este Tribunal, a los fines de proveer lo solicitado, ordena realizar por secretaría un cómputo de los días de despacho transcurridos desde el día 08.12.2014, hasta el día 14.01.2015, ambas inclusive, lapso dentro del cual se procedería a ejercer el recurso de casación.-

(...)este Juzgado Vigésimo Octavo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda(...)

Definitivamente firme como quedó la precitada Sentencia, recaída en el presente recurso contencioso tributario, incoado por la Recurrente "WILLIAM JOSE PULIDO BARRETO", según consta en auto dictado en fecha 7 de febrero de 2014, y vista la solicitud realizada por la representación del Fisco Nacional, abogado Jesús Vásquez, mediante diligencia de fecha 07 de enero de 2015, este Tribunal fija un lapso de diez (10) días de Despacho, el cual comenzará a computarse a partir de la efectiva notificación y consignación en autos de la correspondiente boleta de notificación, a los fines de que la contribuyente efectúe el cumplimiento voluntario del crédito fiscal adeudado o demuestre haber realizado dicho pago, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 280 del Código Orgánico Tributario. Líbrese boleta.

Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara la EXTINCIÓN DEL PROCESO POR PÉRDIDA DEL INTERÉS en el recurso contencioso tributario interpuesto, por el abogado Reinal José Pérez Viloria, titular de la cédula de identidad N° V-11.265.507, inscrito en el Inpreabogado bajo el N°. 71.596, actuando en su carácter de apoderado judicial de la firma mercantil "RED CENTRO OCCIDENTAL DE TELEVISIÓN, TELECENTRO CANAL 11, C. A.", inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha 05 de marzo de 1990, bajo el N° 62, Tomo 8-A, con Registro de Información Fiscal (RIF) J-300041554-6, contra la Resolución (Sumario Administrativo) N° SAT/GRCO/600/S/000073, de fecha 16 de mayo de 2000, notificada en fecha 08 de junio de 2000, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos Región Centro Occid.....

El Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, se declaró INCOMPETENTE en razón del territorio, para conocer del recurso contencioso tributario interpuesto por la contribuyente LA BLANDA, C.A., y en tal virtud DECLINA LA COMPETENCIA para conocer de este recurso contencioso tributario al Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Centro Occidental, con sede en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara con competencia territorial en las Circunscripciones Judiciales de los estados Lara, Portuguesa, Falcón y Yaracuy.-

En merito de lo anterior, éste Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: 1. su COMPETENCIA, para conocer y decidir la presente acción de Amparo Constitucional. 2 INADMISIBLE la presente acción de amparo constitucional interpuesta por la ciudadana IVI YOLIMAR HERRERA B., mayor de edad, venezolana y titular de la cédula de identidad Nº 10.796.649, debidamente asistido por los profesionales del derecho el abogado JOSÉ IGNACIO RONDÓN PAVÓN, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº. 142.022, contra la INSITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA DEL MUNCIPIO BARUTA.

En mérito de lo anteriormente expuesto, este Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley: 1. Se declara INCOMPETENTE para conocer la Acción de Amparo Constitucional interpuesta por los abogados Juan Carlos Gutiérrez Ceballos, Francisco Santana Núñez y Bernardo Pulido Márquez, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 39.816, 93.837 y 155.193, actuando en su carácter de defensores privados del ciudadano LEOPOLDO EDUARDO LÓPEZ MENDOZA, titular de la cédula de identidad Nro. 11.227.699, designados y juramentados en la causa que se le sigue al referido ciudadano en el Juzgado Vigésimo Octavo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, contra la UNIDAD DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS (URDD) DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS. 2. Ordena la remisión del presente expediente a .....

Se ADMITE la presente solicitud cuanto ha lugar en derecho, por no ser contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa en la ley, en consecuencia, Este Tribunal DECRETA LA SEPARACIÓN DE CUERPOS Y BIENES, en los mismos términos y condiciones por ellos convenidos, de conformidad con lo establecido en el artículo 188, 189 y 190 del Código Civil, en concordancia con el parágrafo primero del artículo 762 del Código de Procedimiento Civil.

Por los motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, este Juzgado Décimo Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la impugnación de la experticia complementaria del fallo interpuesta por el abogado ORLANDO GUERRA en su carácter de apoderada judicial de la parte demandada, en fecha 13 de enero de 2015. Todo en el juicio seguido por el ciudadano MARLON CEPEDA contra MULTISERVICIOS AUTO EXPRESS C.A., y TECNI SERVICES AUTO EXPRESS 20 C.A

En este orden de ideas; y, comoquiera que la asistencia y la representación en juicio es función exclusiva de los abogados, conforme a los artículos 166 del Código de Procedimiento Civil y 3 de la Ley de Abogados, y en cuanto al ciudadano DIEGO ENRIQUE VALERY ISSA, si bien le fue conferido un poder especial, éste limita su capacidad para actuar dentro de un proceso en nombre de su mandante, pues al no ser el mismo abogado, requiere necesariamente de dicha cualidad, la cual no puede suplirse ni siquiera con la asistencia de un profesional del derecho, por cuanto los actos inherentes a la abogacía corresponden a los profesionales de la rama, por lo que incurre en una manifiesta falta de representación, al carecer de esa especial capacidad de postulación que detenta todo abogado que no se encuentre inhabilitado para el ejercicio libre de la profesión, conforme a lo que establece la Ley de Abogados y demás leyes de la República, por lo cual resulta ineficaz su capacidad para a.....