Por la motivación que antecede este Juzgado Superior Estadal Octavo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA del Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por el ciudadano ELOIBER BENJAMIN BLANCO GERDLER, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V.- 24.279.770, asistido por el abogado JOSÉ INOCENCIO ACEVEDO TOLOZA, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 205.309, en su carácter de Defensor Público Segundo (2°) en materia Administrativa, Contencioso Administrativa y Penal para Funcionarios y Funcionarias Policiales, contra el Instituto Autónomo de Policía Municipal del Municipio Brión del Estado Miranda, de conformidad con lo previsto en el artículo 41de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa

En mérito de las razones expuestas precedentemente, este Juzgado Superior Estadal Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR la Demanda de Contenido Patrimonial interpuesta por el BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, en contra de la sociedad mercantil EQUIPOS Y SERVICIO APF C.A. SEGUNDO: ORDENA a la sociedad mercantil EQUIPOS Y SERVICIOS APF C.A., reintegrar al BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, la cantidad de CIENTO VEINTISEIS MIL CIENTO SIETE BOLÍVARES (Bs. 126.107,19) por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual había sido pagado por el accionante. TERCERO: ORDENA a la realización de una experticia complementaria del fallo conforme a lo pautado en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, a los fines de que la parte demandada pague los intereses generados por el retardo culposo, hasta .....

-VIII- DECISIÓN Por todos los razonamientos antes expuestos, este JUZGADO SUPERIOR ESTADAL SEGUNDO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR la demanda interpuesta por la Profesional del Derecho HEIDY SÁNCHEZ DELGADO, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 97.097, actuando con el carácter de apoderada judicial de la FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y DOTACIONES EDUCATIVAS (FEDE), ente constituido y domiciliado en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, creada por Decreto Presidencial Nº 1.555, de fecha 11 de mayo de 1976, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 30.978, de la misma fecha y protocolizada su Acta Constitutiva ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Departamento Libertador del Distrito Federal (hoy) Distrito Capital en fecha 07 de julio de 1976,.....

Este Órgano Jurisdiccional, con el objeto de garantizar la tutela judicial efectiva y en ejercicio de su potestad ordenadora del proceso, ANULA el auto de fecha 09 de marzo de 2017 y DEJA SIN EFECTO la boleta y el oficio librados en esa misma fecha, así como las consignaciones efectuadas por el Alguacil de este Tribunal en fecha 14 de febrero de 2018, todo ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil; en consecuencia, REPONE la causa al estado de ordenar y practicar la citación personal de la parte demandada la sociedad mercantil PROSEGUROS S.A., en la persona de su Defensor Ad-litem, ciudadano Iván Antich Ojeda, Abogado en ejercicio, de este domicilio, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 78.134.

IV DECISIÓN Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Estadal Tercero Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto conjuntamente con amparo cautelar por el ciudadano KIEZLER FRANCISCO PACHECO MORALES, titular de la cédula de identidad N° V-10.728.029 contra el CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, PENALES Y CRIMINALÍSTICAS (C.I.C.P.C.), órgano adscrito al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ, en consecuencia: 1.- ORDENA al Director General Nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (C.I.C.P.C.) a que le otorgue la jubilación al ciudadano KIEZLER FRANCISCO PACHECO MORALES, antes identificado con el rango de COMISARIO JEFE con el porcentaje máximo de la jubilación, es decir, en bas.....

Por las razones precedentemente expuestas, este JUZGADO SUPERIOR SEXTO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con el artículo 257 de la Constitución Bolivariana de la República Venezuela y los Artículos 12, 242, 243 y 244, del Código de Procedimiento Civil, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido en fecha 27 de julio de 2016, por el abogado William Alexander Cuberos Sánchez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 211.925, actuando en su condición de apoderado judicial de la parte demandada, contra la decisión de fecha 07 de julio de 2016, dictada por el Juzgado Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. SRGUNDO: SE CONFIRMA la decisión dictada de fecha 07 de julio de 2016 .....

En mérito de las anteriores consideraciones, este Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad que le confiere la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la parte demandada, abogada MARJORIE DÁVILA GONZÁLEZ, contra la sentencia dictada por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 14 de agosto de 2015. SEGUNDO: Se declara la NULIDAD de las actuaciones realizadas a partir del 9 de noviembre de 2009 y se REPONE la causa al estado que comience a transcurrir el lapso para que la parte demandada, sociedad mercantil MONAGAS PLAZA, C.A., de contestación a la demanda, previa notificación que se haga de la presente decisión a las partes por.....

Este JUZGADO SEPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRANSITO y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad de la Ley HOMOLOGA EL DESISTIMIENTO DE LA CAUSA Y DE LA ACCIÒN, DÀNDOLE EL CARÁCTER DE COSA JUZGADA efectuado por el Abogado EMILIO PÉREZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 20.972, actuando en su carácter de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil MERCANTIL, C.A, BANCO UNIVERSAL, plenamente identificados en la primera parte de la presente decisión.

En consecuencia de lo anterior, este Juzgado Décimo Sexto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA, en la demanda interpuesta por LA JUNTA DE CONDOMINIO DE LAS RESIDENCIAS PUNTA DEL ESTE, contra el ciudadano ÁNGEL DAVID MENDOZA TIAPA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° V-3.317.651. Así se decide.-

Este Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, actuando en Sede Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley ADMITE LA ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL intentada por los ciudadanos ELIAS ANTONIO CASTRO GUERRA y MARIA DEL CARMEN NAVAS ÁLVARADO, respectivamente, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo previsto en los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y en acatamiento al fallo dictado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 01-02-2000 con ponencia del Magistrado JESUS EDUARDO CABRERA ROMERO por mandato constitucional vinculante para todos los Tribunales de la República. Notifíquese mediante boleta a la CONSEJO DE FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD CATÓ.....