OIT fue suscrito y ratificado, el cual quedó registrada el 20-09-1982; Gaceta Oficial N° 3.011 Extraordinaria del 03-09-1982, que en su artículo 3, señala que las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal, refiriéndose al ejercicio de las gestiones sindicales, así como en su artículo 8 numeral 1, que obliga a respetar la legalidad; asimismo el Convenio N° 98, en su artículo 1, pauta que los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo, y el artículo 6, que el presente convenio no trata la situación de los funcionarios públicos en la administración del estado y no deberá interpretarse, en modo alguno, en menoscabo de sus derechos o de su estatuto, como es el derecho a la no discriminación.

Explica que la actitud de los presuntos agraviantes, por no reconocer a las organizaciones sindicales, y lo contenido en la Circular de fecha 04-02-2009, que es nula de conformidad con el artículo 25 de la Constitución; y al obstaculizar las gestiones sindicales, asfixiando a los trabajadores económicamente, no es más que una limitación al libre ejercicio de las actividades sindicales, pretendiendo conculcar derechos fundamentales, por lo que esa medida del patrono contrario a la Constitución es nula, por la irrenunciabilidad de esos derechos, tal como se establece en el artículo 89 ejusdem.

Argumenta que la actitud reciente e ilegal de los accionados, al presionar a los trabajadores para que no se afilien a la organización sindical de empleados, conjuntamente con la supresión de las cuotas sindicales, no es más que una actitud para enturbiar las relaciones colectivas entre los trabajadores y la Contraloría Municipal, y los representantes del empleador, lo cual es contrario a lo pautado en el artículo 396 de la Ley Orgánica del Trabajo, constituyendo la organización sindical un derecho inviolable, siendo dichas restricciones y presiones contrarias a lo establecido en los artículos 397, 402 y 407, ejusdem.

Aduce que la acción de despedir a todos los dirigentes sindicales, haciendo caso omiso a las Providencias Administrativas, que declararon sin lugar la solicitud de calificación de falta realizada por ante la Inspectoría del Trabajo, que pretendía el correspondiente desafuero, es contrario a la Constitución.

Solicita se declare con lugar la acción de amparo constitucional y sean restablecidos los derechos fundamentales conculcados, y se le ordene a la parte presuntamente agraviante:
1.- Reconocer todas las organizaciones sindicales legalmente establecidas, que agrupen a los funcionarios adscritos a la Contraloría del Municipio Libertador del Distrito Capital, en especial al Sindicato Bolivariano de Empleados Públicos de la Contraloría del Municipio Libertador del Distrito Capital (SIRBEC M.L. D.C.) y al Sindicato Único Municipal de Empleados Públicos del Municipio Libertador del Distrito Federal (SUMEPML-DF)
2.- Reconocer y respetar el régimen legal que ampara a todo miembro de la directiva de cualquier organización sindical de la Contraloría del Municipio Libertador del Distrito capital y los Sindicatos antes señalados, de acuerdo a la Ley y sus Estatutos.

