este Juzgado DECRETA MEDIDA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR

Este JUZGADO SÉPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL BANCARIO CON COMPETENCIA NACIONAL Y SEDE EN LA CIUDAD DE CARACAS (EN TRANSICION) Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad que le confiere la Ley, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 242, 243, 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil, declara: CON LUGAR LA PERENCION DE LA INSTANCIA, en el juicio que por COBRO DE BOLÍVARES (INTIMACIÓN) sigue el BANCO DE CORO, C.A., BANCORO, C.A., en contra de CONFRA, C.A, identificados en la primera parte de la presente decisión.

Se HOMOLOGA el desistimiento en los mismos términos y condiciones expuestas por la parte actora, y de conformidad con lo previsto en los artículos 263 y 266, ambos del Código de Procedimiento Civil, se declara extinguida la instancia y lo declara como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.

declara, HOMOLOGADO el convenimiento celebrado en fecha 07 de Mayo de 2007

declara INADMISIBLE la demanda que originó este proceso, a través del procedimiento intimatorio.

en tal virtud este Tribunal considera satisfechos los extremos contemplados en el ordinal 7º del artículo 599 del Código del Procedimiento Civil, razón por la cual en conformidad con la norma antes referida en concordancia con el artículo 585 eiusdem, DECRETA medida preventiva de secuestro sobre el inmueble distinguido como apartamento PH-B, ubicado en la planta Pent- House del Edificio Residencias ALICIA, calle Mafalda Maldonado, Urbanización La Florida, Municipio Bolivariano Libertador, Distrito Capital. A los fines de la práctica de la medida decretada se exhorta al Juzgado de Municipio Ejecutor de Medidas de esta Circunscripción Judicial, distribuidor de turno, y remitirlo en anexo a oficio que se ha de librar a tal efecto. Líbrese exhorto junto con oficio. CUMPLASE

En base a lo expuesto, es improcedente en derecho la solicitud de la parte demandada, en el sentido de que este Tribunal obligue al arrendatario a entregar el inmueble arrendado al finalizar los primeros cinco (5) años, que comenzaron a correr desde el 1º-11-2006; ya que como se estableció antes, después del vencimiento de este primer período de cinco (5) años comenzará a correr el lapso de la prórroga convencional, que ambas partes acordaron que también fuese de cinco (5) años más. Tampoco puede pasar por alto este Tribunal, y así lo hace saber a la parte demandada que luego de vencidos los lapsos convenidos por las partes, que suman diez (10) años fijos, comenzará a regir de pleno derecho, el lapso de la prórroga legal, obligatoria para la arrendadora y potestativa para el arrendatario, de acuerdo a lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Ello no obsta para que durante la vigencia del lapso fijo o de cualquiera de las prórrogas (la convencional y .....

Por todos los razonamientos expuestos anteriormente, este Tribunal Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara que se encuentran llenos los extremos para que sea HOMOLOGADO EL DESISTIMIENTO del procedimiento en el juicio por Cumplimiento de Contrato de Arrendamiento incoara el ciudadano ELÍAS EDUARDO BARRIOS PARILLI contra la ciudadana PETRA MERCEDES RAMÍREZ.

PRIMERO: SIN LUGAR, el recurso de apelación ejercido por la parte actora

DISPOSITIVA Por todo lo expuesto anteriormente, este Juzgado Décimo en Función de Ejecución del Tribunal de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia, en nombre de le República y por Autoridad de la Ley, emite el siguiente pronunciamiento: Se le otorga la Redención de la Pena al ciudadano MILLAN ROSAL FRANCISCO ANTONIO, titular de la cédula de identidad N° V-6.344.260 (ampliamente identificado en actos anteriores), en los términos expuesto en el punto Segundo de la presente decisión, es decir, Tres (03) meses y Trece (13) días. Todo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 6, ambos de la Ley de Redención Judicial de la Pena por el Trabajo y el Estudio.