este Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y de Transito del Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela declara: Primero: La PERENCION DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en la demanda que por Impugnación de Paternidad incoará MAYLING URBAEZ LEÓN titular de la cedula de identidad Nº 15.976.483, contra ELSIE LEÓN DE URBAEZ y HECTOR RAFAEL URBAEZ MARTINEZ, titulares de las cedulas de identidad Nº 3.915.106 y 3.731.798, respectivamente. Segundo: Por la especial naturaleza del presente fallo no hay condenatoria en costas de conformidad con lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.

este Tribunal administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara lo siguiente: PRIMERO: CON LUGAR la pretensión contenida en la demanda de resolución de contrato incoada por el ciudadano CESAR AUGUSTO CABEZA en contra de la sociedad mercantil AEROMALL BUILDING CONSTRUCCIONES, C.A. SEGUNDO: Se condena a la parte demandada a devolver al ciudadano CESAR AUGUSTO CABEZA la cantidad de CIENTO VEINTINUEVE MIL BOLIVARES (Bs. 129.000,00). TERCERO: Se condena a la parte demandada al pago de la indexación monetaria de la cantidad aquí condenada a reintegrar, desde el día 07 de diciembre de 2006 hasta que resulte definitivamente firme la presente decisión. Dicha cantidad, será calculada mediante experticia complementaria al fallo. CUARTO: Se condena en costas a la parte demandada por haber resultado totalmente vencida de conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.

Por las razones precedentemente expuestas, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Sala Accidental Segunda de Reenvío para el Régimen Procesal Transitorio, con Competencia en Violencia Contra La Mujer, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales emite el siguiente pronunciamiento: DECLARA INADMISIBLE, la presente acción de AMPARO CONSTITUCIONAL, interpuesta por por los profesionales del derecho BETZY TIBISAY ESCOBAR, SIMON RODRIGUEZ y JUAN JOSE BARRIOS PADRON, venezolanos, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-8.796.625, V-3.886.217 y V-10.757.302, e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 43.861, 21.581 y 71.290, respectivamente, en su carácter de defensores del ciudadano SIMON EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, venezolano,.....

Este Juzgado, HOMOLOGA la transacción presentada en la demanda que por prestaciones sociales incoaren los ciudadanos GUSTAVO VELEZ y RUBEN ARAUJO, contra la empresa METAS 3500, C.A., ambas partes identificadas en autos, dándole efectos de cosa juzgada, en los términos expuestos por ellas. Se deja constancia que el día 10 de octubre de 2011, quien suscribe no asistió al Tribunal, por lo que no se realizaron actuaciones procesales. Así se establece.- Déjese copia de la presente decisión.-

"(...) el Tribunal con fundamento en que la mediación ha sido positiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y por cuanto el mismo no vulnera derechos irrenunciables del trabajador, ni normas de orden público, HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES, dándole efectos de la Cosa Juzgada.(...)"

(...) este Juzgado Vigésimo Octavo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de Ley, declara LA PERENCION DE LA INSTANCIA (...)

Así mismo, comprobando por este Juzgador, que el referido acuerdo transaccional cumple con los requisitos exigidos en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, al no vulnerar derechos irrenunciables del trabajador ni normas de orden público, le imparte su HOMOLOGACIÓN en cada uno de los términos expuestos, ya que cumple con los requisitos exigidos para su validez y eficacia, dándole efectos de cosa juzgada. Igualmente este Juzgador deja constancia que hizo entrega a las partes de las pruebas aportadas al inicio de la audiencia preliminar, quienes declaran haberlos recibido en este acto. En consecuencia una vez vencido el lapso de cinco (05) días para recurrir la presente decisión, este Juzgado dará por terminado el presente procedimiento y se ordenara el cierre y archivo del expediente. Dada, firmada y sellada en la sede del Juzgado Vigésimo Cuarto (24°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana d.....

En este estado el Tribunal, con vista a la manifestación de voluntad expresada por las partes y que la mediación ha sido positiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 ejusdem, da por concluido el proceso, y por cuanto el mismo no vulnera derechos irrenunciables del trabajador, ni normas de orden público, HOMOLOGA EL ACUERDO TRANSACCIONAL ALCANZADO POR LAS PARTES, dándole efectos de la Cosa Juzgada.

Por las razones que anteceden, este JUZGADO TRIGESIMO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACION, MEDIACION Y EJECUCION DEL REGIMEN PROCESAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS.administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la ley, procede a impartir la homologación del desistimiento formulado por el ciudadano JESUS E. DOMINGUEZ, portador de la cédula de identidad No.6.904.149, abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 73.360, contra la empresa C.A. CIGARRERA BIGOTT, Así se establece.- No hay condenatoria en costas.

Se dictó y publicó sentencia interlocutoria No. 153/2011, mediante la cual este Tribunal declinó competencia en los Tribunales Superiores de lo Contencioso Adminsitrativo de esta Región Capital. Igualmente, se ordenó la notificación de las partes a fin de que ejerzan o no la regulación de competencia.