III
DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL

Siendo el día y la hora fijada por este Tribunal a fin que se llevara a cabo la audiencia constitucional oral y pública, abierto el acto se dejó constancia de la comparecencia del abogado Luís Orlando Téllez Cárdenas, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro 33.370, en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos Leobaldo Jesús Capote, Oscar Enrique Mezones, Henry José Chique Abad, Jorge Enrique Aranguren Moreno, Vicente Emilio González Gil, Mario Rojas, Feliberto Arquímedes Zolorsano Arasme, Víctor José Custode Vargas y Jesús Antonio Parada Rodríguez, titulares de la cédula de identidad Nros 642.491, 5.962.799, 4.810.129, 2.962.076, 6.451.210, 10.115.031, 5.192.776, 6.133.523 y 5.593.494 respectivamente, miembros de la Junta Directiva del Sindicato Bolivariano de Empleados Públicos de la Contraloría del Municipio Libertador del Distrito Capital (SIRBEC M.L. D.C.), Nelson González Ulloa, portador de la cédula de identidad Nro. 4.854.563, quien actúa en nombre propio y en representación de la Junta Directiva del Sindicato Único Municipal de Empleados Públicos Municipio Libertador del Distrito (SUMEP-ML-DF); y los ciudadanos Humberto Pisani Pérez y Rita Mariela Aliendres García, titulares de la cédula de identidad Nros 795.130 y 9.416.33, en su carácter de Contralor y Directora de Recursos Humanos de la Contraloría Municipal del Municipio Bolivariano Libertador, respectivamente, como parte presuntamente agraviante, así como la abogada Minelma del Carmen Paredes Rivera, actuando con el carácter de Fiscal Trigésimo Primera (31°) a Nivel Nacional con competencia en lo Contencioso Administrativo y Tributario. Seguidamente la parte presuntamente agraviada y agraviante expusieron sus alegatos e hicieron uso de su derecho a réplica y contrarréplica. Posteriormente ambas partes consignaron pruebas, la parte presuntamente agraviada consignó documentales, constante de veintitrés (23) folios útiles y la parte presuntamente agraviante consignó escrito constante de quince (15) folios útiles, y ciento noventa y seis (196) folios anexos. Siendo las once y treinta ante meridiem (11:30 a.m.), el Juez concedió un tiempo a las partes y a la representación fiscal para que revisaran las pruebas a los fines de salvaguardar el derecho a la defensa de éstas controlando las pruebas. Reanudada la audiencia a las once y cuarenta ante meridiem (11:40 a.m.), la parte presuntamente agraviada señaló: “impugno las copias consignadas de los once (11) expedientes, en razón de que las mismas son parcialmente del expediente administrativo de la parte accionada, en consecuencia aquí significaría que la formalidad no podría estar sobre la realidad, ellos presentan una parte y no presentan el todo”. El Juez le manifestó a la parte presuntamente agraviante, que si tenía algo que señalar sobre la impugnación formulada por los presuntos agraviados, señalando ésta “yo por mi parte reconozco y hago reconocer las pruebas esas que hemos consignado a título de veracidad ya que son copias certificadas que hemos consignado para esos fines.”
Posteriormente, el Juez concede a la parte accionada su oportunidad para pronunciarse sobre las pruebas consignadas por la parte presuntamente agraviada, la cual expreso “Sí, referente a las pruebas que consignaron respecto de la Inspectoría del Trabajo, por cuanto es una prueba maliciosa ya que no es cierto que nosotros hemos impedido la entrada a estos trabajadores, puesto que ellos fueron destituidos y para resguardar los bienes que le pertenecían a la Contraloría, es cierto que la protegimos, más allí quedó establecido con el Presidente del sindicato el día de la intervención de la inspectoría del trabajo y les permitió que ellos retiraran lo que le pertenecían dentro de esa oficina como de un computador que tenían entre otras cosas, así quedó establecido en esa manifestación de la Contraloría, que retiraran sus bienes porque los que están aquí tienen asegurado su puesto de trabajo y trabajan para la contraloría a horario completo, no como estos que fueron destituidos que no cumplieron nunca sus labores, abriéndosele procedimiento y fueron destituidos”. Terminada la exposición de las partes sobre las pruebas del contrario, el Juez preguntó a la parte presuntamente agraviante, si tenía algo que señalar sobre la impugnación formulada y RESPONDIÓ: “(…)ratifico las pruebas presentada a razón de no ser maliciosas, a razón de que ahí se evidencia la violación de un derecho constitucional como es la libre afiliación a los sindicatos y el ejercicio en la defensa y derecho de los funcionarios, a razón que existen todavía sindicalistas que no fueron destituidos que requieren esa oficina para defender esos derechos a esos funcionarios, en virtud de que fueron destituidos ocho pero todavía quedan seis que están en la lista, pero mientras están en la lista siguen siendo funcionarios activos y ellos quieren entrar a su oficina y no se les permiten entrar, por tanto no es una prueba maliciosa y es prueba de que se está siendo violentado su derecho a la sindicalización y al libre ejercicio”.
Posteriormente el Juez le indicó a la Representación Fiscal si tenía alguna pregunta, duda o inquietud, a lo cual la representación Fiscal señaló que “sí”, y pasó a formular las siguientes preguntas a la parte presuntamente agraviante: 1.-) Ha señalado en estos minutos que continúan laborando trabajadores que pertenecen al sindicato, y su permanencia no está supeditada a que los mismos pertenezcan a esa organización sindical, el Ministerio Público considera; cuando ellos pertenecen al Sindicato ¿dónde van a funcionar ellos, en qué sede van a funcionar esos trabajadores que aún pertenecen a ese sindicato? RESPONDIÓ: “Ya hemos dicho que dentro de la contraloría no les está permitido porque ellos son funcionarios de confianza, entonces no puede ningún sindicato funcionar dentro de la contraloría, cuando no tiene cualidad para ello ni mucho menos, y esa no es una oficina propia del sindicato, esa es una oficina que tenemos nosotros en comodato y ahí llevamos nuestras actividades y producción.” 2.-) ¿Esa oficina es de la Contraloría? RESPONDIÓ: “Sí es de la Contraloría”. Seguidamente el Juez Procedió a formular las siguientes preguntas a la parte presuntamente agraviante 1.-) Sin embargo ¿En esa oficina funcionó el sindicato mientras que fue reconocido? RESPONDIÓ: “Sí, ahí funcionó el sindicato, lo que pasa es que ya eso dejó de funcionar porque ellos son funcionarios de confianza ahí no hay sindicalización, en la contraloría existen varios sindicatos y ninguno tiene oficina, ellos ejercen su actividad sindical sin tener oficina”. 2.-) ¿Ésta oficina fue usada por este sindicato anteriormente? RESPONDIÓ: “Sí”. 3.-) Debo entender que, ¿todos los funcionarios de la contraloría son funcionarios de confianza? RESPONDIÓ: “Sí”. 4.-) Entonces de esa resolución en la cual se declara que los cargos son de carrera salvo los que por su naturaleza, ejercen funciones de fiscalización y vigilancia, ¿Cómo entra esta argumentación que es de carrera salvo, cuando ahora me dice que todos son de confianza? RESPONDIÓ: “Eso es lo que establece precisamente la Ley, el artículo 32 dice que son funcionarios de carrera y de confianza, al desarrollar esa disposición y el lineamiento de la Contraloría General determinan que las contralorías municipales son integradas por funcionarios de confianza.” 5.-) ¿Independientemente de las funciones que ejerzan? RESPONDIÓ: “Sí independientemente”. 6.-) ¿Siendo ello así no se reconoce la existencia de ningún sindicato en la contraloría, ó sí se reconoce? RESPONDIÓ: “No se reconoce”. Seguidamente el Juez suspendió la audiencia hasta las dos y treinta post-meridiem (2:30 p.m.). Reanudada la audiencia el Juez procedió a realizar las siguientes preguntas a la parte presuntamente agraviante: 1.-) ¿Se procedió a realizar algún tipo de procedimiento de desalojo de la oficina del sindicato, o sencillamente se tomo la decisión y se desalojó? RESPONDIÓ: “No fue desalojado, sencillamente se tomó la medida en resguardo de todas las cosas que estaban allí y por existir un procedimiento disciplinario de destitución y todos los funcionarios que son destituidos no pueden entrar a las instalaciones sin previa autorización del ciudadano Contralor, se cerró la oficina”. 2.-) ¿Se siguió algún procedimiento previo? RESPONDIÓ: “No, sencillamente el cierre”. En esa oportunidad el Juez le concedió la palabra a la representación fiscal, así como un lapso de cuarenta y ocho (48) horas para consignar su opinión por escrito.

