En mérito de lo antes expuesto, este Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la querella interpuesta por el ciudadano ANTONIO JOSE FEBRES HERNANDEZ, titular de la cedula de identidad Nro. V-2.250.628, actuando en nombre propio y representación, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 21.580, mediante la cual solicitó le sea otorgado el Beneficio de Jubilación por parte del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, así como también, el pago de las Prestaciones Sociales por parte del referido Ministerio, el pago de sueldos adeudados y demás beneficios correspondientes tanto al cargo de Registrador Subalterno del Distrito Paz Castillo del estado Miranda como el de Registrador Inmobiliario del Distrito Sosa del estado Barinas con sede en ciudad Nutria....

Ahora bien, siendo que la representación judicial de la parte actora pretende que la parte querellada le realice el ajuste del pago de su pensión conforme a los últimos aumentos efectuados en el año 2016 al cargo de Coordinador ello así, visto que el municipio querellado indicó que dichas remuneraciones no han sido canceladas al personal activo ni al jubilado, ya que corresponden a aumentos presidenciales y la Alcaldía aún no ha recibido del Ejecutivo los recursos necesarios para el pago y que cuando se disponga de ellos se realizará el pago correspondiente, este Tribunal estima pertinente exhortar al municipio querellado a los fines que tan pronto cuente con la disponibilidad de los recursos necesarios proceda de manera inmediata a efectuar el ajuste correspondiente conforme a lo establecido en la sentencia dictada por este tribunal el 28 de octubre de 2008, debiéndose destacar que la jubilación se incluye en el derecho constitucional a la seguridad social que reconoce el artículo 86 .....

III DECISIÓN Por las razones expuestas, este Tribunal Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- QUE ES INCOMPETENTE para conocer de la acción interpuesta por el abogado Isauro González Monasterio, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 25.090, actuado con el carácter de apoderado judicial del ciudadano WILLIAM ANTONIO PEINADO TOVAR, titular de la cédula de identidad Nº 13.419.224, contra el INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN EDUCATIVA SOCIALISTA (INCES). 2.- DECLINA LA COMPETENCIA, en los Juzgados de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a quien corresponda la causa previa distribución. 3.- SE ORDENA la remisión del presente expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial d.....

DECISIÓN Por los razonamientos precedentemente expuestos, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Su COMPETENCIA, para conocer de la demanda de nulidad incoada por el ciudadano AUGUSTO RODOLFO CASTILLO CAMPOS, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº V- 22.016.623, asistido en este acto por la Abogada María Raquel Meneses Ferraz, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 237.241, Defensora Pública Auxiliar (5º) Quinta con competencia en materia Contencioso Administrativo del Área Metropolitana de Caracas, en contra del Acto Administrativo contenido en el expediente Nº PD-CRELG-004-2016 de fecha 05 de septiembre de 2016, emanado de la Coordinación del Complejo Residencial Estudiantil "Livia Governeur" adscrito al INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE CARACAS, suscrito por el ciudadano Gender Vanegas, Comisionado Ej.....

El Tribunal con vista al a manifestación de voluntad efectuada por las partes, y las resultas del acto conciliatorio, procede a homologar el desistimiento planteado por la representación judicial de la parte actora; así como el convenimiento manifestado, en los términos expresados. Asimismo se deja expresa constancia que fue efectuado el pago correspondiente al Auxiliar de Justicia, designado en el presente proceso. Es todo, terminó, se leyó y conformes firman:

En consecuencia, se ordena librar boleta de notificación al Fiscal del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los fines que sea concedida fuerza ejecutoria en la República Bolivariana de Venezuela la sentencia de divorcio dictada por la Suprema Corte de Justicia, Sub-Registro San Fernando (Matrimonial) de la República de Trinidad y Tobago, en fecha 4 de octubre de 2007

IV.- DISPOSITIVA.- En mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: ÚNICO: Se concede EFICACIA EN SU TOTALIDAD Y FUERZA EJECUTORIA en la República Bolivariana de Venezuela, a la sentencia de fecha 23.12.2010, emanada por TRIBUNAL ORDINARIO DE TERAMO, ITALIA, signada con el Nº 146/11, Nº 3063/10, Nº Cronológico 977/11, mediante la cual declaró el divorcio del matrimonio celebrado entre los ciudadanos PASQUALE BARNABEI SACHINI Y EMANUELA MACIERI, ambos identificados en autos. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En Caracas a los veint.....

Congruente con los razonamientos expuestos, se impone para este Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conceder el pase correspondiente otorgándole en este sentido fuerza ejecutoria en la República Bolivariana de Venezuela, a la sentencia de divorcio Nº 12/03820, dictada por el Tribunal de Gran Instancia Versalles, Asuntos de Familia, Francia, en fecha 11 de junio de 2012, en la cual se decretó el divorcio por mutuo consentimiento, celebrado entre la solicitante YADINE LAIVET SÁNCHEZ YAJURE, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 11.165.801 y él ciudadano FRANCOIS ERIC MENNESSON, francés, titular del pasaporte francés Nº 04CD08107, matrimonio celebrado ante el Registro Civil del Municipio Baruta, estado Bolivariano de Miranda, en fecha 23 de marzo de 2007. III DISPOSITIVA Por los razonamientos de hecho y de derecho ya expuestos, este Juzgado Superior Se.....

Por las razones precedentemente expuestas, este Juzgado Trigésimo Noveno (39°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- SIN LUGAR la solicitud interpuesta por la ciudadana Lubmila Martínez Jiménez, inscrita en el inpreabogado bajo el numero 205.818, en su carácter de apoderada judicial de la demandada CLINICA ATIAS HOSPITALIZACION Y SERVICIOS C.A, en relación a declarar la existencia de una cuestión prejudicial que debe resolverse en un proceso distinto. 2.- Se condena en costas a la demandandada CLINICA ATIAS HOSPITALIZACION Y SERVICIOS C.A, por haber vencimiento total en la presente incidencia, a tenor del artículo 59 de la LOPT. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Dada, firmada y sellada en la sede del Juz.....

Se dictó decisión mediante la cual se imparte la homologación a la transacción judicial suscrita en fecha 14 de marzo de 2017, entre el abogado Luís Germán González Pizani, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 43.802, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, y el abogado Cecilio Rosete, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 42.731, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada; en los términos establecidos.