IV
OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

La Fiscal 31° del Ministerio Público a Nivel Nacional con competencia en materia Contencioso Administrativo y Tributario en su escrito de opinión luego de hacer una narración de los hechos, señaló como punto previo al fondo, con relación a la solicitud de reposición de la causa formulada por la parte accionada, por considerar que se debió notificar fue al Síndico Procurador Municipal, por ser éste quien representa al Municipio y no el ciudadano Contralor y Directora de Recursos Humanos de la Contraloría Municipal del Municipio Bolivariano Libertador, que la sentencia de fecha 15-07-1999, dictada por la Corte de lo Contencioso Administrativo (caso José Jerónimo Canchita y otros vs. Comisión Electoral de la Universidad de Carabobo), y ratificada mediante fallo de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en sentencia N° 2001-3321, de fecha 19-12-2001, estableció:
“(…) A este respecto, debe reiterar esta Corte, una vez más, el carácter personalísimo que reviste la acción de amparo constitucional, siendo legitimado activo aquella persona natural o jurídica que pretende se le han lesionado sus derechos constitucionales, y legitimado pasivo el sujeto pretendidamente agraviante, aquél del cual emanó el hecho denunciado como lesivo (…)”.
A lo que la representación fiscal indicó, que en el presente caso los hechos denunciados como lesivos de derechos constitucionales emanan del ciudadano Contralor y Directora de Recursos Humanos de la Contraloría Municipal del Municipio Bolivariano Libertador, son éstos los llamados a comparecer a ejercer la defensa contra los presuntos agravios constitucionales que le han imputado.

En cuanto al fondo señaló la fiscal, que en lo referente a la suspensión del descuento de las cuotas sindicales alegada por la parte accionante, para lo cual se distribuyó una circular en la cual se informó que a partir de la segunda quincena del mes de enero del año en curso, el aporte sindical que se le descuenta a través de la nómina quedaba suspendido, lo cual consideraban los accionantes una actitud impregnada de retaliación, que lo mencionado tiene como propósito desconocer la aplicación de la legislación laboral, como lo es el artículo 446 de la Ley Orgánica del Trabajo, y por ende es contrario a los derechos garantizados en el artículo 95 de la Carta Magna, concluyendo la representación fiscal que la interposición de la acción de amparo era con el objeto de procurar que el patrono de cumplimiento a lo pautado en el artículo 446 ejusdem, es decir, que se restituyan los descuentos de los salarios de los afiliados y se le cancelen las cuotas que debieron ser descontadas de los trabajadores afiliados al Sindicato Bolivariano de Empleados Públicos de la Contraloría del Municipio Libertador del Distrito Capital (SIBERC M.L. D.C.), por lo que tal solicitud es inadmisible a través de la acción de amparo constitucional toda vez que la naturaleza jurídica de ésta, es restablecedora de situaciones jurídicas infringidas, lo cual impide que mediante ella se pretenda la creación de una situación jurídica o el ejercicio de pretensiones constitutivas o de condena, por tanto, no existe la posibilidad de que a través de la acción de amparo, pueda crearse, modificarse o extinguirse una situación jurídica preexistente u ordenarse la condenatoria de pago de cantidades de dinero, por lo que ratifica que la presente acción de amparo no es la vía idónea para obtener la satisfacción del derecho reclamado.

Indica la fiscal con relación a los hechos denunciados de manera sobrevenida por la parte actora en fecha 18-06-2009, en el escrito de reforma de la solicitud de amparo constitucional, con relación a las destituciones de los ocho (08) funcionarios de la Contraloría Municipal del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, que tal situación ocurre en el marco de una relación jurídica de empleo público por la condición de funcionarios que ostentan ante la referida Contraloría, por lo tanto, están incluidos en el régimen legal general de los funcionarios públicos, y tiene como juez natural a los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo en materia funcionarial, por lo que cualquier conflicto de los funcionarios públicos, se debe dilucidar mediante la querella de conformidad con lo establecido en el artículo 92 y siguientes de la Ley del Estatuto de la Función Pública, siendo inadmisible la acción de amparo constitucional con relación a las denuncias de destitución de los ocho (08) funcionarios, estando fundamentadas las mismas en el presunto “abandono injustificado al trabajo durante tres días hábiles dentro del lapso de treinta días continuos” y no por ser miembros del sindicato.

Expresa la representación fiscal con relación a la vulneración del derecho a la libertad sindical denunciado por la parte presuntamente agraviada, que han surgido circunstancias sobrevenidas que han incidido en la convicción de dicha representación, y que tal y como consta de las actas del expediente en la audiencia constitucional oral y pública, la parte accionada ante las preguntas formuladas por el Tribunal reconoció la existencia de varios sindicatos, y que aún existían trabajadores que pertenecen a los mismos, los cuales venían funcionando en la sede de la Contraloría Municipal del Municipio Libertador del Distrito Capital, en una oficina perteneciente a la referida Contraloría, y que actualmente dentro de la Contraloría no está permitido el funcionamiento del sindicato, afirmando categóricamente que todos los funcionarios son de confianza, siguiendo el lineamiento de la Contraloría General de la república y que independientemente de las funciones que ejerzan son de confianza, por lo que no reconocen la existencia de ningún sindicato en la Contraloría, que de igual manera quedo reconocido por los accionados, que tomaron la decisión de cerrar la oficina donde funcionaba el sindicato, sin procedimiento previo, por considerar que deberían de resguardar todas las “cosas” que estaban allí y por existir un procedimiento disciplinario de destitución “y todos los funcionarios que son destituidos no pueden entrar a las instalaciones sin previa autorización del ciudadano Contralor, se cerró la oficina”. Así como la consignación de manera sobrevenida de la copia certificada de la inspección practicada por la Inspectoría del Trabajo, donde se dejó constancia del impedimento para el funcionamiento de los sindicatos legalmente constituidos, la cual fue debidamente admitida por el Tribunal.

En cuanto a la libertad sindical, la fiscal hizo mención a la sentencia de fecha 01-12-2000 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a lo cual señaló que era claro que directrices o situaciones en las que de manera directa o indirecta se obstaculice o impida que las organizaciones sindicales puedan ejercer sus actividades gremiales, tales como el desconocimiento de la existencia de organizaciones sindicales legalmente constituidas, el acceso a las instalaciones donde funciona la organización sindical, pretender disolver o suspender de manera administrativa a un sindicato, son susceptibles de vulnerar los derechos constitucionales a la libertad sindical.

Indica la representante del Ministerio Público, que la actuación de los accionados consistente en el desconocimiento de la existencia de los sindicatos, la obstaculización a su funcionamiento y el impedimento al acceso a las instalaciones sede del sindicato, la han fundamentado en la resolución emanada del ciudadano Contralor General de la República, observando dicha representación fiscal, que está supeditada a los funcionarios adscritos a las Contralorías Estadales, Distritales, Municipales y Unidades de Auditoria Interna que ejerzan funciones de fiscalización y vigilancia, lo cual son considerados de confianza por el manejo y procesamiento de información confidencial, pero no así a todos los funcionarios, ya que es bien sabido, que la circunstancia de un determinado Ente u Órgano tengan funciones de tal relevancia que puedan comprometer la seguridad del estado, no significa en forma alguna que todos los cargos del mismo sean de libre nombramiento y remoción, pues ello atentaría con el principio de estabilidad establecido en el texto Constitucional, a lo cual la fiscal hace mención a la sentencia dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, Anna Kosa Kiraly vs Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE), expediente N° AP42-R-2005-001842.

Señala la fiscal que habiendo aplicado la parte accionada de manera genérica la referida Resolución emanada de la Contraloría General de la República, lo que conllevó al desconocimiento de la existencia de los sindicatos, así como el impedimento a su funcionamiento, ello constituye vulneración a la libertad sindical protegido en el artículo 95 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como al Convenio N° 98 de la Organización Internacional del Trabajo (ratificado por la República según registro de fecha 09-06-1983; Gaceta Oficial Extraordinaria N° 3.170, del 11-05-1983, el cual establece en su artículo 1, que los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo.

Concluyendo la representación del Ministerio Público que la presente acción de amparo constitucional debe ser declarada parcialmente con lugar.
V
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Este Tribunal para decidir observa que:
El representante judicial de los accionantes interpone la presente acción de amparo constitucional a fin de que se le restituya a sus representados sus derechos constitucionales y legales, consagrados en el artículo 23 y 95 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debido al desconocimiento de los Convenios N° 87 y N° 98, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y los artículos 397 y 446 de la Ley Orgánica del Trabajo, vulnerados por los ciudadanos Humberto Pisani Pérez y Rita Mariela Aliendres García, en su carácter de Contralor y Directora de Recursos Humanos de la Contraloría Municipal del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital.

Este Tribunal antes de entrar a conocer de los alegatos formulados por las partes debe pronunciarse sobre la competencia para conocer de la acción planteada y al respecto se tiene que la presente acción se trata del amparo ejercido por una serie de empleados públicos municipales adscritos a la Contraloría Municipal, solicitando la protección que en principio pudieran ser considerados como de naturaleza laboral. Así, si bien es cierto que de conformidad al artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el principio atributivo de competencia es el de afinidad entre el tribunal que ha de conocer la causa y el derecho o los derechos denunciados como conculcados o amenazados de violación, no es menos cierto que el artículo 259 Constitucional refiere al fuero revestido en la competencia para conocer de actuaciones u omisiones de la Administración y la competencia para condenar a la Administración.
Aún cuando en el caso de autos se trata de la denuncia contra la actuación de unas personas naturales, la denuncia se encuentra enmarcada en la actuación que como funcionarios han desplegado dentro de una relación de empleo público lo cual determina la competencia de éste Tribunal para conocer de la acción propuesta, y así se decide.
Señalado lo anterior, y antes de conocer sobre el fondo de la presente acción de amparo constitucional, debe pronunciarse sobre los puntos previos alegados por las partes al momento de celebrarse la audiencia constitucional, observándose que:
Como primer punto previo, se tiene que la parte presuntamente agraviada al momento de celebrarse la audiencia constitucional señaló “que no es un acto ni de Mariela Aliendres, ni de Humberto Pisani, sino del Municipio, debería estar nuevamente la representación del Municipio que es el Síndico Procurador Municipal”, por lo que solicitó que se reponga la causa al estado que sea notificado el Sindico Procurador Municipal y “que si existen derechos patrimoniales, debería entonces citarse, notificarse al Alcalde del Municipio porque él es el único que representa legalmente al Municipio y el que maneja la Hacienda Pública Municipal”.
Al respecto se este Juzgado observa, que la acción de amparo parte de una naturaleza personalísima; esto es, que la persona cuya conducta es denunciada como lesiva es quien ha de dar respuesta a la acción ejercida.
Si bien en algunos casos puede determinarse si la violación resulta imputable al órgano o al ente, en cuyo caso ha de representarse a través de los sujetos a quien legalmente encuentra atribuida la competencia de representación; en otros casos la conducta se imputa a la persona que en ejercicio de cargos y potestades públicas ha lesionado presuntamente un derecho o garantía constitucional.
En definitiva corresponde conocer al caso concreto quien ha sido determinado como legitimado pasivo o sujeto pretendidamente agraviante, la persona que se denuncia como trasgresora de derechos fundamentales o aquél del cual emanó el hecho denunciado como lesivo. Siendo que la legitimación para comparecer en el proceso de amparo constitucional como parte accionada corresponde a la persona u órgano del Estado que se señale como presunto agraviante, el cual debe estar perfectamente descrito en el escrito de solicitud de la acción de amparo, ello de conformidad con lo previsto en el artículo 18 numerales 2 y 3 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, tal como lo señaló la parte accionante en el presente caso en su escrito de amparo, que los hechos denunciados como lesivos de derechos constitucionales emanan del ciudadano Contralor y Directora de Recursos Humanos de la Contraloría Municipal del Municipio Bolivariano Libertador, siendo éstos los llamados a comparecer para ejercer su defensa como presuntos agraviantes en la presente acción de amparo, bien sea de manera personal o a través de un representante legal. En este caso como hubo representación personal lo cual es válido y no infiere la representación del municipio, razón por la cual este Tribunal debe negar la solicitud hecha por la parte accionada, y así se decide.

Como segundo punto previo este Tribunal observa, que la parte presuntamente agraviante al momento de celebrarse la audiencia constitucional, impugnó todas las copias certificadas que aparecen en el auto de admisión, “declarado por el ciudadano juez de que son copias simples y todas esas copias simples las voy a impugnar en este acto y las impugno salvo las que favorecen a nosotros en ese sentido, y por último ha de prevalecer la sentencia de José Amado Mejía Betancourt donde la propuesta de amparo debe contener la ordenes pues, pruebas necesarias para determinar la procedencia del amparo y por tanto impugno la prueba ésta que está siendo sobrevenida porque él no la documentó en su escrito libelar”.
Este Tribunal observa de la lectura de la trascripción de la audiencia constitucional, que la prueba que impugna la parte accionada es la consignada por la parte accionante al momento de celebrarse la audiencia constitucional, como lo es el Acta de Visita de Inspección, levantada por la Dirección General de Relaciones Laborales, Dirección de Inspección y Condiciones de Trabajo de la Inspectoría del Trabajo Pedro Ortega Díaz, de fecha 06-07-2009.
A tal efecto este Juzgado debe señalar que la sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, expediente N° 00-0010, de fecha 01-02-2000, caso José Amado Mejía Betancourt, señaló cual era el procedimiento a seguir en las acciones de amparo constitucional, señalando en cuanto a las pruebas que:

“1.- Con relación a los amparos que no se interpongan contra sentencias, tal como lo expresan los artículos 16 y 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el proceso se iniciará por escrito o en forma oral conforme a lo señalado en dichos artículos; pero el accionante además de los elementos prescritos en el citado artículo 18 deberá también señalar en su solicitud, oral o escrita, las pruebas que desea promover, siendo esta una carga cuya omisión produce la preclusión de la oportunidad, no solo la de la oferta de las pruebas omitidas, sino la de la producción de todos los instrumentos escritos, audiovisuales o gráficos, con que cuenta para el momento de incoar la acción y que no promoviere y presentare con su escrito o interposición oral; prefiriéndose entre los instrumentos a producir los auténticos. El principio de libertad de medios regirá estos procedimientos, valorándose las pruebas por la sana crítica, excepto la prueba instrumental que tendrá los valores establecidos en los artículos 1359 y1360 del Código Civil para los documentos públicos y en el artículo 1363 del mismo Código para los documentos privados auténticos y otros que merezcan autenticidad, entre ellos los documentos públicos administrativos.”.

La sentencia antes mencionada si bien es cierto establece que la oportunidad procesal para consignar las pruebas tanto la parte actora como por la parte accionada, lo cual para la parte actora -en principio- sólo con la solicitud de amparo constitucional, y la parte accionada exclusivamente en la audiencia constitucional, no es menos cierto que dicha interpretación ha de imposibilitar de manera absoluta la promoción de pruebas que no existían a la época en que se ejerció la acción y que sobrevienen al proceso cuando las mismas tienen un vínculo de pertinencia absoluta como elemento probatorio; en especial, cuando en casos como el de autos, cuando la acción fue ejercida en fecha 15 de abril de 2009, transcurriendo más de 2 meses desde su interposición a la fecha en que se realiza la audiencia constitucional. Tal es el caso del Acta de Visita de Inspección, levantada por la Dirección General de Relaciones Laborales, Dirección de Inspección y Condiciones de Trabajo de la Inspectoría del Trabajo Pedro Ortega Díaz, de fecha 06-07-2009, que riela al folio 40 de la pieza II, con la cual se evidencia, que la Contraloría Municipal del Municipio Libertador en la persona de los accionados cerraron la oficina en la cual funcionaba el sindicato, hecho este sobrevenido que acarrea las imputaciones a las violaciones alegadas por la parte accionante, razón por la cual mal puede considerar este Tribunal dicha prueba como maliciosa, y que por el contrario, tiene una perfecta vinculación de pertinencia con el caso y las denuncias planteadas.

La parte accionante impugna “las copias consignadas de los once (11) expedientes, en razón de que las mismas son parcialmente del expediente administrativo de la parte accionada, en consecuencia aquí significaría que la formalidad no podría estar sobre la realidad, ellos presentan una parte y no presentan el todo, igualmente la resolución Nro. 55, le señalo a este tribunal que fue atacada y que se solicitó la nulidad del mismo, en los contenciosos administrativos, tribunal segundo, solamente impugno los 11 expedientes”. Al respecto este Tribunal observa que ciertamente como lo alega la parte actora, se evidencia que se trata de documentos escogidos puntualmente por la accionada y que no consta la totalidad del expediente de cada uno de los funcionarios; sin embargo, tal circunstancia no es motivo de impugnación ni de imposibilidad que sea promovidas como prueba, toda vez que la libertad probatoria conlleva a que cada interesado, de acuerdo al interés que podría tener en el proceso y a la estrategia tomada, decida promover unos documentos determinados u otros. Por el contrario, si la parte actora ha querido hacer valer la totalidad del expediente administrativo, corresponde como carga a la propia actora el promover o consignar dichos expedientes.
Por tal razón, debe este Tribunal rechazar la oposición formulada a la prueba consignada por la accionada, lo cual ha de valorarse conforme al pronunciamiento que sobre las mismas ha de realizar el Tribunal.

En cuanto al fondo de lo discutido se tiene que:
Con respecto a la solicitud de la parte actora, en cuanto a que la falta de cobro de las cuotas sindicales lesiona el derecho a la libertad sindical y que sean canceladas las cuotas correspondientes a los trabajadores afiliados, este Tribunal debe señalar que ciertamente si existiere como tal la obligación, la misma se referiría a una deuda que puede ser perfectamente reclamada por otra vía distinta del amparo constitucional, bien sea por la vía de las demandas, obligación ordinaria, ó bien sea por la vía del contencioso administrativo o por la vía de derecho laboral, según sea el caso, y en todo caso no es el amparo constitucional la vía para acceder y pretender el pago de esas cuotas sindicales, además que desnaturaliza el objeto meramente restablecedor de la acción de amparo constitucional pretendiendo una acción de condena patrimonial, razón por la cual debe ser desechado tal solicitud, y así se establece.

En cuanto al señalamiento de la parte accionante cuestionando el procedimiento que indica se sigue contra algunos funcionarios miembros del sindicato, la destitución recaída sobre algunas personas que ejercen funciones sindicales, y la pretendida lesión de la violación del derecho sindical, este Tribunal comparte la opinión del Ministerio Público, en cuanto y tanto se trata de actos personalísimos que solamente pueden ser reclamados a través de la querella funcionarial. Se trata –en principio- del ejercicio de la potestad disciplinaria independientemente de los órganos de la Administración Pública, que si afecta a una persona en una relación de empleo público, sólo debe ser reclamado a través de la querella funcionarial que atienda cada caso singularmente. En el presente caso se pretende que el Tribunal conozca de unas destituciones a través de un procedimiento sumario cuyo análisis escaparía a lo que es la acción de amparo constitucional, razón por la cual debe negarse dicho pedimento, y así se establece.

En cuanto al derecho de las personas a afiliarse al sindicato que deseen, este Tribunal observa que dicha pretensión se encuentra ligada al derecho a la libertad sindical e íntimamente ligada al derecho de libre asociación.
La “Libertad Sindical” se refiere al derecho de los trabajadores y patronos, expresado en poderes individuales y colectivos en virtud de los cuales, sin ningún tipo de distinción o discriminación, sin requerir autorización previa; y sin injerencias, tienen derecho a constituir libremente (en forma autónoma e independiente) las organizaciones sindicales que estimen convenientes para la mejor defensa de sus derechos e intereses, así como también el de afiliarse o no a organizaciones sindicales existentes, desafiliarse a la organización, establecer su forma de organización, administración, participación, elección de su autoridades y toma de decisiones de conformidad con lo que establezca el ordenamiento jurídico respectivo.
La noción “libertad sindical”, se ha convertido en una noción abstracta, o un interés jurídicamente protegido que de manera amplia que recoge una serie de derechos y obligaciones tanto de los patronos como de los trabajadores que se sintetiza en la posibilidad de asociarse libremente a la organización sindical correspondiente. Dicha libertad de asociación atrae a su vez una serie de derechos para los trabajadores que desorbita el derecho sindical para pertenecer al fuero propio de cada trabajador que se recoge –en veces- en la negociación colectiva y que de manera extensa puede verificarse –no de manera taxativa- en los siguientes derechos:
1) Reconocimiento general del derecho, de los trabajadores y empleadores, para constituir las organizaciones que estimen convenientes, sin distinción de sexo, raza, credo, opinión política y nacionalidad.
2) 2) Las organizaciones –de trabajadores o empleadores-, tienen el derecho de redactar los estatutos y reglamentos administrativos, de elegir libremente sus representantes, de organizar su administración y de formular su programa de acción.
3) Las organizaciones de trabajadores y empleadores tienen el derecho de constituir y afiliarse a Federaciones y Confederaciones. Toda organización, Federación y Confederación tienen el derecho de afiliarse a organizaciones internacionales.
4) La adquisición por parte de las organizaciones de trabajadores y empleadores de personalidad jurídica no puede estar sujeto a condiciones que limiten la aplicación de los convenios. Los trabajadores, los empleadores y sus organizaciones -al ejercer los derechos del Convenio- están obligados, lo mismo que las demás personas y colectividades organizadas, a respetar la legalidad.
5) Garantía de no disolución o suspensión de las organizaciones de los trabajadores y empleadores por la vía administrativa.
En la versión “on line” de la Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso v.30 n.1 Valparaíso 2008, el profesor de esa Universidad Eduardo Caamaño, refiriéndose a la libertad sindical expresa:
“Por lo anterior, la libertad sindical se puede definir como: "el derecho que asiste a los trabajadores para constituir organizaciones, afiliarse o desafiliarse a ellas, a darse su propia normativa sin intervención de terceros y, especialmente, el derecho al ejercicio de la actividad sindical por medio de aquellas acciones tendientes a la defensa y promoción de los intereses que le son propios, en particular, la negociación colectiva y el derecho a huelga". En base a esta definición de libertad sindical se puede concluir que forman parte de su contenido esencial el derecho de sindicación (faz orgánica) y naturalmente el derecho a hacer valer los intereses colectivos de los trabajadores organizados, mediante la acción reivindicativa y participativa, lo que se canaliza a través del ejercicio de los derechos de negociación colectiva y de huelga (faz funcional). En concordancia con lo anterior, se plantea que la libertad sindical es una libertad civil y política. Es una libertad civil, ya que consagra el derecho de los privados de reivindicar cierta autonomía en la regulación de los fenómenos sociales, así como la libertad de las agrupaciones colectivas de no ser intervenidas por el Estado y de constituir un ordenamiento normativo especial y autónomo del estatal. A su vez, se trata de una libertad política, ya que comprende el poder de resistencia colectiva de los ciudadanos y de participación en las estructuras y funciones estatales”.
Ha sido considerada la libertad sindical como un Derecho Humano, reconocido en la mayoría de las Constituciones modernas, y más que un derecho, un interés jurídicamente protegido que genera un cúmulo de derechos –como se verificara anteriormente-. Así ha de destacar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en cuyo artículo 95 señala:
“Los trabajadores y las trabajadoras, sin distinción alguna y sin autorización previa, tienen derecho a constituir libremente las organizaciones sindicales que estimen convenientes para la mejor defensa de sus derechos e intereses, así como el de afiliarse o no a ellas, de conformidad con la Ley. Estas organizaciones no están sujetas a intervención, suspensión o disolución administrativa. Los trabajadores y trabajadoras están protegidos contra todo acto de discriminación o de injerencia contrarios al ejercicio de este derecho. Los promotores y miembros directivos de las organizaciones sindicales gozan de inamovilidad laboral durante el tiempo y en las condiciones que se requieran para el ejercicio de sus funciones. Para el ejercicio de la democracia sindical, los estatutos y reglamentos de las organizaciones sindicales establecerán la alternabilidad de sus directivos y representantes mediante el sufragio universal, directo y secreto. Los directivos y representantes sindicales que abusen de los beneficios derivados de la libertad sindical para su lucro o interés personal, serán sancionados de conformidad con la ley. Los miembros directivos de las organizaciones sindicales estarán obligados a hacer declaración jurada de bienes.”
La redacción del referido artículo no sólo reconoce la libertad sindical, sino que agrega elementos propios de la sindicación y sus consecuencias; sin embargo, de la redacción del mencionado artículo surge la duda del alcance de su aplicación, en tanto y en cuanto se puede referir a los trabajadores de manera absolutamente restrictiva, excluyendo en consecuencia de su aplicación a los empleados públicos o si ha de considerarse en ancha base y que arropa de manera general a cualquier persona que ejerza sus labores y funciones a nombre o beneficio de otra.
Tal situación no es de fácil resolución, toda vez que ha sido objeto de estudio y análisis tanto nacional como internacionalmente en distintas oportunidades, a lo cual ha de traerse a colación los Convenios Internacionales que regulan la materia, en especial los identificados como 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, ambos Convenios ratificados por Venezuela y que en cuanto al punto en discusión señalan:
Convenio 87: … Artículo 2 Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas…
Artículo 3 2. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio